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Un día de hace cinco años Politikon decidió dejar atrás su pretendida objetividad y se embarcó en una cruzada: revelar la verdad a sus lectores. Anunciaban que dejaban de ser lo que quiera que fueran para pasar a ser un actor político más. «La situación del país es desesperada”, afirmaban. «Por eso Politikon deja de ser un grupo de análisis y da un paso al frente para convertirse en un partido político: el Partido de la Verdad Absoluta».

Claro, era el día de los inocentes, y por aquel entonces todavía no estaba tan de moda lo de montar partidos políticos outsiders, así que la cosa cantaba. Cantaba por la fecha… y porque en un partido político normalmente la gente está de acuerdo, o aparenta estarlo. Pero en Politikon no: al preguntarles dicen que no hay una ideología común, ni una opinión común. De hecho, ni siquiera se ponen de acuerdo al rememorar quiénes fueron los fundadores del proyecto. Aciertan en coincidir en tres nombres (Roger Senserrich, Jorge Galindo y Jorge San Miguel), pero luego unos mencionan nombres que otros pasan por alto.

Cuando lanzaron la broma llevaban ya dos años en marcha y un buen puñado de lectores. Hoy son una de las referencias más conocidas en el análisis político patrio, y otros muchos nombres se han unido a esa lista que aciertan a dibujar: Kiko Llaneras, Pablo Simón, Luis Guirola, Juan Font, Octavio Medina, María Ramos, Elena Costas, Berta Barbet, Silvia Clavería, Gonzalo Rivero… Muchos de ellos suenan incluso a gente que no ha leído Politikon jamás, y esa es parte de la clave del éxito: lo que empezó siendo una web de análisis político acabó dando el salto fuera de la web y ha llegado a muchos otros ámbitos, donde sus miembros se han hecho conocidos. No es raro verlos firmando en medios, apareciendo en televisiones o participando en debates. Se han hecho famosos, y sin necesidad de montar un partido de verdad.

Kiko Llaneras, por ejemplo, era profesor de ingeniería en la universidad… y ahora hace periodismo de datos en El País. Sus análisis estadísticos y sus coloridos gráficos primero tuvieron a El Español como plataforma de aterrizaje en el periodismo.

«Yo veo las conexiones», dice respecto al cambio. «Me gusta investigar y hacerme preguntas, pero también contarle el resultado a alguien. La academia y el periodismo explicativo comparten eso. Empecé un blog desde la universidad mientras hacía la tesis, con la idea vaga de hablar sobre actualidad con datos y una visión científica. Era 2006 y el periodismo de datos ni siquiera existía como tal. El blog me enseñaba cómo contar cosas. Siempre digo que yo he aprendido a escribir en directo, con gente mirando. Y cuando digo a escribir no me refiero a hacer poesía o expresarme de maravilla, sino a escribir con frases cortas y poner bien los acentos», comenta. «Hace un par de años dejé la universidad para mudarme a Madrid y dedicarme a escribir, dar charlas y hacer consultoría. Sigo influido por los años de ingeniería, tesis y ‘papers’… pero también por Politikon. La deuda exacta es imposible de medir».

El suyo es quizá el caso más llamativo, pero no es el único ‘giro vital’ de sus participantes. Jorge Galindo, sociólogo de formación, es ya un habitual en las páginas de El País o de JotDown, y  The New York Times ha publicado sus artículos. Pablo Simón, profesor de política en la UC3M, compagina la codirección de un máster sobre análisis político y electoral con las tertulias políticas televisivas. Todos ellos, junto con otros tres miembros, se lanzaron también a escribir ‘La urna rota‘ (también conocido como ‘el libro de Politikon’).

Es difícil medir cuánto de todo eso habría sido igual si no hubieran puesto en marcha la web. «Sin Politikon no creo que hubiese logrado tener espacio en medios nacionales o de fuera», confiesa Galindo. «También le ayuda a uno a bajarse un poco de la torre de marfil académica, tocar mundo real. No nos podemos quejar de tener una voz, es de hecho por lo que peleábamos desde el principio», completa.

Llaneras ve esa exposición mediática como algo positivo porque, como explica, «un propósito de Politikon era participar del debate público». Simón, en la misma línea, también le señala algunas zonas de sombra inherentes a la fama: «Es cierto que a veces te mueve a la tensión de hablar de lo inmediato o te arrastra a temas que no pilotas -por ejemplo, en tertulias- pero también permite darle un enfoque distinto a las cuestiones. En general puedes hacer una contribución modesta, pero a veces valiosa. Ahora bien, eso no quita que a veces te equivocas, te desgastas anímicamente -las redes no pasan una- y que, incluso, hay académicos que no ven bien que se tenga presencia en los medios de comunicación», explica.

«Al principio era una cosa mucho más centrada en web, en la idea de ser un blog. A medida que fuimos haciendo cosas offline nos fuimos moviendo hacia la idea de plataforma». Porque no, no todo son los medios. También hicieron suyo el modelo de cita pública de ‘beers and…’, adaptado como ‘Cervezas y Politikon‘. En esencia, debates políticos con público asistente y participante y -claro- cerveza. Cuatro años de mucha cerveza, mucho análisis y mucha divulgación, que es de lo que se trataba.

El origen, una confluencia (de blogs)

Porque, como toda historia de éxito, la de Politikon tiene un inicio. Jorge Galindo asegura poder recordar sin mirar cuál fue su primera contribución, e incluso la fecha. «Se titulaba ‘Hola mundo’ y fue a principios de enero de 2011», aunque dice que puede que no conste como el primero porque algunos de los miembros migraron los archivos de sus blogs anteriores. De hecho, más bien parece que se refiere a ‘Hola‘, un post de enero de ese año que hacía las veces de presentación. Por aquel entonces escribía bajo el título ‘De lo posible’, mientras que Llaneras lo hacía bajo ‘Entre datos’. «En el archivo habrá cosas más antiguas y más vergonzantes aún», bromea. Por aquella época hablaban del Frente Gnomo, pero por lo demás todo en orden.

Galindo recuerda aquel inicio como una suma de fuerzas. «Éramos un grupo de freaks de la ciencia social que nos leíamos los unos a los otros, y como 200 personas más. Yo había tenido otros proyectos, como un blog común con Edgar Rovira, que habían suscitado alguna atención. Roger, San Miguel y otros también tenían una cosa llamada ‘Lorem Ipsum’ que era una especie de web-tank…», rememora. En aquellos años muchos -sociólogos, periodistas y demás- tenían blogs en los que compartían su visión del mundo.

«En realidad yo no estuve en la génesis de Politikon: me contactaron Roger, Galindo y San Miguel cuando ya tenían el proyecto medio pensado, aunque todavía no estaban online», cuenta Llaneras, que recuerda que entró «para haber escrito y que me leyeran. Un blog personal era un montón de trabajo, y yo no podía escribir algo decente cada día. Politikon era perfecto: podía juntarme con gente que publicaba cosas estupendas y hacer masa crítica. Eso es muy importante en internet, o en el internet de entonces», recuerda. «Para mí fue un golpe de suerte. Estábamos en 2010 y por entonces yo andaba entregado a mi crisis de los treinta -aunque tenía 29-: había dejado de escribir en internet. Demasiadas horas solitarias. Quería un cambio y decidí que iba a vivir al sol y correr maratones. Hice ejercicio el 82% de los días ese año. La rutina fue un éxito y nunca he dejado el deporte desde entonces, pero lo de no escribir resultó un fracaso. Ese invierno me cité con Jorge Galindo y me propuso Politikon».

«Yo leía Politikon desde que apareció y me parecía un blog muy interesante que iba un poco en la línea de otros como ‘La moqueta verde’ o ‘Becario en Moncloa’. Se escribía de política sin estridencias y con un enfoque de ciencia política. Cuando me propusieron entrar no me lo tuve que pensar demasiado», explica Pablo Simón. «Al principio era menos profesional y más una cuestión de ocio. Ahora ha tenido ramificaciones que nos han llevado a tener mucha más presencia en los medios, a que se nos tenga en cuenta por parte de los políticos… En realidad, ha sido un éxito inesperado, algo sobre todo llevado por una coyuntura muy favorable para nuevas voces», analiza.

Galindo coincide en esa visión de evolución sobre la marcha.«Como proyecto no era más que un blog. Luego fue mutando por dos motivos: porque nos hicimos amigos, y porque tuvo éxito de audiencia. Ganar influencia hizo que Politikon -y los que lo hacemos- fuese más serio, más profesional. También más cautos», añade Llaneras. «Lo que no ha cambiado -coincide Galindo- es lo de ‘grupo de amigos’: tendrías que ver la absurda variedad de temas que se tratan en el grupo de WhatsApp…».

Las ideologías de Politikon

Pero, ¿qué es en realidad Politikon más allá de una plataforma online de análisis político? ¿Es un lobby? ¿Es un think tank? «Yo creo que somos un poco de todo. Es verdad que compartimos enfoque sobre las cuestiones políticas y que, parecido a un lobby, más que empujar políticas concretas discutimos de ‘temas’ que creemos que son importantes. En general nos interesa más que se hable de algunos temas desde enfoques más rigurosos que otra cosa», comenta Simón. Galindo dice algo parecido, pero desde un enfoque contrario: «Ninguna etiqueta nos encaja. Think tank no somos porque nos falta un set de políticas concretas y una maquinaria -y recursos- para llevarlos adelante. Lo mismo para lobby. Pero hacemos cosas de lobby -intentamos poner temas sobre la mesa- y de think tank -intentamos construir puentes entre la academia y el debate público)-. Al final, lo que intentamos ser es una plataforma de debate más o menos coordinada».

Ese ‘coordinada’, aseguran, no tiene que ver con una ideología común. «Cada miembro tiene la suya. A veces desde fuera parecemos mucho más homogéneos de lo que somos internamente», asegura Simón. «Somos bastante plurales, aunque si nos sumas a todos te saldrá una ideología media que no será el centro. En el eje izquierda-derecha nuestro centro de masas estará a la izquierda, creo», explica Llaneras, entrando algo más al detalle. «Si cuando escribo utilizo datos y literatura [científica], y si, sobre todo, me esfuerzo por ser riguroso y justo con los argumentos, mi ideología debería dar casi igual. Estoy seguro -continúa- de que la objetividad existe, pero hay que entenderla como un ideal: nunca la vas a alcanzar, pero tu responsabilidad es perseguirla. Pasa lo mismo como con la bondad, la igualdad o la justicia. Nadie es del todo justo, pero a nadie se le ocurre decir que la justicia es una invención».

«La brújula normativa en Politikon está más en cómo hablar de las cosas que en qué decir», añade Galindo, que explica que ni siquiera la elección de temas está dirigida. Eso no quita que no existan las pequeñas obsesiones de cada cual, como los trenesel contrato único. «Somos asamblearios, la verdad, lo cual significa que hay mucha voluntad de coordinación y que luego no es tan sencillo llevarla a la práctica. La libertad es muy considerable. Lo que hacemos para compensar es organizar ciclos temáticos dirigidos por dos o tres especialistas de los nuestros que se encargan de hacer calendarios de publicación sobre un tema completo. El de ‘Género, infancia y desigualdad‘ y el de ‘Educación‘ son los dos ejemplos más claros».

«Tenemos más bien una descoordinación editorial», bromea Llaneras. «Hay una sucesión de debates por correo o por WhatsApp donde se van decidiendo cosas de forma asamblearia, y a veces votamos. Pero con los temas siempre ha habido libertad para que los editores escribiéramos de todo. Sí decidimos, en un momento dado, intentar no escribir ‘rants’ ni pelearnos en Twitter. Cuando eres un blog pequeño hay incentivos para darle hostias a todo el mundo. Existe la tentación de ser un ‘outsider’ justiciero y criticar a periodistas, a políticos y a cualquier otro famoso», comenta.

Ese tipo de contenido, más llamativo y cortoplacista, tiende a traducirse en audiencia fácil. Y eso, en el ecosistema de la publicidad, es algo con cierto sentido aunque resulte difícil de creer: aumentar visitas implica aumentar ingresos. Pero la cuestión es que Politikon no tiene anunciantes. Y tampoco genera dinero. «No cobramos directamente de Politikon ninguno de nosotros. Algunas de nuestras colaboraciones en medios van de hecho a la plataforma, así como donaciones nuestras y de algunos micro-mecenas. En todo caso, Politikon sí ha tenido externalidades positivas porque nos ha permitido generar una marca que ha dado ocupaciones y tribunas por las que percibimos ingresos, pero eso es a nivel particular», comenta Simón.

«No es un negocio, no», reconoce Llaneras. «Los editores no cobramos. Al revés. Politikon sobrevive con pocos gastos, que se financian con esas aportaciones de los editores, con las ventas de ‘La urna rota’ y con las colaboraciones de los lectores que nos apoyaron al principio. Con más dinero podríamos hacer más cosas, pero dotarse de estructura es complicado», explica. «Pero no voy a decir tampoco que mi trabajo en Politikon fuese desinteresado. Siempre me aportó cosas. Los primeros años era divertido y alimentaba el ego. Para mí eso es una obviedad: uno escribe por dos motivos, por dinero o por ego, y como en Politikon no había dinero, pues debió ser por ego. También es evidente que Politikon fue una oportunidad. Mi deuda es obvia, aunque sólo sea porque aprendí a escribir allí y ahora vivo en parte de eso».

Y eso a pesar de que hay muchas horas detrás. «La verdad, nunca he querido contar el tiempo invertido», sentencia Galindo. «Va a rachas: algunas semanas se las he dedicado casi íntegramente, por ejemplo cuando tenemos un proyecto gordo entre manos. Otras son más relajadas. Pero que las horas no están pagadas, eso seguro», lamenta. Llaneras, por su parte, ahora está algo menos metido en el proyecto, pero no siempre fue así: «Entre 2011 y 2015 le dediqué una cantidad indecente de tiempo. Supongo que desde fuera parecía una locura, y probablemente lo era, aunque ahora parezca una inversión. Yo siempre decía que era un hobby extraño. Desde niño he tendido a la obsesión: podía dedicar semanas a proyectos absurdos como hacer una lista de ciencia ficción muy sofisticada o programar un Excel para gestionar mi paga. Esta tendencia obsesiva nunca me vi capaz de quitármela, pero aprendí a canalizarla hacia cosas semiútiles que podían interesar a otra gente que me leía -la burbuja inmobiliaria, las estadística de fútbol, la predicciones electorales-. Politikon y todo lo que ha venido después es mi intento de hacer algo útil con esa forma de ser», comenta.

Y así, con horas dedicadas por amor al arte e incluso algún gasto de su propio bolsillo, el proyecto fue creciendo. Post a post, semana tras semana, va para seis años y muchos cambios en medio. Y sigue incorporando firmas. «Aceptamos colaboradores sin límite ni credencial necesaria; con que el texto sea interesante y fundamentado nos vale», asegura Simón. La única condición, explica Llaneras, es que el texto «debe cumplir determinados estándares, que juzgan un par de editores -y afortunadamente ninguno soy yo-. Normalmente buscamos expertos en temas. Usamos las colaboraciones sobre todo para abordar temas que no reciben atención o para dar detalles sobre asuntos complejos», comenta. «Esperamos de ellos que aporten cosas que nosotros no controlamos bien, que iluminen otros ámbitos», completa Galindo.

Y así, ese grupo de analistas que acabaron haciéndose amigos y saliendo en los medios, ha llegado hasta hoy. «La cosa funciona porque compartimos una vocación analítica», recalca Llaneras. «Esa idea siempre estuvo en Politikon y en lo que hacemos: tratar de ofrecer una visión rigurosa de asuntos complejos y debatir con esa perspectiva», completa. Eso, y por haber acabado haciéndose amigos. «Compartimos rasgos circunstanciales: veníamos de internet, teníamos voz de blog, usábamos Twitter y pertenecíamos a cierta generación»… y eso facilitó las cosas, parece. Por eso se admiten colaboraciones, pero hacerse un hueco entre los editores ya cuesta más. “El equipo no se formó desde el principio: ha habido entradas y salidas, así que nada es inmutable. Pero, por ahora, no entra en nuestros planes modificar ese equipo central», explica Galindo. Primero, en cualquier caso, las candidaturas de los interesados quizá deberían superar una votación asamblearia en el grupo de WhatsApp. Marca de la casa.

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Silicon Valley ha tomado el carril lento hacia Washington. Empresas como Facebook y Amazon van por detrás de las telecos en lo que a intentar influir en el Congreso se refiere. Eso podría salirles caro en las batallas sobre la neutralidad y la privacidad de la red.

Las tecnológicas ya no pueden darse el lujo de la displicencia cuando se trata de política. Su actitud emprendedora en algunas áreas poco reguladas engendró en gran medida una actitud de evitar hacer lobby en la capital. Ahora, sin embargo, los republicanos quieren revertir las normas que exigen a los proveedores de Internet que traten el tráfico online de forma igualitaria e imponer estándares más estrictos para la protección de datos personales.

Eso deja a los titanes online compitiendo contra los experimentados y de bolsillos igualmente anc hos proveedores de Internet, como AT&T, Verizon y Comcast, que tienen más personal en sus grupos de presión en Washington. El año pasado, las telecos dedicaron alrededor de 86 millones de dólares a ello. El sector tecnológico no entró entre los 20 primeros sectores con más gasto.

En la primera mitad de 2017, Facebook, Google, Amazon y Apple sólo superaron ligeramente a las tres grandes telecos, a pesar de que su valor de mercado combinado es cuatro veces mayor. Google ha elevado su gasto –9,4 millones en el primer semestre–, que ya es algo superior al de AT &T, y también Amazon lo está subiendo.

Hacer presión con astucia puede marcar la diferencia. Para ayudar a impulsar la compra de Time Warner por AT&T, las compañías contrataron a un ejército de abogados de Washington. Los que se oponían al acuerdo tuvieron dificultades para encontrar gente sin conflictos de intereses. Incluso a los sofisticados lobbys de General Electric y Boeing les han pillado por sorpresa campañas con mejores recursos. Este año, la industria manufacturera fue superada por la minorista, que rápidamente se movilizó contra un posible ajuste tributario aduanero.

Las empresas de tecnología, acostumbradas a inventar nuevas maneras de hacer las cosas, están recibiendo un duro recordatorio de que las cosas en el Capitolio se hacen a la antigua.

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El Ayuntamiento invita a participar a la ciudadanía con sus aportaciones para el futuro registro de lobbies

El Ayuntamiento de Madrid invita a participar a la ciudadanía con sus aportaciones para el futuro registro de lobbie, una vez que se ha publicado el borrador del acuerdo para poner en marcha esta herramienta. Los comentarios se pueden enviar hasta el 4 de junio. El área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, con Pablo Soto al frente, está ultimando el registro obligatorio de lobbies, en el que tendrán que inscribirse aquellas personas o entidades que quieren inf …

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El grupo del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha rechazado en el pleno de este viernes una enmienda de IU a su proposición para regular los «grupos de interés» o «lobby». La coalición pretendía que también se crease un registro sobre los «lobbies» que operen ante la JGPA. La enmienda solicitaba además que se crease un registro de la agenda pública de los diputados.

La negativa del PP a incluir este punto en una proposición que finalmente fue aprobada ha causado «extrañeza» en el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien ha considerado raro que se contemple regulación para «lobbies» frente al Gobierno pero no frente al parlamento. «Nos resulta extraño que no se admita esa enmienda», ha dicho Llamazares, quien, no obstante, terminó votando a favor de la iniciativa de los populares.

La proposición no de ley aprobada pide al Gobierno un registro obligatorio de los grupos de interés en el Ámbito de la Administración del Principado, las entidades locales y sus organismos y entidades públicas, que será público, así como tipificar las infracciones en la materia y elaborar un código ético.

En la votación, Podemos ha tenido la llave del resultado final, dado que el PSOE votó en contra mientras que PP, IU, Foro y Ciudadanos lo hacían a favor. Si la formación morada hubiese votado en contra, la iniciativa habría decaído. Pero aunque el diputado de Podemos Daniel Ripa fue muy crítico con el PP, su grupo terminó absteniéndose y la propuesta del PP salió adelante.

Ripa, en su intervención, dijo que el problema no era el registro de los grupos de interés sino que en el PP «han ascendido demasiado rápido algunos delincuentes» y ha dicho que la proposición aprobada era «cosmética».

El diputado del PSOE Marcos Gutiérrez Escandón ha recordado que esta regulación de los lobbies ya se está abordando en el Libro blanco de Participación Ciudadana. Para el socialista, la iniciativa defendida por el PP no es más que «una improvisada ocurrencia del partido de Bárcenas en un intento de lavado de cara».

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Ya hay autores, como Edward T. Walker1 , que se atreven a hablar de la “uberización del activismo”, haciendo con ello referencia a la movilización de los ciudadanos como parte de la estrategia de lobbying e influencia de una compañía. El ejemplo de Uber es uno de los más sonados en Europa, pero no el único. Las compañías empiezan a sumar esta otra dimensión de la influencia, que sigue siendo política, pero utiliza como acelerador lo social.

Vivimos una transformación en la forma como las empresas influyen en la elaboración y desarrollo de las políticas públicas. Una transformación creativa, que tiene mucho aún de tabú, y que está en el backstage de muchas organizaciones, con y sin ánimo de lucro. Una transformación que amplía las posibilidades de diálogo y participación política de las empresas, así como del resto de grupos de interés2, porque, donde la mayoría solo ve en la política más incertidumbre, volatilidad y caos, una minoría ha sabido ver más actores (ciudadano o consumidor lobista), más issues (de impacto directo e indirecto en el negocio), más canales (off y online) y más eficiencia (gracias, principalmente, al big data).

Influir en política

En esa transformación las mejor posicionadas han sido las empresas unicornio3, como puede ser el caso de Uber, Pinterest, Spotify, Dropbox o Airbnb, y las medianas B2C. En las primeras, porque su juventud las hace carecer de los prejuicios que tienen las empresas tradicionales –cuando de activismo se habla, las empresas suelen verse enfrente de los ciudadanos y no a su lado. En las segundas, porque su estructura más ligera, y su contacto directo con el consumidor final, les permite adaptar estrategias y aprovechar oportunidades de forma mucho más ágil. En unas y otras porque son nativas digitales, pero también las empresas tradicionales se plantean qué otras opciones tienen cuando los espacios clásicos de influencia en la política se hacen menguantes y el escrutinio sobre la acción de gobierno se amplia, socializa y diversifica.

Cambiarán muchas cosas, pero el interés de las organizaciones por influir en la convivencia, no. Más al contrario, cada vez más grupos de interés van a competir por ocupar posiciones de influencia pública. Cuando hablamos de influencia en política, nos referimos a las estrategias, tácticas y acciones que los grupos de interés llevan a cabo de forma legítima (ética, estética, legal y crecientemente transparente), con objeto de modificar, frenar o impulsar políticas públicas. Y, en este punto, es relevante subrayar la idea de legitimidad. El lobby, para ser tal, ha de ser legítimo, no solo en su origen, sino también en el mensaje (qué pide), en el medio (cómo lo pide) y en el fin buscado (para qué lo pide).

¿Pero a qué obedece la acción de los grupos de interés en política? La democracia no es un modelo unilateral. La democracia es un proceso que mejora en la negociación y en lo gris. Existe un trasvase continuo de información e influencia entre lo público (instituciones públicas) y lo privado (grupos de interés) del que depende la calidad democrática de las sociedades occidentales. Cuanto mejor sea la calidad de esa relación, cuanto más plural, cuanto más matizada, mejor es la política pública resultante. Más, si cabe, en medio de la complejidad actual. En una reciente conversación un miembro del Congreso decía que uno de sus aprendizajes en política ha sido que no existe un “sí” o un “no” puros y que, a medida que escuchaba a los distintos actores implicados en un determinado asunto público, ya fuera la regulación de la prostitución o el establecimiento de una renta mínima universal, más dudaba, y, probablemente, fruto de la duda y la confrontación, mejoraba su decisión final. “Nunca he cambiado tantas veces mi posición original sobre un asunto público como ahora que estoy en política”. Y es que, en la disciplina de partido, también caben los matices.

Las empresas hacen política

En un escenario de creciente transparencia, accountability y participación ciudadana4, ¿qué rol deben ocupar los grupos de interés para incrementar sus posibilidades de influencia en la agenda pública? Como mencionábamos al comienzo de este artículo, existen cuatro vectores clave de movimiento: más actores, más issues, más canales y más métodos.

Más actores. No solo hacen lobbying las empresas grandes y las ONG, los sindicatos o las patronales. Al diálogo con los poderes públicos se han ido sumando nuevos actores. La lenta normalización de las relaciones entre actores públicos y privados ha traído consigo que empresas o entidades que antes jamás se habrían atrevido a tocar las puertas de los parlamentos o los gobiernos, ahora lo hagan.

Lo hacen por razones intrínsecas: 1. sienten legitimidad para hacerlo (pedagogía de la responsabilidad pública), 2. se unen a otros a través de alianzas (representatividad), 3. invocan a sus clientes o fans haciéndoles partícipes del problema y protagonistas (grassroots). Y lo hacen, también, por razones extrínsecas como es el propio hecho de que las barreras de acceso o influencia en lo público son ahora menos, gracias a la oportunidad digital.

Más issues. Los grupos de interés, en términos generales, se involucraban en aquellos issues que directamente impactaban con su negocio (entendido en su sentido más amplio). Con el paso del tiempo, los grupos de interés fueron haciendo lobbying sobre cuestiones que podrían afectar, directa o indirectamente, en su reputación o la del sector en el que actuaban. Un ejemplo sería el del vino en España a comienzos del siglo XXI o, previamente, el azúcar. Ambos ganaron, al menos durante un tiempo, la batalla de la legislación gracias a un trabajo intensivo en la agenda mediática y la opinión pública. Un tercer nivel sería el de la responsabilidad con la comunidad o con el ‘momento’, que hace que los grupos de interés hagan lobbying también desde el compromiso con unos valores y con una visión de sociedad. Es el denominado lobbying for good5 o lobbying social, del que IKEA o Unilever pueden dar buenos ejemplos. Las cuestiones medioambientales fueron las primeras elegidas para desarrollar este tipo de prácticas, pero no serán los últimos ni los más valientes. Seguimos con la mirada en el negocio, pero a la rentabilidad económica le pedimos rentabilidad social y responsabilidad, incluso, política.

Más canales. El lobby legítimo era un lobby, fundamentalmente, de despacho. A los encuentros directos con políticos le siguieron encuentros con los allegados de los políticos, aquellas personas que podían tener influencia sobre aquéllos. A la información interesada se le pidió opinión, a ésta análisis, al análisis contraste, etc., y fuimos del cóctel y el pasillo, a las reuniones formales, y de ahí a los estudios de terceros y las encuestas, a las conferencias y visitas sobre el terreno, a los expertos independientes y las formaciones sobre temas complejos, etc. Y llegó lo digital y las posibilidades se multiplicaron y las barreras se redujeron y hoy hay muchos que, incluso, hacen lobbying por whatsapp. “Venga, al grano”.

Más métodos. El lobbying ha construido campañas y estrategias desde la intuición al análisis. Ha introducido herramientas cuantitativas y cualitativas de la sociología, incluyendo, claro, la observación de los comportamientos –coyunturales o no- de los partidos políticos y los actores políticos. Como ya ocurre en las campañas electorales, las campañas de lobbying y advocacy se sofisticarán y harán más eficientes y efectivas gracias a las posibilidades del big data.

En Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre todo, empezamos a ver mucho de este out of the box. Pero, cambie lo que cambie en la gestión de la influencia en la política, el objetivo perseguido por las compañías seguirá siendo el mismo: proteger o mejorar el negocio y/o la reputación. Algo muy similar a lo que a comienzos del siglo pasado señalaba Edward Bernays sobre el papel de la propaganda en los ciudadanos: “por muy sofisticada y cínica que se vuelva la actitud del público hacia los métodos de la publicidad, éste siempre tendrá que responder a las demandas básicas, porque siempre necesitará comida, se pirrará por divertirse, aspirará a la belleza o acatará al liderazgo”.

El lobbying en el laboratorio

A lo largo de la historia la sociedad ha sido objeto de influencia con un fin de ordenación, control, movilización o dirección. La religión, por ejemplo, ha sido un productor máximo de narrativas que generaran un cierto orden y modelo de sociedad (valores, comportamientos, aspiraciones, etc.). El mainstream que vivimos es producto de una socialización más o menos consentida (más o menos necesaria). La sociedad, en forma de masa o “multitud”, es el eje sobre el que ha pivotado la toma de decisión pública. A él se sumaron, con la hegemonía del capitalismo, las corporaciones empresariales (las marcas) con un fin comercial, el de ser deseables, aspiraciones y objetos de consumo elegido.
Las corporaciones que quieren influir en las políticas públicas habrán de hacerlo teniendo muy en cuenta el clima de opinión social y mediática al respecto. Y si no existe tal, crearlo; si es contrario, alterarlo; y si es a favor, subrayarlo. Con ética, estética y transparencia, esa es la clave. Y es diferencial porque ya dijo Nietzsche que la verdad absoluta no existe y sí existen las perspectivas. Trabajemos pues en las perspectivas. Y en ellas, y desde ellas, antes incluso de traspasar la frontera de la posverdad, hay mucho que hacer. Es lo que podríamos denominar de lobbying de laboratorio, un lobbying de carácter indirecto, que se desarrolla en la opinión pública y que se contrapone al lobbying de salón, que es aquel que se ejerce de forma directa con los decisores de las políticas públicas de que se trate. Lo hace Greenpeace, lo ace Wall-Mart. Lo harás tú.

De la gestión de la influencia a la gestión del consentimiento 7

Las empresas han hecho un verdadero esfuerzo por ganar influencia en los despachos en los que se tomaban decisiones. Nunca ha dejado de ser importante el acceso al decisor. Y nada de eso cambiará demasiado, excepto el hecho de que más importante que la gestión de la influencia para acceder, habrá de ser la gestión de consentimiento social a la decisión pendiente de tomar. De forma que cuando los grupos de interés accedan al decisor, parte del trabajo esté ya hecho y la opinión pública [los votantes] no sea un riesgo para el político.

Y es que, después de la coerción –en el entendido optimista y generoso de que, en las sociedades postmodernas, y a pesar de Donald Trump, vivimos en la postcoerción-, la fórmula para cohesionar, dirigir y dar estabilidad a las sociedades cambiantes pasó por lograr la convicción del otro –del sujeto o multitud gobernada- y, cuando ésta se torna inasible, al menos su consentimiento. Vivimos en sociedades que consienten políticas –en el sentido de aceptar sin convicción-, pero que no se ilusionan con ellas. Consentimos medidas excepcionales (congelación de salarios), restricciones (al tráfico) o copagos (sanitarios), por poner solo tres ejemplos, fruto de una pedagogía social que nos señala que ese es el camino más adecuado aquí y ahora. El consentimiento es una resignación activa que da forma moral y convivencial a la sociedad que consiente y ofrece, por ello, una oportunidad para el lobbying por venir.

La cuestión que le sigue a la gestión del consentimiento tiene que ver con el tiempo porque, como dice Daniel Innerarity8, el medio en el que se desarrolla la política es el tiempo, pero nos estamos quedando sin tiempo para la política analógica. Los cambios regulatorios que requieren los sectores y las empresas tardan mucho, demasiado porque el reloj de la política es al de los negocios, lo que el reloj geológico al biológico. ¡Y qué decir en el caso de los negocios digitales! Las empresas de Silicon Valley han tardado en ir a Washington, pero, del prototipo a la patente, la principal barrera que se encontraron no fue técnica ni tecnológica sino regulatoria y, si me apuran, de comprensión del fenómeno y de las ganancias y pérdidas que generaba fuera de Silicon Valley. ¿Cuándo es un buen momento para regular los drones? ¿Y la inteligencia artificial? ¿Y el modelo de negocio de Airbnb o Uber?

Y, por último, en cada uno de estos casos, ¿buscamos que se regule desde el problema o desde el síntoma? Clay Shirky 9 hace mención al Gin Craze (“locura de la ginebra”) que padeció la sociedad londinense del siglo XVIII al punto que hubo una verdadera alarma social por los índices de alcoholismo que alcanzó. Las autoridades lo intentaron todo, con leyes que prohibían aspectos a lo largo de toda la cadena de valor de la ginebra, desde la producción a su venta final. Lo intentaron todo menos entender qué ocurría. Eso llegó mucho tiempo después, cuando al fin se comprendió que el problema no era la ginebra sino la razón por la cual se consumía en aquellas cantidades desorbitadas. Era el malestar social y las duras condiciones de vida que Londres ofrecía, fruto de la industrialización y el crecimiento poblacional descontrolado. Fueron las mejoras en éstas las que ayudaron a reducir los índices de consumo de ginebra.

Si, como decía Henri Bergson, el tiempo es duración, la única alternativa posible, hoy, es ganarle tiempo a la decisión política. Y solo se gana tiempo haciendo evidentemente necesario el cambio buscado -trabajando- la perspectiva y el consentimiento social. Pensemos en cualquiera de los ejemplos mencionados. La única palanca para acelerar los cambios regulatorios que están por llegar reside en identificar bien el objeto sobre el que queremos trabajar (el problema o el síntoma), facilitarle al máximo el trabajo a aquel que habrá de tomar la decisión, buscar el consentimiento de las partes implicadas (afectados), identificar transiciones justas entre lo viejo –modelo anterior- y lo nuevo –modelo propuesto- y convertirse en parte de la solución. De ahí la ‘uberización del activismo’ con la que iniciábamos este artículo. Porque gracias a tener más actores, más issues, más canales y más métodos, tenemos también más herramientas para enfrentar cómo influimos en la toma de decisión política, en la convivencia.

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With the Brexit countdown underway, the UK has a huge amount to negotiate with the EU. While numerous issues ranging from immigrationto trade have been widely discussed, one important matter that has been overlooked is the impact of Brexit on corporate lobbying.

In the wake of Brexit, lobbyists will swarm London, just as over 30,000 of them have swarmed Brussels over the years. As a member of the European Union, the UK deferred significant chunks of its law making to EU institutions, from the environment and agriculture to health, trade and banking. Now that the UK is “taking back control” of its laws, London will be the place to be to try and influence the laws and regulation that will affect businesses.

The EU lobbying industry, whose size exceeds €39 billion, will be significantly disrupted by Brexit. Lobbying is a strategic tool used by firms to influence laws that are potentially unfavourable to their bottom line from being passed and pushing through legislation that will boost their profits. As well as changing the industry’s landscape in Brussels, Brexit will also have knock-on effects on the level of political engagement by companies in the UK.

The UK government’s lobbying register, which woefully covers less than 4% of the 4,000-plus lobbyists in the UK’s £2 billion lobbying industry, reveals that the number of registered lobbyists increased from 117 in 2015 to 150 by December 2016. The number of lobbying contracts also surged from 664 in the first half to 704 in the second half of 2016, after the Brexit vote. Clearly, the corporate sway is already in gear.

Businesses are in desperate need of advice on government relations; hence some law firms have created specialised Brexit units to cope with the demand while some former government officials have taken up lobbying jobs to help firms shape UK policy.

Meanwhile, British lobbyists in Brussels are finding it difficult to get jobsin the aftermath of Brexit, perhaps due to the expected waning influence of the UK in European matters. Consequently, these lobbyists may return to a booming lobbying market at home.

Big pockets, big influence

There will be significant costs for firms that want to wield regulatory and policy power, with money required to persuade politicians and the voting public to support their goals through various means. So those with deeper pockets will have bigger influences.

Many local and foreign firms in the UK will jockey for influence, which will increase demand for lobbyist services and culminate in higher costs of doing business. Costs will be particularly higher for British multinational enterprises with operations in Europe, as they will have no choice but to duplicate lobbying functions in Brussels and London in order to maintain some influence in both UK and EU markets.

With Brexit negotiations set to be contentious, the two-year period within which the UK will extricate itself from the EU is a window of flux when firms, in their bid to influence EU and UK MPs, will rack up their highest lobbying costs. UK firms in Europe might even have to dig deeper into their pockets to get fair hearings from the EU which, allegedly, has already began to isolate the UK. The high lobbying costs could further diminish the prospects of Britain’s businesses supporting the government’s effort to secure a good trade deal with the EU.

If future UK laws do not mirror existing EU ones, UK firms will incur additional costs in training managers and employees to grasp and understand any changes in regulatory jurisdictions. And if care is not taken, previously taken-for-granted EU regulations could lead to errors and heavy punitive sanctions for firms.

When elephants fight, the grass suffers

In the battle for influence, there is a high likelihood that small firms will be squeezed out of the post-Brexit policy process due to the high costs involved and the limited voice they will have in Westminster. There might be instances of corporate dystopia where large and resource-endowed firms unfairly dominate the political agenda. Though this has always been the case in the UK, it is more serious now due to the number and significance of the policies that have to be formulated or revised.

It therefore behoves the UK government to fulfil its promise and create a level and transparent playing field for all firms, otherwise a few elephants will kill the grass that is the source of livelihood for many British people. Small and medium enterprises (SMEs), which account for the bulk of the UK’s private sector, will likely suffer as a result. So not only will the lobbying boom be potentially bad for democracy, but also for the large number of small firms that form a vital part of the UK economy.

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En el siglo XIX quienes querían persuadir de algo a un miembro de la Cámara de los Comunes, se reunían con ellos en los pasillos. De ahí viene la palabra lobby, vestíbulo en inglés, actividad que Estados Unidos regularizó en 1946 con la Lobbying Act .

La idea de un registro de lobistas llegó en la primera década de los 2000 a Australia, Alemania, Reino Unido y Austria. La CNMC creó el primero de España en 2016, inspirándose en el de la Comisión Europea, también de naturaleza voluntaria. Después, Cataluña aprobó su ley autonómica para el sector.

Regularizar la profesión: una demanda de una década

Atendiendo a las recomendaciones del Consejo de Europa formuladas a través del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECCO), la regulación de los “grupos de interés” se debate en el Congreso con dos propuestas de ley: la de modificación de Ley de Transparencia con un registro de lobbies y la del Reglamento de la Cámara. Cinco comunidades, Navarra, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y Valencia, trabajan en ello también. “No había nada y ahora estamos desbordados”, cuenta María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Públicas, APRI. “Veníamos defendiendo nuestra actividad como una forma de participación que es necesario regular. Nos ha costado 10 años llegar hasta aquí”, se queja.

Regular los lobbies implica poner el foco en los grandes asuntos, saber cómo se toman las decisiones: cómo se regula el sector eléctrico o se rescata una autopista”, explica David Cabo, cofundador de CIVIO. Esta fundación ya intentó que la regulación de los lobbies formara parte de la Ley de Derecho de Acceso a la Información. “Nos dijeron que era muy complicado”, recuerda. “Somos los primeros en hacer lobbying ; nos reunimos con partidos políticos e intentamos introducir nuestras enmiendas en las leyes”, reconoce. “Todo el mundo sabe que esas reuniones se producen, pero necesitamos reglas”, demanda Rotondo.

Registro universal o excepciones

La cuestión de si todos los que se relacionan con entes públicos deben inscribirse en el registro está en el centro del debate. Los abogados pueden escoger hacerlo o no según la ley catalana y la valenciana excluye a sindicatos, organizaciones empresariales y asociaciones de consumidores. “No podemos imponer una sanción a determinadas organizaciones a las que la Constitución otorga una relación especial con la Administración por tener un papel constitucional reconocido”, explicaba la Secretaria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación valenciana, Zulima Pérez Seguí en unas jornadas sobre la materia organizadas por la CNMC y la Fundación Chile-España.

Algo similar ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, el primero del mundo en crear un registro para lobistas. “No tienen sentido que un municipio pequeño lo haga, pero Madrid gestiona un presupuesto de 5000 millones de euros”, señala David Cabo. “Como no hay un marco regulatorio, no son propuestas homogéneas”, denuncian desde APRI mientras recuerdan que la existencia de múltiples registros “no asegura la transparencia”. Su propuesta es uno “común, obligatorio y universal que dependa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno“.

Otro punto de desencuentro entre legisladores y profesionales es la cuestión de la confidencialidad. APRI declara su “preocupación” porque toda la normativa elaborada hasta la fecha conlleva la “publicidad activa” de la documentación que se entregue en las reuniones con autoridades. “La transparencia no está reñida con la confidencialidad”, sostiene su presidenta, que critica esta visión por su “falta de eficacia” y la describe como “una forma burda de llegar a la huella legislativa, que es donde debe aparecer”. En CIVIO, en cambio, creen que “hay que valorar interés público versus confidencialidad, como las enmiendas o modificaciones a las leyes”, explica su cofundador.

Un segundo conflicto surge entre la protección de datos, regulada por una ley orgánica, y la transparencia, con un rango inferior. “Se usa para eludir dar la información”, denuncia Cabo mientras hace referencia a una petición planteada por CIVIO al Ministerio de Defensa. “Queríamos saber quién viaja en los aviones oficiales. El Consejo de Transparencia avala nuestra demanda de información pero Defensa se niega a reconocer al Consejo y sus decisiones. Llevamos 16 meses con este tema”, denuncia.

Ningún registro europeo de lobistas posee garantías para detectar “la influencia indebida”

Aunque la regulación de los lobbies en España está en sus inicios, en la Unión Europea ya son ocho los países que cuentan con registros nacionales de lobistas. El informe de Transparencia Internacional El lobby en Europa. Influencia encubierta, acceso privilegiado los analiza junto al de Transparencia de la UE que, por ejemplo, no incluye al Consejo de Europa. La puntuación más alta la obtiene el esloveno y la más baja el británico, aunque la supervisión en general “es débil o falta por completo”. En resumen, ninguno de los países analizados puede presumir de “tener garantías adecuadas para detectar e impedir la influencia indebida”.

El estudio destaca la importancia de definir “lobista” y “lobby” para que el registro y la regulación de la actividad sean eficaces ya que se detectó que en muchos casos su definición legal era “demasiado limitada” dando como resultado “registros débiles que no llegan a capturar a todos los que buscan influenciar las leyes y políticas” puesto que “ninguna contiene una definición adecuada”.

Según esta organización, que reconoce ejercer el lobbying social, en la mayoría de Europa se da una “creciente profesionalización” del lobby. Entre los clientes de estos profesionales se encuentran empresas, asociaciones, agencias del sector público y ONG. Solo en Bruselas hay 30.000 lobistas, afirma el Corporate Europe Observatory.

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A pocos días de que finalice el año, un total de 338 grupos de interés se han apuntado al registro que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)puso en marcha principios de marzo. El grupo más mayoritario de ‘?lobbies’? registrado hasta ahora lo constituyen las patronales empresariales, con la CEOE o la asociación madrileñaCEIM a la cabeza.

La Asociación Española de la Economia Digital, la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (ASINTRA) o la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados son otras de las patronales que se han registrado. También la de banca AEB, la de aerolíneas Aceta, la de bebidas refrescantes (Anfabra) o la Asociación Española del Gas.

Además, se inscribieron en el registro de grupos de interés de la CNMC las patronales de las de constructoras Seopan y CNC, la eléctrica Unesa, la de renovables APPA, la hotelera Cehat, la de seguros Unespa, las de comercio CEC y Anged, la del autobús Fenebus y la de telecomunicaciones Ametic.

También aparecen en el listado empresas en solitario, como Telefónica, Correos, Cellnex o Red Eléctrica, así como la plataforma para compartir coche BlaBlaCar, una de las compañías de consumo colaborativo más destacadas.

Por otro lado, se han inscrito asociaciones de consumidores como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación Española de cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispaccop), la de Usuarios de la Comunicación (AUC) la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

Hay además empresas dedicadas a la comunicación (Evercom, Burson-Marsteller, Edelman, Hill and Knowlton o Llorente y Cuenca) y organizaciones sociales (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, la Plataforma de ONG de Acción Social o la Confederación LGTB Española Colegas).

Sin embargo, el ritmo de inscripciones en el registro se ha ralentizado en los últimos meses, ya que a finales de mayo eran ya cerca de 225 los ?lobbies? registrados y a finales de julio había 275. En lo que va de diciembre solo ha habido cuatro inscripciones, como señala Servimedia.

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La nueva ley define el rol de la nueva Agencia Nacional Anticorrupción, que será encabezada por un juez[1], designado por decreto por el Poder Ejecutivo Nacional, con una duración de seis años, no renovable.

Este magistrado tendrá entre otras funciones: la preparación de recomendaciones para asistir a las compañías públicas y privadas para prevenir y combatir la corrupción; el control de la calidad y eficiencia de los procedimientos implementados por las administraciones públicas para la prevención de la corrupción y monitorear la implementación de programas de cumplimiento (compliance).

A su vez, la Agencia podrá aplicar sanciones en caso de incumplimiento, llegando a una pena de multa de hasta un millón de euros.

La ley contra la  corrupción incluye un registro de lobistas a fin de transparentar los intereses en juego en las negociaciones que realizan.

Los lobistas son definidos como “representantes de intereses” e incluye a administradores, gerentes, empleados y miembros de compañías públicas o privadas cuya actividad habitual sea influenciar las decisiones públicas y el contenido de leyes y regulaciones administrativas.

En este marco legal, cuando un lobista se vincula con un miembro del gobierno, incluyendo cualquier miembro o funcionario del poder ejecutivo, parlamentarios o cualquier empleado público, debe revelar su relación con él y registrar ese contacto en el registro on line de la Alta autoridad francesa para la transparencia en la vida pública.

Se le exigen los siguientes datos: la identidad de la persona, o la identidad de los directores si se trata de una persona jurídica, el alcance de su representación, cual ha sido su actividad de representación e el monto de gastos asignados a su actividad en el año precedente; el número de personas que emplea para llevar adelante su actividad de representación o el volumen de facturación si fuera una empresa ; el gremio, asociación profesional o grupo de interés  que representa o a que pertenece. Además se les imponen reglas éticas para el ejercicio de la actividad.

El organismo de control posee las facultades y potestades como para obligar a los representantes de esos intereses a comunicar la información exigida en el registro y el cumplimiento de las reglas éticas. La penalidad por el incumplimiento puede ser una pena de multa de hasta 15.000 euros y la prisión de hasta un año.

La ley trata otros temas vinculados a la corrupción, cómo el  marco legal para el tratamiento de los casos de información interna brindada por informantes (whistle-blowers), y la obligación de las compañías de establecer un sistema para que los mismos canalicen su información. También establece la obligación de protección contra la discriminación o medias disciplinarias en su contra.

La ley  modifica el código penal en diversos artículos, por ejemplo el art. 131-39-2, estableciendo que se podrá aplicar una sanción,  a las personas jurídicas bajo el control de la Agencia, que implica un programa de cumplimiento (compliance) pro un máximo de cinco años que incluya un código de ética respecto a la corrupción y el tráfico de influencias, un sistema de alertas para recoger información de los empleados; evaluación de los clientes según un mapa de riesgos, controles contables internos y externos, etc.

También prevé una modificación al art. 434-43-1 por la cual se castiga a los agentes o representantes de una persona jurídica, condenada conforme el artículo 131-39-2, que se abstengan de tomar las medidas necesarias o que impidan el cumplimiento de las obligaciones derivadas, por lo cual se establece  una pena de dos años de prisión y multa de 50.000 euros.

En definitiva, la ley analiza diversos temas vinculados a la corrupción tanto pública como privada, por lo cual podría ser un antecedente interesante para los proyectos de legislación nacional. En particular teniendo en cuenta que la prevención de la corrupción y la transparencia en la actividad pública y privada están actualmente muy presentes en el debate público.

En este sentido, debemos recordar que, aunque por obvio no es menos cierto, la prevención depende en menor medida de la sanción de hechos del pasado que del establecimiento de estructuras que tiendan a la transparencia de la actividad y permitan controlar antes de que sea asunto del poder judicial el juzgamiento de los responsables.

Nota

[1] Interpreto, a partir del texto del artículo, que este juez sería independiente de la jerarquía judicial, es decir no dependerá jerárquicamente, ni administrativamente, de ningún otro juez o tribunal del Poder Judicial. Este juez dirige la agencia y no recibe, ni solicita, instrucciones de ninguna autoridad administrativa o del gobierno en la realización de las tareas asignadas.  La agencia contará con un comité de disciplina responsable de imponer las sanciones integrado por seis miembros. 

Autor: Mario Alberto Villar

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