El pleno del Ayuntamiento de Madrid del 27 de julio aprobó la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, que ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del día 17 de agosto. Esta ordenanza ve la luz después de un intenso proceso de trabajo en el que se han incorporado las aportaciones de la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, expertos municipales y de los grupos políticos municipales, e incluso nuestro colectivo.
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Dª Eva Pérez Fernández
Eva Pérez Fernández ha trabajado más de 20 años en sectores regulados, especialmente en telecomunicaciones, puesto que ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a France Telecom (Orange). Desde sus puestos de Directora de Regulación, primero, y Directora de Relaciones Institucionales y Sectoriales, posteriormente, ha representado los intereses de su compañía ante los reguladores nacionales, así como ante los distintos niveles de la Administración con especial foco en la Administración local.
Es licenciada en Derecho y CC.Empresariales por Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3) y MBA por la Universidad de Houston.
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Dª Piluca Núñez
Periodista de formación por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por Instituto de Empresa, Piluca Núñez es Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
Su trayectoria profesional ha estado ligada al sector de la energía, siendo responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales del Foro de la Industria Nuclear Española durante más de 15 años. Destaca su experiencia profesional en el sector de servicios, trabajando como Directora de Comunicación y Marca en Sodexo Iberia. También colabora con distintas instituciones académicas, es vocal en la Junta de APRI y miembro de la vocalía de Asuntos Públicos de la Asociación de Directivos de la Comunicación (DIRCOM).
Dª María Rosa Rotondo Ruiz
Desde su fundación en 2007, María Rosa Rotondo (Madrid, 1972) preside la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, de la que también es promotora y fundadora.
María Rosa es también Socia Directora del despacho de public affairs Political Intelligence, donde trabaja desde el año 2001. Tiene una gran experiencia en la dirección y el asesoramiento estratégico en campañas de lobbying tanto en España como ante las instituciones comunitarias, así como en la gestión y dirección de asociaciones sectoriales.
La labor de los lobbies no es buena ni mala en sí misma. Compañías, patronales, organizaciones sociales u otras entidades se dedican a trasladar sus puntos de vista y sus conocimientos avanzados sobre una materia a las instituciones encargadas de regularla, con el objetivo –claro- de que la normativa sea lo más acorde posible a sus intereses.
Con la transparencia suficiente para evitar presiones improcedentes y garantizando la independencia plena de los reguladores para no plegarse a posiciones contrarias al interés general por la presión de los lobbies, la tarea de las compañías directamente afectadas –o de las empresas subcontratadas por estar especializadas en las relaciones con la Administración- que busca de influir en el marco normativo no levantaría demasiadas suspicacias. O al menos no tantas como hasta ahora.
El problema son las dudas acerca de si el lobby se realiza con esa transparencia y si se soporta con independencia real por parte de las Administraciones. Una incertidumbre que aviva el hecho de que la labor del lobby no cuente con una regulación específica en muchos países (entre ellos, España o el conjunto de la Unión Europea).
A la espera de que llegue regulación, algunos estudios confirman el gran partido que las empresas son capaces de sacarle al lobby, con un impacto directo en el incremento de su rentabilidad. Según un reciente informe de James Bessen, economista y profesor de la Boston University School of Law, las inversiones en lobby y actividades políticas se han convertido en el parámetro con mayores márgenes de rentabilidad para las empresas y en un aspecto primordial en el incremento de los beneficios corporativos.
En el estudio se analizan la evolución de los beneficios de las compañías estadounidenses desde 1970 y la evolución en el mismo periodo de los márgenes de rentabilidad de las inversiones en capital, en equipos, en investigación y en lobby, entre otros aspectos. Los resultados, recogidos en Harvard Business Review, desvelan que hasta aproximadamente el año 2000 el factor que más influía en el incremento de los beneficios de las empresas era la inversión en I+D, pero con el nuevo siglo la inversión en lobby y en labores políticas y de regulación se ha colocado como el principal factor en los resultados de las empresas con carácter general.
Según otro estudio elaborado por profesores de la Universidad Washington y Lee y la Universidad de Kansas, el retorno económico de las actividades de lobby sería absolutamente disparatado. El informe, datado en 2009, por cada dólar invertido por las compañías en influir en la regulación que le afecta acabarían obtenido 220 dólares.
Los sectores que se verían más directamente beneficiados por la labor de sus compañías en lobby, y dada su dependencia de sus actividades en relación a los marcos regulatorios, son fundamentalmente cinco: el sector farmacéutico y químico, petróleo, equipos de transporte y defensa, servicios públicos y comunicaciones. De hecho, estos cinco sectores ven condicionado prácticamente todo el margen de beneficio en función de influencia política, al menos en Estados Unidos (aunque es evidente que no sólo y que el escenario se repite en otras latitudes).
El impacto del lobby en los resultados de las compañías va mucho más allá de la mera consecución de una rebaja de impuestos (que de manera evidente permite elevar el beneficio), y contempla otros escenarios más complejos. De hecho, Bessen apunta casos en que las leyes en que aumentan los estándares de seguridad y las exigencias medioambientales pueden acabar elevar los beneficios de las empresas afectadas al impedir que otras nuevas compañías entren en el mercado.
Autor: Raúl Hernández González
Los días 24 y 25 de mayo de 2016, la Universidad Nebrija acoge en su Facultad de Ciencias de la Comunicación del Campus La Berzosa, el I Congreso Internacional Nebrija PIATCOM: “Tendencias, Competencias y Perfiles Profesionales en el sector de la comunicación”.
El análisis de las tendencias, los nuevos perfiles profesionales y las competencias que se requieren en el sector de la comunicación marcan el objetivo primordial de este Congreso, cuyo fin es responder a las necesidades profesionales que demanda el sector y su aplicación a la formación universitaria.
En él se darán a conocer los estudios e investigaciones en torno al ámbito de los medios de comunicación, la publicidad y la comunicación institucional por parte de profesores, investigadores y profesionales del sector. Los interesados en asistir tienen hasta el 6 de mayo para inscribirse a través de la página web www.congresopiatcom.com
Este primer Congreso Fundacional, de carácter internacional, constituirá un punto de encuentro donde los colectivos implicados en el sector puedan generar análisis, observaciones y contenidos de relevancia acerca de temas relacionados con la Comunicación y su formación en la universidad.
El Congreso surge dentro del marco PIATCOM (Plataforma Iberoamericana de Análisis de Tendencias en Comunicación), un proyecto impulsado por la Universidad Nebrija en colaboración con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC) y la Escuela de Administración de Negocios (EAN), el cual, pretende configurarse como un Observatorio Internacional de referencia.
Entre los fines de APRI figura el de contribuir a la profesionalización del sector, también a través de la colaboración con universidades, escuelas de negocio y centros de formación.
Por la importancia de la temática y la creciente inclusión de los Public Affairs y de las Relaciones Institucionales en las nuevas tendencias en comunicación, también nuestra asociación ha decidido colaborar y apoyar la iniciativa.
El Mundo. Domingo 21 de septiembre de 2014. CARTAS AL DIRECTOR Carta del Día Aclaración de APRI Sr. Director: Le escribo en nombre de APRI, la asociación que representa al colectivo de lobistas españoles y que tiene, entre otros, el objetivo de obtener el reconocimiento profesional de su actividad. El pasado lunes 15 de septiembre…
El Periódico. Sábado 30 de agosto de 2014
UNA ACTIVIDAD CON ESCASO CONTROL
Lobis en el pelotón de cola
Los grupos de presión españoles suspenden en un estudio internacional por su falta de transparencia. El sector lleva siete años pidiendo una legislación que reduzca la opacidad.
Suspenden por opacos. Y son opacos porque no tienen forma de no serlo. Esa es la paradoja que lleva a los lobis españoles a suspender estrepitosamente en un estudio elaborado por Transparencia Internacional, que se presentará en Madrid a finales de septiembre, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes de la organización. Los responsables del estudio reconocen que, aunque faltan por ultimar detalles, los datos ya están recogidos y el informe situará al lobi en España en el pelotón de cola de los 16 países europeos analizados.
El suspenso no sorprende a nadie y mucho menos al sector, que pide a gritos desde hace siete años una regulación para ser transparente. «Sí, es cierto. La conclusión fundamental es que España está muy atrasada. Es necesario que se regule y se establezcan las reglas del juego, que haya un registro de lobistas y que no exista información oculta», admite Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España. El estudio Lifting the lid on lobbying (levantando el velo al lobi) hace un balance general y se desglosa en media docena de sectores en los que se ejerce esta actividad, como el ámbito farmacéutico, banca, telecomunicaciones yo defensa. España suspende en casi todos los apartados, según confirman los investigadores.
«No tengo duda, España va a salir fatal. ¿Qué quieres? Si no hay regulación no hay transparencia», coincide María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que lleva siete años pidiendo una normativa. Exigen que haya un registro de lobistas en el Congreso de los Diputados en el que cada profesional indique a quién representa, con qué diputado se reúne y qué ha ido a explicarle. Además, quieren que los lobistas firmen un código de conducta ético. En posturas maximalistas, aspiran también a que ese mismo control existiese también en el Ejecutivo, es decir, en la Moncloa. «Ojalá este palo sirva de estímulo y nos regulen de una vez», espera Rotondo.
Aunque el Gobierno se ha comprometido a legislar sobre los lobis en varias ocasiones, desestimó finalmente hacerlo en el marco de la ley de la transparencia. Fue un jarro de agua fría para los lobistas, que han de esperar a lo que decida la Comisión de Reglamento del Congreso, que tiene tal cantidad de asuntos pendientes de regular que nadie ve factible que se apruebe antes del fin de la legislatura.
Leyenda negra
Decía John Fitzgerald Kennedy que los lobistas eran personas que le permitían comprender en 10 minutos los problemas que sus asesores tardaban tres días en explicarle. El sector tiene una larga tradición y legitimidad en el mundo anglosajón, pero en España los gabinetes de asuntos públicos vienen cargando con la leyenda negra de hombres con traje negro que compran voluntades políticas desde que las influencias se ejercían en las cacerías del conde de Romanones. La situación contrasta con otros países. En el Parlamento Europeo el registro de lobistas es voluntario y están inscritos 5.000 profesionales; en Washington, cerca de 13.000. En España, el sector estima que podrían ser alrededor de 500.
La primera institución que levantará el velo a los lobistas será el Parlament, a través de la ley catalana de transparencia, todavía en trámite, que prevé crear un registro en el que quede constancia de sus actividades, sus clientes y las percepciones económicas que reciben. «No está madurado aún cómo lo van a impulsar. Si no lo dotan de recursos económicos y humanos puede acabar siendo un quiero y no puedo», puntualiza el lobista Miguel Ferrer. A los profesionales catalanes les preocupa que se pretenda establecer una excepción para los juristas, que no estarían obligados a registrarse como lobistas. «Lo que se cita como profesionales del derecho puede acabar siendo un coladero, porque hay muchos abogados que, en realidad, se dedican al lobi», sentencia Ferrer. En otras palabras, sería como levantar el velo al lobi oficial y permitir otro en la sombra.
Iolanda Màrmol
Periodista en El Periódico
@iolandamarmol
Revista Médica. Domingo 08 de junio de 2014
‘Lobbies’ en la sanidad sí, pero regulados
Es muy difícil que una organización relacionada con el sistema sanitario español reconozca que es un lobby. La mala fama que arrastran estos grupos de presión en nuestro país es evidente en el sector, pero ya hay algunos que se atreven a emplear el término para definirse, quitándose de encima prejuicios que parecen anticuados. El Congreso de los Diputados prevé impulsar la regulación de los lobbies a través de una modificación en su reglamento que contribuirá a la normalización del cabildeo.
Si se entiende por lobby estrategia, desarrollo de negocio y representación legítima de los intereses, según la definición que esgriman sus defensores, no resulta difícil identificar estas actividades con las que llevan a cabo diversas organizaciones del sistema sanitario español. Sin embargo, a pesar de que muchos agentes actúan como tal, rechazan la etiqueta de lobby o de grupo de cabildeo, si huimos del término anglosajón. Quizá porque se entiende como un concepto peyorativo que se asocia a la corrupción y al compadreo –aunque los lobistas españoles dicen que lo anterior no es lobby, sino otra cosa– y, seguramente, porque en nuestro país no está regulado, aunque parece que el Congreso de los Diputados por fin se ha puesto a ello.
Durante su primer debate sobre el estado de la nación como presidente del Gobierno, celebrado el 20 de febrero de 2013, Mariano Rajoy habló de la necesidad de una regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses, es decir, de los lobbies, para clarificar “cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites”.
Ha transcurrido más de un año y desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que agrupa y representa a los lobistas españoles, comentan que dicha regulación se tenía que incluir en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Pero no fue así, dado que se decidió impulsar la regulación del cabildeo a través de una modificación en la normativa del Congreso de los Diputados. Después del último debate sobre el estado de la nación (25 y 26 de febrero de 2014), PP y CiU pactaron una resolución que prevé la regulación de los lobbiesen el marco de la reforma del reglamento del Congreso. En APRI consideran que este acuerdo es un paso más hacia la efectiva ordenación del lobby, que llevan reclamando desde 2007, año en que se creó la asociación.
¿Por qué no se ha regulado antes? “Porque antes no había conocimiento específico sobre lo que era y lo que no era lobby. Además, la forma de hacer lobby en España ha sufrido, y quizá sigue sufriendo, una falta de profesionalización de la actividad, que no la encuadra de forma apropiada. Como consecuencia, por un lado se ha generado desconfianza hacia esta práctica y, por otro lado, se ha generado una percepción negativa de la actividad del lobby”, explica Andrea Vota, adjunto a la Junta Directiva de APRI.
Regulación a favor de la transparencia
Según se concluye en el El lobby en el nuevo marco regulatorio, un informe de 2013 que forma parte de un estudio realizado en 20 países de la Unión Europea y en el que han participado más de 600 políticos europeos, la mitad de los encuestados españoles opina que la falta de transparencia es lo más negativo del lobby, pero seis de cada diez afirman que el cabildeo asegura la participación en el proceso democrático de los actores económicos y sociales, y de los ciudadanos. “La creación de un registro es fundamental. Hay que ponerles cara a los representantes de la sociedad civil. Es un gesto de transparencia”, reivindican en APRI.
A la luz de este documento, presentado por Burson-Marsteller y Cariotipo MH5, los políticos españoles consideran que los principales lobistas son las organizaciones profesionales y las sectoriales, seguidas de las compañías, ONG, sindicatos y think tanks. Asimismo, las organizaciones profesionales son consideradas los grupos de cabildeo más eficaces, seguidas de las sectoriales, los sindicatos, los periodistas y las ONG. Por sectores, en el ámbito privado destacan como más eficaces energía, salud, servicios financieros y telecomunicaciones.
Sí, en el ámbito sanitario hay lobbies, aunque son pocos los grupos de presión identificados por ‘Revista Médica’ que emplean este término y se refieren a ello con normalidad. “El que habla de lobbyasociándolo a corrupción y compadreo no está hablando de lobby, sino de corrupción y compadreo. Los que ejercen esta profesión de forma transparente y profesional nunca se reconocerán en esa visión del lobbyporque eso no es lobby, sino otra cosa. Lobby no es mover contactos, corromper a alguien o influir negativamente sobre las decisiones públicas. Lobby es estrategia, desarrollo de negocio y representación legítima de los intereses. Es una actividad que puede hacer que toda la sociedad en su conjunto crezca”, defiende Andrea Vota.
Cabildeo en la industria sanitaria
El director general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, es el único que se anima a decir abiertamente que considera a su organización un lobby. “Como la patronal del genérico, uno de nuestros objetivos fundamentales es actuar de interlocutores tanto con las Administraciones públicas sanitarias, de economía y de industria, como con otras instituciones y asociaciones. Con tres fines: informar sobre las actualizaciones de nuestro sector; explicar cuáles serían las condiciones normativas más ventajosas para nosotros y para el paciente; y darnos a conocer a los ciudadanos, a la Administración y a los stakeholders”, detalla. Para conseguir este último objetivo, Aeseg emplea medios de comunicación convencionales y lleva dos años desarrollando su presencia en redes sociales, orientadas tanto al ciudadano como a los agentes profesionales. Precisamente, tal y como se recoge en el informe mencionado anteriormente, las redes sociales se van haciendo un hueco en el día a día de los decisores españoles: una cuarta parte afirma consultar a diario Twitter (y un 15 por ciento al menos una vez a la semana) y un 22 por ciento, Facebook.
“Una regulación de los lobbies en nuestro país sería positiva porque el lobby es necesario y ya funciona de manera natural cada día. Sería muy naíf pensar que todos los miembros de la Administración, Congreso y Senado conocen perfectamente cada uno de los aspectos que se tratan desde el punto de vista normativo y legislativo. Por eso es muy importante la función de informar que tiene el lobby, y la interlocución fluida, de confianza y transparente equilibra el trabajo conjunto en la misma dirección”, señala Rodríguez de la Cuerda. Desde APRI se manifiestan en la misma línea: “El lobista es como un intérprete: traduce las necesidades de la entidad que representa al poder público. No porque el político no lo entienda, sino porque vivimos en una realidad tan compleja que es muy difícil poder tener conocimiento y competencia sobre toda materia”.
Sin embargo, en Farmaindustria, la patronal de los medicamentos innovadores, eluden hablar de lobby y reiteran que su misión es representar a la industria farmacéutica innovadora establecida en España ante las Administraciones públicas y ante el resto de agentes económicos y sociales; colaborar con las Administraciones públicas para configurar un marco regulador y económico estable y predecible que propicie el crecimiento equilibrado del mercado, el aumento de las actividades de I+D y el desarrollo de la industria farmacéutica; y potenciar la mejora de la percepción y un mayor conocimiento del sector, transmitiendo a ciudadanos, líderes de opinión y responsables públicos el valor que aportan los medicamentos y el sector farmacéutico al progreso social y económico y a la calidad de vida.
Resumiendo: representación legítima de los intereses, desarrollo de negocio y estrategia; la actividad a la que hacía referencia el portavoz de APRI. En la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) tampoco se pronuncian acerca de los lobbies, dicen no tener “ninguna opinión al respecto”. Según aparece reflejado en su página web, Fenin nació con la misión de agrupar a las empresas españolas de este sector, coordinar y defender sus intereses generales y ostentar su representación ante las autoridades autonómicas, nacionales y europeas… Está visto que la mala fama del término lobby en España provoca que algunas de las organizaciones consultadas por esta revista no quieran oír hablar de ello ni, mucho menos, reconocerse como tal.
Otros lobbies de la sanidad
Donde tampoco gusta la etiqueta de lobby es en la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme). “Facme engloba asociaciones médicas y que da su opinión cuando la Administración se lo pide, pero no es unlobby, si se entiende por lobby un grupo de influencia.
Facme propugna que el profesional recupere cierta presencia en la toma de decisiones, pero no es unlobby”, insiste Antonio Zapatero, tesorero de la federación.
Por otro lado, Juan Abarca Cidón, secretario general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), afirma que “actuamos como un grupo de interés, obviamente, porque nuestro objetivo es intentar poner en valor la aportación de la sanidad privada en nuestro país”. No obstante, matiza que “unlobby, como tal, pelea por sus intereses propios, pero el IDIS no solo busca defender al sistema privado, sino aportar fórmulas que mejoren, en general, el sistema sanitario de nuestro país”. Aun así, reconoce que el IDIS sería lo más parecido a un lobby de la sanidad privada en España, “porque no hay otro”. Respecto a una futura normativa de los grupos de cabildeo, Abarca Cidón da la bienvenida a “toda regulación que permita un marco de actuación normal”.
¿Y los pacientes? “Los pacientes son un lobby en Estados Unidos, pero aquí somos el oscuro objeto del deseo, como la película de Luis Buñuel, y la cosa no pasa de ahí.
El paciente ha sido un ignorado en nuestro país durante muchos años y ahora parece ser que desde las Administraciones, sociedades científicas, grupos de comunicación e industria hay un deseo de hacer cosas con nosotros, lo cual me parece muy bien. No sabemos lo que puede dar de sí esto”, comenta Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP). La alianza está intentando que se lleve a cabo una modificación en la legislación para que se reconozca a los pacientes como agentes sociales y puedan estar presentes en la toma de decisiones que tengan que ver con su salud. Su presidente denuncia que el espacio de los pacientes “ha sido ocupado por las asociaciones de consumidores y usuarios, y por los sindicatos, que han participado en los consejos de salud y en muchos sitios donde deberían haber estado los pacientes organizados”.
Volviendo al informe El lobby en el nuevo marco regulatorio, cabe destacar que el 86 por ciento de los encuestados considera que ellobby ético y transparente contribuye al desarrollo político, pero para más del 90 por ciento el cabildeo no está suficientemente regulado en España. En la Unión Europea, donde sí lo está, hay 5.952 grupos de intereses y particulares inscritos en el Registro de Transparencia, según los datos recogidos hasta el pasado 31 de octubre de 2013. Está por ver si la esperada regulación de loslobbies en nuestro país –que, según sus defensores, define la calidad de las democracias contemporáneas– desmitifica y positiva la actividad de estos grupos para que el lobby deje de ser tabú.
Sandra Melgarejo
Periodista en Revista Médica
@s_melgarejo
Diario ABC. Domingo 25 de mayo de 2014
REGULACION. EL CONGRESO NEGOCIA SU CONTROL
Luz y taquígrafos para la industria de la influencia
Los «lobbies»españoles reclaman un registro obligatorio y más transparencia
El tercer jueves de cada mes un grupo de «lobbistas» profesionales se reúne en un céntricorestaurante de Madrid para hacer contactos, conocerse y hablar sobre como debe ser el sector y su regulación. Quieren salir de la opacidad.Defienden un registro obligatorio, un control más estricto sobre los grupos de interés y no les parece mal que se hagan públicas las reuniones que mantienen con representantes políticos. La industria del «lobby» española reclama, en definitiva, luz ytaquígrafos. Y estos principios de transparencia los aplican en sus charlas mensuales: cualquier interesado puede asistir ya que las hacen publicas en la página web del organismo que agrupa al sector, la Asociación Profesional de RelacionesInstitucionales (APRI).
«Cuanta mayor sea la transparencia y la regulación sobre el “lobby”, más avanzada es la democracia de un país», resume Carmen Mateo, lobbista de Cariotipo MH5. El lobby, término anglosajón que significa pasillo, designa las actividades que tienen como objeto influir en la politica y los procesos de torna de decisiones. Tanto la Unión Europea como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomiendan regular el sector. Y en estos momentos está en juego su legislación en España, hasta ahora inexistente. El Pleno del Congreso, mediante un pacto entre el PP y CiU, aprobó el pasado mes de marzo que el funcionamiento de los lobbies se regulara dentro de la reforma delReglamento de la Camara Baja, en el capítulo «Regeneración democrática».
«Al entrar dentro del Reglamento del Congreso se descarta por el momento que se haga un registro de aquellos lobbies que tratan con otros organismos políticos como Ejecutivo o parlamentos autonómicos que era lo que proponíamos desde CiU, pero es un avance», analiza Jordi Jané, diputado de Convergencia i Uniò.
El modelo es la UE, donde existe un registro voluntario en el que hay ya más de 6.000 lobbies inscritos. A pesar de que algunos países de nuestro entorno ya lo han regulado, solo unos catorce estados en todo el mundo cuentan con una legislación al uso. El pionero fue Estados Unidos. Con más de 12.000 lobbistas inscritos, Washington es la capitai de los grupos de interés y por ello su control es uno de los más estrictos. Los lobbies cuentan con un registro obligatorio, deben presentar cuentas trimestralmente y publicar sus reuniones con representantes políticos así como su lista de clientes o lo que cobran de cada uno.
Precisamente, son los lobbies profesionalizados en España los que más están luchando por una reglamentación del sector. APRI cuenta con 55 asociados pero la industria española del lobby es mucho mayor, aunque no se defina como tal. Grandes empresas, despachos de abogados, oenegés … muchos de ellos cuentan con departamentos dirigidos a influir, y cada vez hay más lobbistas en nuestro país. Parte de esta presión, viene de multinacionales acostumbradas a contar con grupo de presión. La parte más profesionalizada de la industria de la influencia española mueve unos 30 millones de euros, según estimaciones del sector. La regulación va a la zaga. De acuerdo a un estudio de Burson-Marsteller y Cariotipo MH5, en España el 46% de los políticos encuestados denuncia que la falta de transparencia es el aspecto más negativo de la actividad de lobby. Asimismo, el 93% opina que el lobby no estásuficientemente regulado y el 34% veía útil hacer un registro obligatorio.
«Nosotros propusimos que la inscripción fuera obligatoria con una enmienda a la Ley de Transparencia y ningún grupo parlamentario se opuso», recuerda Jané. María Rosa Rotondo, presidenta de APRI, compareció el año pasado para defender la inclusión de la regulación del lobby en la Ley deTransparencia. «Hicimos una propuesta de registro universal que se aplicara a todo el mundo, sin excepción. Que haya un código de conducta obligado como el europeo y que se aplique un régimensancionador en caso de incumplimiento. En cuanto a publicación de agendas o rendición de cuentas de los grupos de interés, todo lo que sea mas transparencia lo vemos positivo», valora Rotondo.
El «impass» de las elecciones europeas ha interrumpido la negociación parlamentaria en el Congreso.Carmen Mateo alberga pocas expectativas sobre que se vayan a aprobar medidas sobre la publicación de las reuniones entre miembros de las Cortes o el Gobierno y lobbistas. Otro de los puntos pendientes es la «huella legislativa», es decir, publicar qué parte de las leyes contienen párrafos de propuestas de lobbies. «La Plataforma de Afectados por la Hipoteca también es un ejemplo de grupo de presión», reseña Mateo.
«El lobby siempre ha existido en España pero ahora cada vez se está profesionalizando más y es necesario aportar transparencia y regulación», reclama Javier Valiente, socio director de Political Intelligence. Como señalan los lobbistas consultados, lo que se trata es de regular practicas y actividades que ya existen. En las leyes hay partes incluidas a propuesta de empresas y organizaciones sociales. Las reuniones entre grupos de presión y políticos ya se producen. La diferencia con el pasado será la existencia (o no) de una supervisión que controle y arroje luz sobre ello.
Javier Tahiri
Periodista de economía en ABC
@javiertahiri
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