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El Gobierno autonómico acoge en la futura Ley de Transparencia, cuyo anteproyecto está en tramitación, el criterio conjunto del Consejo de Transparencia y de la Agencia de Protección de Datos para la elaboración de una agenda de transparencia para los cargos públicos.

De esta forma, la futura norma autonómica tendrá en cuenta las consideraciones de estos órganos nacionales relativas al acceso de la información por la condición de responsable público y la difusión de los datos de carácter personal.

Así lo ha comunicado este miércoles el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, quien ha resaltado la “importancia” de introducir los criterios interpretativos acordados por estos organismos nacionales con el fin conciliar “desde el primer momento el derecho a saber con la adecuada protección de los datos personales”.

En esta línea, ha destacado el trabajo desarrollado hasta el momento por su departamento para analizar las experiencias en la aplicación de la Ley de Transparencia nacional y del resto de comunidades autónomas y “aprender de lo mejor de esas iniciativas”.

La agenda de transparencia de los altos cargos ha sido uno de los principales temas abordados esta semana en la IV Reunión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que también se cerraron los criterios que evaluarán de forma común el cumplimiento de la transparencia en el conjunto del Estado y que serán de aplicación a partir de 2017.

El Gobierno de Cantabria también ha decidido sumarse a este criterio común, que permite consolidar los procesos de evaluación de la transparencia al no realizarse por agentes privados ni en virtud de interpretaciones sin homogeneizar. Además, todas las comunidades y el Estado tendrán el mismo medidor, que solo variará en función de las exigencias que plantee cada legislación autonómica.

40 RECLAMACIONES EN AYUNTAMIENTOS

Este encuentro, al que asistió por parte del Gobierno de Cantabria el director general de Servicios y Atención a la Ciudadanía, Bernardo Colsa, ha servido para hacer balance de las comunidades autónomas que tienen suscrito el convenio con el Consejo de Transparencia para la atención a las reclamaciones. Se trata de Asturias, La Rioja, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y, en breve, se sumará Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En Cantabria se han presentado 40 reclamaciones, todas referidas la administración local y, concretamente, a los ayuntamientos de Castañeda, Miengo, Torrelavega, Reocín, Santander y Cillorigo de Liébana, según informa el Gobierno regional en nota de prensa.

Otro de los temas que se abordaron en la reunión fue la incidencia de la aplicación de la Ley del procedimiento común de las Administraciones públicas y los certificados electrónicos, la ley 39/2015, en la implantación de la transparencia.

En este sentido, de forma unánime, las comunidades autónomas han apostado por primar la comunicación, al menos en la materia del derecho de acceso, por cualquier vía, sin necesidad de exigir el certificado electrónico. Para avanzar en este tema se ha creado un grupo de trabajo.

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Las campañas de comunicación se han convertido en una de las armas más potentes para conseguir llamar la atención de los decisores en los órganos de decisión de la Unión Europea. A las tradicionales agencias de noticias y medios de comunicación especializados en la actualidad del Parlamento y la Comisión se suman las redes sociales. Russell Patten, CEO de Grayling Bruselas y Chairman de Asuntos Públicos para EMEA de la agencia de comunicación desvela cuáles son los medios de comunicación con más influencia y cómo utilizarlos para hacer lobby en Europa.

La mayor profesionalización del lobby y el acceso a los medios de comunicación de masas han provocado que cada vez más los encargados de legislar y tomar decisiones en el seno de la Unión Europea se dejen influenciar irremediablemente por los medios de comunicación, que actúan en muchas ocasiones como factores determinantes en la puesta en marcha de leyes o regulación. Muchas consultoras de lobby y asuntos públicos saben que un titular en el medio de comunicación adecuado en el momento justo puede cambiar la decisión de los europarlamentarios.

Según Russell Patten, CEO de Grayling Bruselas, “para hacer lobby es clave acudir a las tres instituciones europeas, es decir, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. Además, se necesita ser activo no solo en Bruselas, también las otras capitales europeas, Estrasbursgo y Luxemburgo”.

Pero en las estrategias de lobby y asuntos públicos en la Unión Europea también son claves los medios de comunicación. Aquí los diferentes medios se eligen dependiendo de su difusión. Así, las cabeceras que más influencia tienen en Bruselas son EurActiv, ENDS, Europolitics, Euronews o euobserver.com. A nivel internacional las agencias de noticias Reuters, Bloomberg o Financial Times son los medios por excelencia. Pero también las redes sociales se han convertido en medios capaces de ejercer presión sobre los órganos de decisión, como Twitter, Facebook o Linkedin.

Además de una correcta estrategia en medios de comunicación, Russell Patten apunta una serie de consejos para hacer lobby en Bruselas:

  • Conocer el proceso, así podemos intervenir en el momento preciso: “cuanto antes, mejor”
  • Operar en los tres órganos de decisión en Bruselas y en las instituciones clave de los estados miembros
  • Asegurarse que los mensajes clave son verdaderos y sólidos
  • El medio es el mensaje, así que asegúrate que tu interlocutor es creíble
  • Usar prescriptores del tercer sector y stakeholders que te den credibilidad
  • Espera lo inesperado y monitoriza
  • El lobby trata de encontrar soluciones y compromisos

 

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“!Qué hambre tengo! Búscame un lobista que me invite a comer”, espeta a su asistente un congresista en la serie americana Veep. Y tiene gracia, la verdad. Esta idea del lobista, como rara avis que sobrevuela parlamentos y ministerios en busca de nada bueno, triunfa. Podría haber sido peor, y que el congresista dijera “¡No tengo pasta! Búscame un lobista que me pague una comisión” o “¡Me echan del partido! Búscame un lobista que me haga consejero”. Es un chiste multimodal y archigracioso, admite múltiples combinaciones y todas hacen gracia. Prueba.

Existe en el imaginario colectivo un lazo que une la palabra lobista con el código penal. Es un lazo invisible o, si prefieres, un presunto lazo. Dejé de encogerme de hombros por esta analogía el día en que, en una reunión con un diputado, al hacerle entrega de un sobre, el diputado levantó las manos como si le apuntara con un arma. Tardé unos segundos en comprender el terror de sus ojos. Abrí el sobre ante su mirada perpleja, extraje con sumo cuidado las fotografías de la entrega de premios a la que había asistido el diputado y su equipo y se las mostré. Guardé el sobre, entregué las fotos, nos dio la risa. Fue un momento sobre-cogedor. Otro de los clásicos entre el humor de mis colegas. La risa como mecanismo de defensa.

De regreso a la oficina pensaba en Olivia Pope y en Remy Danton. Las fotos y yo éramos el antihéroe. La ficción como abismo insondable. Y pensé en el propósito de la acción de lobby. Salía de una reunión de trabajo, en la que solo había querido ser amable, y cuyo objeto era trasladar las conclusiones de un informe internacional sobre un asunto en pleno proceso de regulación. Si no hubiera sido por la risa y la ficción habría creído que la reunión y su contenido tenían valor para ambas partes. La privada, sí, pero la pública también.

Entre lo público y lo privado

Naturalizar el diálogo entre lo público y lo privado es un síntoma de madurez democrática. Más si cabe, en un contexto complejo, volátil e interdependiente como el actual. Las soluciones políticas ya no podrán ser unilaterales. Y, con huella legislativa, las soluciones políticas ya no podrán ser de parte. Lo veremos en los próximos me… años.

Regulación del `lobbying´

Solo nos falta un Gobierno y un Parlamento plenamente operativos para que la regulación del lobbying sea una realidad en nuestro país. Una regulación entendida como respuesta a una sociedad que reclama transparencia y trazabilidad en la toma de decisión pública. Ya hay iniciativas activas en varias autonomías y ayuntamientos y la propia CNMC se sumó hace unos meses, con la puesta en marcha de un registro de lobistas y la publicación de la agenda de sus altos cargos. Es un camino de no retorno y el reto no es hacerlo, sino hacerlo bien.

Pero nos faltan referentes y nos sobran recelos (y humor y ficción). Dice el filósofo Javier Gomá que, “en esta época postnihilista, en la que el autoritarismo y coerción han perdido definitivamente su poder cohesionador, solo la fuerza persuasiva del ejemplo virtuoso es capaz de promover la auténtica emancipación del ciudadano”.

Nos faltan referentes, comentaba antes de la digresión. La sociedad y la política están cambiando y nosotros, los grupos de interés y lobbies, hemos de hacerlo con ella. Pero hay poca literatura en español sobre lobbying, poca investigación en nuestras universidades, muy poca oferta formativa y muy pocos casos de éxito publicados y de los que aprender. Aún trabajamos en el apagón. Por eso, es una muy buena noticia que la Universidad Carlos III de Madrid y LLORENTE & CUENCA se hayan unido para poner en marcha el Título de Especialista en Asuntos Públicos y LobbyingNecesitamos contribuir entre todos a la profesionalización de la acción de lobby, como ese intercambio, legítimo y veraz, de información relevante que aspira, desde las empresas, las ong, las patronales o los sindicatos, a influir en la toma de decisión pública. Para que, poco a poco, el humor y la ficción ocupen su lugar y dejen a la realidad el espacio que le corresponde en la construcción democrática. Este debería ser un compromiso de todos. Búscame a ese lobista.

Autora: Carmen Muñoz

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Horacio González Alemán 

Miembro de APRI y Profesor Instituto Internacional San Telmo

A principios de Mayo 2016 el Parlamento Europeo organizó en Bruselas un interesante Audiencia pública sobre el Registro Europeo de Transparencia , en un nuevo intento de someter a debate su recurrente pretensión de establecer un sistema obligatorio para ordenar esta actividad que comúnmente se conoce como lobby.

La iniciativa se lleva en paralelo a la reciente decisión de la Comisión Europea de abrir una Consulta Pública 1 sobre la necesidad de contar con un registro obligatorio para todos aquellos agentes de la sociedad civil , un compromiso que adquirió Jean Claude Juncker entre sus objetivos políticos cuando fue elegido como presidente de la Comisión Europea.

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Esteban Egea Reunión C'sCon motivo de la presentación de la Ley integral de lucha contra la corrupción y protección de denunciantes el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha organizado, hoy miércoles, una sesión de trabajo informativa sobre los aspectos más relevantes de esta iniciativa, ya registrada en el Congreso de los Diputados.

En la reunión, presidida por el líder de C’s Albert Rivera, han participado el Vicepresidente primero del Congreso, Nacho Prendes; la portavoz del GPC’s en la Comisión de Justicia, Patricia Reyes; y el presidente de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales, Toni Cantó. Al encuentro han asistido la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, y el Secretario, Esteban Egea, junto con representantes de Hay Derecho, Foro por la Transparencia, Civio, Change.org, Politikon, +Democracia y Transparencia Internacional.

En su intervención, María Rosa Rotondo ha hecho hincapié en la necesidad de regular el lobby, objetivo que APRI lleva persiguiendo desde el año 2007. Este aspecto queda recogido en la propuesta de C’s, aunque hay más temas que se podrían profundizar -según subrayó la Presidenta Rotondo- tal como la regulación de las puertas giratorias, las agendas públicas o un código de conducta más detallado y en línea con los estándares europeos.

Asistentes Reunión C'sOtros puntos firmes que desde APRI creemos fundamentales para una buena regulación, y que Rotondo le ha trasladado al grupo de C’s en su intervención, son la obligatoriedad y universalidad del registro ante la proliferación de regulaciones en materia en nuestro país. Así como el concepto más amplio de huella de la actuación pública que se está desarrollando desde la asociación, y que hay de incluir en la regulación del lobby.

Desde APRI aplaudimos y evaluamos positivamente la iniciativa de Ciudadanos, aunque nos gustaría subrayar -como llevamos haciendo desde hace tiempo- que la regulación del lobby responde a una necesidad de transparencia de nuestra sociedad y no para luchar contra la corrupción.

Los ciudadanos piden la publicación en el Portal de la Transparencia de las agendas de “todos los altos cargos y diputados/senadores”, así como la creación de un registro del lobby. Así figura en las alegaciones que los españoles han presentado al III Plan de Gobierno Abierto de España para llevar a cabo entre 2016 y 2018 y cumplir sus compromisos con la organización internacional Open Government Partnership integrada por 60 países. El Ejecutivo deberá incorporar al Plan una selección de estas iniciativas.

En estas alegaciones se pide la publicación de las agendas de trabajo completas con inclusión de “todas las reuniones profesionales”, salvo las que tengan que ver con asuntos de seguridad nacional o pongan en peligro la vida y la seguridad de las personas implicadas.

“Se informará de los interlocutores, el motivo de la reunión, los documentos tratados y su impacto en la normativa final”. Además, para poder exigir cuentas a nuestros representantes, “es importante conocer con quiénes se reúnen y a qué acuerdos llegan, y saber si, a la hora de aprobar una norma, el interés común prevalece sobre los intereses de terceros”. Los grupos de interés no están regulados ni controlados en España. Por ello, se pide la creación de un registro que “incluya a todas las personas sin excepción que se reúnan con representantes políticos” para intentar influenciar en la tramitación de una norma o negocien precios u otro tipo de colaboraciones.

También se solicita que se establezca un control sobre las puertas giratorias de altos cargos y funcionarios. Las vueltas que dan estas puertas pueden tener impactos problemáticos en el proceso de toma de decisiones en dos situaciones. Una, el funcionario que espera trabajar en el futuro en una empresa privada “podría tomar decisiones favorables para mejorar sus oportunidades personales o por amistad”. Y dos, aquélla en que la empresa del lobby aprovecha los contactos de sus nuevos empleados en antiguos trabajos públicos “para que presionen en los procesos legislativos por su conocimiento del sistema, de las personas que forman parte del mismo y responsables de tomar decisiones definitivas”. Se propone fijar “un período de enfriamiento mínimo para que los altos cargos no puedan ejercer funciones de lobbistas” y asegurarse que la ley actual se cumple o si está dotada de independencia sobre la poco transparente Oficina de Conflictos de Intereses.

Entre otras alegaciones figura además habilitar un sistema de protección a los funcionarios que revelen la corrupción y crear un organismo de control de contratos públicos. También se pide la publicación de las actas de los órganos colegiados sobre contratación pública, subvenciones o financiación de los partidos;o la lista de espera de la sanidad o de quienes tengan vivienda pública.

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El Registro de Grupo de Interés o ‘lobbies’ creado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alcanzado, seis meses después de su lanzamiento, los 300 inscritos, aunque solo cuenta con tres empresas del Ibex 35 apuntadas a él.

En concreto, Telefónica, Red Eléctrica de España (REE) y Cellnex Telecom son las únicas de las 35 ‘grandes’ cotizadas que figuran inscritas en el registro, una iniciativa con la que el organismo presidido por José María Marín Quemada pretende identificar y normalizar la actividad de estas organizaciones.

En el registro también figuran el nombre de otras empresas como Bombardier, BlaBlaCar, Correos, British American Tobacco España o EasyJet, entre otras, pero en su gran mayoría el número de registrados corresponde a las patronales empresariales.

Entre ellas, figuran la CEOE, que se adhirió a principios de abril, la patronal de la banca AEB, la de grandes consumidores eléctricos AEGE, la de gasolineras Ceees, la automovilística Anfac, la de constructoras Seopan, la eléctrica Unesa, la de renovables APPA, la de seguros Unespa, la de la industria agroalimentaria FIAB, la farmacéutica Farmaindustria o la de cajas de ahorros CECA.

Además, también se han dado de alta en el registro asociaciones de consumidores como OCU, la Confederación Española de cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispaccop) o la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

En una entrada en su blog, la CNMC considera que aunque ya son varias las grandes empresas inscritas, deberían ser “un mayor número de estas organizaciones, vertebradoras de la vida económica de este país, las que se sumasen a esta apuesta por una relación transparente con el organismo que supervisa y regula los mercados, garantizando asimismo un saludable nivel de competencia en nuestra economía”.

El Registro de Grupos de Interés creado por la CNMC, de carácter público y gratuito, tiene como objetivo crear un mecanismo institucional que haga transparente, de la forma posible, la contribución externa a la actividad de la Comisión, en cualquiera de sus vertientes.

La adhesión al Registro de Grupos de Interés implica la asunción de un decálogo ético que recoge los principios de actuación en las relaciones con los miembros de la CNMC (presidente, consejeros, directores y técnicos).

Pueden adherirse al registro empresas y grupos de empresas; asociaciones profesionales, empresariales o sindicales; consultorías profesionales; despachos y bufetes colectivos, asociaciones, plataformas y redes; grupos de análisis y reflexión e instituciones académicas, entre otros.

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La labor de los lobbies no es buena ni mala en sí misma. Compañías, patronales, organizaciones sociales u otras entidades se dedican a trasladar sus puntos de vista y sus conocimientos avanzados sobre una materia a las instituciones encargadas de regularla, con el objetivo –claro- de que la normativa sea lo más acorde posible a sus intereses.

Con la transparencia suficiente para evitar presiones improcedentes y garantizando la independencia plena de los reguladores para no plegarse a posiciones contrarias al interés general por la presión de los lobbies, la tarea de las compañías directamente afectadas –o de las empresas subcontratadas por estar especializadas en las relaciones con la Administración- que busca de influir en el marco normativo no levantaría demasiadas suspicacias. O al menos no tantas como hasta ahora.

El problema son las dudas acerca de si el lobby se realiza con esa transparencia y si se soporta con independencia real por parte de las Administraciones. Una incertidumbre que aviva el hecho de que la labor del lobby no cuente con una regulación específica en muchos países (entre ellos, España o el conjunto de la Unión Europea).

A la espera de que llegue regulación, algunos estudios confirman el gran partido que las empresas son capaces de sacarle al lobby, con un impacto directo en el incremento de su rentabilidad. Según un reciente informe de James Bessen, economista y profesor de la Boston University School of Law, las inversiones en lobby y actividades políticas se han convertido en el parámetro con mayores márgenes de rentabilidad para las empresas y en un aspecto primordial en el incremento de los beneficios corporativos.

En el estudio se analizan la evolución de los beneficios de las compañías estadounidenses desde 1970 y la evolución en el mismo periodo de los márgenes de rentabilidad de las inversiones en capital, en equipos, en investigación y en lobby, entre otros aspectos. Los resultados, recogidos en Harvard Business Review, desvelan que hasta aproximadamente el año 2000 el factor que más influía en el incremento de los beneficios de las empresas era la inversión en I+D, pero con el nuevo siglo la inversión en lobby y en labores políticas y de regulación se ha colocado como el principal factor en los resultados de las empresas con carácter general.

Según otro estudio elaborado por profesores de la Universidad Washington y Lee y la Universidad de Kansas, el retorno económico de las actividades de lobby sería absolutamente disparatado. El informe, datado en 2009, por cada dólar invertido por las compañías en influir en la regulación que le afecta acabarían obtenido 220 dólares.

Los sectores que se verían más directamente beneficiados por la labor de sus compañías en lobby, y dada su dependencia de sus actividades en relación a los marcos regulatorios, son fundamentalmente cinco: el sector farmacéutico y químico, petróleo, equipos de transporte y defensa, servicios públicos y comunicaciones. De hecho, estos cinco sectores ven condicionado prácticamente todo el margen de beneficio en función de influencia política, al menos en Estados Unidos (aunque es evidente que no sólo y que el escenario se repite en otras latitudes).

El impacto del lobby en los resultados de las compañías va mucho más allá de la mera consecución de una rebaja de impuestos (que de manera evidente permite elevar el beneficio), y contempla otros escenarios más complejos. De hecho, Bessen apunta casos en que las leyes en que aumentan los estándares de seguridad y las exigencias medioambientales pueden acabar elevar los beneficios de las empresas afectadas al impedir que otras nuevas compañías entren en el mercado.

Autor:  Raúl Hernández González

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Los días 24 y 25 de mayo de 2016, la Universidad Nebrija acoge en su Facultad de Ciencias de la Comunicación del Campus La Berzosa, el I Congreso Internacional Nebrija PIATCOM: “Tendencias, Competencias y Perfiles Profesionales en el sector de la comunicación”.

El análisis de las tendencias, los nuevos perfiles profesionales y las competencias que se requieren en el sector de la comunicación marcan el objetivo primordial de este Congreso, cuyo fin es responder a las necesidades profesionales que demanda el sector y su aplicación a la formación universitaria.

En él se darán a conocer los estudios e investigaciones en torno al ámbito de los medios de comunicación, la publicidad y la comunicación institucional por parte de profesores, investigadores y profesionales del sector. Los interesados en asistir tienen hasta el 6 de mayo para inscribirse a través de la página web www.congresopiatcom.com

Este primer Congreso Fundacional, de carácter internacional, constituirá un punto de encuentro donde los colectivos implicados en el sector puedan generar análisis, observaciones y contenidos de relevancia acerca de temas relacionados con la Comunicación y su formación en la universidad.

El Congreso surge dentro del marco PIATCOM (Plataforma Iberoamericana de Análisis de Tendencias en Comunicación), un proyecto impulsado por la Universidad Nebrija en colaboración con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC) y la Escuela de Administración de Negocios (EAN), el cual, pretende configurarse como un Observatorio Internacional de referencia.

Entre los fines de APRI figura el de contribuir a la profesionalización del sector, también a través de la colaboración con universidades, escuelas de negocio y centros de formación.

Por la importancia de la temática y la creciente inclusión de los Public Affairs y de las Relaciones Institucionales en las nuevas tendencias en comunicación, también nuestra asociación ha decidido colaborar y apoyar la iniciativa.

Ayer, viernes, la Vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros contestó a una pregunta sobre los casos de corrupción de su partido mencionando el documento “Cinco acuerdos para el consenso” en el que el partido propone la regulación de los lobbies como medida anticorrupción.

Nuestro colectivo rechaza que se mezcle nuestra actividad con comportamientos delictivos, que los profesionales del lobby somos los primeros en rechazar tajantemente y que deben ser corregidos con toda energía.

En APRI consideramos que una adecuada regulación de nuestra actividad es fundamental para el desarrollo democrático y el pluralismo en nuestra sociedad y que la nuestra es, en todo caso, una cuestión relacionada con la transparencia y con el fomento de la participación de la sociedad civil en su conjunto en los asuntos públicos.

En este sentido, la asociación ha presentado en las últimas legislaturas a todos los partidos políticos suPropuesta de Creación de un Registro por la Participación y la Transparencia. Fruto de esta labor es la inclusión de la regulación de los lobbies en los programas electorales de los principales partidos durante las últimas elecciones generales, por lo que estamos convencidos de que esta cuestión será abordada en la próxima legislatura.

Es también noticia de hoy, sábado, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene prevista la instauración de un registro de lobbies.

APRI ha colaborado, y seguirá haciéndolo, con los partidos políticos, las instituciones y la sociedad en su conjunto con el fin de promover una regulación adecuada que garantice el efectivo derecho a la participación de la sociedad civil en condiciones de  transparencia e igualdad.

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