El Confidencial. Domingo 26 de enero de 2014

PARA ROMPER CON LOS INTERESES OCULTOS

El nuevo ‘lobby’ español pretende salir de la oscuridad y que se regule su actuación

“Te asombraría la cantidad de manos que participan en el texto de esta ley”. “Claro, pero ¿cuántas? ¿Cuáles? ¿Las de quién?”. Sonríe la lobbista a la que dirigimos estas preguntas. Sonríe porque ni ella sabe contestar. Desde su diáfano despacho a escasos centenares de metros del parque del Retiro de Madrid se dedica a hacer valer los intereses de varias firmas de la industria farmacéutica ante el Ministerio de Sanidad.

Se llama Carmen Mateo, y es responsable de Cariotipo H5. Es lobbista de profesión. Desde hace 15 años y tras pasar por el periodismo, se presenta así, como lobbista. Desde hace cinco pertenece a un grupo de profesionales de este sector en alza que quiere salir de la sombra, alejarse de leyendas urbanas -algunas más, otras menos- sobre maletines y pasillos oscuros. Quieren romper con una forma rancia de influir sobre el poder, que empieza en el Congreso y acaba en los privé de conocidos restaurantes.

Son la Asociación de Profesionales de las Relaciones Públicas (APRI) y presentarán el próximo 12 de febrero una propuesta concreta para la primera regulación del lobby en España: están haciendo lobbypara que se regulen los lobbies. Algo que, dentro de las paredes del Congreso, asusta y entusiasma a partes iguales.

Las “enmiendas Florentino”

La OCDE define el lobby como la acción de “intereses privados que buscan influenciar las decisiones de los Gobiernos, leyes o adjudicación de los contratos”. Y, dentro de un esquema de normas, lo considera“parte fundamental de la política en las democracias modernas”. “En España, a día de hoy, no hay un cultura de lobby como la que pueda haber en países anglosajones”, comentan al respecto fuentes del Partido Popular. No todos coincidirían, pero lo cierto es que un vistazo a las hemerotecas bastaría para darles la razón. El lobby, o sus pocas apariciones bajo los focos mediáticos, no se ha llevado las mejores portadas.

Un ejemplo de ello fue la conocida como ‘enmienda Florentino’. Un apodo que habla solo y que se refiere al cambio legislativo con el que, en 2011, el Gobierno del PSOE facilitaba que ACS, la constructora de Florentino Pérez, y Sacyr pudieran controlar Iberdrola y Repsol. Las obligaba a abolir los blindajes que impedían que cualquier accionista votara por más del 10% del capital aunque fuese dueño de un porcentaje mayor. En los pasillos del Congreso, la historia de esa ley es un secreto a voces; a los medios, a la ciudadanía, llegó alguna filtración de las reuniones del Ejecutivo con las partes interesadas.

Por no hablar del poderoso lobby eléctrico, que incluye ilustres nombres de expolíticos. Más de unlobbista profesional español contesta con la expresión “vergüenza ajena” cuando se le pregunta su opinión sobre los juegos de interés en ese sector. O sobre el que fleta sus aviones para acompañar a Mariano Rajoy en sus visitas a Washington, el Consejo Empresarial para la Competividad, y con el que este periódico no ha conseguido obtener una entrevista para hablar de transparencia y presiones políticas. Se trata de grupos que actúan con un objetivo claro: conseguir acuerdos, oportunidades de negocio o simplemente una foto en el lugar y momento adecuados.

“El concepto de lobby encaja más con realidades como la norteamericana, donde es algo claro y establecido”, opinan al respecto las fuentes consultadas en el PP. En Estados Unidos, las campañas electorales se basan en losfondos que grandes empresarios puedan aportar a las campañas de los candidatos. A cambio, estos apoyarán sus intereses durante su posible mandato: Sheldon Adelson y su relación con los candidatos republicanos fue un ejemplo de ello.

Saltando a Europa, la patria del lobby es, sin duda, Bruselas. Más de 4.000lobbistas acreditados se reúnen a diario con los 766 representantes de los ciudadanos europeos, haciendo valer sus intereses e intentado conseguir otros. Lo demostró Michel Petite, presidente del comité de ética de la Unión Europea y encargado de controlar la influencia de los grupos de presión, que renunció a su puesto el 18 de diciembre debido a que “su posición se había vuelto insostenible” por un conflicto de intereses. Un año antes, como abogado en el bufete Clifford Chance, Petite había defendido en varias ocasiones las posiciones del fabricante de tabaco Philip Morris en reuniones con la Comisión Europea.

La diferencia entre estas dos realidades y España está en el nivel de transparencia. Cualquiera puede acceder al Lobby Register de la Unión Europea, donde quedan registrados todos los datos de quienes ejercen esta actividad en Bruselas. Hay 6.150 entre entidades y profesionales. Cada vez que se le convoca para una reunión privada, cualquier eurodiputado puede comprobar quién lo hace. Conflictos de intereses, puertas giratorias e intercambio de favores son las prácticas que deben evitarse y las razones por las que cada vez más voces piden que el registro sea obligatorio y no voluntario, como hasta ahora.

De hecho, varios diputados comunitarios han tomado la decisión de no runirse con lobbistas que no estén en el registro. Otros prefieren tener un abanico amplio: “Me llegan dosieres de todo tipo, de todos los ámbitos. Me reúno con todo el mundo, y a partir de ahí fijo mi posición”, admite una eruodiputada española.

En Estados Unidos, la Lobbying Disclosure Act permitió, en 1995, la creación de un fichero interno a la House of Representantive, el Congreso, para seguir el rastro de las reuniones de los diputados.

Transparencia, ¿para quién?

Desde asociaciones como APRI defienden que en España exista, y esté dando sus primeros pasos, unlobby profesional. “Las cosas ya están cambiando: hace unos años nos llamaban contratistas, ahora más de uno empieza a reconocernos por lo que somos”, explica Javier Valiente, lobbista en la firma Political Intelligence. Es una de las manos que pueden intentar influir en una ley y cree que ”el lobbista es alguien que representa los intereses de un determinado sector frente a las instituciones”.

¿Cómo? “Se intenta aportar algo desde el primer momento, desde el primer borrador de un proyecto de ley. Se hacen contactos tanto a nivel político como técnico, y un seguimiento del proceso de cerca. También se lleva a cabo mucho trabajo de escritorio y de investigación jurídica y económica”, argumenta.

Pero a la hora de decidir qué entrará y qué no en el texto de una ley, ellobbista no tiene la última palabra:“Es el político o el funcionario quien fija la posición de la administración. Nadie más”, asegura Valiente resumiendo la posición de todos los entrevistados.

En un momento en el que la corrupción política es la primera preocupación de los ciudadanos, es complicado confiar en ese último paso. Muchos creen que a menudo influyen amiguismos, favores o apoyos útiles de cara al futuro, como demuestra el caso de las ITV, que azota al Gobierno de Cataluña: la nueva línea de investigación de la Fiscalía Anticorrupción cree que Oriol Pujol habría cobrado 30.000 euros al empresario de las ITV Ricard Puignou a cambio de votar a favor de sus intereses en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial del tripartit.

Es por ello que la transparencia de este proceso puede marcar un antes y un después. Para abrir más puertas al sector privado por un lado; para que los ciudadanos puedan tener más control sobre lo público por el otro: “En la Unión Europea,sabes perfectamente qué funcionario o qué persona lleva un dosier sobre un tema en concreto. En España, coge el caso de la Ley de Mecenazgo: nos está pasando que, a día de hoy, no sabemos quién está elaborando el borrador”, ejemplifica Jaime Olmos, lobbista de la consultora internacional Kreab Gavin Anderson.

La creación de la huella legislativa es una de las propuestas que barajan los miembros de APRI, y que no disgusta a más de un parlamentario. Implicaría implementar un seguimiento de todos los pasos que recorre una ley antes de su aplicación: un procedimiento de fácil aplicación con las nuevas tecnologías para que se pueda saber, entre otros, con quién se reunió el ministro de Medio Ambiente antes de que la Ley de Costas llegara al BOE.

“La huella legislativa serviría para dar una garantía en la toma de decisiones. Ayudaría a legitimar el sistema”, argumenta María Rosa Rotondo, que es Presidenta de APRI. “También está claro que es necesaria una cierta madurez parlamentaria para que esto se implemente, pero la responsabilidad del político está justamente en tener la opción de aceptar o no lo que le ofrecen”.

Agendas ocultas

¿Está listo el Parlamento español para una apertura de este tipo? LaFundación Ciudadan Civio ha intentado averiguarlo. En un reciente estudio, ha analizado las agendas de trabajo de todas las formaciones políticas, con el objetivo de fomentar la transparencia a la hora de conocer con quién se reúnen los representantes de la ciudadanía. “La mala noticia es que la gran mayoría publica solo actos oficiales”, resume en la web de su proyecto ‘Quién Manda’, pero “la buena es que empezamos a ver brotes verdes”.

Entre los brotes está Joan Coscubella, diputado de ICV. Este barcelonés y su formación publicanen su página web la agenda de todos sus encuentros, desde los que mantiene con ciudadanos hasta con grupos de interés o periodistas (incluida la que sirvió para este reportaje): “Apuntamos cualquier tipo de reunión de carácter no personal: me he visto con representantes empresariales, y lo apunto, pero también con sindicatos, que expresan su opinión sobre una regulación”, explica Coscubella a este diario.

“Negar que haya un lobby significa permitir el oscurantismo en su funcionamiento. Es dar espacio a la perversión de que haya intereses privados detrás de cada decisión”, añade. Aunque advierte: “Unlobbista por definición te informa de aquello que le interesa que tu conozcas, no de todo lo que hay”, como podría pasar a la hora de reunirse con un representante de la industria automovilística que necesite un nuevo Plan Pive.

El asunto no es ajeno a ningún diputado. Y posturas hay tantas como parlamentarios. En el Partido Socialista, Teresa Cunillera, diputada por Lleida, tiene muy claro que “lo malo no es que haya lobby. Lo malo es que un diputado no pueda, no sepa o no quiera explicar de dónde viene una iniciativa, quién se la ha comunicado”. En su caso, pocos días antes de reunirse con este diario había acogido a un grupo de alcaldes de Lleida, que insistían por una regulación de carácter local. “Si nos atenemos a la definición, han venido a hacer lobby. Pero ¿tendría que ficharles en un registro comolobbistas?”, se pregunta.

La creación de un registro de lobbistas acreditados en el Congreso -con carnét de lobbistas, como ahora tienen los periodistas- está sobre la mesa de la comisión que se reunirá, para debatir el tema, el próximo 12 de febrero. APRI, que presentará su propuesta, apuesta para que no solo exista, sino que sea de uso obligatorio.

Una fuente del Partido Popular, que prefiere que no se mencione su nombre, refleja su perplejidad al respecto. A pesar de no estar en contra de la regulación de los lobbies, nos los ve como algo concreto: “Cuando hay un asunto sobre el que legislar, solo hay grupos de presión de diferentes partes de la sociedad, desde las ONG hasta los empresarios”.

La realidad, admite también este miembro del PP, es que hay despachos y representantes de intereses corporativos que tienen clientes y que “quieren que el legislador reconozca su función para que tengan acceso a la Cámara, como la prensa, para hacer un seguimiento diario de lo que ocurre”. El diputado, que representa a la soberanía nacional, no puede verse presionado por “alguien que solo representa los intereses de su cliente”, añade. Razón por la cual concluye: “Un registro sí, pero bien planteado y desde luego no obligatorio”.

Hoy en día, los ciudadanos de a pie también pueden hacer lobby. Es la misma Presidenta de APRI quien admite que la Plataforma de Afectados por la Hipotecas (PAH) lo hizo a la perfección cuandopresionó por una ley hipotecaria: “Cumplió con las medidas de presión que la Constitución, a día de hoy, permite”.

Desde más arriba, como las empresas del Ibex, se suele preferir usar “otra línea telefónica”: “Se debería, a cambio, facilitar la igualdad de acceso a los poderes públicos”, esgrime Rotondo.

“He escuchado llamar a lobbistas a las Corinas, a los Urdangarin, a los Bárcenas… No tienen nada que ver”, concluye la presidenta de APRI. Y, mientras fuentes del Ejecutivo aseguran que se legislará al respecto antes del fin de esta legislatura, pronuncia un deseo: “Preparar una regulación del lobbyantes de que haya un escándalo que obligue a hacerlo”. Prevenir antes que curar.

Daniele Grasso

Redactor – Investigación en El Confidencial

@danielegrasso

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Diario Expansión. Domingo 18 de marzo de 2013

LA FUERTE PREOCUPACION SOCIAL POR LA CORRUPCION Y LA CRISIS SITUAN A LOS LOBBIES EN LA PRIMERA LINEA DEL DEBATE POLITICO  

La crisis económica y el descontento social alimentan el boom de los lobbies

Las inesperadas palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su discurso en el Debate del Estado de la Nación, sobre la futura regulación de los lobbies en el ámbito parlamentario no ha sido más que la punta del iceberg de un movimiento que lleva años creciendo fuera de los focos mediáticos.

Los lobbies (también llamados grupos de interés) están de moda. La crisis económica ha provocado la intensificación de su actividad, pero también ha puesto de relieve el descontento de la sociedad ante la opacidad en la toma de decisiones políticas, donde este colectivo desempeña un papel muy relevante.

“Detrás de cada capítulo del gasto fiscal que se detalla en la partida de gastos de los presupuestos generales del Estado (38.000 millones de euros en 2012) y detrás de cada deducción o bonificación fiscal consignada en las cuentas públicas, hay uno o varios lobbies, con nombre y apellidos”, afirma Juan Francés, periodista y autor del libro ¡Que vienen los lobbies!*.

Y si es así, ¿por qué sabemos tan poco de ellos? Pues hay varios factores. “La percepción social es, por el momento, negativa, dado que se confunden con grupos de interés que desarrollan actividades opacas y dañinas para el interés general”, dice Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

También los expertos apuntan a la falta de regulación en España, así como al enorme peso de los factores culturales. En los países latinos en general está peor visto este tipo de práctica, frente a la normalidad y transparencia con que se desarrolla en los países anglosajones.

Un sector en auge

Lo cierto es que en España es un sector creciente. En el Registro de Transparencia de la Unión Europea, sólo hay inscritas en torno a 300 organizaciones españolas que practican esta actividad, sobre un total de más 5.500. Sin embargo, se habla ya de cerca de un millar de actores en nuestro país.

“La crisis ha exarcebado su actividad porque cuando había dinero para todos los proyectos, el grupo de interés no necesitaba dedicar tanta atención a convencer al poder de lo razonable de concederle un contrato público, por poner un ejemplo, pero ahora que la tarta ha encogido, ya no hay porciones para todos, y eso obliga a los lobbies a intensificar su actuación”, dice Francés.

(*) ¡Que vienen los lobbies!, de la editorial Destino, sale a la venta el próximo 20 de marzo.

El boom de fichajes a expolíticos de grandes empresas y consultoras es otra prueba de esta tendencia. En Estados Unidos es una práctica muy habitual (incluso se ha acuñado el término revolving door movements). Parece lógico que una compañía se sienta atraída por antiguos altos cargos públicos con una agenda cargada de contactos.

Y, ¿quiénes son los protagonistas? “Los sectores más regulados son quienes necesitan mayor fluidez en sus relaciones con los poderes públicos”, indica Santos Ortega, director de Asuntos Públicos de MAS Consulting España.

Más allá de los bancos y de las grandes empresas de energía, muy activos en este campo en España, hay otros actores importantes que son menos evidentes, como las ONG. “El lobby no es más que la defensa de unos intereses concretos ante el poder establecido, y esos intereses pueden ser los particulares de un grupo empresarial, o los de una asociación de discapacitados”, añade Francés.

Consuelo López-Zuriaga, directora de Relaciones Institucionales en Intermón Oxfam, indica que el mayor interés de la sociedad civil en las actividades de lobby. “Su evolución obedece a un cambio en las relaciones entre la ciudadanía y los decisores políticos, dirigido a ganar espacios de diálogo y participación ciudadana en los procesos legislativos”, explica. Y añade: “En tiempos de desafección política y de ruptura entre ciudadanos y decisores políticos, es esencial reconstruir los cauces de participación y dialogo para regenerar nuestra democracia”.

López-Zuriaga señala que su organización ejerce esta actividad de diferente forma según el país y actúa en dos direcciones. Por un lado, con información hacia los poderes políticos gracias su conocimiento de determinados problemas: “Publicamos informes, recogemos testimonios, hacemos análisis cualitativos y cuantitativos que ofrecemos a las personas clave que participarán en el proceso de toma de decisiones”. Y, por otro, desarrollando campañas con un efecto multiplicador para “construir redes de presión e influencia que tengan incidencia sobre los procesos”.

En busca de la regulación

La directora de Comunicación del Foro Nuclear, Piluca Núñez, señala que las acciones de lobby “son una realidad que deben estar reguladas para que las partes involucradas conozcan las reglas del juego y las respeten. Con ella ganaríamos en transparencia y se fortalecería el derecho a la información”.

Lo cierto es que ésta es una demanda histórica. María Rosa Rotondo, presidenta de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales), ha comparecido recientemente sobre este tema en la Comisión Constitucional del Congreso proyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

Según su opinión, es necesario desarrollar un registro, similar al europeo, con todas las organizaciones que ejercen esta actividad y que quieran inscribirse. También diseñar un código de conducta, así como establecer el derecho de acceso de los lobbies al Congreso para ejercer su labor y de información de los ciudadanos a estas actividades parlamentarias (para lo que es necesario que ésta sea pública).

En Bruselas, en 2008, la Comisión Europea abrió el Registro voluntario de intereses, que según consta en la página web del registro está abierto a todas las entidades que llevan a cabo “actividades que se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas”.

Modelo europeo

Aunque la propuesta del presidente Rajoy era fijar esta regulación en la Ley de Transparencia, que está en tramitación parlamentaria, previsiblemente se desarrolle antes en el nuevo Reglamento del Congreso (de momento, solo afectará a este ámbito, aunque la mayoría de las iniciativas legislativas las protagoniza el Gobierno). De hecho, a finales de febrero se acordó (solo con dos votos en contra) en el pleno una Resolución sobre Regeneración democrática y transparencia, donde se insta al estudio de “medidas oportunas a adoptar para regular las organizaciones de intereses o lobbies, con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites”.

Desde la Secretaría de Estado de Relaciones con la Cortes, dependiente del Ministerio de Presidencia, confirman que la futura regulación seguramente siga el modelo europeo y que previsiblemente estará para finales de este año o el que viene.

Paradójicamente, el sector de los lobbies no ha logrado influir a los poderes públicos para acelerar su normativa. Habrá todavía que esperar unos meses para ver si se arroja algo de luz sobre este colectivo.

MARIA G. MAYO

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Diario Cinco Días. Martes 19 de febrero de 2013

Lobby y transparencia, claves de competitividad

Una de las razones principales que nos ha llevado, como la asociación que agrupa a los profesionales del lobby en España, a comparecer ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados es nuestra firme convicción en la importancia que ambos conceptos, estrechamente ligados, tiene para la competitividad de las empresas, para el crecimiento de la economía y para el bienestar de la sociedad en general. Según la Real Academia Española, transparencia, que viene de transparente, significa: “Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”. Traducido al mundo de la política y a la toma de decisiones políticas, esto se entiende por claridad pública en el proceso de toma de decisiones, las razones por las que se toman, cuándo y cómo se toman y quién participa en la toma de decisiones.

Decisiones que además se deben entender y no crean ambigüedad entre los empresarios, los trabajadores y la sociedad en general, y cuyos objetivos son evidentes y comprensibles. Tanto en la vida privada como en la vida profesional y laboral, la claridad, la evidencia, la comprensión y la falta de ambigüedad se traducen siempre y sin falta en mayor satisfacción, mayor motivación y mayor éxito personal y colectivo. En el mundo empresarial, la transparencia se traduce en estabilidad y seguridad regulatoria y jurídica, mayor confianza y mayor fiabilidad. Palabras que atraen la inversión y al inversor, la investigación y el crecimiento.

Al hacer transparentes y relevantes para los responsables públicos los diferentes impactos económicos, que las diferentes posibles decisiones tienen, se ayuda a que se tomen aquellas decisiones que generan mayor actividad económica y mayor empleo mejorando la cadena de valor generada en España y por tanto su productividad y competitividad internacional. Por eso la palabra transparencia está en boca de todos. El futuro de España se juega en los mercados globales y en las instituciones internacionales. Las decisiones que toman instituciones como la Unión Europea, el FMI, la OMC, OCDE, etc., son muy importantes para España, su economía y su mercado laboral. En todas estas instituciones el lobby es muy intenso. Tener un colectivo profesional, amplio, preparado y profesionalizado es clave para que sus decisiones respondan también a los intereses de España. España no puede competir con el lobby anglosajón y el de otros países si no cuenta con una profesión transparentemente regulada que permita su crecimiento y consolidación en España. Una profesión no reconocida en España nos lleva a una profesión no desarrollada y, por tanto, a que los lobbies de otros países nos ganen, muchas veces por incomparecencia, al insuficiente o nulo lobby español en dichas instituciones.

El lobby es, por lo tanto, un aspecto esencial de dicha transparencia. El lobby no es otra cosa que la representación de opiniones e intereses legítimos del conjunto de la sociedad ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto a nivel nacional como autonómico. El lobby incluye la expresión de ideas, de puntos de vista, la participación de la sociedad en las decisiones que les afectan. Los lobbistas somos hilos conductores de los intereses particulares hacia los poderes públicos, facilitando a la vez una vía de acceso a información sobre el proceso de toma de decisiones, las razones por las que se toman, cuándo y cómo se toman y quién participa en la toma de decisiones. Garantiza, además, que las decisiones políticas y legislativas se tomen en base al conocimiento y a la mayor información posible, forzando al legislador a tener en cuenta el impacto (positivo y negativo) que tendrán sus decisiones sobre el tejido empresarial, el mercado laboral y la sociedad.

Pero para cerrar este círculo virtuoso es necesario dotar al lobby también de transparencia. Y es por eso que desde APRI hemos solicitado al Gobierno y a los miembros del Congreso que incluyan al lobby y al ejercicio del lobby en la Ley de Transparencia. Con disposiciones que nos obligue, a aquel que ejerce de lobbista y/o que lleve a cabo actividades de lobby, a registrarse en el Congreso y en el Ejecutivo y a declarar sus intereses y sus interesados. Que sea de obligado cumplimiento para todo aquel que lleve a cabo actividades de lobby la firma de un código de conducta ético, similar si acaso al que hemos firmado todos los que somos miembros de APRI de forma voluntaria. Una mayor transparencia en el ejercicio del lobby se traducirá también en más seguridad y estabilidad, mayor confianza y mayor fiabilidad en la economía española, sus ciudadanos y sus instituciones públicas y, por ende, en una mayor competitividad de sus empresas y de sus ciudadanos.

María Rosa Rotondo es Presidenta de APRI

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La Celosía.com. Jueves 11 de octubre de 2012

MARIA ROSA ROTONDO*

Puesto que no existe tal entidad conocida como ‘el público’, ya que el público es meramente una cantidad de individuos, la idea de que ‘el interés público’ va por encima de los intereses y derechos privados solo tiene un significado: que los intereses y derechos de algunos individuos tienen prioridad sobre los intereses y derechos de los demás.” Ayn Rand, La Rebelión de Atlas.

En nuestro país no se reconoce la actividad del lobby ni su ejercicio, lo cual no significa que no existan. Los lobbies en España existen y es inútil negarlo. Sin embargo, es una realidad que permanece oculta – si bien cada vez menos – quizá porque se parte de la consideración de que por defender intereses normalmente empresariales, éstos no son legítimos, o porque permitir a las empresas expresar su parecer sobre la legislación que directamente impacta en su actividad implica irremisiblemente atentar contra el interés general.

En definitiva, existe la percepción general de que tanto el ejercicio de lobby, como la receptividad por parte de los representantes públicos (“dejarse influir”) es, como dice Ayn Rand, un esfuerzo de suma cero en el que para que alguien gane, otro tiene que perder.

Por el contrario, cuanto más lobby se haga, entendiendo como tal la capacidad de comunicar, trasladar mensajes, enriquecer el debate, favorecer la multiplicidad de puntos de vista, más rica será la opinión del regulador y más transparente será la toma de decisiones, resultando en mejor legislación, que debe ser en todo caso el objetivo de una buena acción de lobby.

Hasta ahora, los tímidos intentos de regulación del lobby que ha habido en nuestro país no han sido precedidos de un debate serio y maduro sobre la necesidad de ordenar esta actividad. Puede que nos encontremos ahora ante esta oportunidad, con ocasión de la tramitación parlamentaria de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Se trata de una ley de amplio espectro que abarca distintos temas. Sin ser un proyecto de ley perfecto – casi ninguno lo es – sí que parece ser mejorable en el trámite parlamentario incorporando nuevas medidas y una de éstas podría ser muy bien la creación de un registro de representantes de interés y la consiguiente obligatoriedad de un código de conducta. Ambos elementos constituyen el eje de la regulación de la actividad de lobby en la mayoría de los países de nuestro entorno (hasta 14 de la Unión Europea) así como ante las Instituciones europeas.

¿Por qué es necesario ordenar la actividad de representación de intereses? Por varios motivos.

En primer lugar, la regulación de la actividad de lobby debe realizarse como ejercicio de transparencia, participación, democracia y competitividad, ya que la representación de intereses es un aspecto fundamental de un sistema democrático (el derecho a la libertad de expresión) y que además, afecta directamente a la competitividad de un país. Ello es así porque partimos de la premisa de que cuando las empresas hablan, los políticos escuchan, se elaboran mejores leyes que tienen en cuenta los intereses en juego. Ello no quiere decir, volviendo a la cita de Ayn Rand, que siempre prevalezca un interés particular, sino simplemente que todos serán tenidos en cuenta. Una vez dicho esto, corresponde al legislador y sólo a este, decir la forma de equilibrar dichos intereses o de regular en una u otra manera. Preguntada en una ocasión, cuando competía con Barack Obama por la candidatura del Partido Demócrata Hillary Clinton sobre si defendería los intereses de los lobbies, respondió rotunda que por supuesto que lo haría, puesto que los lobbies representan a personas, incluso a empresas, que crean puestos de trabajo, pero no se separaría un ápice de sus convicciones

(http://www.youtube.com/watch?v=ZIG3YOY-qG8)

En segundo lugar, conviene que los ciudadanos sepan a qué intereses obedecen las decisiones del legislador. De ahí que sea necesario impulsar la transparencia de los intereses que confluyen sobre los Diputados y Senadores, así como sobre el Gobierno cuando legisla, que lo hace y mucho. Lo mismo puede decirse del nivel autonómico. Esta transparencia se instrumentaliza mediante la creación del Registro público, en el que debe inscribirse, en nuestra opinión, obligatoriamente todas aquellas personas que acceden al legislativo con la intención de influir en la elaboración de la legislación, políticas públicas o en la toma de decisiones.

Además del mencionado Registro, es necesario introducir unas mínimas normas de conducta aplicables a la relación de los representantes de intereses con el legislador. Este código no ha de ser muy elaborado – a las 12 normas del Código vigente en la Unión Europea me remito. Son normas básicas y sencillas que están orientadas fundamentalmente a proteger la veracidad, confidencialidad y transparencia de la comunicación. Con ello, se consigue además que el legislador pueda actuar en caso de que uno de los lobistas incumpla el Código, y con ello se protege a las instituciones frente a la corrupción.

Entendiendo la transparencia como una vía de doble sentido, la introducción de estas medidas que actúan sobre los lobistas debe ir acompañada de medidas que a su vez, faciliten nuestro trabajo. En estos momentos, los profesionales españoles nos movemos a tientas por los vericuetos de la Administración. Depende en gran medida de la habilidad o de los contactos de cada uno acceder a la información necesaria para desarrollar nuestro trabajo. Como se suele decir, la información es poder. Pues bien, parafraseando al Diputado de ICV Joan Josep Nuet (@nuet) la transparencia significa repartir ese poder. Es decir, en la medida que se introduzcan mecanismos de transparencia sobre los procesos de toma de decisiones o de elaboración de legislación, más gente accederá a la misma y la información no será accesible solo a algunos.

De ahí que, mediante la transparencia, se logra truncar el resultado de la cita con la que hemos introducido este artículo: con la transparencia se evita en la mayor parte de los casos, que unos intereses primen sobre otros, estableciendo un equilibrio entre los intereses en juego, sometido al escrutinio de la sociedad.

¿Habría sido diferente el resultado de determinadas campañas de lobby en nuestro país en caso de que estos mecanismos hubieran existido? La verdad es que lo dudo. Mi experiencia personal es que cuando una pretensión se alinea con el interés general, ya sea porque derriba barreras al crecimiento, genera empleo o simplemente, porque es lógica, suele tener resultado. Simplemente necesitan hacerse oír. Sin embargo, aquellos intereses que contravienen esta regla normalmente necesitan de la opacidad como aliada. La mejor Ley no está blindada frente a su incumplimiento. Sin embargo, una cosa está clara: si España regulase ahora la actividad de lobby, sería uno de los primeros en hacerlo sin que sea una reacción frente a un escándalo de corrupción. Por eso ahora es el momento.

Finalmente, permítanme unas palabras para desmitificar la actividad del lobista. Si bien es cierto que la actividad está destinada a influir en la legislación en desarrollo, o en la definición de políticas públicas o en la toma de decisiones, la mayor parte de profesionales ejercemos esta actividad convenciendo con argumentos, no mediante el ejercicio de una “influencia” intangible que no poseemos ya que, de ser así, solo contadas personas podrían desarrollar esta actividad. La mayoría de los profesionales que ejercemos esta actividad lo hacemos documentándonos, aprendiendo, haciendo nuestros elaborados argumentos, y trasladándolos a las personas adecuadas en el momento adecuado. Por ello es una actividad profesional que requiere de preparación, estudio, rigor y análisis, y así es en todos los países en los que tiene una profunda tradición, como Estados Unidos o el Reino Unido.

En muchos casos, nuestra actividad se centra en hacer pedagogía, ya que legislador no necesariamente tiene que saber de todo. En otros, se trata de generar intereses a favor o en contra de una política en ciernes. En todos los casos, exige una capacidad de monitorización exhaustiva, que no siempre es fácil en ausencia de mecanismos eficaces que pongan la información a nuestra disposición. Por tanto, la actividad de lobby, de public affairs, de representación de intereses, advocacy o como se quiera llamar no consiste solo en influir sino también en educar, en generar debate y opinión y en representar intereses legítimos que solo aspiran en la mayor parte de los casos a ser escuchados.

En conclusión, entendemos que la representación de intereses forma parte del proceso democrático, ya que en las democracias modernas la libertad de expresión se ejerce no solo a través de los individuos sino, también, a través de las organizaciones de la sociedad civil ya sean empresas, ONGs, organizaciones de consumidores, thinks tanks, o sindicatos.

Esperamos que España pronto adopte medidas que permitan ordenar el ejercicio de esta actividad, estableciendo mecanismos que favorezcan la transparencia de doble sentido, y que de esta manera, se fortalezca la democracia.

MARIA ROSA ROTONDO

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*Presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI)