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logo_PACELos días 12 y 13 de mayo el Public Affairs Community of Europe (PACE), órgano que  reúne a las asociaciones nacionales de lobistas y a profesionales de asuntos públicos de toda Europa, celebró su séptima reunión anual en Atenas, organizada por los compañeros griegos de Palladian Communications.

El debate de este año se centró en los actuales avances jurídicos en relación con la regulación del lobby en toda Europa, especialmente en países como República Checa, España y Rumania donde se está debatiendo la introducción de nuevas normas al respecto.

Considerando la expansión de esta comunidad y su creciente representatividad, el PACE ha decidido este año dar un gran paso adelante y registrar una asociación internacional sin ánimo de lucro (AISBL) en Bruselas, manteniendo su Secretariado en Roma.

La Presidenta de APRI, Maria Rosa Rotondo, fue elegida Presidenta de la nueva AISBL, con el Sr. Giuseppe Mazzei (Italia) como Presidente Honorario, y la Sra. Laura Florea (Rumania), el Sr. Dominik Maier (Alemania) y el Sr. Vaclav Nekvapil (República Checa) como Vicepresidentes. El Sr. Eric Schell (Francia) aceptó el papel de Tesorero, y la Sra. Micol Bertoni fue confirmada como Secretaria General.

En palabras de la nueva Presidenta, Maria Rosa Rotondo, “la creación de una asociación internacional en Bélgica, manteniendo nuestro histórico Secretariado en Roma, es un gran paso adelante para el PACE, que quiere llamar la atención de las instituciones europeas y de los Gobiernos nacionales sobre la importancia crítica de fomentar un marco equilibrado de derechos y obligaciones para los grupos de presión en toda Europa “.

La creciente atención sobre la actividad del lobby y el estrecho vínculo con la transparencia, la integridad y el proceso de toma de decisiones ha determinado un número creciente de propuestas legislativas en los últimos años que también han llevado a la creación de numerosas asociaciones nacionales de lobistas en Europa, cuyo número ha crecido de 10 a 15 entre 2010 y 2017.

Este fenómeno no se refiere solamente a los países de la UE, y se está difundiendo por toda Europa. Por ello, el PACE decidió invitar a asociaciones nacionales establecidas fuera de la UE, como Suiza y Serbia, así como las organizaciones con sede en Bruselas, EPACA y SEAP, adoptando un enfoque inclusivo para compartir una opinión común sobre estas cuestiones, con el fin de promover un marco más homogéneo.

El PACE está comprometido con los valores de la Transparencia y la Profesionalización de la actividad y por esta razón, igual que en los últimos tres años, Transparencia Internacional, representada por el Sr. Daniel Freund, participó en el evento. En el encuentro participaron también el Sr. Charis Kountouros de la Representación griega del Parlamento Europeo y el Profesor Yannis Panusis.

APRI impulsa activamente la red del PACE desde su fundación en el año 2011, considerando la unión de todos los lobistas europeos como un elemento fundamental para crear un marco europeo armonizado de la actividad del lobby.

Las próximas reuniones del PACE se celebrarán en mayo de 2018 en Chipre (Nicosia) y en mayo de 2019 en la República Checa (Praga).

“Hacer lobby es anticiparte a tus oponentes”, dice mirando a cámara unaJessica Chastain dura, implacable, con el ceño fruncido, desde luego no la Jessica Chastain dulce y maternal que Terrence Malick, Jeff Nichols y compañía nos metieron hasta en la sopa hace unos años. El caso Sloane está a punto de terminar y a su personaje, la temible señorita que da título a la película, tacón de aguja, vestido de Armani, maquillaje hasta la coronilla, la hemos visto hacer todo tipo de salvajadas –escuchas ilegales, tráfico de influencias, etc– para ganar su particular batalla: que EE UU apruebe una regulación contra las armas.

Miss Sloane es una mujer de esas que el cine saca poco al terreno de juego: ambiciosa, inflexible, sin escrúpulos ni deseos de familia, brillante, despegada, con escasa experiencia en el arte de perder y con una determinación clara, ser la mejor pase lo que pase. Una serie de cualidades, parece decir el director de El caso Sloane, John Madden, ideales para vestir a una lobista empoderada. Porque de eso trata el nuevo filme del director de Shakespeare in Love, de una lobista que se pasa de un lobby malo a otro bueno para intentar que se apruebe una legislación a favor del control de armas. Pero, ¿acaso existen los lobbies buenos? ¿No eran todos los lobbies malos?

“Tenemos muy mala imagen –cuenta Carmen Muñoz, directora de Asuntos Públicos en Llorente & Cuenca desde hace cinco años y medio–. Hay mucha mística entorno a los que trabajamos cerca del poder pero realmente las cosas son más sencillas”. Según esta consultora y profesora de la Universidad Carlos III, algo de culpa tiene también el que, tradicionalmente, quienes hacían lobby fuesen los sectores con más fuerza económica y problemas regulatorios como el tabaco, alcohol, armas… “Pero ahora hay muchos sectores distintos y no todos son del Ibex 35”, continúa en aras de la transparencia a la que aspira para una profesión que la mayoría de las veces se esconde bajo el término más aséptico de “consultoría”. De ahí, probablemente, que diga que sí cuando le proponemos que nos acompañe a un pase de El caso Sloane y que se muestre tan dispuesta a hacernos ver cuán verosímil es la película de John Madden en su retrato del oficio de lobista.Porque, ¿qué demonios hace exactamente un lobista?

“En Llorente & Cuenca nos contratan clientes (empresas, fundaciones, ONGs…) que tienen una necesidad de influir, modificar o proponer una regulación al gobierno o al parlamento. Así que nosotros estamos en el medio de lo privado y lo público, somos un puente para que se entiendan estos mundos. Las empresas siempre necesitan negocio o reputación y los políticos quieren votos”, explica Carmen Muñoz sobre un oficio en el que se mezclan economistas, sociólogos, abogados, etc, con el fin de abarcar contratantes tan distintos como el sector energético, la economía colaborativa, los colegios profesionales, empresas de telecomunicación… Es una profesión, también, que varía según el país en el que se practique y el momento histórico. “La regulación va cambiando y surgen nuevos debates, como el que abre ahora la irrupción de los negocios digitales como Airbnb o Uber–comenta–. También ante problemáticas sociales como la de la inteligencia artificial, los drones, o el aceite de palma, que, curiosamente aparece en la peli”.

He ahí el primer punto a favor de El caso Sloane. No sólo porque toque un tema actual sino por su manera de abordarlo. “La película explica muy bien que, como lobista, tienes que estudiar a fondo los temas, por ejemplo, investigar qué dicen los informes científicos y los organismos reguladores sobre el aceite de palma. O en el caso de los negocios digitales, analizar todos los sectores a los que afecta su regulación”, explica convencida de que el filme hace una pedagogía fiable de lo que es el oficio. ¿También sobre esa anticipación que Jessica Chastain vende desde el tráiler cual Cruella de Vil? “También. Para nosotros, la anticipación es crucial. Tenemos que ser ágiles y estar preparados cuando surgen nuevas regulaciones tanto en España como en la Unión Europea –para lo que usamos sistemas de monitorización– y también ser rápidos en la comunicación con los políticos”.

Pero, ¿hay que ser tan fría e implacable como la señorita Sloane? Carmen se ríe. “Me pasma cómo describen su vida personal, que esté enganchada a las pastillas y que tenga un escort asignado para los miércoles por la noche. Salvo excepciones, los lobistas somos mucho más normales, tenemos familia y nuestro trabajo tiene muchas horas de ordenador, lectura, estudio… Nuestro día a día también incluye zapato bajo, sobre todo, cuando más toca correr”, explica comparándose con un personaje que, además, le parece demasiado masculino. “Hacer lobby tiene una parte muy emocional, hace falta una sensibilidad para la que el cerebro femenino está muy preparado porque necesitas esa empatía y esa inteligencia emocional para entender lo que te cuentan”, afirma y añade que cada vez son más las mujeres que se incorporan a la profesión.

Entonces, ¿a qué viene ese retrato que hace El caso Sloane del lobista como un ser tremebundo, frío y sin escrúpulos? En parte, por el efecto Hollywood, y,en parte, por las diferencias entre el lobista español, o europeo, y el de EE UU. “Son dos sistemas políticos muy distintos y eso afecta a la manera de hacer lobby. Nosotros tenemos contacto con una sola persona de cada partido político en el Parlamento. Esa persona tiene encomendado estudiar un determinado tema y por eso recurre a nosotros. En EE UU cada senador es un voto, así que te encuentras empresas de lobby que tienen contacto con cinco o seis senadores”. Un sistema selectivo y caro que consiste en ir, uno a uno, presionando a los políticos, lo que explica que Jessica Chastain se pase media película corriendo de un lado a otro de EEUU para convencer a los senadores de que voten a favor de la legislación contra las armas. “Nosotros nos basamos en un derecho constitucional para hablar con lo público desde un punto de vista de interés general –sigue Carmen– y esto te permite hacer un lobby de transparencia para que esa conversación sea constructiva”. También implica hacer menos matemáticas. “Chastain hace mucha geometría variable porque cada senador tiene una importancia en sí misma enorme. Nosotros sólo la hacemos cuando, como sucede ahora, el parlamento está muy disperso, porque hay grupos políticos pequeños pero muy importantes”.

Otra diferencia entre el lobista estadounidense y el europeo, nos cuenta Carmen, es la aproximación al político. Mientras que a Jessica Chastain la vemos por su cuenta y riesgo tratando de convencer a los senadores, “en España y en Europa los lobistas no hacemos representación de intereses, yo no voy sin cliente sino que simplemente le acompaño. Todavía creemos que la comunicación tiene que ser directa entre el político y el sector”.  ¿Y cómo es esa relación con los diputados? “Cada vez son más abiertos, tienen la obligación moral de recibir a todo el mundo y escuchar sus propuestas”, cuenta Carmen sobre relaciones muy formales y una agenda absolutamente profesional. “Se cuida mucho cómo son los correos electrónicos, que no se pueda sacar de contexto una propuesta”, explica sobre su obligación e interés de alejarse de la imagen que se ha creado sobre el lobby y más a causa de la corrupción que ha asolado España en los últimos años. “Intentamos crear una relación fluida con los políticos, no sólo recurrimos a ellos cuando tenemos algo que pedir sino que ellos muchas veces buscan a los grupos de interés para que les asesoremos sobre temas que no controlan”.Pero nada del compadreo que se ve entre lobistas y políticos en El caso Sloane.“Ese aspecto de la película chirría mucho. Vamos a eventos y nos vemos, pero no hay esa familiaridad”.

Cuando el personaje de Jessica Chastain decide pasarse al bando contrario y defender la regulación contra la tenencia de armas, todos sus compañeros presuponen un secreto vínculo emocional con el tema. Sin embargo, pese a su falta de escrúpulos y a las artimañas que emplea para ganarse los votos de los senadores, ella se limita a argumentar que es una cuestión de principios. ¿Es eso normal? Según Carmen Muñoz, lo es: “Nosotros hacemos un lobby ético, solamente trabajamos con clientes que tienen un interés de influenciar en la política legítimamente”. Más razones para que se regulen los lobbies, legislación que el gremio lleva años persiguiendo. “Queremos que se pierda la desconfianza sobre algo que es absolutamente normal, que los políticos hablen con las empresas. El problema sería que el político solo hablase con una empresa”,explica haciendo referencia a ex políticos con agenda y a las famosas puertas giratorias.

Además de la caza de votos directa, el lobby que lidera Miss Sloane utiliza a los medios de comunicación para influir en la opinión pública, creando campañas negativas que también ejercen presión en los senadores. “Me encanta el escrache de la rata que aparece en la película –bromea Carmen–, pero aquí, por código ético, no podemos hacer campañas negativas”. Caso distinto es el de las campañas positivas, el lobby indirecto en redes sociales y medios de comunicación. Por ejemplo, cuando una directiva de la Unión Europea tiene que ser traspuesta a España y, para agilizar un proceso que por lo general es bastante largo, se habla con los medios para que conozcan la problemática y publiquen sobre ella, llevando así el debate a la calle. “Cuando el debate está en los medios es más fácil que el político entienda el problema y agilice ese trámite”, explica Carmen sobre un proceso que además requiere investigación que muchas veces lideran las universidades.

Carreras por los aeropuertos de EE UU, debates en la televisión en prime time, semanas sin dormir y un porrón de horas extras en una oficina llena de ruido. ¿Se vive la profesión de lobista con la misma intensidad con la que la vive Jessica Chastain? “Ahí la película exagera mucho, porque nosotros tenemos mucho trabajo que consiste en ponerte la coleta y estudiar, en construir una narrativa bebiendo de muchas fuentes, de saber qué ocurre en otros países, etc”, reconoce Carmen. “Aunque claro que hay momentos de tensión, cuando una decisión importante está a punto de tomarse o conocerse y hay que operar rápido y, sobre todo, estar alerta”. Ya lo dice Jessica Chastain en El caso Sloane. Es una cuestión de anticipación.

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Ya hay autores, como Edward T. Walker1 , que se atreven a hablar de la “uberización del activismo”, haciendo con ello referencia a la movilización de los ciudadanos como parte de la estrategia de lobbying e influencia de una compañía. El ejemplo de Uber es uno de los más sonados en Europa, pero no el único. Las compañías empiezan a sumar esta otra dimensión de la influencia, que sigue siendo política, pero utiliza como acelerador lo social.

Vivimos una transformación en la forma como las empresas influyen en la elaboración y desarrollo de las políticas públicas. Una transformación creativa, que tiene mucho aún de tabú, y que está en el backstage de muchas organizaciones, con y sin ánimo de lucro. Una transformación que amplía las posibilidades de diálogo y participación política de las empresas, así como del resto de grupos de interés2, porque, donde la mayoría solo ve en la política más incertidumbre, volatilidad y caos, una minoría ha sabido ver más actores (ciudadano o consumidor lobista), más issues (de impacto directo e indirecto en el negocio), más canales (off y online) y más eficiencia (gracias, principalmente, al big data).

Influir en política

En esa transformación las mejor posicionadas han sido las empresas unicornio3, como puede ser el caso de Uber, Pinterest, Spotify, Dropbox o Airbnb, y las medianas B2C. En las primeras, porque su juventud las hace carecer de los prejuicios que tienen las empresas tradicionales –cuando de activismo se habla, las empresas suelen verse enfrente de los ciudadanos y no a su lado. En las segundas, porque su estructura más ligera, y su contacto directo con el consumidor final, les permite adaptar estrategias y aprovechar oportunidades de forma mucho más ágil. En unas y otras porque son nativas digitales, pero también las empresas tradicionales se plantean qué otras opciones tienen cuando los espacios clásicos de influencia en la política se hacen menguantes y el escrutinio sobre la acción de gobierno se amplia, socializa y diversifica.

Cambiarán muchas cosas, pero el interés de las organizaciones por influir en la convivencia, no. Más al contrario, cada vez más grupos de interés van a competir por ocupar posiciones de influencia pública. Cuando hablamos de influencia en política, nos referimos a las estrategias, tácticas y acciones que los grupos de interés llevan a cabo de forma legítima (ética, estética, legal y crecientemente transparente), con objeto de modificar, frenar o impulsar políticas públicas. Y, en este punto, es relevante subrayar la idea de legitimidad. El lobby, para ser tal, ha de ser legítimo, no solo en su origen, sino también en el mensaje (qué pide), en el medio (cómo lo pide) y en el fin buscado (para qué lo pide).

¿Pero a qué obedece la acción de los grupos de interés en política? La democracia no es un modelo unilateral. La democracia es un proceso que mejora en la negociación y en lo gris. Existe un trasvase continuo de información e influencia entre lo público (instituciones públicas) y lo privado (grupos de interés) del que depende la calidad democrática de las sociedades occidentales. Cuanto mejor sea la calidad de esa relación, cuanto más plural, cuanto más matizada, mejor es la política pública resultante. Más, si cabe, en medio de la complejidad actual. En una reciente conversación un miembro del Congreso decía que uno de sus aprendizajes en política ha sido que no existe un “sí” o un “no” puros y que, a medida que escuchaba a los distintos actores implicados en un determinado asunto público, ya fuera la regulación de la prostitución o el establecimiento de una renta mínima universal, más dudaba, y, probablemente, fruto de la duda y la confrontación, mejoraba su decisión final. “Nunca he cambiado tantas veces mi posición original sobre un asunto público como ahora que estoy en política”. Y es que, en la disciplina de partido, también caben los matices.

Las empresas hacen política

En un escenario de creciente transparencia, accountability y participación ciudadana4, ¿qué rol deben ocupar los grupos de interés para incrementar sus posibilidades de influencia en la agenda pública? Como mencionábamos al comienzo de este artículo, existen cuatro vectores clave de movimiento: más actores, más issues, más canales y más métodos.

Más actores. No solo hacen lobbying las empresas grandes y las ONG, los sindicatos o las patronales. Al diálogo con los poderes públicos se han ido sumando nuevos actores. La lenta normalización de las relaciones entre actores públicos y privados ha traído consigo que empresas o entidades que antes jamás se habrían atrevido a tocar las puertas de los parlamentos o los gobiernos, ahora lo hagan.

Lo hacen por razones intrínsecas: 1. sienten legitimidad para hacerlo (pedagogía de la responsabilidad pública), 2. se unen a otros a través de alianzas (representatividad), 3. invocan a sus clientes o fans haciéndoles partícipes del problema y protagonistas (grassroots). Y lo hacen, también, por razones extrínsecas como es el propio hecho de que las barreras de acceso o influencia en lo público son ahora menos, gracias a la oportunidad digital.

Más issues. Los grupos de interés, en términos generales, se involucraban en aquellos issues que directamente impactaban con su negocio (entendido en su sentido más amplio). Con el paso del tiempo, los grupos de interés fueron haciendo lobbying sobre cuestiones que podrían afectar, directa o indirectamente, en su reputación o la del sector en el que actuaban. Un ejemplo sería el del vino en España a comienzos del siglo XXI o, previamente, el azúcar. Ambos ganaron, al menos durante un tiempo, la batalla de la legislación gracias a un trabajo intensivo en la agenda mediática y la opinión pública. Un tercer nivel sería el de la responsabilidad con la comunidad o con el ‘momento’, que hace que los grupos de interés hagan lobbying también desde el compromiso con unos valores y con una visión de sociedad. Es el denominado lobbying for good5 o lobbying social, del que IKEA o Unilever pueden dar buenos ejemplos. Las cuestiones medioambientales fueron las primeras elegidas para desarrollar este tipo de prácticas, pero no serán los últimos ni los más valientes. Seguimos con la mirada en el negocio, pero a la rentabilidad económica le pedimos rentabilidad social y responsabilidad, incluso, política.

Más canales. El lobby legítimo era un lobby, fundamentalmente, de despacho. A los encuentros directos con políticos le siguieron encuentros con los allegados de los políticos, aquellas personas que podían tener influencia sobre aquéllos. A la información interesada se le pidió opinión, a ésta análisis, al análisis contraste, etc., y fuimos del cóctel y el pasillo, a las reuniones formales, y de ahí a los estudios de terceros y las encuestas, a las conferencias y visitas sobre el terreno, a los expertos independientes y las formaciones sobre temas complejos, etc. Y llegó lo digital y las posibilidades se multiplicaron y las barreras se redujeron y hoy hay muchos que, incluso, hacen lobbying por whatsapp. “Venga, al grano”.

Más métodos. El lobbying ha construido campañas y estrategias desde la intuición al análisis. Ha introducido herramientas cuantitativas y cualitativas de la sociología, incluyendo, claro, la observación de los comportamientos –coyunturales o no- de los partidos políticos y los actores políticos. Como ya ocurre en las campañas electorales, las campañas de lobbying y advocacy se sofisticarán y harán más eficientes y efectivas gracias a las posibilidades del big data.

En Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre todo, empezamos a ver mucho de este out of the box. Pero, cambie lo que cambie en la gestión de la influencia en la política, el objetivo perseguido por las compañías seguirá siendo el mismo: proteger o mejorar el negocio y/o la reputación. Algo muy similar a lo que a comienzos del siglo pasado señalaba Edward Bernays sobre el papel de la propaganda en los ciudadanos: “por muy sofisticada y cínica que se vuelva la actitud del público hacia los métodos de la publicidad, éste siempre tendrá que responder a las demandas básicas, porque siempre necesitará comida, se pirrará por divertirse, aspirará a la belleza o acatará al liderazgo”.

El lobbying en el laboratorio

A lo largo de la historia la sociedad ha sido objeto de influencia con un fin de ordenación, control, movilización o dirección. La religión, por ejemplo, ha sido un productor máximo de narrativas que generaran un cierto orden y modelo de sociedad (valores, comportamientos, aspiraciones, etc.). El mainstream que vivimos es producto de una socialización más o menos consentida (más o menos necesaria). La sociedad, en forma de masa o “multitud”, es el eje sobre el que ha pivotado la toma de decisión pública. A él se sumaron, con la hegemonía del capitalismo, las corporaciones empresariales (las marcas) con un fin comercial, el de ser deseables, aspiraciones y objetos de consumo elegido.
Las corporaciones que quieren influir en las políticas públicas habrán de hacerlo teniendo muy en cuenta el clima de opinión social y mediática al respecto. Y si no existe tal, crearlo; si es contrario, alterarlo; y si es a favor, subrayarlo. Con ética, estética y transparencia, esa es la clave. Y es diferencial porque ya dijo Nietzsche que la verdad absoluta no existe y sí existen las perspectivas. Trabajemos pues en las perspectivas. Y en ellas, y desde ellas, antes incluso de traspasar la frontera de la posverdad, hay mucho que hacer. Es lo que podríamos denominar de lobbying de laboratorio, un lobbying de carácter indirecto, que se desarrolla en la opinión pública y que se contrapone al lobbying de salón, que es aquel que se ejerce de forma directa con los decisores de las políticas públicas de que se trate. Lo hace Greenpeace, lo ace Wall-Mart. Lo harás tú.

De la gestión de la influencia a la gestión del consentimiento 7

Las empresas han hecho un verdadero esfuerzo por ganar influencia en los despachos en los que se tomaban decisiones. Nunca ha dejado de ser importante el acceso al decisor. Y nada de eso cambiará demasiado, excepto el hecho de que más importante que la gestión de la influencia para acceder, habrá de ser la gestión de consentimiento social a la decisión pendiente de tomar. De forma que cuando los grupos de interés accedan al decisor, parte del trabajo esté ya hecho y la opinión pública [los votantes] no sea un riesgo para el político.

Y es que, después de la coerción –en el entendido optimista y generoso de que, en las sociedades postmodernas, y a pesar de Donald Trump, vivimos en la postcoerción-, la fórmula para cohesionar, dirigir y dar estabilidad a las sociedades cambiantes pasó por lograr la convicción del otro –del sujeto o multitud gobernada- y, cuando ésta se torna inasible, al menos su consentimiento. Vivimos en sociedades que consienten políticas –en el sentido de aceptar sin convicción-, pero que no se ilusionan con ellas. Consentimos medidas excepcionales (congelación de salarios), restricciones (al tráfico) o copagos (sanitarios), por poner solo tres ejemplos, fruto de una pedagogía social que nos señala que ese es el camino más adecuado aquí y ahora. El consentimiento es una resignación activa que da forma moral y convivencial a la sociedad que consiente y ofrece, por ello, una oportunidad para el lobbying por venir.

La cuestión que le sigue a la gestión del consentimiento tiene que ver con el tiempo porque, como dice Daniel Innerarity8, el medio en el que se desarrolla la política es el tiempo, pero nos estamos quedando sin tiempo para la política analógica. Los cambios regulatorios que requieren los sectores y las empresas tardan mucho, demasiado porque el reloj de la política es al de los negocios, lo que el reloj geológico al biológico. ¡Y qué decir en el caso de los negocios digitales! Las empresas de Silicon Valley han tardado en ir a Washington, pero, del prototipo a la patente, la principal barrera que se encontraron no fue técnica ni tecnológica sino regulatoria y, si me apuran, de comprensión del fenómeno y de las ganancias y pérdidas que generaba fuera de Silicon Valley. ¿Cuándo es un buen momento para regular los drones? ¿Y la inteligencia artificial? ¿Y el modelo de negocio de Airbnb o Uber?

Y, por último, en cada uno de estos casos, ¿buscamos que se regule desde el problema o desde el síntoma? Clay Shirky 9 hace mención al Gin Craze (“locura de la ginebra”) que padeció la sociedad londinense del siglo XVIII al punto que hubo una verdadera alarma social por los índices de alcoholismo que alcanzó. Las autoridades lo intentaron todo, con leyes que prohibían aspectos a lo largo de toda la cadena de valor de la ginebra, desde la producción a su venta final. Lo intentaron todo menos entender qué ocurría. Eso llegó mucho tiempo después, cuando al fin se comprendió que el problema no era la ginebra sino la razón por la cual se consumía en aquellas cantidades desorbitadas. Era el malestar social y las duras condiciones de vida que Londres ofrecía, fruto de la industrialización y el crecimiento poblacional descontrolado. Fueron las mejoras en éstas las que ayudaron a reducir los índices de consumo de ginebra.

Si, como decía Henri Bergson, el tiempo es duración, la única alternativa posible, hoy, es ganarle tiempo a la decisión política. Y solo se gana tiempo haciendo evidentemente necesario el cambio buscado -trabajando- la perspectiva y el consentimiento social. Pensemos en cualquiera de los ejemplos mencionados. La única palanca para acelerar los cambios regulatorios que están por llegar reside en identificar bien el objeto sobre el que queremos trabajar (el problema o el síntoma), facilitarle al máximo el trabajo a aquel que habrá de tomar la decisión, buscar el consentimiento de las partes implicadas (afectados), identificar transiciones justas entre lo viejo –modelo anterior- y lo nuevo –modelo propuesto- y convertirse en parte de la solución. De ahí la ‘uberización del activismo’ con la que iniciábamos este artículo. Porque gracias a tener más actores, más issues, más canales y más métodos, tenemos también más herramientas para enfrentar cómo influimos en la toma de decisión política, en la convivencia.

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With the Brexit countdown underway, the UK has a huge amount to negotiate with the EU. While numerous issues ranging from immigrationto trade have been widely discussed, one important matter that has been overlooked is the impact of Brexit on corporate lobbying.

In the wake of Brexit, lobbyists will swarm London, just as over 30,000 of them have swarmed Brussels over the years. As a member of the European Union, the UK deferred significant chunks of its law making to EU institutions, from the environment and agriculture to health, trade and banking. Now that the UK is “taking back control” of its laws, London will be the place to be to try and influence the laws and regulation that will affect businesses.

The EU lobbying industry, whose size exceeds €39 billion, will be significantly disrupted by Brexit. Lobbying is a strategic tool used by firms to influence laws that are potentially unfavourable to their bottom line from being passed and pushing through legislation that will boost their profits. As well as changing the industry’s landscape in Brussels, Brexit will also have knock-on effects on the level of political engagement by companies in the UK.

The UK government’s lobbying register, which woefully covers less than 4% of the 4,000-plus lobbyists in the UK’s £2 billion lobbying industry, reveals that the number of registered lobbyists increased from 117 in 2015 to 150 by December 2016. The number of lobbying contracts also surged from 664 in the first half to 704 in the second half of 2016, after the Brexit vote. Clearly, the corporate sway is already in gear.

Businesses are in desperate need of advice on government relations; hence some law firms have created specialised Brexit units to cope with the demand while some former government officials have taken up lobbying jobs to help firms shape UK policy.

Meanwhile, British lobbyists in Brussels are finding it difficult to get jobsin the aftermath of Brexit, perhaps due to the expected waning influence of the UK in European matters. Consequently, these lobbyists may return to a booming lobbying market at home.

Big pockets, big influence

There will be significant costs for firms that want to wield regulatory and policy power, with money required to persuade politicians and the voting public to support their goals through various means. So those with deeper pockets will have bigger influences.

Many local and foreign firms in the UK will jockey for influence, which will increase demand for lobbyist services and culminate in higher costs of doing business. Costs will be particularly higher for British multinational enterprises with operations in Europe, as they will have no choice but to duplicate lobbying functions in Brussels and London in order to maintain some influence in both UK and EU markets.

With Brexit negotiations set to be contentious, the two-year period within which the UK will extricate itself from the EU is a window of flux when firms, in their bid to influence EU and UK MPs, will rack up their highest lobbying costs. UK firms in Europe might even have to dig deeper into their pockets to get fair hearings from the EU which, allegedly, has already began to isolate the UK. The high lobbying costs could further diminish the prospects of Britain’s businesses supporting the government’s effort to secure a good trade deal with the EU.

If future UK laws do not mirror existing EU ones, UK firms will incur additional costs in training managers and employees to grasp and understand any changes in regulatory jurisdictions. And if care is not taken, previously taken-for-granted EU regulations could lead to errors and heavy punitive sanctions for firms.

When elephants fight, the grass suffers

In the battle for influence, there is a high likelihood that small firms will be squeezed out of the post-Brexit policy process due to the high costs involved and the limited voice they will have in Westminster. There might be instances of corporate dystopia where large and resource-endowed firms unfairly dominate the political agenda. Though this has always been the case in the UK, it is more serious now due to the number and significance of the policies that have to be formulated or revised.

It therefore behoves the UK government to fulfil its promise and create a level and transparent playing field for all firms, otherwise a few elephants will kill the grass that is the source of livelihood for many British people. Small and medium enterprises (SMEs), which account for the bulk of the UK’s private sector, will likely suffer as a result. So not only will the lobbying boom be potentially bad for democracy, but also for the large number of small firms that form a vital part of the UK economy.

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Santander, 19 abr (EFE).- Podemos ha presentado 34 enmiendas a Ley de Transparencia en las que defiende que se dé publicidad a las cuentas públicas y sus movimientos, la creación de un registro de lobbies y el derecho al anonimato.

Podemos explica en un comunicado que en septiembre presentó una proposición de ley de Transparencia y Participación para Cantabria, en su opinión prioritaria para la regeneración democrática, que ha sido recogida en el 80 por ciento del articulado del proyecto que tramita el Parlamento.

Con las enmiendas, la formación morada busca enriquecer el texto y mejorar aspectos de la ley que, bajo su punto de vista, la “ensombrecen”, como el régimen sancionador o la constante remisión a a Ley Estatal del PP.

Podemos propone que se declaren abiertas y accesibles todas las cuentas bancarias abiertas a nombre de la administración pública o sus entes, para que los ciudadanos no solo puedan ver los saldos, como propone el Gobierno, sino todos los movimientos como una garantía fundamental para el cumplimiento de la función de evaluación de las políticas públicas.

Podemos, además, incorpora un nuevo título que persigue la creación de un Registro de lobbies en el que se inscriban y controlen las personas físicas y jurídicas, así como entidades sin personalidad jurídica que actúan con el objetivo de hacer valer algún interés en la elaboración de la normativa municipal o autonómica, en el diseño de políticas municipales o autonómicas o en la toma de decisiones de las entidades públicas locales o regionales, así como sus organismos autónomos.

Según Podemos, hoy en día la mayor parte del lobby que se practica en España es profesional y legítimo, por lo que ellos son los primeros interesados en que se regule esta actividad y se la dote de transparencia con el fin de que los ciudadanos conozcan verdaderamente en qué consiste y se ponga las cosas más difíciles a quienes rozan el tráfico de influencias o la extorsión.

Con estas enmiendas, también se busca lograr la completa accesibilidad a los documentos, por lo que el diseño deberá ser adaptado y accesible para todas las personas; que todos los documentos que se utilicen en la administración sean públicos, y que la administración acuerde multas coercitivas en caso de no facilitar a los ciudadanos la información en plazo.

Otras enmiendas se dirigen a que el acceso a la información se produzca sin “cortapisas”, garantizando el anonimato cuando la identificación del solicitante no sea necesaria para procesar la solicitud.

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La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) presenta una nueva y más amplia propuesta de regulación de la transparencia en la defensa de intereses ante los decisores públicos.

Tras un periodo de debate interno y consultas externas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a renombrados expertos jurídicos, APRI aporta una propuesta global con el objetivo de crear un escenario más transparente, que regule las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública y sea consecuente con el actual entorno social y político español. 

Madrid, 14 de febrero 2017. APRI lleva desde el año 2007 reclamando la regulación del sector en línea con los principales estándares europeos que contemplan la creación de un registro de grupos de interés para hacer más transparentes las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública. Una herramienta que existe en Bruselas desde el año 2012 y que permite a los ciudadanos conocer las personas y organizaciones que desean influir en las decisiones públicas.

Tras la propuesta realizada por nuestro colectivo en el año 2013 y reflejada en iniciativas parlamentarias, nuestra asociación ha decidido ampliar su propuesta de regulación incluyendo aspectos esenciales para el correcto desarrollo de la actividad. Una actividad que creemos fundamental para cualquier democracia y que hay que llevar a cabo con la máxima transparencia, ya que esta es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en la legitimidad de los procesos legislativos, administrativos y de adopción de políticas públicas.

Para la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, “la nueva propuesta de APRI intenta ser consecuente con el entorno social y político en España posicionándose en defensa del ejercicio democrático de los profesionales del lobby, y de la demanda de transparencia de los ciudadanos”.

Por ello, APRI propone incorporar las medidas que permitirán garantizar de una manera efectiva el objetivo de transparencia y del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

La propuesta de APRI -texto completo en el enlace– debe considerarse en su globalidad, acompañada de un conjunto de medidas complementarias para dotar el registro de grupos de interés de la eficacia necesaria. La propuesta desarrolla los siguientes aspectos:

  • Mejor definición de grupo de interés (Art. 2.1)
  • Creación de un Registro Común y su adscripción al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Art. 3 y 4)
  • Mejor definición del ámbito de aplicación (Art. 7, 8 y disposición final 2)
  • Consecuencias de la inscripción detalladas y Código de Conducta (Art. 9 y 10)
  • Amplia definición de responsable público (Art. 2.3).
  • Mejor definición de derechos y obligaciones (Art. 11 y 12).
  • Agendas públicas (Art. 18 a 21)
  • Huella de la actuación pública (Art. 16)
  • Conflicto de intereses y puertas giratorias (Art. 22 y disposición final segunda)

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Una práctica controvertida durante los últimos años ha sido la de las puertas giratorias, entendida como el paso de cargos públicos al sector privado y su eventual regreso al sector público. Más allá de la demagogia, no se ve realmente dónde reside la gravedad del problema señalado, salvo que se pretenda imponer un tipo de político completamente profesionalizado que hace de las batallas orgánicas lo esencial de su tarea y que se vuelve lógicamente conservador en cuanto a su estatus, puesto que podría quedarse sin vida profesional o laboral fuera de las estructuras políticas.

Conviene acoger con cautela los discursos y los programas de algunos partidos sobre este asunto. Que haya personas favorables a vivir siempre de la política, o que dan el salto a la cosa pública tras una corta experiencia laboral, no implica que sea preciso condenar a la muerte civil al que deja la vida pública, ni forzar a la sociedad a indemnizarle de por vida. En sentido contrario, es inaceptable privar a la política de los conocimientos y experiencia de buenos profesionales. Que haya movimiento de sillas parece razonable, bastante más que la supresión pura y simple de esa posibilidad.

Asunto distinto es el necesario control. Deberían regularse tanto el tiempo que ha de transcurrir entre el cese en el cargo público y la asunción de otras actividades, como el pantanoso terreno donde pueden cruzarse los conflictos de intereses. Ahí es donde una regulación sensata y una buena práctica deberían impedir las negligencias. Resulta asimismo indispensable que se lleven a cabo los registros de grupos de presión, que no quedaron resueltos con la promulgación de la ley de transparencia.

Hay un terreno donde ha de acentuarse el cuidado. Se trata del paso de magistrados y jueces a la política, y de su regreso inmediato a la judicatura cuando lo desean. Al igual que lo dicho respecto a los conflictos de intereses, es evidente que quienes hacen uso del reingreso en la carrera judicial no deberían ocuparse de asuntos en los que estén implicados los políticos con los que acaban de confraternizar o a los que se han enfrentado. El poder judicial es independiente en España, por mandato constitucional, y sus titulares no pueden ser considerados simples miembros de una profesión que hoy son jueces, mañana políticos y pasado mañana jueces otra vez.

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El presidente electo de Estados Unidos,Donald Trump, ha impuesto un estricto código que impedirá a los que acepten un empleo en su Administración trabajar en los ‘lobbies’ una vez haya finalizado su vínculo con la Casa Blanca, según informó este miércoles su equipo de transición.

La medida tiene como objetivo evitar las puertas giratorias entre la Casa Blanca y los grupos de presión que abundan en Washington, uno de los principales caballos de batalla de Trump durante la campaña con el que pretendía denunciar la “corrupción” del sistema político.

“La clave para esta Administración será que la gente que salga del Gobierno no pueda utilizar esa experiencia para enriquecerse personalmente“, explicó el portavoz republicano Sean Spicer durante una conferencia telefónica con medios de comunicación. Quienes acepten la condición de Trump no podrán trabajar para los grupos de presión hasta pasados cinco años después de dejar su empleo gubernamental, una estricta medida que puede disuadir a algunos de sumarse al equipo del magnate.

Obama impuso un código menos restrictivo que tan sólo prohibía a los ex trabajadores usar sus influencias en la agencia gubernamental para la que habían trabajado, pero tenían vía libre con el resto del Gobierno. Además, el código prohibía ejercer como lobista pero no trabajar como abogado, consultor o asesor en las mismas funciones, una brecha que muchos han aprovechado.

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El Foro Empresarial APRI y EIC presentan la primera fotografía sobre el sector en España

  • Se trata del primer estudio elaborado a partir de la experiencia y opinión de los responsables de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos en España.
  • El estudio constata que los Asuntos Públicos están cada vez más integrados en la estructura corporativa de compañías y asociaciones empresariales, así como la creciente profesionalización de las relaciones institucionales.
  • Hay unanimidad en favor de un registro de representantes de grupos de interés. La transparencia, la regulación y el registro público son los factores que contribuirían a mejorar la percepción de la actividad del lobby en nuestra sociedad.

 

empresas-foroMadrid, 08 de noviembre de 2016. El Foro Empresarial APRI –integrado por las consultoras de Public Affairs y Relaciones Institucionales Burson-Marsteller, Political Intelligence, KREAB, Deva y Redondo y Asociados— junto con la Escuela Internacional de Comunicación (EIC) han presentado en Madrid el estudio “La visión empresarial de los Public Affairs en España”.

Son varios los resultados que se desprenden desde el estudio, entre ellos la relevancia que, para las asociaciones empresariales, tiene la inversión en consultoría de Public Affairs: más de la mitad declara que las acciones en materia de asuntos públicos suponen más del 10% de su presupuesto global anual. La mayoría de estas asociaciones esperan hacer una inversión similar en el ámbito de las relaciones institucionales para el siguiente ejercicio.

Asimismo, los profesionales de las relaciones institucionales declaran mayoritariamente reportar al Director General o Consejero Delegado de la compañía, lo que da fe del progresivo aumento de la importancia que se le concede a los asuntos públicos en las empresas.

Otra de las conclusiones que se obtienen de la investigación es la creciente profesionalización del lobby: la mayoría de las compañías trabajan con consultoras especializadas; y el 88% de las empresas repetirían las campañas contratadas con recursos externos.

En opinión de los profesionales de las relaciones institucionales, la transparencia, la regulación y el registro público son los factores que contribuirían a mejorar la percepción de la actividad del lobby en nuestra sociedad. Hay unanimidad de los encuestados en favor de un registro de representantes de grupos de interés, de la misma forma que ya ocurre en el ámbito comunitario (Comisión Europea o Parlamento Europeo) y, en nuestro país, en la CNMC o en la Generalitat de Catalunya.

En el acto de presentación del estudio, que ha tenido lugar en la sede de la Fundación Pons, la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, ha asegurado que “estamos en un momento político y parlamentario dialogante interesante en el que es muy importante que salga una buena regulación del lobby, principal objetivo de APRI, que desde el año 2007 ha visto en la regulación de la actividad una conditio sine qua non para reconocer y legitimizar la profesión.”

El debate posterior ha sido moderado por Carlos Sánchez, Director Adjunto de El Confidencial, quien ha desgranado los resultados del estudio junto con Carlos Balmisa –Director del Dpto. de Control Interno de la CNMC—, Joaquín Mollinedo –DG de RRII, Sostenibilidad y Marca de Acciona—, Juan Jesús García Sánchez –Head of Industry Affairs Europe de Amadeus IT— y Emilio Gallego –Secretario General de FEHR.

En breve, el estudio estará también disponible en la web de APRI.

 

Las presiones denunciadas por Pedro Sánchez por parte de Telefónica y Prisa para que no formara Gobierno con Podemos, han puesto encima de la mesa un viejo debate en España: la regulación de los lobbies y la fuerte relación que existe entre empresas y políticos. Un matrimonio fructífero, carente de transparencia, que conlleva que surjan dudas sobre “una actividad que es normal. Las corporaciones defienden sus intereses y exponen sus argumentos. Es parte de la economía de mercado en la que vivimos”, según explica Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Sin embargo, esa ausencia de transparencia es la que ocasiona los casos de corrupción, de puertas giratorias, de falta de confianza por parte de los ciudadanos.Por eso, el ex ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, ve necesario “adoptar medidas de transparencia para que los líderes políticos puedan conocer a las empresas más importantes de un país, y saber de primera mano sus necesidades y puntos de vista sobre su sector”.

Una situación que sí se vive en el epicentro del lobismo europeo: Bruselas. Allí, con la Comisión y el Parlamento en marcha, existe un nutrido grupo de presión compuesto por más de 8.500 miembros que gastan, anualmente, más de 3.500 millones de euros en influencia. Son datos públicos, que recoge Transparencia Internacional, y a los que ha tenido acceso Merca2.es. En ellos se puede comprobar cómo es precisamente Telefónica la compañía que más reuniones ha mantenido con dirigentes de la Comisión y el Parlamento: 37 desde que arrancó el gobierno de Jean Claude Juncker.

Encuentros logrados por sus seis lobistas que se han mantenido, en su mayor parte, con el área de Economía Digital. Destacan cinco citas (de las 37 registradas) con el Comisario del área, Günther Oettinger, con el que se trataron temas relacionados con el mercado único digital.

Le siguen, a continuación: Gas Natural Fenosa con 19 reuniones; Banco Santander (18); Iberdrola (18) y Repsol (13). En total, este Top 5 invierte 3,4 millones de euros en este tipo de acciones.

En contra de lo que puede parecer, y de que sean compañías del Ibex 35, no son las que más gastan. La palma se la lleva Secure Electronic Voting (Scytl), que se deja más de 44 millones de euros y, sin embargo, no ha mantenido ni una sola reunión. Eso sí, cuenta con un representante que trata de influir en el proyecto de reforma electoral, según confiesa la propia empresa.

Le siguen otras menos conocidas, aunque en el Top 5 encontramos al Real Instituto Elcano (3,3 millones) y la Asociación Española de Banca, la patronal bancaria, que presupuesta 3 millones de euros y tiene a cinco personas contratadas para ejercer presión en las leyes.

Los lobbies españoles cuentan, en total, con 113 lobistas profesionales acreditados en el Parlamento Europeo, y su presupuesto total asciende a más de 74 millones de euros.

No sólo las empresas están allí registradas. Encontramos también a patronales como la CEOE, que cuenta con 5 personas y un presupuesto de 700.000 euros; o alguna de sus territoriales como la CEOE de Tenerife, la de Teruel o la de Cantabria. Aparecen también otras como la patronal farmacéutica, Farmaindustria; la Asociación Española Hipotecaria o el sindicato Comisiones Obreras.

Por cierto, que el español Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía, es el que más encuentros mantiene con estos grupos de presión: 350 desde que llegó al cargo. Se ha visto las caras con empresas y organizaciones de media Europa, entre ellas españolas como: Acciona, Cepsa, la Asociación Española Eólica, la Asociación Española de Cogeneración, UNESA, o Gas Natural Fenosa.

Como pueden ver una publicidad que se da en Bruselas, pero que en España es imposible. Por eso, los expertos reclaman más transparencia, pero también trazar la llamada Huella Legislativa que permite seguir la trazabilidad de una norma. Los primeros pasos se han dado, con la Ley de Transparencia de la Generalitat, o con algunas normas en Madrid y Barcelona. Sin embargo, y a tenor de lo declarado por Sánchez, parece que son insuficientes y se necesita avanzar en una norma Estatal.

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