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El pasado jueves 27 de abril, tuvo lugar la XV Asamblea General de Socios de APRI en la sede de EDP Renewables. Fue un buen momento para repasar juntos los distintos aspectos de la Asociación, qué se ha hecho en 2022 y cómo, entre todos, podemos seguir haciéndola crecer y trabajando por la transparencia e integridad de nuestra actividad. 

El número de socios de APRI continúa creciendo tanto en personas físicas como jurídicas y aumentando su deslocalización. La Junta Directiva puso en valor las iniciativas realizadas por los distintos grupos de trabajo de APRI. En términos de Regulación, a pesar de todas las reuniones, consultas públicas y de la promesa de la aprobación de la ley de regulación de los grupos de interés, tenemos que lamentar que tanto esta ley como el reglamento de la cámara hayan quedado pendientes en esta legislatura. APRI Salud mantuvo una alta actividad durante todo el año y Agroalimentación, Sostenibilidad y Asociaciones siguen sus pasos. Destacamos también especialmente el trabajo realizado en Cataluña, los debates y foros que se han llevado a cabo y el éxito del programa de mentoring iniciado. Por su parte el Foro de Organizaciones subrayó la grabación de los vídeos para la divulgación sobre Qué es el Lobby así como la mesa de análisis de sobre el perfil de los profesionales de las RRII, Asuntos Públicos y el Lobby.

Hacemos también una mención especial a la incorporación de Irene Matías a la Junta Directiva, en reconocimiento a su labor estos años en la dirección de la asociación. 

Esperamos poder contar con la asistencia de todos los socios el año que viene. Es un buen momento para ver qué se ha hecho, los planes para el año en curso y celebrar vernos de nuevo.

El martes 7 de marzo LLYC acogió en su oficina de Madrid el encuentro organizado por el grupo de trabajo de APRI Salud con Elena Mantilla, Directora General de Inspección, Ordenación y Estrategia Sanitaria de la Comunidad de Madrid y Secretaria de Sanidad del PP de Madrid, quien expuso el estado de la Sanidad madrileña reflejado en cifras de su actividad asistencial, así como el cambio importante en la agilización de los plazos de los visados de los medicamentos que debe hacer la inspección médica, sin afectar a la seguridad de los casi millón y medio de pacientes crónicos que han salido beneficiados con el visado por autocontrol donde el inspector médico evalúa el visado en la primera prescripción y las sucesivas son automáticas. El visado tradicional, donde interviene un inspector en cada prescripción, sigue vigente para otras muchas prescripciones.

Es de significar que, para potenciar la calidad asistencial y la seguridad del paciente, en este último año se han incrementado significativamente el número de actuaciones inspectoras, proponiendo la adopción de las medidas adecuadas para preservar la salud de los ciudadanos, en aquellos supuestos en los que se detectó la existencia de un riesgo en la actividad asistencial de los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Y ello porque, sólo a través de la vigilancia del cumplimiento de la legislación sanitaria, puede asegurarse la calidad de las prestaciones y servicios sanitarios y la efectividad de los derechos de los ciudadanos en el ámbito sanitario.

Elena Mantilla puso también en valor todos los avances conseguidos al impulsar nuevos e importantes cambios normativos propiciados por las mejoras en los últimos años en las técnicas diagnósticas y terapéuticas, los progresos tecnológicos y los cambios culturales y sociales producidos, que han modificado la forma de entender la asistencia sanitaria mientras que, paralelamente, se ha producido un incremento de la preocupación por la calidad asistencial, por la seguridad clínica y por el trato dispensado a los pacientes.

Entre estos logros se encuentran:

El Decreto de Seguridad del Paciente, cuyo objetivo es la protección de la salud de los ciudadanos que asegura la calidad y seguridad de la asistencia que se presta a los mismos, consolidando la cultura de seguridad en todos los centros sanitarios públicos y privados de la Comunidad de Madrid

La actualización del Decreto 51/2006 de autorización de centros y servicios sanitarios, actualmente pendiente del informe solicitado a la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que:

Elimina trabas administrativas incrementando las renovaciones por declaración responsable y, salvo regulación específica, aumentando el plazo para las mismas de 5 a 8 años. Mejora la seguridad y la calidad en los servicios que ofrecen los centros en cuya oferta asistencial dispongan de bancos de tejidos, gametos y embriones. Simplifica los trámites de autorización de los centros y servicios de Reproducción Humana Asistida. Establece la obligatoriedad de la subscripción de un seguro, que asegure la solvencia frente a posibles accidentes que afecten a la crioconservación de gametos y embriones y, como novedad, cubre la cesión de los bancos de gametos y embriones a otro centro autorizado, en el supuesto de cese de actividad del centro tanto provisional como definitiva. Y, por último, ofrece nuevas ofertas asistenciales a domicilio.

La LEY 13/2022, de 21 de diciembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid que regula, entre otras medidas, la atención farmacéutica domiciliaria, la creación del Registro de establecimientos y servicios farmacéuticos, con especial apoyo a la farmacia rural, y la actualización de la regulación de la publicidad de las oficinas de farmacia. 

Dentro de la Estrategia 2022-2026 de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad, entre las 80 medidas que se implementaran antes de 2026 se encuentra la elaboración, en este momento por parte de la Dirección General, de una nueva Orden de requisitos técnicos y funcionales de los centros y servicios de reproducción humana asistida en la Comunidad de Madrid. Su objetivo principal es dar una mayor seguridad jurídica en esta materia, con la finalidad de mejorar la calidad de la asistencia que se proporciona a los ciudadanos, garantizando que todos los centros y servicios cuenten con los medios técnicos, instalaciones y profesionales necesarios para desarrollar las actividades a las que van destinados.

Finalmente, se presentaron algunos de los proyectos futuros que están previstos en la Dirección General para optimizar tiempos y mejorar la utilización de recursos, como es la implementación del proyecto piloto para la emisión de bajas médicas en centros hospitalarios, con el fin de disminuir la carga asistencial en Atención Primaria.

Durante el turno de preguntas, los socios de APRI querían conocer cómo se organizaba la ponente para simultanear sus obligaciones como alto cargo de la administración sanitaria con las de Secretaría de Sanidad del PP de Madrid, respondiendo que son tareas a las que dedica todas las horas necesarias, habiendo realizado ya más de 60 reuniones, desde mayo 2022 a febrero 2023, con los agentes más relevantes del sector sanitario con el propósito de elaborar el programa sanitario del futuro de la Sanidad de Madrid. 

  • Los lobistas llevan años autorregulándose ante la falta de interés institucional por hacerlo, pese a que existen suficientes precedentes, contenido y experiencias para aprobar una regulación.
  • En todo caso, las Cortes Generales cuentan con un Código de Conducta que debería ser suficiente para abordar el escándalo.

APRI, la asociación que agrupa y defiende los intereses de los lobistas españoles, quiere manifestar su preocupación por las declaraciones de algunos responsables políticos que establecen una relación causal entre los presuntos delitos cometidos en el conocido como “caso Berni” y la falta de regulación de los lobbies en las Cortes Generales.


La regulación de los lobbies o grupos de interés en las distintas instituciones públicas es algo que APRI viene reclamando desde hace más de una década y tiene el objetivo de introducir transparencia, aumentar la rendición de cuentas, y mejorar la calidad de las normas a través de la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, en desarrollo de los artículos 9.3 y 23 de la Constitución. No es el objetivo de esta regulación prevenir la corrupción política, asunto reservado, como es lógico, al Código Penal.


Autorregulación y código de conducta
Somos los propios lobistas los que nos venimos autorregulando desde hace años y, en el caso de APRI, la Asociación cuenta con un exigente código de conducta que marca las pautas deontológicas de la actividad de sus asociados así como con una propuesta de regulación amplia, completa y perfectamente adaptada a nuestro entorno institucional, que ha puesto a disposición y ha explicado a todas las instituciones que han mostrado interés en ello.


En todo caso, y ante la ausencia de una regulación específica sobre los grupos de interés, debería aplicarse el Código de Conducta de las Cortes Generales, que languidece debido a la ausencia de interés por parte de las Cámaras en su aplicación. Sus artículos 2 y 6 habrían prevenido las acciones presuntamente desarrolladas por el exdiputado Curbelo, y en lugar de una Comisión de Investigación, con los costes que supone y la detracción de recursos a otras actividades que redunden en el interés general, podría sustituirse con una actuación por parte de la Presidencia del Congreso conforme al citado Código de Conducta.


Lobby es transparencia
El lobby es una actividad profesional, que favorece la transparencia del sistema y la igualdad de acceso a los poderes públicos, que está institucionalizada en nuestro país y en los de nuestro entorno, y en la que están involucrados miles de profesionales en España y en Europa cuyas acciones no merecen ser confundidas bajo ningún concepto con las que estamos viendo en el llamado “Caso Bernie”
APRI, en todo caso, no se sorprende de este empeño en esconderse tras la ausencia de regulación de las relaciones de la sociedad civil con los poderes públicos y en satanizar la palabra lobby y lo que representa. Se vio también en días pasados en relación con otros casos recientes que, como el presente, no tienen nada que ver con el lobby sino con la corrupción.
Del mismo modo que sería inadecuado acusar a todos los políticos de realizar determinadas actividades ilegales, inmorales o ilícitas, los profesionales del lobby exigen el mismo respeto hacia su actividad. Lobby es participación y su regulación busca incrementar la transparencia del sistema, no evitar conductas delictivas, para actuar contra las cuales ya existe el Código Penal, así como el referido Código de Conducta de las Cortes Generales y los códigos éticos de los diferentes grupos parlamentarios.

Sobre APRI
Fundada en el año 2007 por profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión. Su objetivo es hacer de las relaciones instituciones y lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
APRI cuenta con más de 200 profesionales y 20 organizaciones que abogan por la normalización de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea. APRI es, además, fundador y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos.

Para más información:

Marián Casado, directora general de APRI: mcasado@relacionesinstitucionales.es +34 607 356 820


Juan Torres, vocal de Comunicación de APRI: juantorresji@gmail.com + 34 666 582 837

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