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Creatividad, mejorar la sociedad, flexibilidad o liderazgo basado en el pensamiento estratégico son algunas de las características más valoradas, en el plano profesional, por los Millennials. Estos datos resultan de especial interés, ya que según una proyección de la consultora Deloitte, en 2025, los Millennials representarán el 75% de la fuerza laboral del mundo.

¿Debe ser un buen lobista creativo y tener una visión estratégica? ¿Debe un buen lobista buscar las externalidades positivas para lo sociedad o ser capaz de adaptarse a los cambios? La respuesta es clara, sí. La misión del profesional de las Relaciones Institucionales es, en última instancia, buscar el punto de encuentro entre los intereses representados, el interés del decisor público y el interés de la sociedad; en definitiva, buscar la sostenibilidad del sistema a través de una visión crítica y panorámica del sistema político y económico.

¿El sector de los Asuntos Públicos integra muchas de las habilidades de los Millennials? De nuevo, creo que la respuesta es claramente afirmativa. El manejo integrado de los nuevos medios digitales, la capacidad de adaptación a los contextos cambiantes, o la búsqueda de retos profesionales, son algunas de las competencias que hacen de nosotros, jóvenes  de entre 20 y 35 años, grandes candidatos a ejercer la profesión de la representación de intereses.

No olvidemos que se ha producido un significativo relevo generacional tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado de España, en torno al 62% de los actuales diputados son nuevos en el puesto. Ésto lleva a la necesidad de que los profesionales del lobbying adapten sus mensajes y la forma de trasladarlos, algo que los jóvenes profesionales del sector ya integramos en nuestro toolkit.

Sin embargo, esta reunión de características favorables para el ejercicio profesional del lobbying por parte de los Millennials choca con el desconocimiento del sector por parte de éstos. Ni las oportunidades profesionales ni la oferta formativa existentes en el sector entran dentro del imaginario colectivo de los jóvenes que están finalizando sus estudios superiores y se enfrentan al reto de iniciar su carrera profesional. Las razones son múltiples, pero me gustaría destacar una: la ausencia de asignaturas específicas, en los centros universitarios, que aborden la representación de intereses como una profesión basada en metodología y deontología.

A modo de conclusión, quiero reivindicar el sector de las Relaciones Institucionales como un sector profesional joven, con muchos retos por delante, y fundamental para la articulación de los múltiples intereses que coexisten en una sociedad activa, transparente y democrática. Nuestro reto como “Grupo de Trabajo Jóvenes de APRI” es ayudar en la profesionalización del lobbying, a través de la realización de actividades con los centros universitarios y escuelas de negocio, como vía para la normalización de la actividad en España. Si logramos que los estudiantes universitarios conciban los Asuntos Públicos como una profesión con cuerpo teórico y práctico propios, habremos dado un paso importante hacia la consolidación de nuestra actividad.

Álvaro Sanz López

Álvaro es Consultor en Asuntos Públicos, miembro de la Junta Directiva de APRI e impulsor del GT Jóvenes de la asociación.

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@alsanz93

 

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y la Asociación Española de Protocolo (AEP) han firmado hoy jueves un convenio de colaboración con el objetivo de promover el desarrollo y la profesionalización de las relaciones institucionales, el protocolo y la organización de eventos.

Este acuerdo da un importante paso para el cumplimiento de uno de los principales fines de las dos organizaciones que es poner en valor y dar visibilidad a los profesionales de ambas asociaciones. Al mismo tiempo, este convenio pretende impulsar y promover proyectos en común con el fin de ofrecer servicios de formación de calidad.

El acuerdo ha sido firmado por la presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, y el presidente de la AEP, Juan Ángel Gato, lo que permitirá a las dos asociaciones trabajar conjuntamente y cooperar en el desarrollo de diferentes proyectos de interés común para las dos áreas profesionales.

En palabras de la Presidenta de APRI, “desde la asociación estamos muy ilusionados por la firma de este acuerdo de colaboración. Creemos que el trasvase de conocimientos entre estos dos mundos nos beneficiará mutuamente, acercando a los miembros de nuestras organizaciones hacia un mejor entendimiento de las dos profesiones”.

Actividades y Proyectos

En cuanto al contenido del acuerdo, APRI y AEP:

  • Realizarán cursos, seminarios, conferencias y talleres de formación, así como el intercambio de libros, documentos y demás material bibliográfico por medio del envío mutuo de publicaciones oficiales y documentos originados de investigaciones.
  • Colaborarán activamente para la organización conjunta de actividades formativas y profesionales sobre Lobby y Protocolo.
  • Difundirán y promoverán la participación de las propuestas formativas que desarrollen en los distintos seminarios, jornadas y congresos.
  • Fomentarán la colaboración en eventos de formación, talleres y seminarios.

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En un panorama como el actual, es cada vez más importante conocer bien el contexto y saber planificar escenarios. Una correcta gestión de los asuntos públicos, ayuda a anticipar los cambios en el marco legislativo y regulatorio, a detectar amenazas y oportunidades y facilita el acceso y permanencia de la organización en el mercado.

Es innegable que el entorno en el que nos movemos es cada vez más complejo, cambiante y altamente competitivo. Las empresas tienen que operar en un contexto de gran incertidumbre internacional, sometido a fuertes cambios geopolíticos, regulatorios y jurídicos. Es fundamental para su supervivencia saberse adaptar y reaccionar de manera continua e inmediata a nuevas exigencias, oportunidades  y riesgos.

En mis más de diez años al frente de una asociación empresarial he podido constatar como la gestión de los asuntos públicos se ha convertido en una herramienta de alto nivel estratégico para las organizaciones ya que impacta directamente en la estrategia de negocio y, por tanto, es clave de cara a garantizar su sostenibilidad, mejorar su competitividad, posicionarse en nuevos mercados y disminuir el riesgo de exposición; y no solo para las multinacionales, sino también para las pequeñas y medianas empresas.

En la actualidad estamos asistiendo a dos grandes disputas globales muy significativas y de vital importancia estratégica para las empresas, las del acceso y control de los recursos naturales (sean estos limitados o no) y la información.

También, en este contexto, empresas como Google, Amazon o Facebook se están posicionando como nuevos grupos de presión, pasando de no tener presencia en la esfera política a destinar importantes cantidades de sus presupuestos a la gestión de los asuntos públicos. Estas empresas, que muchas veces operan en entornos no regulados, suponen una amenaza y un desafío para los sectores económicos tradicionales, que cuentan con mucha influencia política y una red consolidada en materia de relaciones institucionales. Ante esta realidad, en los últimos años y en diferentes ámbitos, estas nuevas empresas se están enfrentando a muchas batallas legales con el objetivo de conseguir acceso a mercados muy competitivos y regulados.  Casos como el de Airbnb y la industria hotelera, Uber y Cabify y el sector del taxi, el Gobierno de los Estados Unidos y los drones de Amazon o el disputado, durante más de diez años, fin del roaming en Europa, ponen de manifiesto la creciente complejidad del ecosistema empresarial actual y la relevancia estratégica que tiene para las organizaciones la función de asuntos públicos.

Además, en esta compleja madeja por desenredar, las empresas no son inmunes a la actividad política. Al contrario, forman parte de ese complejo mapa de intereses, objetivos, decisiones e influencias que la conforman. No podemos olvidar que las decisiones políticas, muchas veces influidas por otras empresas o sectores que alinean sus intereses con el interés general (que es el del político), repercuten directamente en la actividad de una empresa y, por tanto, en sus perspectivas de futuro, pudiendo cambiar el entorno o las reglas del juego en el que se mueve. Un proyecto de Ley puede hacer que caiga su cuenta de resultados o trastocar sus balances, un trámite administrativo puede ralentizar o bloquear un proyecto en el que se han invertido millones de euros. Por eso la gestión de lo público es un elemento esencial para su éxito y supervivencia, ya que les permite anticiparse, actuar y gestionar la capacidad de influencia.

NebulosaPor otra parte, desde el punto de vista de la creación y posicionamiento en nuevos mercados, una correcta estrategia de asuntos públicos puede influir y encontrar el apoyo político necesario para generar el camino legal que provoque su apertura. Sirva como ejemplo el curioso caso de la acción planteada en 2013 por un grupo de empresas estadounidenses (Deep Space Industries y Planetary Resources) que anunciaron su intención de explotar los recursos de miles de asteroides cercanos a la Tierra en las próximas décadas. Dos años después, y prácticamente al final de su mandato, Obama firmaba una ley histórica, que reconoce el derecho de ciudadanos estadounidenses de ser propietarios de recursos de cuerpos celestes, y de venderlos, salvando las barreras legales que en materia de propiedad espacial promulgó en 1967 el Tratado del Espacio Exterior, que prohibía la reivindicación de cuerpos celestes por parte de los gobiernos. Para conseguirlo la administración Obama argumentó que lo mismo no se puede aplicar a las empresas privadas o a los posibles derechos de explotación. Esto supuso el pistoletazo de salida de la llamada economía espacial…

Cristina Afán de Ribera

 

Cristina es experta en Asuntos Públicos y Lobbying, cuenta con más de 15 años de experiencia en el Sector Medioambiental y es también socia de APRI.

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@Cristina_Afan

 

 

 

A imagen de la Crypto Valley Association, la entidad suiza que ha convertido el cantón de Zug en el Silicon Valley de la revolución tecnológica de las ‘criptos’, nace en España la Asociación Española de Tokens e ICOs (AETOK). Su objetivo principal será actuar como un ‘lobby’ del sector ante las autoridades y reguladores nacionales y europeos para convertir el país en un entorno pionero en captación de financiación mediante el uso de tecnologías blockchain.

Los promotores de esta entidad sin ánimo de lucro son Icofunding, RDC Abogados y finReg 360, que llevan varios meses trabajando en conjunto con los supervisores españoles, el Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para generar un entorno seguro para las empresas que están promoviendo proyectos de ICOs en España y en la Unión Europea (UE). Las emisiones iniciales de monedas y tokens criptográficos, a cambio de financiación para startups y empresas, es una de las posibilidades que ofrece la ‘cadena de bloques’ que más rápido se ha acelerado hasta el punto de que 5.000 millones de dólares se han recaudado entre 2017 y lo que llevamos de 2018.

Este sector aboca al mundo empresarial a un claro cambio de paradigma, en el que “la tecnología se está desarrollando mucho más rápido que la regulación”, explica AETOK en un comunicado. “Por lo que se está estrangulando un canal de financiación alternativa para las pequeñas y medianas empresas, lo que está provocando a su vez que este tipo de proyectos se desarrollen en el extranjero, con la consecuente pérdida de talento y riqueza para nuestro país”, denuncia la asociación.

Sin ir más lejos, Nostrum, la marca de Home Meal Replacement -empresa que cotiza en el MAB- está inmersa en la preventa de su ICO, el Meal token, una iniciativa inédita en nuestro país, ya que es la primera empresa productiva española que se embarca en una experiencia de este tipo. Por ahora, se ha adscrito a la regulación de la FIMNA suiza, pero el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, se ha mostrado dispuesto a colaborar con Home Meal, para acometer el lanzamiento de su ICO en España.

No obstante, el supervisor de los mercados mantiene su postura de cautela ante los riesgos de la inversión en criptomonedas y señala que hay un componente internacional a la hora de regular estos activos virtuales. No en vano, en la cumbre del G-20, que se desarrolla en Buenos Aires el 19 y 20 de marzo, las criptomonedas centrarán la atención de banqueros centrales y ministros de economía en dos sesiones de trabajo destinadas a alcanzar un acuerdo conjunto sobre este nuevo mercado.

De vuelta al mercado nacional, Albella advierte de aquellas plataformas que comercializan este tipo de activos sin figurar en los registros del supervisor. “Son intermediarios no regulados que permiten invertir incluso con tarjeta de crédito, a mí personalmente me parecen muy peligrosas en términos de riesgos”, apunta.

OBJETIVOS DE AETOK

Pero pese a los avisos, existe una buena disposición de los reguladores para debatir de qué forma debe España abordar las ICOs y los desarrollos en la blockchain, cuentan fuentes del sector a ‘Bolsamanía’. Por este motivo, AETOK quiere proponer un marco de trabajo que ayude a consolidar el país como una potencia en la blockchain.

El plan de AETOK para impulsar el desarrollo del sector se sustenta en cuatro pilares, que pasan, en primer lugar, por el diálogo con instituciones, autoridades y supervisores y reguladores nacionales y comunitarios para desarrollar la regulación del sector ICO. Además, prepararán un libro blanco de ICOs que promueva la creación de un marco normativo que dé seguridad jurídica a las empresas y los inversores en este ámbito. Llevarán a cabo también la creación de una autorregulación y un código de conducta propios y, por último, trabajarán por la divulgación del conocimiento de las ICOs y la tokenización.

AETOK ya cuenta con 35 entidades adheridas. Y entre sus miembros se encuentran compañías que están inmersas en el lanzamiento de sus ICO, despachos de abogados, firmas de consultoría de blockchain y compañías de marketing.

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Desde el 1 de enero, la justicia puede imponer sanciones contra los lobbies que no se inscriban en el registro de la administración.

La presión aumenta sobre los grupos de presión. Desde el 1 de julio de 2017, los grupos de interés que tienen influencia sobre las autoridades públicas tienen la obligación de registrarse en un directorio puesto a disposición por la Alta autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATPV por sus siglas en francés). Con motivo de los primeros seis meses de registro, la institución publicó hace unos días un primer informe que pasó inadvertido pero que contiene un análisis profundo de la identidad de los actores que ejercen presión sobre los funcionarios electos y representantes de la nación.

De acuerdo con el recuento hasta el día de hoy, hay unos  858 grupos de interés en el directorio. Una cifra que parece relativamente baja en comparación con otros países como Italia (1.680 registrados) o Canadá (5.731 registrados). Entre los actores registrados, hay multinacionales como LVMH, Google France o Facebook Francia, así como ONG como Greenpeace.

1 – ¿Qué es un lobby?

Para definir un grupo de interés, el HATPV ha utilizado, en el marco de la ley, tres condiciones relativamente precisas que implican ciertas obligaciones:

  • Un grupo de interés puede ser una entidad legal, es decir, una empresa (pública o privada), un bufete de abogados o una empresa de consultoría, un sindicato. “Un grupo de intereses también puede consistir solo en una persona física que ejerce como individuo, por ejemplo, un consultor o un abogado independiente.”
  • También debe realizar una actividad de representación de intereses, “es decir, toma la iniciativa de ponerse en contacto con un funcionario público para tratar de influir en una decisión pública.” Esto a menudo es una ley o regulación.
  • Finalmente, debe realizar esta actividad de manera principal o regular. “Esta es una actividad principal si dedica más de la mitad de su tiempo, durante un período de seis meses, a preparar, organizar y llevar a cabo acciones de representación de intereses. Por otro lado, será una actividad regular si solo ha logrado más de diez acciones de influencia en los últimos 12 meses.”

2 – ¿Cuáles son sus obligaciones?

Además del registro de los grupos de interés en el directorio, se les exige proporcionar información sobre la identidad de su organización y los temas sobre los que ejercen influencia o presión. También deben hacer una declaración anual de actividades ante el HATPV con datos precisos sobre el tipo de acciones que ha realizado, los funcionarios públicos con lo que han contactado (reuniones cara a cara, conversaciones telefónicas o intercambios de correo electrónico).

3 – ¿Qué sanciones se proporcionan?

La ley de 11 de octubre de 2013 sobre la transparencia de la vida pública ha previsto multas de hasta 15 000 euros y un año de prisión si los representantes no han cumplido sus obligaciones de información. También deben respetar otras reglas cuando entran en contacto con funcionarios electos o cuando organizan seminarios a los que invitan a funcionarios públicos. Un lobbista no debe:

  • ofrecer un regalo a un funcionario público;
  • remunerar a un funcionario público para que lo haga partícipe de una conferencia;
  • tratar de obtener información por medios fraudulentos;
  • vender la información o documentos que obtiene de un funcionario público.

4 – ¿A qué sectores concierne?

De acuerdo con la lista de lobbies publicada por la organización a finales de año, el medio ambiente se encuentra en la parte superior de la lista de los temas que los grupos de interés tratan con más frecuencia, seguidos de la economía y el sector laboral. Los representantes pueden, sin embargo, declarar hasta cinco sectores en los que ejercen influencia. Los inscritos en el registro forman parte principalmente de sociedades o de organizaciones profesionales como las que ilustra el siguiente gráfico:

Chart sobre lobbies en Francia

Reparto de lobbistas según el tipo de organización: sociedades, organizaciones profesionales, asociaciones y ONG, gabinetes de consejo y consulta, sindicatos, cámaras consulares y otros

 

5 – Una difícil fase de registro

La creación de este registro ha generado reservas y críticas. Esto se ha visto reflejado en la fase de registro, que ha demostrado ser “difícil”, dice la Alta Autoridad. “Hubo que realizar muchos esfuerzos educativos para informar y sensibilizar a los representantes de interés sobre esta herramienta.” También se ha pospuesto el calendario de registro en vista de todas estas dificultades y ya hay preocupación por su extensión a las autoridades locales a partir del 1 de julio de 2018.

“Debido a las numerosas interacciones que se producen diariamente entre los funcionarios electos locales y los actores de la vida económica y social local, se teme que la complejidad del dispositivo lleve a su eliminación.”

Por otra parte, la falta de recursos humanos del HATPV, que cuenta solo con 50 agentes, podría aumentar las dificultades de control según afirmaciones de Jean-Yves Lucas, referente de la asociación Anticor, especializada en la lucha contra la corrupción política en el diario Libération. “El problema es que el HATVP no tiene suficientes recursos humanos y financieros para hacer frente a todos los controles que se le piden de manera rápida”, hecho que supone una bendición para sus detractores.

 Grégoire Normand

Traducción: Fernando Magallanes

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La ampliación de la norma de la elite de la Comisión “sin registro no hay encuentro” a funcionarios de más bajo nivel podría mejorar la transparencia de los lobbies y proteger a estos servidores públicos. Sin embargo, según Margarida Silva, la Comisión ha estado evitando activamente la necesidad de hacer frente a este asunto.

Margarida Silva es una defensora de la ética y la transparencia en los lobbies en el Corporate Europe Observatory y forma parte de la coalición Alter-EU, constituida por unos 200 grupos de la sociedad civil preocupados con la influencia de las corporaciones lobbistas en la agenda política europea.

El departamento de la Comisión Europea que regula los mercados financieros de la EU (DG FISMA) es un ejemplo de la mayor laguna en transparencia de la institución: el 80% de las reuniones de lobbies no están cubiertas por las normas de transparencia de estos grupos de presión.

De enero a julio de 2016, DG FISMA ha sido anfitriona de la asombrosa cifra de 519 reuniones de lobbies. Un 16% de estas fueron organizadas por altos funcionarios del departamento, incluyendo al Comisario, miembros del gabinete y al director general. El 81% restante lo organizaron funcionarios de nivel inferior al de director general (el otro 3% involucró a entidades gubernamentales o bancos centrales).

¿Y esto por qué es importante? Desde 2014, los altos funcionarios de la Comisión tienen que hacer públicas sus reuniones con lobbies de forma proactiva, y rechazar encuentros con lobbies que no estén registrados.

Esta norma tenía por objetivo aumentar la trasparencia del lobby, pero también obligar a los lobistas a unirse al Registro de Trasparencia de la UE, que es voluntario. Su lema es simple, “sin registro no hay encuentro”.

Todavía hay problemas con esta iniciativa, como desgraciadamente ha destacado #Oettingair. No obstante, ha funcionado hasta cierto punto. Tomemos por ejemplo a Goldman Sachs, que ha hecho lobby durante años sin estar registrado y que se ha visto forzado a unirse si quería seguir teniendo acceso.

Como efecto colateral, el requisito de estar registrado ha permitido al público observar qué lobbistas disfrutan de la mayoría de las reuniones, al menos con los funcionarios de más alto nivel, lo que expone un patrón de fuerte dominación corporativa a través de diversos departamentos. El llamativo sesgo corporativo del antiguo Comisario de Finanzas, Jonathan Hill, (el 87% de todos sus encuentros con lobbies) constituye uno de muchos historiales pobres.

Las normas de transparencia de la Comisión cubren solo una pequeña parte de las reuniones

Las mejoras en transparencia que resultan de la norma “sin registro no hay encuentro” constituyen sin duda una buena razón para ampliar su aplicación a todas las reuniones con lobbies en la Comisión, pero aquellas que tienen lugar con funcionarios de bajo rango han permanecido exentas. Solamente los 250 empleados más importantes de la Comisión, de unos 30000 en total, están cubiertos.

Esto deja al 99% de la Comisión como objetivos principales de los lobbistas, sobre todo aquellos que desean ejercer su trabajo lejos del escrutinio público. Se trata con mucho de la mayor laguna en los esfuerzos por la transparencia en los lobbies de la Comisión.

No resulta sorprendente que el 13% de las reuniones corporativas con personal de bajo rango del DG FISMA tuviera lugar con lobbistas no registrados. Podemos hallar las mismas tendencias en la Dirección General de Comercio, donde las normas de transparencia ni siquiera cubren a los miembros del personal que negocian acuerdos comerciales como el Acuerdo Económico y Comercial entre la UE y Canadá. A diferencia de otras direcciones generales, estos dos departamentos por lo menos han registrado los detalles de las reuniones de forma interna y los han publicado, lo que ha permitido una evaluación.

El Comisario Timmermans, encargado de los asuntos de transparencia, se ha opuesto repetidas veces a una ampliación de la norma “sin registro no hay encuentro”, y ha alegado que este nivel de rendición de cuentas debería limitarse a los que de verdad toman las decisiones.

No obstante, no se debe subestimar la importancia del lobbying en los niveles inferiores de la Comisión. “¡Métete dentro pronto!” es un conocido mantra de los lobbistas que se enseña en cursos de asuntos públicos, pues el lobbying más eficiente es el que tiene lugar en las primeras fases del proceso de hacer política, incluso lo ideal sería antes de que se empiece a plasmar en el papel.

Por ejemplo, Daniel Guéguen, quien ofrece cursos de lobbying en Buselas, indica que “la situación ideal consiste en hablar al que redacta el borrador antes incluso de que haya escrito la primera palabra de su propuesta. Ese es el momento donde tu capacidad de influencia es mayor.”

A diferencia de Timmermans, Guéguen está muy al tanto de las decisiones que se toman en los distintos niveles de la jerarquía de elaboración de políticas, desde el diseño del marco de referencia a la identificación de potenciales participantes. Estas decisiones son con frecuencia cruciales.

También sabemos que muchas propuestas de políticas de la Comisión se vieron fuertemente influidas por lobbistas corporativos en las primeras fases de su evolución, lo que incluye la Directiva de Secretos Comerciales o el capítulo del TTIP sobre la cooperación regulatoria.

El poder corporativo puede prosperar ahí, ya que una menor transparencia evita el escrutinio público y los grupos de la sociedad civil tienden a carecer de los recursos para hacer frente al lobbying a este nivel. Al mismo tiempo, los medios de comunicación, con frecuencia muestran escaso interés en las políticas “en construcción”, que están todavía lejos de ser votada o puestas en marcha. Los estudios académicos confirman que la influencia de los negocios tiende a ser más alta cuando existe un menor debate público y menos conflicto político abierto. La falta de transparencia proactiva y la ausencia de reglas efectivas empeoran la situación.

La renovación del registro de lobbies en la UE ofrece una oportunidad

El Comisario Timmermans también ha argumentado que la excepción de los funcionarios en la norma “sin registro no hay encuentro” está encaminada a protegerles. Esto no se sostiene.

Los funcionarios con frecuencia hacen frente al difícil trabajo de juntar grandes volúmenes de legislación, la mayoría de las veces bajo presión de tiempo y recursos. En este contexto, normas de transparencia y ética solo les servirán de ayuda y no les perjudicarán. La introducción de la norma “sin registro no hay encuentro” aseguraría que existen claras expectativas por todas las partes, y permitiría al personal en los rangos más bajos de la Comisión que rechazasen intentos agresivos de lobbying, por ejemplo por parte de lobbistas que se nieguen a hacer público  qué cliente representan.

Actualmente, la única razón discernible de la insistencia de la Comisión en excluir a los funcionarios de la norma de transparencia es la falta de voluntad de la institución para progresar en sus propios esfuerzos de transparencia antes de que se hayan puesto a su mismo nivel el Parlamento y el Consejo. Es cierto que las tres instituciones deben aceptar la norma “sin registro no hay reunión” para que esta sea lo más efectiva posible.

No obstante, su implementación de la manera más amplia lo antes posible constituye un claro imperativo para la Comisión, así como liderar la marcha con ella en lugar de usarla como un instrumento de regateo político.

Margarida Silva

Traducción: Fernando Magallanes

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La compañía ha incorporado a sus oficinas en España a Guillermo Serrano, ex consultor sénior de Kreab que ocupa el cargo de public policy manager en la Península Ibérica. El directivo brinda apoyo a Natalia Basterrechea, que lidera esta división desde 2011.

Facebook hace lobby en España. Tras varios meses buscando a un nuevo directivo para reforzar su equipo de políticas públicas en el país, la compañía ha incorporado a Guillermo Serrano, ex consultor sénior de la agencia de comunicación Kreab, como nuevo public policy manager para España y Portugal.

Tal y como han confirmado desde Facebook a Kippel01, la posición de Serrano está ideada para que brinde apoyo a Natalia Basterrechea, quien lidera esta división desde 2011 tras trabajar como asesora legal externa para vLex, la empresa de telecomunicaciones Fon y la GSM Association (dueña de Mobile World Congress).

Serrano, por su parte, llega a Facebook procedente de la agencia de comunicación Kreab, donde ha ejercicio como consultor sénior de asuntos públicos más de un año y medio. Antes de unirse al grupo, el directivo realizó varios trabajos relacionados con la Unión Europea: formó parte del equipo europeo en Whitehouse Consultancy, trabajó como asistente parlamentario en Bruselas, como analista junior en DeHavilland EU y ocupó el cargo de asistente del director en el Council for European Palestinian Relations durante unos meses, entre otros.

El fichaje de Serrano se produce pocos meses después de que Facebook pescara en Twitter a su nuevo responsable de alianzas deportivas estratégicas, Kike Gutiérrez de Ravé. El ejecutivo llevaba cinco años en Twitter, donde se especializó en pensar fórmulas de monetización de contenidos audiovisuales en directo o bajo demanda.

Entre las funciones de Serrano destaca la consecución de alianzas con organizaciones españolas, las reuniones con representantes del Gobierno en España y en Portugal, y el seguimiento de la legislativa vigente en el país. En este sentido, la compañía fue multada con 1,2 millones de euros por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) el pasado septiembre.

El organismo identificó dos infracciones graves y una muy grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Lopd) al considerar que Facebook “no informa a los usuarios de forma exhaustiva y clara sobre los datos que va a recoger y el tratamiento que va a realizar de ellos, sino que se limita a dar algunos ejemplos”.

Facebook acaba de presentar los resultados financieros correspondientes al periodo entre enero y septiembre de 2017. Según sus datos, el grupo catapultó su beneficio un 75%, hasta 11.665 millones de dólares (9.879,5 millones de euros) e incrementó sus ingresos un 47% en relación al mismo periodo del año anterior, alcanzando una cifra de negocio de 27.681 millones de dólares (23.444,1 millones de euros).

El grupo estadounidense que encabeza Mark Zuckerberg no desglosa resultados por países. Los últimos datos relativos al negocio de Facebook en España corresponden al ejercicio 2016, cuando la compañía registró pérdidas por 486.916 eurosun 50% más en comparación con el año anterior. En el mismo periodo, la filial registró unos ingresos de 7.859 millones de euros.

La filial española, no obstante, no factura directamente por ingresos publicitarios, sino que es la subsidiaria que Facebook mantiene en Irlanda la que factura la publicidad que vende en el país. Facebook España le cobra por “servicios prestados”.

Explorando nuevas vías de negocio

Entre los últimos movimientos de Facebook a escala global, destaca el lanzamiento del servicio de suscripción de pago a Instant Articles, por el que los usuarios que accedan a noticias a través esta plataforma integrada en la red socials se encontrarán con una opción de pago por un número determinado de artículos.

La empresa ya ha cerrado acuerdos con medios como Bild, The Boston GlobeThe EconomistHeartsLa ReppublicaLe ParisienSpiegelThe TelegraphTronc y The Washington Post. En su momento, Facebook aseguró que muchos editores habían “identificado las suscripciones como su principal prioridad”.

Por otra parte, la compañía estadounidense selló la compra de la aplicación de mensajería anónima To Be Honest (TBH), aunque los detalles de la operación no trascendieron. La aplicación permite a los usuarios responder preguntas sobre sus amigos (con filtro) de forma anónima. Tan solo dos meses después de su lanzamiento, la app ya sumaba más de cinco millones de usuarios.

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El lobby empresarial Barcelona Global ha lanzado una advertencia: la reputación de la marca Barcelona está en peligro. Desde esta institución, privada y sin ánimo de lucro, se insta a los responsables de la situación por la que está atravesando la ciudad “que emprendan todas las medidas para que Barcelona recupere su imagen de ciudad global, activa, abierta al talento, la creatividad y la ciencia”.

En representación de las principales empresas que operan en la capital catalana, Barcelona Global ha recordado en un comunicado “que es una ciudad respetada y admirada, y está cerca de formar parte del selecto grupo de ciudades globales”. En este sentido recuerda que “llegar hasta aquí no ha sido fácil. Construir esta reputación, la marca Barcelona, ha sido un trabajo de décadas en el que todos hemos contribuido”.

La entidad, presidida por Gonzalo Rodés, ha hecho un repaso a algunos de los logros obtenidos por la ciudad desde 2012 -año en el que se constituyó Barcelona Global- en una nota que ha titulado “No good news today“. En la misma, menciona desde la llegada de Amazon, la sede del Hub Digital de Nestlé; a éxitos empresariales como Wallapop, Privalia, eDreams, y otras grandes marcas como Apple, Uniqlo o Hotel Mandarin Oriental que desde hace pocos años han elegido Barcelona como la ciudad para abrir el mercado de España.

También valoran el hecho más reciente: “Acabamos de recibir la mejor calificación entre las ciudades candidatas que aspiran a ser sede de la Agencia Europea de Medicamentos”.

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El grupo del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha rechazado en el pleno de este viernes una enmienda de IU a su proposición para regular los «grupos de interés» o «lobby». La coalición pretendía que también se crease un registro sobre los «lobbies» que operen ante la JGPA. La enmienda solicitaba además que se crease un registro de la agenda pública de los diputados.

La negativa del PP a incluir este punto en una proposición que finalmente fue aprobada ha causado «extrañeza» en el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien ha considerado raro que se contemple regulación para «lobbies» frente al Gobierno pero no frente al parlamento. «Nos resulta extraño que no se admita esa enmienda», ha dicho Llamazares, quien, no obstante, terminó votando a favor de la iniciativa de los populares.

La proposición no de ley aprobada pide al Gobierno un registro obligatorio de los grupos de interés en el Ámbito de la Administración del Principado, las entidades locales y sus organismos y entidades públicas, que será público, así como tipificar las infracciones en la materia y elaborar un código ético.

En la votación, Podemos ha tenido la llave del resultado final, dado que el PSOE votó en contra mientras que PP, IU, Foro y Ciudadanos lo hacían a favor. Si la formación morada hubiese votado en contra, la iniciativa habría decaído. Pero aunque el diputado de Podemos Daniel Ripa fue muy crítico con el PP, su grupo terminó absteniéndose y la propuesta del PP salió adelante.

Ripa, en su intervención, dijo que el problema no era el registro de los grupos de interés sino que en el PP «han ascendido demasiado rápido algunos delincuentes» y ha dicho que la proposición aprobada era «cosmética».

El diputado del PSOE Marcos Gutiérrez Escandón ha recordado que esta regulación de los lobbies ya se está abordando en el Libro blanco de Participación Ciudadana. Para el socialista, la iniciativa defendida por el PP no es más que «una improvisada ocurrencia del partido de Bárcenas en un intento de lavado de cara».

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La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) presenta una nueva y más amplia propuesta de regulación de la transparencia en la defensa de intereses ante los decisores públicos.

Tras un periodo de debate interno y consultas externas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a renombrados expertos jurídicos, APRI aporta una propuesta global con el objetivo de crear un escenario más transparente, que regule las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública y sea consecuente con el actual entorno social y político español. 

Madrid, 14 de febrero 2017. APRI lleva desde el año 2007 reclamando la regulación del sector en línea con los principales estándares europeos que contemplan la creación de un registro de grupos de interés para hacer más transparentes las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública. Una herramienta que existe en Bruselas desde el año 2012 y que permite a los ciudadanos conocer las personas y organizaciones que desean influir en las decisiones públicas.

Tras la propuesta realizada por nuestro colectivo en el año 2013 y reflejada en iniciativas parlamentarias, nuestra asociación ha decidido ampliar su propuesta de regulación incluyendo aspectos esenciales para el correcto desarrollo de la actividad. Una actividad que creemos fundamental para cualquier democracia y que hay que llevar a cabo con la máxima transparencia, ya que esta es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en la legitimidad de los procesos legislativos, administrativos y de adopción de políticas públicas.

Para la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, “la nueva propuesta de APRI intenta ser consecuente con el entorno social y político en España posicionándose en defensa del ejercicio democrático de los profesionales del lobby, y de la demanda de transparencia de los ciudadanos”.

Por ello, APRI propone incorporar las medidas que permitirán garantizar de una manera efectiva el objetivo de transparencia y del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

La propuesta de APRI -texto completo en el enlace– debe considerarse en su globalidad, acompañada de un conjunto de medidas complementarias para dotar el registro de grupos de interés de la eficacia necesaria. La propuesta desarrolla los siguientes aspectos:

  • Mejor definición de grupo de interés (Art. 2.1)
  • Creación de un Registro Común y su adscripción al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Art. 3 y 4)
  • Mejor definición del ámbito de aplicación (Art. 7, 8 y disposición final 2)
  • Consecuencias de la inscripción detalladas y Código de Conducta (Art. 9 y 10)
  • Amplia definición de responsable público (Art. 2.3).
  • Mejor definición de derechos y obligaciones (Art. 11 y 12).
  • Agendas públicas (Art. 18 a 21)
  • Huella de la actuación pública (Art. 16)
  • Conflicto de intereses y puertas giratorias (Art. 22 y disposición final segunda)

Infografía 1Infografía 2

Infografía 3

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