Santander, 19 abr (EFE).- Podemos ha presentado 34 enmiendas a Ley de Transparencia en las que defiende que se dé publicidad a las cuentas públicas y sus movimientos, la creación de un registro de lobbies y el derecho al anonimato.

Podemos explica en un comunicado que en septiembre presentó una proposición de ley de Transparencia y Participación para Cantabria, en su opinión prioritaria para la regeneración democrática, que ha sido recogida en el 80 por ciento del articulado del proyecto que tramita el Parlamento.

Con las enmiendas, la formación morada busca enriquecer el texto y mejorar aspectos de la ley que, bajo su punto de vista, la «ensombrecen», como el régimen sancionador o la constante remisión a a Ley Estatal del PP.

Podemos propone que se declaren abiertas y accesibles todas las cuentas bancarias abiertas a nombre de la administración pública o sus entes, para que los ciudadanos no solo puedan ver los saldos, como propone el Gobierno, sino todos los movimientos como una garantía fundamental para el cumplimiento de la función de evaluación de las políticas públicas.

Podemos, además, incorpora un nuevo título que persigue la creación de un Registro de lobbies en el que se inscriban y controlen las personas físicas y jurídicas, así como entidades sin personalidad jurídica que actúan con el objetivo de hacer valer algún interés en la elaboración de la normativa municipal o autonómica, en el diseño de políticas municipales o autonómicas o en la toma de decisiones de las entidades públicas locales o regionales, así como sus organismos autónomos.

Según Podemos, hoy en día la mayor parte del lobby que se practica en España es profesional y legítimo, por lo que ellos son los primeros interesados en que se regule esta actividad y se la dote de transparencia con el fin de que los ciudadanos conozcan verdaderamente en qué consiste y se ponga las cosas más difíciles a quienes rozan el tráfico de influencias o la extorsión.

Con estas enmiendas, también se busca lograr la completa accesibilidad a los documentos, por lo que el diseño deberá ser adaptado y accesible para todas las personas; que todos los documentos que se utilicen en la administración sean públicos, y que la administración acuerde multas coercitivas en caso de no facilitar a los ciudadanos la información en plazo.

Otras enmiendas se dirigen a que el acceso a la información se produzca sin «cortapisas», garantizando el anonimato cuando la identificación del solicitante no sea necesaria para procesar la solicitud.

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