España se encuentra en un momento decisivo. Tras años de debates, recomendaciones internacionales y avances incompletos, nuestro país tiene ante sí la oportunidad —probablemente la última en décadas— de dotarse por fin de una Ley de Transparencia y de Actividades de los Grupos de Interés capaz de garantizar reglas claras, integridad institucional y una participación ordenada de la sociedad civil en los asuntos públicos.
La regulación está siendo tramitada en el Congreso y su aprobación no puede demorarse ni un día más. Por ello, los profesionales de los asuntos públicos, relaciones institucionales y lobby exhortamos a todos los grupos parlamentarios a actuar con responsabilidad y sentido de Estado para ofrecer a España la regulación que nuestra democracia merece: una norma que aporte transparencia y conocimiento a la actividad de participación de los grupos de interés en la vida pública. Es una oportunidad histórica para nuestra democracia. Si no se aprovecha ahora, pasarán años —incluso décadas— hasta que vuelva a presentarse.
La participación organizada de empresas, asociaciones, universidades, organizaciones sociales, sindicatos, ONG, fundaciones y otros actores es una garantía democrática. El diálogo entre sociedad civil y poderes públicos aporta conocimiento experto, identifica problemas reales y mejora la calidad de las decisiones públicas. Esa participación necesita reglas. Necesita seguridad jurídica. Y necesita un marco transparente que genere confianza en nuestra sociedad.
Los profesionales de los asuntos públicos somos el puente entre estos intereses legítimos y las instituciones. Ejercemos esta labor con ética, honradez y un profundo compromiso democrático. El sector de los asuntos públicos se consolida como un pilar del funcionamiento de las democracias contemporáneas gracias a este desempeño ético y responsable de los profesionales, pero también a la intensa labor investigadora y docente de universidades y centros de investigación especializados, que generan conocimiento y estándares en ámbitos como la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, cuestiones capitales para el correcto funcionamiento de las democracias y para la mejora de la toma de decisiones de políticas públicas.
Por ello, juntos, reclamamos, con espíritu constructivo pero también con firmeza, que la puesta en marcha de la regulación aporta garantías a todos: ciudadanos, instituciones, sociedad civil y profesionales.
1. Urgimos a aprobar una regulación clara y efectiva
España no puede seguir siendo una excepción en Europa. La ausencia de una ley específica alimenta la confusión, la desconfianza y la incertidumbre en la relación entre sociedad civil y poderes públicos. El proyecto actualmente en tramitación representa una oportunidad histórica para situar a nuestro país al nivel de los estándares internacionales de transparencia, integridad pública y buen gobierno. La regulación debe aprobarse sin demora y debe estructurarse de forma equilibrada, garantizando tanto la transparencia en la actuación de los grupos de interés como la integridad y responsabilidad de los cargos públicos, que aseguren un marco claro, accesible y plenamente alineado con los estándares internacionales entre los que se encuentran:
- Normas claras, homogéneas y comprensibles para ordenar la interacción entre representantes de intereses y responsables públicos.
- Transparencia en agendas y reuniones, con obligaciones proporcionalmente similares para actores privados y públicos.
- La creación de una “huella normativa”, que permita rastrear qué actores han participado en la elaboración de una ley o norma y qué aportaciones se han realizado.
- Mecanismos de supervisión independientes, con capacidad sancionadora y criterios objetivos.
- Garantías para que la participación sea plural, accesible y equilibrada, evitando sesgos o privilegios.
2. Trabajamos con honradez y defendemos con orgullo nuestra profesión
Somos profesionales que actuamos con legalidad, ética y rigor. Nuestra labor consiste en trasladar a las administraciones públicas el punto de vista de nuestras organizaciones y de las entidades y colectivos que confían en nuestra capacidad para hacer oír sus necesidades. Lo hacemos con transparencia, honradez y convicción de que nuestra labor ayuda a mejorar la calidad del proceso democrático.
3. Una actividad necesaria que mejora las políticas públicas
El diálogo entre sociedad civil y poderes públicos permite leyes y políticas más realistas y eficaces. El artículo 9.2 de la Constitución exige que los poderes públicos faciliten la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. Para lograrlo, son necesarios canales ordenados, accesibles y regulados.
4. Una parte esencial de cualquier proceso democrático avanzado
Las actividades de influencia de los grupos de interés son un mecanismo legítimo de participación. No es un atajo, ni un privilegio, sino la expresión organizada de la pluralidad social. Nuestra labor ayuda a que los responsables públicos conozcan las implicaciones técnicas, sociales y económicas de sus decisiones.
5. Solo podemos hablar de lobby profesional cuando se ejerce con transparencia y rigor
Condenamos cualquier práctica opaca, ilícita o contraria a la ética. Esas conductas no forman parte de la práctica profesional y deben ser perseguidas. La regulación contribuirá a diferenciar la práctica profesional legítima -que contribuye al buen funcionamiento democrático- de las conductas que distorsionan la actividad y dañan la confianza pública.
6. El lobby es una profesión legítima, necesaria y plenamente integrada en las democracias avanzadas
Contribuye a mejorar las políticas públicas al aportar información, experiencia y perspectivas diversas a la toma de decisiones. Nuestra actividad se basa en valores claros, códigos de conducta exigentes y una función democrática clara. Una regulación adecuada reforzará esta comprensión y dignificará aún más nuestra labor.
7. Defender intereses legítimos es parte de la democracia
La representación de intereses — ya sean empresariales, sociales, sectoriales o ciudadanos— es un elemento legítimo y necesario de cualquier democracia plural. El legislador es quien debe ponderarlos y decidir, pero su trabajo mejora cuando dispone de información precisa, diversa y contrastada. Nuestra tarea es facilitar esa escucha responsable y contribuir a que las decisiones públicas se tomen con el mayor conocimiento posible.
8. Queremos que la sociedad valore nuestro papel
Trabajamos con transparencia, profesionalidad y vocación de servicio para que la ciudadanía comprenda el valor democrático de nuestra profesión. La regulación que pedimos no solo nos dignifica, sino que fortalece la rendición de cuentas, aumenta la confianza institucional y mejora la calidad democrática.Por todo ello, los firmantes de este manifiesto reiteramos nuestra voluntad de trabajar con integridad y de impulsar una regulación que España necesita ahora. Apelamos al sentido común y a la responsabilidad de los representantes públicos para que dejen a un lado cálculos o estrategias partidistas en una reforma puramente estructural de nuestra democracia, y den el paso decisivo que la ciudadanía y en especial los profesionales esperan, aprueben la Ley de Transparencia y de Actividades de los Grupos de Interés. Es una decisión sencilla, necesaria y beneficiosa para todos. Por una actividad de representación de intereses regulada y digna, al servicio de una democracia más participativa, plural y robusta.
Este manifiesto es una iniciativa de profesionales del lobby en España, muchos de los cuales forman parte de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI). Aunque la iniciativa cuenta con el respaldo de la asociación, su vocación es aglutinar a todos los colegas del sector comprometidos con la consecución de una regulación que refuerce el valor y posicionamiento de la profesión. Los firmantes se van añadiendo cuando llegan 5 nuevas firmas.
FIRMANTES (26 de enero, 2026):
FIRMANTES:
- Carlos Parry, Europe Healthcare Lead, Public Affairs en LLYC
- Irene Matías, socia directora de Advocacy Academy
- Nicolás Rodríguez-García, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Salamanca
- Joan Navarro, Presidente del Instituto Europeo de Asuntos Públicos y Gobierno, AP institute – Universidad Nebrija
- Nuria Masana, directora corporativa de Asuntos Publicos, Comunicación y Marketing de la Asociación Española contra el Cáncer
- Gerard Guiu, director general de ANDEMA
- David Álvaro, director general de ACENTO Public Affairs
- Carmen Muñoz, directora en Silverback Advocacy
- Jorge Aliende, director general de APRI
- Juan José Rastrollo Suárez, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca
- Adriana Bonezzi, directora general de Marcas de Restauración
- Yolanda Vega, VP director Public Affairs en Burson
- Carlos Ruiz Mateos, director general adjunto de ACENTO Public Affairs
- Elia Ferrer, directora de Políticas Públicas en Just Eat España
- Miguel Ángel Villanueva, director de Relaciones Institucionales en Legálitas
- Andrea Vota, director de Public Policy & Regulatory Affairs para el Sur de Europa en Bolt
- Borja de la Torre, vocal de la junta directiva de APRI
- Horacio González Alemán, director en Thoffood
- Alicia Azaña, directora de Relaciones Institucionales en CM Alcor
- Montserrat Escudero, directora en OMNICOM Public Affairs
- Víctor Rodríguez, técnico de Asuntos Públicos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España
- Jorge Hernández, manager de la EC2U Alliance en la Universidad de Salamanca
- Diego Bayón Mendoza, socio Incidencia Pública, Harmon Corporate Affairs
- Carolina González Zabala, consultora senior de Relaciones Institucionales
- Esteban Egea, socio fundador de APRI
- José Luis Ortiz, director de relaciones institucionales en ZTE España
- Amir Campos, director de Schuman Associates para España y Portugal
- Laia Bosch, responsable de Asuntos Públicos en España de eDreams ODIGEO
- Pilar Martínez, directora de Asuntos Públicos en Bolsas y Mercados BME-Six Group
- Javier Ballina, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Oviedo
- Eliezer Santana, director de Asuntos Corporativos en 22Grados
- Marc Martínez, responsable de Políticas Públicas en Glovo España
- Verónica Somodevilla, directora de relaciones institucionales en Italfarmaco
- Joaquín Mouriz, director de marca, comunicación y experiencia cliente en BNP Paribas Personal Finance España
- Agustín Baeza, director de Advocacy Academy
- Alejandro Manso, Public Affairs Director en LLYC
- José Portilla, director general de Sernauto
- José Manuel Garrido , director de Relaciones Institucionales de Cajasiete
- Roxana Iliescu , Business Support and RRII
- Luis Suárez de Lezo, vicepresidente Ejecutivo en la Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA
- Abel Morales, abogado en Am-Asociados
- Ángel Guillén, profesor de Derecho la Universitat de València
- Lidia Curto, directora de Comunicación y Asuntos Públicos en Nostrum Group
- Mariano Guillén, director de Asuntos Públicos en Leidar
- Alberto Domingo Bayarri, Global Health Partnerships & Policy MA, Thermo Fisher Scientific
- Martí Vidal, director Public Affairs
- Marcos Caviró, director de Asuntos Públicos de CRECEMOS
- Rubén Hernández, gerente en IFMA España
- Manuel I. García Ortega, Senior Managing Partner de London 4 Group
- Eduardo Pérez, director de Relaciones Institucionales en Makro
- Jacobo Truan, socio de EPPA
- Basel Duran, especialista en Enoxia
- Pilar Martínez, especialista en Comunicación Externa y Asuntos Públicos en Grupo Mutualidad
- Jose María Ramírez Cárdenas, Director de Asuntos públicos
- Benito G. Carril, director de Comunicación y Asuntos Públicos en ITE Ambiental
- Julio César Gutiérrez, director de Comunicación en Sedigas
- Paloma Barja, directora de Asuntos Públicos en Italfármaco
- Isabel Aizpún, directora de Comunicación y Fundraising en Rescate Internacional
- Juan Pedro Auriol, director general de Pharma &
- Rita Bau, gerente de relaciones institucionales en Abbvie
- Pedro Claver, director de Estrategia y Comunicación de CEAPI
- Jorge Juan Pascau, asociado de Acento Asuntos Públicos
- Pablo Grande, Public Affaris trainee en Rud Pedersen
- José María Castellano, profesor de Políticas Públicas, Regulación y Transformación Digital en Universitat Pompeu Fabra
- Luisa López Leza, lobista en López Leza Consultores
- Ignacio Francisco Álvarez, consultor independiente
- David Martin, Senior Advisor independiente
- Ángel Rebollo, CEO en ARPA EU Affairs & Communications
- Marisa Toro, Co Fundadora- Managing Partner en MARLOW
- Roberto García, director de actualidad media en Grupo Aragón Digital
- Javier Ramírez, director en ACENTO Public Affairs
- David Redoli, director de Relaciones Institucionales de Solaria
- Víctor Rodríguez Campos, especialista en Redfarma
- Daniel Amor, Industrial, Tech & Digital Policy Senior Lobbyist at KREAB Worldwide
- Julia Menéndez, Public Affairs Associate en FGS Global
- Laura García, especialista en comunicación corporativa en NTT data
- Caterina Salvà, consultora en AAPP
- Sebastián Duarte, consultor externo en APRI
- José Andrés de Lorenzo-Cáceres, CEO en Maska
- Luis Gallés, consultor en ASAJA
- Santiago Urbina, gerente senior de Asuntos Públicos Internacionales en Cigna Healthcare
