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A pocos días de que finalice el año, un total de 338 grupos de interés se han apuntado al registro que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)puso en marcha principios de marzo. El grupo más mayoritario de ‘?lobbies’? registrado hasta ahora lo constituyen las patronales empresariales, con la CEOE o la asociación madrileñaCEIM a la cabeza.

La Asociación Española de la Economia Digital, la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (ASINTRA) o la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados son otras de las patronales que se han registrado. También la de banca AEB, la de aerolíneas Aceta, la de bebidas refrescantes (Anfabra) o la Asociación Española del Gas.

Además, se inscribieron en el registro de grupos de interés de la CNMC las patronales de las de constructoras Seopan y CNC, la eléctrica Unesa, la de renovables APPA, la hotelera Cehat, la de seguros Unespa, las de comercio CEC y Anged, la del autobús Fenebus y la de telecomunicaciones Ametic.

También aparecen en el listado empresas en solitario, como Telefónica, Correos, Cellnex o Red Eléctrica, así como la plataforma para compartir coche BlaBlaCar, una de las compañías de consumo colaborativo más destacadas.

Por otro lado, se han inscrito asociaciones de consumidores como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación Española de cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispaccop), la de Usuarios de la Comunicación (AUC) la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

Hay además empresas dedicadas a la comunicación (Evercom, Burson-Marsteller, Edelman, Hill and Knowlton o Llorente y Cuenca) y organizaciones sociales (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, la Plataforma de ONG de Acción Social o la Confederación LGTB Española Colegas).

Sin embargo, el ritmo de inscripciones en el registro se ha ralentizado en los últimos meses, ya que a finales de mayo eran ya cerca de 225 los ?lobbies? registrados y a finales de julio había 275. En lo que va de diciembre solo ha habido cuatro inscripciones, como señala Servimedia.

Artículo original

 

A pocos días de que finalice el año, un total de 338 grupos de interés se han apuntado al registro que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puso en marcha principios de marzo. El grupo más mayoritario de ‘?lobbies’? registrado hasta ahora lo constituyen las patronales empresariales, con la CEOE o la asociación madrileña CEIM a la cabeza.

La Asociación Española de la Economia Digital, la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (ASINTRA) o la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados son otras de las patronales que se han registrado. También la de banca AEB, la de aerolíneas Aceta, la de bebidas refrescantes (Anfabra) o la Asociación Española del Gas.

Además, se inscribieron en el registro de grupos de interés de la CNMC las patronales de las de constructoras Seopan y CNC, la eléctrica Unesa, la de renovables APPA, la hotelera Cehat, la de seguros Unespa, las de comercio CEC y Anged, la del autobús Fenebus y la de telecomunicaciones Ametic.

También aparecen en el listado empresas en solitario, como Telefónica, Correos, Cellnex o Red Eléctrica, así como la plataforma para compartir coche BlaBlaCar, una de las compañías de consumo colaborativo más destacadas.

Por otro lado, se han inscrito asociaciones de consumidores como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación Española de cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispaccop), la de Usuarios de la Comunicación (AUC) la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

Hay además empresas dedicadas a la comunicación (Evercom, Burson-Marsteller, Edelman, Hill and Knowlton o Llorente y Cuenca) y organizaciones sociales (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, la Plataforma de ONG de Acción Social o la Confederación LGTB Española Colegas).

Sin embargo, el ritmo de inscripciones en el registro se ha ralentizado en los últimos meses, ya que a finales de mayo eran ya cerca de 225 los ?lobbies? registrados y a finales de julio había 275. En lo que va de diciembre solo ha habido cuatro inscripciones, como señala Servimedia.

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Capital. Nr. 194, diciembre 2016

Luz y taquígrafos para el ‘lobby’

Con el objetivo de iluminar un campo que está ‘entre tinieblas’ al confundirse con otras actividades que bordean la ilegalidad, la solución es clara: profesionalizar.

 

En la actual legislatura, más del 60% de los diputados son nuevos. Muchos de ellos no saben de todo, o de un determinado campo. Entonces, ¿qué hacen? Reunirse con quien sí posee los conocimientos. “La herramienta del lobista es proveer de información de manera e caz”, afirma Daniel Ureña, socio y director general de Mas Consulting Group. Porque la esencia del lobby es promover el diálogo entre los diferentes actores sociales y empresariales con los representantes políticos. “Teniendo en cuenta que la legislatura vendrá marcada por la necesidad del consenso, el pacto y el acuerdo, no sólo entre los partidos, sino también con el resto de la sociedad, el Congreso y el Senado volverán a ser el centro de la vida política y, por tanto, el escenario principal para el lobby”, añade Ureña.

¿Significa eso que los políticos se verán atraídos por el lado oscuro? ¿Aumentará la corrupción? ¿Las tentaciones estarán al orden del día? ¿Sobornos y tráfico de influencias volverán a ser portada de los medios de comunicación? Los antecedentes no acompañan. Un dato: el 77% de los españoles cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país, mientras que el 67% estima que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas. De ahí que a veces se confunda lobby con tráfico de influencias. “Ejemplos de malas prácticas contribuyen a la mala imagen del lobby”, asegura Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Registro voluntario. En la página de transparencia de la UE, hay 422 grupos españoles inscritos. ¿Su fin? Intervenir en la toma de decisiones que allí se discuten. ¿Y en España? Actualmente existe un registro en la CNMC de carácter voluntario, público y gratuito en el que están inscritos organizaciones de consumidores, patronales, multinacionales, movimientos ciudadanos, y despachos de abogados, entre otros (Llorente y Cuenca, Anfac, Fiab, Tecniberia, OCU…). En total, unas 350 entidades. Pero ni están todos los que son, ni son todos los que están. “No tenemos un número claro de personas que se dedican a ello en España”, apunta Andrea Vota, gerente de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales). Y añade: “Creemos necesaria la normalización de la actividad a través de un registro de transparencia dándole credibilidad”. ¿Cómo debe ser dicho registro? “Obligatorio, ya que si lo haces voluntario, las reglas del juego se quedan para unos, y los demás siguen jugando a su aire”, matiza Vota. En Cataluña ya lo hay, y en el mismo hay unos 800 inscritos. “Es ingenuo pensar que con ello se acabarían las malas prácticas, como también es equivocado pensar que sin regulación no se hace de forma legal”, matiza Jorge Cachinero, director ejecutivo del Senior Management Program del IE Business School y profesor de Lobby. ¿Quiere eso decir que hay un lobby bueno y otro malo? “No es ni una cosa ni otra. Depende de los intereses que se defiendan siempre que se haga de manera ética”, puntualiza Daniel Ureña. Y Jesús Lizcano lo tiene muy claro: “Es una actividad normal que debería estar regulada”.

No hay un código de conducta oficial para lobistas, y sería bueno que existiera. Tampoco un censo. “Si se hace un registro, que se haga bien. El problema son los atajos, que no se registren, y trabajen”, subraya Daniel Ureña. También sería bueno que hubiera una huella legislativa para que se supiera quiénes y por qué se reúnen: que se tuviera constancia de los pasos que se dan desde el primer borrador hasta la aprobación final de la ley. Incluir agendas abiertas de los decisores públicos. Y si se incumple lo estipulado, que ha- ya castigo. “Hablar de sanciones sin dotar al órgano sancionador sería agua de borrajas”, indica Andrea Vota. En definitiva: transparencia, regulación y registro público.

Día a día. El político piensa en votos, en popularidad, en el impacto mediático y en mejorar la sociedad. En España hay alrededor de 122.000 cargos políticos, más de 50.000 organismos públicos y unos 2.500 parlamentarios. Las empresas, por su parte, en su cuenta de resultados. “Para todos ellos el lobby es útil”, asegura Daniel Ureña. ¿Cómo trabajan? “La idea que tiene todo el mundo es la de sentarse a comer, y no es así”, argumenta el gerente de APRI. Hay un componente de análisis y de estrategia muy importante: reunir información, recabar datos y presentarlos. “Hay que salir del estereotipo del relaciones públicas. Es importante, pero no lo único”, matiza Vota. Se parece bastante al de cualquier directivo: muchas horas de despacho, hacer codos, estudiar, interpretar el entorno, la evolución de la política… Y eso exige tiempo, estudio, sacrificio, dedicación y contacto permanente con su grupo de interés. Tienen que salir a encontrarse con sus interlocutores, ya sean funcionarios, miembros del gobierno o políticos, para tratar de persuadirles de las bondades de sus argumentos. “No pueden plantear una decisión sólo por su interés particular, sino que tienen que mirar el del público. Si no es así, puedes no recolectar lo que quieres”, resalta Andrea Vota.

Quiénes tienen más músculo? Si nos centramos en el ámbito empresarial, aquellas armas que están más reguladas o tienen riesgo de estarlo. Y, claro está, los que tienen más recursos: banca, energía, tabaco, alcohol, salud, alimentación… Ahí estaría el Ibex 35. ¿Y cuáles son los sectores que ahora están on fire? Sobre todo uno: alimentación. El regulador está intentando corregir el consumo de los ciudadanos: azúcar, grasas saturadas… En su mente está ‘premiar’ a aquellos que están en línea con la salud, y ‘castigar’ a los enganchados a consumos menos saludables y que, a largo plazo, pueden ser ‘carne de cañón’ de hospitales, con el consiguiente gasto para el sistema sanitario.

Cuestión de saber. Según el estudio ‘La visión empresarial de los Public Affairs en España’, elaborado por APRI, las acciones en materia de asuntos públicos suponen más del 10% del presupuesto anual de las empresas encuestadas. Un porcentaje que no va a menguar en el futuro. “Es difícil encontrar un sector de actividad que no se juegue su cuenta de resultados en relación con el regulador”, señala Jorge Cachinero. De hecho, los profesionales dedicados a este menester llegan a reportar al director general o al consejero delegado de la compañía de turno, cuando no están de hecho en el propio consejo de administración. “Muchas veces las compañías saben más que los gobiernos y que los parlamentos de lo que están hablando”, recalca Cachinero.

¿Cuáles son los pilares sobre los que deben basar su relación con las autoridades, los parlamentos, o el legislativo? “Que la información sea veraz, no basada en rumores ni en opiniones subjetivas”, indica el representante del IE Business School. En segundo lugar, que sean propuestas proporcionadas, con un objetivo claro a cumplir, y que el camino a desarrollar sea el menos oneroso. Por ejemplo, y para acabar con los fallecimientos de jóvenes en accidentes de tráfico tras haber consumido alcohol, el legislador podría solventar el problema prohibiendo fabricar bebidas alcohólicas o la venta de auto- móviles. Esa solución no sería buena. “Tiene que ser una política pública proporcionada al objetivo perseguido”, indica Jorge Cachinero. Y, por último, los lobistas tienen que buscar que las políticas públicas sean aplicables. La razón es bien sencilla: las leyes que no se pueden cumplir no tienen ningún sentido. ¿Cuáles fueron las dos primeras medidas que tomó Woody Allen en Bananas, la película que satirizaba la revolución cubana? Que el idioma oficial fuese el sueco, y que los ciudadanos tenían que cambiar su ropa interior cada hora. A todas luces, decisiones absurdas. “Las compañías que lleguen al regulador cumpliendo estos tres puntos serán las triunfantes”, resume el profesor de Lobby.

 

Valentín Bustos

Redactor Capital

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La nueva ley define el rol de la nueva Agencia Nacional Anticorrupción, que será encabezada por un juez[1], designado por decreto por el Poder Ejecutivo Nacional, con una duración de seis años, no renovable.

Este magistrado tendrá entre otras funciones: la preparación de recomendaciones para asistir a las compañías públicas y privadas para prevenir y combatir la corrupción; el control de la calidad y eficiencia de los procedimientos implementados por las administraciones públicas para la prevención de la corrupción y monitorear la implementación de programas de cumplimiento (compliance).

A su vez, la Agencia podrá aplicar sanciones en caso de incumplimiento, llegando a una pena de multa de hasta un millón de euros.

La ley contra la  corrupción incluye un registro de lobistas a fin de transparentar los intereses en juego en las negociaciones que realizan.

Los lobistas son definidos como “representantes de intereses” e incluye a administradores, gerentes, empleados y miembros de compañías públicas o privadas cuya actividad habitual sea influenciar las decisiones públicas y el contenido de leyes y regulaciones administrativas.

En este marco legal, cuando un lobista se vincula con un miembro del gobierno, incluyendo cualquier miembro o funcionario del poder ejecutivo, parlamentarios o cualquier empleado público, debe revelar su relación con él y registrar ese contacto en el registro on line de la Alta autoridad francesa para la transparencia en la vida pública.

Se le exigen los siguientes datos: la identidad de la persona, o la identidad de los directores si se trata de una persona jurídica, el alcance de su representación, cual ha sido su actividad de representación e el monto de gastos asignados a su actividad en el año precedente; el número de personas que emplea para llevar adelante su actividad de representación o el volumen de facturación si fuera una empresa ; el gremio, asociación profesional o grupo de interés  que representa o a que pertenece. Además se les imponen reglas éticas para el ejercicio de la actividad.

El organismo de control posee las facultades y potestades como para obligar a los representantes de esos intereses a comunicar la información exigida en el registro y el cumplimiento de las reglas éticas. La penalidad por el incumplimiento puede ser una pena de multa de hasta 15.000 euros y la prisión de hasta un año.

La ley trata otros temas vinculados a la corrupción, cómo el  marco legal para el tratamiento de los casos de información interna brindada por informantes (whistle-blowers), y la obligación de las compañías de establecer un sistema para que los mismos canalicen su información. También establece la obligación de protección contra la discriminación o medias disciplinarias en su contra.

La ley  modifica el código penal en diversos artículos, por ejemplo el art. 131-39-2, estableciendo que se podrá aplicar una sanción,  a las personas jurídicas bajo el control de la Agencia, que implica un programa de cumplimiento (compliance) pro un máximo de cinco años que incluya un código de ética respecto a la corrupción y el tráfico de influencias, un sistema de alertas para recoger información de los empleados; evaluación de los clientes según un mapa de riesgos, controles contables internos y externos, etc.

También prevé una modificación al art. 434-43-1 por la cual se castiga a los agentes o representantes de una persona jurídica, condenada conforme el artículo 131-39-2, que se abstengan de tomar las medidas necesarias o que impidan el cumplimiento de las obligaciones derivadas, por lo cual se establece  una pena de dos años de prisión y multa de 50.000 euros.

En definitiva, la ley analiza diversos temas vinculados a la corrupción tanto pública como privada, por lo cual podría ser un antecedente interesante para los proyectos de legislación nacional. En particular teniendo en cuenta que la prevención de la corrupción y la transparencia en la actividad pública y privada están actualmente muy presentes en el debate público.

En este sentido, debemos recordar que, aunque por obvio no es menos cierto, la prevención depende en menor medida de la sanción de hechos del pasado que del establecimiento de estructuras que tiendan a la transparencia de la actividad y permitan controlar antes de que sea asunto del poder judicial el juzgamiento de los responsables.

Nota

[1] Interpreto, a partir del texto del artículo, que este juez sería independiente de la jerarquía judicial, es decir no dependerá jerárquicamente, ni administrativamente, de ningún otro juez o tribunal del Poder Judicial. Este juez dirige la agencia y no recibe, ni solicita, instrucciones de ninguna autoridad administrativa o del gobierno en la realización de las tareas asignadas.  La agencia contará con un comité de disciplina responsable de imponer las sanciones integrado por seis miembros. 

Autor: Mario Alberto Villar

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Acertó Juan Rosell, el presidente de la CEOE, cuando nombró a Josep Sánchez Llibre su emisario en el Congreso. No en vano, el expolítico catalán —de las filas democristianas de Duran i Lleida— ha sido diputado en el Congreso durante 22 años. Mucho tiempo y muchas horas en la carrera de San Jerónimo, lo que le llevó, como dicen algunos veteranos periodistas parlamentarios, a convertirse en parte del mobiliario.

Durante ese tiempo, fue el genuino representante de los intereses de Cataluña—en particular, de sus empresarios— en el corazón del Estado. Pero en 2015, tras no repetir como diputado, se quedó fuera del Parlamento. Ahora, ha vuelto por la puerta de atrás (como asesor de CEOE), pero dentro de muy poco volverá por la puerta grande. No en vano, una de las primeras iniciativas presentadas por los diputados de la antigua Convergencia Democrática, ahora en el Grupo Mixto, ha sido que el Estado ‘legalice’ el funcionamiento de los ‘lobbies’.

En concreto, la Mesa de Congreso ya aprobó hace algunas semanas admitir a trámite y trasladar al Gobierno una proposición de reforma del reglamento para la creación del registro de los grupos de interés o ‘lobbies’. La inscripción será obligatoria para los lobistas que deseen reunirse con los diputados o senadores para influir sobre decisiones legislativas, pero también con el personal adscrito a la labor parlamentaria. La afilada pluma de Sánchez Llibre está detrás de esa iniciativa.

El exdiputado nacionalista —del sector no independentista— no es el único que se ha movido para sacar adelante una legislación que se resiste, y que convierte a España en uno de los pocos países de la UE que no tienen regulada esta actividad. Incluso en Bruselas, existe un registro al que se han acogido las grandes empresas españolas.

El grupo parlamentario de Ciudadanos, sin ir más lejos, y en el marco de la lucha contra la corrupción, ha presentado una proposición de ley que pretende regular el régimen y la actividad de los lobistas y de los ‘lobbies’. Esta propuesta saldrá adelante, lo que significa, lisa y llanamente, que Sánchez Llibre volverá a tener ‘escaño’. O, al menos, podrá estar como en casa en el viejo caserón de la carrera de San Jerónimo.

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Si nos atenemos a la primera interpretación de puertas giratorias de esta serie de artículos, no es cierto en absoluto que impedir dichas puertas giratorias condene a la muerte civil al que deja la vida pública. Todo lo contrario, el paso por ciertos niveles de la política suele dar una notoriedad, unos conocimientos y una agenda de contactos que, como en cualquier profesión, si se ha hecho bien, mejoran sustancialmente el currículum personal y facilitan una rápida mejora de la carrera profesional del político en cuestión.

Ahora bien, impedir las puertas giratorias en la segunda acepción dada en esta serie llevaría a la muerte del ascenso fraudulento a quienes harían uso de ellas, conscientemente o no, para entrar en un conflicto de intereses entre su futuro para la vuelta provechosa a las empresas o sectores de los que provienen y la integridad de sus funciones de regulación y control de dichas empresas.

No, impedir el segundo tipo de puertas giratorias no conduce a un político completamente profesionalizado que desea vivir siempre de la política, más bien al contrario, es la posibilidad de que la política mejore sus carreras e ingresos profesionales lo que les puede llevar a luchar por permanecer en la política hasta llegar lo más alto posible en sus carreras o hasta que estas les permitan tener la suficiente relevancia social para dar el salto al sector privado y, también viceversa, el paso del mundo profesional y directivo a la alta política y vuelta a la vuelta de la puerta giratoria.

Ante esa posibilidad y con un sistema electoral de listas cerradas, decididas verticalmente a dedo por los partidos, lleva también a la dependencia de los elegidos por los ciudadanos no de quienes los eligieron sino de los aparatos partidarios que deciden su futuro, creando una endogamia orgánica que lleva a la selección negativa de una parte de la clase política formada por sumisos y mediocres, incapaces de ganarse la vida a ese nivel en competencia leal con los demás y buscadores del lanzamiento a los altos niveles de la empresa o de la permanencia en la política a toda costa.

La regulación de los grupos de interés, su `lobby´ y sus lobistas.

Y en esta larga y peligrosa transición entre un sistema de influencia endogámico, nepotista y corporativo, llamémosle tradicional y un sistema basado en la formación, el mérito y la experiencia, llamémosle profesional,nos encontramos hoy sin tener aún reguladas las normas que deben regir los grupos de interés y su defensa, los lobbies y los lobistas y sus registros lo cual incrementa, si cabe, los riesgos de funcionamiento irregular de los mismos.

Nos movemos entre dos mundos muy diferentes a los que, ciudadanos y medios de comunicación llaman de la misma forma y mete en el mismo saco: los lobbies y los lobistas. Por un lado, están quienes forman parte del sistema que acabamos de denominar tradicional, los de ¡esto lo arreglo yo en una cena!, hoy claramente colmatado por los casos judiciales que hacen de la corrupción la segunda preocupación de los españoles y a quienes no se debe llamar lobistas, si no traficantes de influencias.

Por otro lado, están los lobistas profesionales, aquellos que, simplemente, como en los mejores países de nuestro entorno, pretenden ser buenos profesionales dedicados a perfeccionar la democracia a través del ejercicio de los derechos constitucionales para trasladar las opiniones e intereses de todos los grupos sociales y económicos a los poderes públicos para que estos tengan toda la información posible sobre las consecuencias de cada opción a la hora de decidir, de la mejor forma posible, el interés general.

Los mal llamados lobistas, traficantes de influencias tradicionales huyen de la transparencia, de las incompatibilidades y de la limitación de las puertas giratorias como Drácula de la luz: mueren con ella. Por el contrario los lobistas profesionales aman la transparencia y necesitan del registro, de las incompatibilidades, y de la limitación de las puertas giratorias, entendidas en su segunda acepción, las aman como la propia luz que les da la vida.

Dicho claramente, un profesional del lobby no debe desear pasar de representar a un grupo de interés regulado a ser el regulador de esos mismos intereses a corto o medio plazo, el conflicto de intereses sería evidente. Tampoco un regulador debería desear pasar a representar los intereses que regula a corto y medio plazo, tendría el mismo conflicto. La luz correría peligro ante las sombras.

Los lobistas profesionales necesitan un registro y unas normas de gestión pública absolutamente transparentes que separen el grano de la paja en los procesos de decisión pública. Necesitan del registro donde todos sepan quién es quién y a quién defiende cada uno, donde todos sepan, con las agendas públicas y la huella legislativa quién se reúne con quién y qué defiende cada uno, necesitan, por fin, de un claro sistema de control de las puertas giratorias que reduzcan el conflicto de intereses y el tráfico de influencias para que el ejercicio abierto y transparente del derecho democrático a la defensa de la propia opinión y del propio interés puedan consolidar la democracia.

Solo la defensa a ultranza de la transparencia y de la luz que pueden conseguir el registro, la agenda pública, la huella legislativa y la limitación de las puertas giratorias podrán mantener y acrecentar la credibilidad y reputación de los lobistas profesionales frente a los traficantes de influencias tradicionales. Solo el compromiso de los mismos con los instrumentos para conseguir estos valores podrán separar el trigo de la paja, podrán separar el reino de la luz del de las tinieblas y poner, a cada uno, en el lugar que merece.

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Una práctica controvertida durante los últimos años ha sido la de las puertas giratorias, entendida como el paso de cargos públicos al sector privado y su eventual regreso al sector público. Más allá de la demagogia, no se ve realmente dónde reside la gravedad del problema señalado, salvo que se pretenda imponer un tipo de político completamente profesionalizado que hace de las batallas orgánicas lo esencial de su tarea y que se vuelve lógicamente conservador en cuanto a su estatus, puesto que podría quedarse sin vida profesional o laboral fuera de las estructuras políticas.

Conviene acoger con cautela los discursos y los programas de algunos partidos sobre este asunto. Que haya personas favorables a vivir siempre de la política, o que dan el salto a la cosa pública tras una corta experiencia laboral, no implica que sea preciso condenar a la muerte civil al que deja la vida pública, ni forzar a la sociedad a indemnizarle de por vida. En sentido contrario, es inaceptable privar a la política de los conocimientos y experiencia de buenos profesionales. Que haya movimiento de sillas parece razonable, bastante más que la supresión pura y simple de esa posibilidad.

Asunto distinto es el necesario control. Deberían regularse tanto el tiempo que ha de transcurrir entre el cese en el cargo público y la asunción de otras actividades, como el pantanoso terreno donde pueden cruzarse los conflictos de intereses. Ahí es donde una regulación sensata y una buena práctica deberían impedir las negligencias. Resulta asimismo indispensable que se lleven a cabo los registros de grupos de presión, que no quedaron resueltos con la promulgación de la ley de transparencia.

Hay un terreno donde ha de acentuarse el cuidado. Se trata del paso de magistrados y jueces a la política, y de su regreso inmediato a la judicatura cuando lo desean. Al igual que lo dicho respecto a los conflictos de intereses, es evidente que quienes hacen uso del reingreso en la carrera judicial no deberían ocuparse de asuntos en los que estén implicados los políticos con los que acaban de confraternizar o a los que se han enfrentado. El poder judicial es independiente en España, por mandato constitucional, y sus titulares no pueden ser considerados simples miembros de una profesión que hoy son jueces, mañana políticos y pasado mañana jueces otra vez.

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El presidente electo de Estados Unidos,Donald Trump, ha impuesto un estricto código que impedirá a los que acepten un empleo en su Administración trabajar en los ‘lobbies’ una vez haya finalizado su vínculo con la Casa Blanca, según informó este miércoles su equipo de transición.

La medida tiene como objetivo evitar las puertas giratorias entre la Casa Blanca y los grupos de presión que abundan en Washington, uno de los principales caballos de batalla de Trump durante la campaña con el que pretendía denunciar la “corrupción” del sistema político.

“La clave para esta Administración será que la gente que salga del Gobierno no pueda utilizar esa experiencia para enriquecerse personalmente“, explicó el portavoz republicano Sean Spicer durante una conferencia telefónica con medios de comunicación. Quienes acepten la condición de Trump no podrán trabajar para los grupos de presión hasta pasados cinco años después de dejar su empleo gubernamental, una estricta medida que puede disuadir a algunos de sumarse al equipo del magnate.

Obama impuso un código menos restrictivo que tan sólo prohibía a los ex trabajadores usar sus influencias en la agencia gubernamental para la que habían trabajado, pero tenían vía libre con el resto del Gobierno. Además, el código prohibía ejercer como lobista pero no trabajar como abogado, consultor o asesor en las mismas funciones, una brecha que muchos han aprovechado.

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El Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid recibirá en 2017 más de 39,78 millones de euros, según el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio. La implantación del registro de lobbies y dos nuevas consultas ciudadanas son los dos proyectos más relevantes del departamento.

El departamento que lidera Pablo Soto pretende reducir el tiempo medio de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública a 20 días e incrementar en un 75 por ciento las consultas en el portal municipal de datos abiertos, incorporando información en tiempo real mediante herramientas que lo permitan. Se fomentará la administración electrónica en la gestión de los servicios municipales mediante el impulso de la firma digital administrativa. Se iniciarán nuevas cartas de servicios y se impulsará el observatorio de la ciudad. Se reducirá el tiempo de respuesta de sugerencias y reclamaciones a 45 días.

En participación ciudadana, se celebrarán dos nuevas consultas en 2017 y se desarrollarán dos nuevos mecanismos para otros formatos de participación e innovación social. Se creará un nuevo portal de Transparencia y una aplicación que permita hacer un registro de lobbies. También se incrementará la información sobre los cargos públicos, poniendo de manifiesto los gastos protocolarios y de viajes, declaraciones de intereses, etcétera. Se incrementarán las visitas a la web de Gobierno abierto y se extenderá el formato madrileño de participación ciudadana a otras diez ciudades y a otros organismos públicos. También se realizarán actuaciones en los distritos destinadas a promover la participación infantil. Se impulsará el programa municipal de voluntariado, promoviendo los voluntarios puntuales y permanentes. También se les dará formación específica. También se trabajará con entidades colaboradoras en proyectos de esta naturaleza. Línea Madrid mantendrá en 2017 su partida de 12,3 millones para la adjudicataria privada de operadores telefónicos del servicio, dentro de la prórroga de dos años que estableció el Consistorio antes de decidir si remunicipaliza el servicio.

Apenas 800.000 irán destinados a inversiones. Las principales irán dedicadas a la reforma y amueblado de oficinas de Línea Madrid.

El Foro Empresarial APRI y EIC presentan la primera fotografía sobre el sector en España

  • Se trata del primer estudio elaborado a partir de la experiencia y opinión de los responsables de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos en España.
  • El estudio constata que los Asuntos Públicos están cada vez más integrados en la estructura corporativa de compañías y asociaciones empresariales, así como la creciente profesionalización de las relaciones institucionales.
  • Hay unanimidad en favor de un registro de representantes de grupos de interés. La transparencia, la regulación y el registro público son los factores que contribuirían a mejorar la percepción de la actividad del lobby en nuestra sociedad.

 

empresas-foroMadrid, 08 de noviembre de 2016. El Foro Empresarial APRI –integrado por las consultoras de Public Affairs y Relaciones Institucionales Burson-Marsteller, Political Intelligence, KREAB, Deva y Redondo y Asociados— junto con la Escuela Internacional de Comunicación (EIC) han presentado en Madrid el estudio “La visión empresarial de los Public Affairs en España”.

Son varios los resultados que se desprenden desde el estudio, entre ellos la relevancia que, para las asociaciones empresariales, tiene la inversión en consultoría de Public Affairs: más de la mitad declara que las acciones en materia de asuntos públicos suponen más del 10% de su presupuesto global anual. La mayoría de estas asociaciones esperan hacer una inversión similar en el ámbito de las relaciones institucionales para el siguiente ejercicio.

Asimismo, los profesionales de las relaciones institucionales declaran mayoritariamente reportar al Director General o Consejero Delegado de la compañía, lo que da fe del progresivo aumento de la importancia que se le concede a los asuntos públicos en las empresas.

Otra de las conclusiones que se obtienen de la investigación es la creciente profesionalización del lobby: la mayoría de las compañías trabajan con consultoras especializadas; y el 88% de las empresas repetirían las campañas contratadas con recursos externos.

En opinión de los profesionales de las relaciones institucionales, la transparencia, la regulación y el registro público son los factores que contribuirían a mejorar la percepción de la actividad del lobby en nuestra sociedad. Hay unanimidad de los encuestados en favor de un registro de representantes de grupos de interés, de la misma forma que ya ocurre en el ámbito comunitario (Comisión Europea o Parlamento Europeo) y, en nuestro país, en la CNMC o en la Generalitat de Catalunya.

En el acto de presentación del estudio, que ha tenido lugar en la sede de la Fundación Pons, la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, ha asegurado que “estamos en un momento político y parlamentario dialogante interesante en el que es muy importante que salga una buena regulación del lobby, principal objetivo de APRI, que desde el año 2007 ha visto en la regulación de la actividad una conditio sine qua non para reconocer y legitimizar la profesión.”

El debate posterior ha sido moderado por Carlos Sánchez, Director Adjunto de El Confidencial, quien ha desgranado los resultados del estudio junto con Carlos Balmisa –Director del Dpto. de Control Interno de la CNMC—, Joaquín Mollinedo –DG de RRII, Sostenibilidad y Marca de Acciona—, Juan Jesús García Sánchez –Head of Industry Affairs Europe de Amadeus IT— y Emilio Gallego –Secretario General de FEHR.

En breve, el estudio estará también disponible en la web de APRI.

 

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