Diario El País. Lunes 11 de marzo de 2013

De transparencia y de opacidad

La Ley de Transparencia se invoca como si fuera el remedio a todos los males de la política

Estamos saturados de invocaciones a la Ley de Transparencia como si en ella residiera el remedio instantáneo a todos los males de la política de nuestros días. Se diría que la ley resolverá de modo automático los abusos que degeneran y corrompen nuestro sistema y que han convertido a la clase política en la tercera preocupación de la ciudadanía, según las últimas encuestas disponibles del Centro de Investigaciones Sociológicas. Pero las leyes, por sí mismas, carecen de esa virtualidad. Es como cuando María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, dice que hay asuntos que hoy están judicializados y que se alegra mucho de que lo estén. Pero la cuestión a dilucidar es si el PP está facilitando la tarea de los jueces o por el contrario la obstaculiza en espera de que venza el plazo del actual instructor o caduque alguna norma y puedan salir todos indemnes como cuando el caso Naseiro.

Nuestra alegría también es grande por el proyecto de Ley de Transparencia que, según nos han repetido hasta la saciedad, ha sido iniciativa de este Gobierno en contraste con los anteriores. Iniciativa que, en forma de proyecto, llegó al Congreso, cuya Mesa acordó el 4 de septiembre pasado encomendar su aprobación con competencia legislativa plena a la Comisión Constitucional. Desde entonces hasta hoy se han encadenado 20 ampliaciones sucesivas, 20, del plazo para la presentación de enmiendas y se ha procedido a fijar una lista de ocho comparecencias, que se iniciaron en la sesión del 23 de enero y se concluyeron en la del 12 de febrero. En la lista figuraban el presidente del Tribunal de Cuentas, el director de la Agencia Española de Protección de Datos, dos representantes de Transparencia Internacional España, dos profesores de Derecho Administrativo, un profesor de derecho a la Información y la presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). Esta última compareciente presenta el interés de su novedad porque APRI fue constituida en diciembre de 2007 y porque en su intervención dejó constancia de que representaba a los lobbistas profesionales, cuyo código de conducta, según texto facilitado, ya quisiera para sí la Cruz Roja o la ONG más desinteresada.

Declara la exposición de motivos de la Ley de Transparencia que tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública —que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas—, reconoce y garantiza el acceso a la información —regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo— y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. Pero hete aquí que donde se ha considerado conveniente citar a los lobbistas, de cuya afinidad con las prevaricaciones y los abusos sería temerario dudar, se ha tenido buen cuidado en excluir a los periodistas y medios de comunicación, que trabajan en la dirección contraria para denunciarlos.

El tantas veces aquí mencionado proyecto de Ley de Transparencia constituye la obsesión dominante de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Así lo probaría un somero estudio sobre sus respuestas en la rueda de prensa de los viernes después del Consejo de Ministros, porque casi en un 30% de las mismas se incorpora una referencia al citado proyecto, seguida, o precedida, de otra dedicada al famoso informe encomendado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sobre la regeneración democrática. Claro que estos botes de humo y otros ingeniosos señuelos lanzados para despistar a los periodistas y favorecer la salida por la escalera de incendios forman parte del conocido método Ollendorf y de la dialéctica del “manzanas traigo”.

Sin embargo, la necesidad más acuciante e inaplazable no es la transparencia sino la opacidad. Porque se sabe que los miembros de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, en las reuniones de los lunes en la sede de Génova, se abstienen de hacer uso de la palabra. Todos temen que sus palabras puedan trascender, que se instrumentalicen en perjuicio del partido y que acaben dando idea de divisiones internas, cuyo coste quieren evitar. Es decir, que está instalada la desconfianza hacia los compañeros presentes, únicos que podrían protagonizar las filtraciones. El panóptico de Jeremy Bentham ya demostró que la transparencia absoluta es invivible. Cuando rescataron al que se ahogaba en una tinaja de perfume salió gritando ¡mierda! y ahora el grito del innombrable que se ahoga en la transparencia, coreado por los amedrentados en el silencio, es ¡opacidad! Qué ejemplo a seguir el del Cónclave y su jaula de Faraday.

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR

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