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El pasado 1 de octubre entró en vigor la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aprobada el año pasado por el Gobierno español.

La Ley tiene el objetivo de “establecer una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados” recogiendo algunos principios de “Smart Regulation” (regulación inteligente), es decir un marco jurídico de calidad, que permite el cumplimiento de un objetivo regulatorio a la vez que ofrece los incentivos adecuados para dinamizar la actividad económica, simplificar procesos y reducir cargas administrativas.

Para ello, será esencial un adecuado análisis de impacto de las normas de forma continua, tanto ex ante como ex post, así como la participación de los ciudadanos y empresas en la toma de decisiones.

El artículo 133 de la nueva Ley  permite ir avanzando en la mejora de la producción normativa, intentando reforzar la participación ciudadana en el proceso de elaboración de las normas y cumpliendo con algunas de las recomendaciones contenidas en el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitido en 2014: «Spain: From Administrative Reform to Continous Improvement».

En este sentido, el Consejo de Ministros del pasado 30 de septiembre aprobó un acuerdo por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales. Asimismo, la participación ciudadana podrá también iniciarse a través del Portal de Transparencia, que canalizará a cada departamento ministerial competente las correspondientes propuestas.

Sin embargo, el artículo 133.4 contempla algunas excepciones sobre la posibilidad o no de involucrar los ciudadanos en la elaboración de las normas con rango de Ley y reglamentos:

4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.

El Gobierno autonómico acoge en la futura Ley de Transparencia, cuyo anteproyecto está en tramitación, el criterio conjunto del Consejo de Transparencia y de la Agencia de Protección de Datos para la elaboración de una agenda de transparencia para los cargos públicos.

De esta forma, la futura norma autonómica tendrá en cuenta las consideraciones de estos órganos nacionales relativas al acceso de la información por la condición de responsable público y la difusión de los datos de carácter personal.

Así lo ha comunicado este miércoles el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, quien ha resaltado la “importancia” de introducir los criterios interpretativos acordados por estos organismos nacionales con el fin conciliar “desde el primer momento el derecho a saber con la adecuada protección de los datos personales”.

En esta línea, ha destacado el trabajo desarrollado hasta el momento por su departamento para analizar las experiencias en la aplicación de la Ley de Transparencia nacional y del resto de comunidades autónomas y “aprender de lo mejor de esas iniciativas”.

La agenda de transparencia de los altos cargos ha sido uno de los principales temas abordados esta semana en la IV Reunión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que también se cerraron los criterios que evaluarán de forma común el cumplimiento de la transparencia en el conjunto del Estado y que serán de aplicación a partir de 2017.

El Gobierno de Cantabria también ha decidido sumarse a este criterio común, que permite consolidar los procesos de evaluación de la transparencia al no realizarse por agentes privados ni en virtud de interpretaciones sin homogeneizar. Además, todas las comunidades y el Estado tendrán el mismo medidor, que solo variará en función de las exigencias que plantee cada legislación autonómica.

40 RECLAMACIONES EN AYUNTAMIENTOS

Este encuentro, al que asistió por parte del Gobierno de Cantabria el director general de Servicios y Atención a la Ciudadanía, Bernardo Colsa, ha servido para hacer balance de las comunidades autónomas que tienen suscrito el convenio con el Consejo de Transparencia para la atención a las reclamaciones. Se trata de Asturias, La Rioja, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y, en breve, se sumará Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En Cantabria se han presentado 40 reclamaciones, todas referidas la administración local y, concretamente, a los ayuntamientos de Castañeda, Miengo, Torrelavega, Reocín, Santander y Cillorigo de Liébana, según informa el Gobierno regional en nota de prensa.

Otro de los temas que se abordaron en la reunión fue la incidencia de la aplicación de la Ley del procedimiento común de las Administraciones públicas y los certificados electrónicos, la ley 39/2015, en la implantación de la transparencia.

En este sentido, de forma unánime, las comunidades autónomas han apostado por primar la comunicación, al menos en la materia del derecho de acceso, por cualquier vía, sin necesidad de exigir el certificado electrónico. Para avanzar en este tema se ha creado un grupo de trabajo.

Artículo orginal

Las campañas de comunicación se han convertido en una de las armas más potentes para conseguir llamar la atención de los decisores en los órganos de decisión de la Unión Europea. A las tradicionales agencias de noticias y medios de comunicación especializados en la actualidad del Parlamento y la Comisión se suman las redes sociales. Russell Patten, CEO de Grayling Bruselas y Chairman de Asuntos Públicos para EMEA de la agencia de comunicación desvela cuáles son los medios de comunicación con más influencia y cómo utilizarlos para hacer lobby en Europa.

La mayor profesionalización del lobby y el acceso a los medios de comunicación de masas han provocado que cada vez más los encargados de legislar y tomar decisiones en el seno de la Unión Europea se dejen influenciar irremediablemente por los medios de comunicación, que actúan en muchas ocasiones como factores determinantes en la puesta en marcha de leyes o regulación. Muchas consultoras de lobby y asuntos públicos saben que un titular en el medio de comunicación adecuado en el momento justo puede cambiar la decisión de los europarlamentarios.

Según Russell Patten, CEO de Grayling Bruselas, “para hacer lobby es clave acudir a las tres instituciones europeas, es decir, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. Además, se necesita ser activo no solo en Bruselas, también las otras capitales europeas, Estrasbursgo y Luxemburgo”.

Pero en las estrategias de lobby y asuntos públicos en la Unión Europea también son claves los medios de comunicación. Aquí los diferentes medios se eligen dependiendo de su difusión. Así, las cabeceras que más influencia tienen en Bruselas son EurActiv, ENDS, Europolitics, Euronews o euobserver.com. A nivel internacional las agencias de noticias Reuters, Bloomberg o Financial Times son los medios por excelencia. Pero también las redes sociales se han convertido en medios capaces de ejercer presión sobre los órganos de decisión, como Twitter, Facebook o Linkedin.

Además de una correcta estrategia en medios de comunicación, Russell Patten apunta una serie de consejos para hacer lobby en Bruselas:

  • Conocer el proceso, así podemos intervenir en el momento preciso: “cuanto antes, mejor”
  • Operar en los tres órganos de decisión en Bruselas y en las instituciones clave de los estados miembros
  • Asegurarse que los mensajes clave son verdaderos y sólidos
  • El medio es el mensaje, así que asegúrate que tu interlocutor es creíble
  • Usar prescriptores del tercer sector y stakeholders que te den credibilidad
  • Espera lo inesperado y monitoriza
  • El lobby trata de encontrar soluciones y compromisos

 

Artículo original

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un acuerdo por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales.
La participación ciudadana podrá también iniciarse a través del Portal de Transparencia, que canalizará a cada departamento ministerial competente las correspondientes propuestas.

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Un total de 9.938 grupos de presión y organizaciones interesadas en influir en la legislación de la UE se han inscrito hasta ahora en el registro de transparencia que Bruselas creó en 2008 y que tenía carácter voluntario. El pasado miércoles 28/09, la Comisión Europea ha propuesto ir un paso más allá: convertir el registro en obligatorio para todos los lobistas que quieran reunirse con representantes no sólo del Ejecutivo comunitario sino también de la Eurocámara y del Consejo de ministros de la UE.

“!Qué hambre tengo! Búscame un lobista que me invite a comer”, espeta a su asistente un congresista en la serie americana Veep. Y tiene gracia, la verdad. Esta idea del lobista, como rara avis que sobrevuela parlamentos y ministerios en busca de nada bueno, triunfa. Podría haber sido peor, y que el congresista dijera “¡No tengo pasta! Búscame un lobista que me pague una comisión” o “¡Me echan del partido! Búscame un lobista que me haga consejero”. Es un chiste multimodal y archigracioso, admite múltiples combinaciones y todas hacen gracia. Prueba.

Existe en el imaginario colectivo un lazo que une la palabra lobista con el código penal. Es un lazo invisible o, si prefieres, un presunto lazo. Dejé de encogerme de hombros por esta analogía el día en que, en una reunión con un diputado, al hacerle entrega de un sobre, el diputado levantó las manos como si le apuntara con un arma. Tardé unos segundos en comprender el terror de sus ojos. Abrí el sobre ante su mirada perpleja, extraje con sumo cuidado las fotografías de la entrega de premios a la que había asistido el diputado y su equipo y se las mostré. Guardé el sobre, entregué las fotos, nos dio la risa. Fue un momento sobre-cogedor. Otro de los clásicos entre el humor de mis colegas. La risa como mecanismo de defensa.

De regreso a la oficina pensaba en Olivia Pope y en Remy Danton. Las fotos y yo éramos el antihéroe. La ficción como abismo insondable. Y pensé en el propósito de la acción de lobby. Salía de una reunión de trabajo, en la que solo había querido ser amable, y cuyo objeto era trasladar las conclusiones de un informe internacional sobre un asunto en pleno proceso de regulación. Si no hubiera sido por la risa y la ficción habría creído que la reunión y su contenido tenían valor para ambas partes. La privada, sí, pero la pública también.

Entre lo público y lo privado

Naturalizar el diálogo entre lo público y lo privado es un síntoma de madurez democrática. Más si cabe, en un contexto complejo, volátil e interdependiente como el actual. Las soluciones políticas ya no podrán ser unilaterales. Y, con huella legislativa, las soluciones políticas ya no podrán ser de parte. Lo veremos en los próximos me… años.

Regulación del `lobbying´

Solo nos falta un Gobierno y un Parlamento plenamente operativos para que la regulación del lobbying sea una realidad en nuestro país. Una regulación entendida como respuesta a una sociedad que reclama transparencia y trazabilidad en la toma de decisión pública. Ya hay iniciativas activas en varias autonomías y ayuntamientos y la propia CNMC se sumó hace unos meses, con la puesta en marcha de un registro de lobistas y la publicación de la agenda de sus altos cargos. Es un camino de no retorno y el reto no es hacerlo, sino hacerlo bien.

Pero nos faltan referentes y nos sobran recelos (y humor y ficción). Dice el filósofo Javier Gomá que, “en esta época postnihilista, en la que el autoritarismo y coerción han perdido definitivamente su poder cohesionador, solo la fuerza persuasiva del ejemplo virtuoso es capaz de promover la auténtica emancipación del ciudadano”.

Nos faltan referentes, comentaba antes de la digresión. La sociedad y la política están cambiando y nosotros, los grupos de interés y lobbies, hemos de hacerlo con ella. Pero hay poca literatura en español sobre lobbying, poca investigación en nuestras universidades, muy poca oferta formativa y muy pocos casos de éxito publicados y de los que aprender. Aún trabajamos en el apagón. Por eso, es una muy buena noticia que la Universidad Carlos III de Madrid y LLORENTE & CUENCA se hayan unido para poner en marcha el Título de Especialista en Asuntos Públicos y LobbyingNecesitamos contribuir entre todos a la profesionalización de la acción de lobby, como ese intercambio, legítimo y veraz, de información relevante que aspira, desde las empresas, las ong, las patronales o los sindicatos, a influir en la toma de decisión pública. Para que, poco a poco, el humor y la ficción ocupen su lugar y dejen a la realidad el espacio que le corresponde en la construcción democrática. Este debería ser un compromiso de todos. Búscame a ese lobista.

Autora: Carmen Muñoz

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Yo sí soy lobista,

Y créanme, no me dedico a promover contratos, amañar concursos, cobrar comisiones, hacer regalos… Mi respeto por la profesión, ética personal y códigos deontológicos que he suscrito con mi asociación profesional y mi empresa me lo impiden.

Yo sí soy lobista: me dedico al sano y democrático ejercicio de hacer que mis puntos de vista o los de mis clientes sean tenidos en cuenta por las instituciones públicas antes de que adopten una decisión. Porque creo que deben conocer todas las perspectivas para tomar decisiones informadas. Y eso, ni más ni menos, es el lobby, la representación de intereses, hablo en nombre de todos los colegas que formamos parte de esta profesión.

Muchos hablan de grupos de presión, pero no presionamos con sobres, promesas de contratos o cualquier otro favor; como mucho, ejercemos la presión que los datos y los argumentos basados en razones contrastadas nos permiten.

Los miembros de APRI, asociación que en España representa a los profesionales de las relaciones institucionales, estamos indignados no solo por la apelación inadecuada de personas que intentan defenderse en un banquillo enturbiando nuestra profesión, sino por el daño que se hace a la profesión al albur de esta situación, con intención o sin ella.

María Rosa Rotondo

Presidenta de APRI

images-1 @mrrotondo

 

 

Horacio González Alemán 

Miembro de APRI y Profesor Instituto Internacional San Telmo

A principios de Mayo 2016 el Parlamento Europeo organizó en Bruselas un interesante Audiencia pública sobre el Registro Europeo de Transparencia , en un nuevo intento de someter a debate su recurrente pretensión de establecer un sistema obligatorio para ordenar esta actividad que comúnmente se conoce como lobby.

La iniciativa se lleva en paralelo a la reciente decisión de la Comisión Europea de abrir una Consulta Pública 1 sobre la necesidad de contar con un registro obligatorio para todos aquellos agentes de la sociedad civil , un compromiso que adquirió Jean Claude Juncker entre sus objetivos políticos cuando fue elegido como presidente de la Comisión Europea.

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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo creado por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para velar por su cumplimiento y asegurar el derecho que asiste a la ciudadanía de acceder a la información pública, tiene sobre su mesa más de cuarenta peticiones de ciudadanos, asociaciones y periodistas que demandan acceso al contenido de las agendas de altos cargos y miembros del Gobierno.

Es cierto, como ya se ha destacado reiteradamente, que facilitar las agendas no figura entre las obligaciones que legalmente tienen hoy los altos cargos. Pero no es menos cierto que, entre los principios de buen gobierno que deberán inspirar su actuación, figura, según recoge la Ley, “el desempeño de sus funciones con transparencia”.

El preámbulo de la Ley, que tras 40 años de democracia garantiza ¡por fin! el derecho a saber, especifica además que el objeto de la Ley no es otro que “poder someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que nos afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones”.

Estén obligados o no, es compatible con avanzar en un compromiso con la transparencia. No cabe duda que la agenda de trabajo de un responsable público es un elemento esencial para dar respuestas transparentes a las demandas ciudadanas. Nadie duda tampoco que, la agenda, es un mecanismo de rendición de cuentas de la actividad pública y que cumple con aquellos principios, ya antiguos, que inspiraron a Rousseau al afirmar que “la democracia es la gestión bajo los ojos del pueblo”.

No habría nada mejor, para alcanzar mayores cotas de transparencia, que saber y entender qué ocurre en la actividad de quien protagoniza la actividad pública y gestiona los intereses de la ciudadanía.

Hoy, tenemos claro, y queda fuera de toda controversia, que el dinero público debe estar sujeto a fiscalización, y que los actos públicos, como actividad ligada a la legalidad y al interés general, están sujetos a exigencia de responsabilidad.  ¿Y el tiempo de un alto cargo? Tan valioso, importante y público… ¿no debe rendir cuentas?

Es un interrogante para la reflexión. No hablamos de las actividades privadas de los responsables públicos, ni de medir los tiempos de su vida íntima y personal, sino de las actividades profesionales con responsabilidad y trascendencia,  de los encuentros donde se adoptan decisiones, de aquellos actos y reuniones con consecuencias para todos.

Las agendas deben pasar del simple y escueto comunicado oficial, respetando siempre la normativa en protección de datos, a ser una auténtica rendición de cuentas.

¿Qué hacen nuestros gestores durante su tiempo público? Si lo pudiéramos conocer, conseguiríamos una mayor confianza en nuestras instituciones, avanzaríamos en la prevención de actuaciones, ya conocidas, que nunca se debieron producir y haríamos de la actividad transparente un valor social, político y personal que serviría de revulsivo a una sociedad un tanto desencantada.

Hay precedentes, además, que nos deben hacer reflexionar. Cuando la agenda pública de un alto cargo se oculta, el tiempo acaba desvelándola y, en ocasiones, con una repercusión social negativa que no habría existido si hubiera sido conocida en su momento.

Aquel razonamiento de que “no hay mejor secreto que aquél que todos conocen” debe alentar la vida pública. Sería el mejor compromiso con la transparencia. Y en esa vía trabaja el Consejo, buscando líneas de consenso para conseguir, entre todos, que el tiempo público no continúe siendo un gran secreto para los ciudadanos.

Esther Arizmendi

Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

images-1 @ConsejoTBG

 

 

05-10-2016 | C’s

El presidente de Ciudadanos anuncia otra iniciativa parlamentaria para defender la independencia de la justicia y que doce de los miembros del CGPJ sean elegidos por jueces y magistrados

“La ley que presentamos es un obús a la línea de flotación de la corrupción en España”, ha asegurado el presidente de Ciudadanos (C’s), Albert Rivera, que se ha reunido en el Congreso con asociaciones de la sociedad civil para recabar ideas y apoyos en la lucha contra la corrupción. Los objetivos de esta ley, según Rivera, son “devolver la confianza de los españoles en las instituciones, desmentir el mito de que la corrupción es intrínseca a la administración española y acabar con el segundo problema de los ciudadanos según el CIS”.

“Esta ley es una medida ambiciosa para combatir la corrupción”, ha afirmado el líder de C’s, que ha confiado en que “se tramite cuanto antes”. Para Rivera, “sería importantísimo que se ponga en marcha una ley como esta, que tiene la voluntad de ser ómnibus porque es una reforma global”.

El presidente de C’s ha asegurado que “muchos de los puntos de esta ley están firmados por el PP en el acuerdo de investidura y por el PSOE en el acuerdo de gobierno”. Algunos de los puntos que recoge el texto son: protección de los denunciantes, obligación a los encausados de abandonar su escaño, fin de los indultos por corrupción política, tipificación del delito de enriquecimiento ilícito o añadir la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos para que controlen la corrupción.

En la reunión, además de Rivera, han participado el vicepresidente primero del Congreso, Nacho Prendes; la portavoz del GPC’s en la Comisión de Justicia, Patricia Reyes; y el presidente de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales, Toni Cantó. Al encuentro, de más de una hora de duración, han asistido Fundación Hay Derecho, Fundación Civio, Change.org, Politikon, Acces Info Europa, +Democracia, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales y Foro por la Transparencia.

Rivera también ha anunciado que el Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPC’s) ha registrado una iniciativa para defender la justicia independiente y que doce de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean escogidos por jueces y magistrados. “Defendemos un Pacto por la Justicia y queremos que el órgano de gobierno de los jueces esté despolitizado”, ha asegurado el líder de C’s.

Sobre la gobernabilidad en España, el presidente del partido naranja ha asegurado que “no tiene sentido que el que quiere ser presidente ponga condiciones a los que le van a apoyar” y se ha mostrado convencido de que, “si el PSOE se abstiene, Rajoy no se va a autobloquear e irá a la investidura”. Para Rivera, que ha lamentado “la naturalidad con la que algunos asumen la repetición de las elecciones”, “hace una semana estábamos peor que hoy porque el PSOE insistía en el ‘no’ y ahora hay una gestora que quiere debatir sobre la investidura de Rajoy”.

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