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Compareciencia de Expertos en el Congreso

Agencia Europa Press. Martes 12 de febrero de 2013

Los lobbies piden ser incluidos en la Ley de Transparencia para prevenir la corrupción y dar seguridad a cargos públicos

Reclaman que se dé publicidad a la agenda de trabajo de altos cargos y al resultado de las reuniones entre el Estado y las comunidades

La presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), María Rosa Rotondo, ha pedido este martes en el Congreso que los grupos de influencia conocidos como ‘lobbies’ sean incluidos en la Ley de Transparencia, ya que considera “urgente” que se regule su funcionamiento para así poder prevenir la corrupción y dar seguridad a los cargos públicos que mantienen contactos con estos colectivos.

Esta es la principal petición que ha realizado Rotondo durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso encargada de tramitar la futura Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno que el Ejecutivo quiere que esté aprobada antes del verano.

Rotondo ha defendido la función que realizan los grupos de influencia como correa de transmisión entre la sociedad civil y los poderes públicos y ha hecho hincapié en la necesidad de que España los regule siguiendo el modelo que ya está vigente en la Unión Europea y que define las relaciones entre estos grupos y los eurodiputados.

REGISTRO DE LOBBISTAS

Según ha explicado, ese modelo europeo, que incluye un registro de lobbistas, “ha hecho más difícil las puertas traseras, ha introducido normas claras aplicables a los eurodiputados, así como un código de conducta y reglas concretas de acceso a la información”.

La asociación de lobbistas española considera que el mejor lugar para incluir esa regulación es la Ley de Transparencia, aunque, de no figurar ahí, apuestan por incorporarla a los reglamentos del Congreso y el Senado o fijarla mediante un acuerdo de las Mesas de ambas Cámaras.

“Los lobbies deben se regulados porque, al introducir transparencia, se reduce la posibilidad de corrupción y se favorece competitividad de las empresas”, ha enfatizado, a la vez que ha subrayado que es la “falta de transparencia” la que “daña la democracia” y la economía.

METER EN VEREDA AL TRÁFICO DE INFLUENCIAS

“Pedimos la transparencia absoluta del lobby, que su regulación sirva para meter en vereda a la corrupción y al tráfico de influencias y para separarlo radicalmente del derecho a la participación y libre defensa de ideas y de intereses”, ha dicho y, a renglón seguido, ha pedido que se envíe definitivamente al Código Penal la corrupción basada en el tráfico de influencias.

En este punto, ha pedido “valentía” a los legisladores para que “obliguen a todos los profesionales de las relaciones institucionales a firmar un código de conducta que les dé las garantías necesarias en su relación con la sociedad”.

Eso sí, Rotondo ha señalado que la transparencia ha de ser “bidireccional”, es decir que debe afectar tanto a los grupos de influencia como a las instituciones porque de “regular sólo una parte” la norma quedaría “coja”. Sin embargo, no ha especificado qué mandatos deben cumplir los organismos públicos.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Además, la compareciente ha aprovechado su presencia en el Congreso para dejar claro que “los lobbies no trabajan en la oscuridad ni fomentan la corrupción” y que los tribunales tanto españoles como europeos han dejado meridianamente clara la frontera “entre el lobby y el delito de tráfico de influencias”.

En este sentido, ha indicado que “el acto de influir no puede ser equiparado a la alteración del proceso de resolución y sí a la utilización de procedimientos capaces de conseguir que otro realice la voluntad de quien influye”.

“No es lobbying –ha afirmado– influir desde la prevalencia sea esta económica, profesional, familiar, sentimental o política; no es lobbying ofrecer cualquier tipo de contrapartidas por viciar el proceso de decisión; no es lobbying influir en la adjudicación de contratos públicos”.

Por último, Rotondo ha propuesto que se amplíen los documentos que la ley prevé que puedan someterse a consulta pública, de manera que se incluyan órdenes ministeriales u otro tipo de resoluciones del Ejecutivo, así como sus programas de trabajo, las agendas de trabajo de altos cargos y los calendarios y el resultado de las reuniones de las comisiones entre el Estados y las comunidades autónomas.

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El lobby y la transparencia

La Celosía.com. Jueves 11 de octubre de 2012

MARIA ROSA ROTONDO*

Puesto que no existe tal entidad conocida como ‘el público’, ya que el público es meramente una cantidad de individuos, la idea de que ‘el interés público’ va por encima de los intereses y derechos privados solo tiene un significado: que los intereses y derechos de algunos individuos tienen prioridad sobre los intereses y derechos de los demás.” Ayn Rand, La Rebelión de Atlas.

En nuestro país no se reconoce la actividad del lobby ni su ejercicio, lo cual no significa que no existan. Los lobbies en España existen y es inútil negarlo. Sin embargo, es una realidad que permanece oculta – si bien cada vez menos – quizá porque se parte de la consideración de que por defender intereses normalmente empresariales, éstos no son legítimos, o porque permitir a las empresas expresar su parecer sobre la legislación que directamente impacta en su actividad implica irremisiblemente atentar contra el interés general.

En definitiva, existe la percepción general de que tanto el ejercicio de lobby, como la receptividad por parte de los representantes públicos (“dejarse influir”) es, como dice Ayn Rand, un esfuerzo de suma cero en el que para que alguien gane, otro tiene que perder.

Por el contrario, cuanto más lobby se haga, entendiendo como tal la capacidad de comunicar, trasladar mensajes, enriquecer el debate, favorecer la multiplicidad de puntos de vista, más rica será la opinión del regulador y más transparente será la toma de decisiones, resultando en mejor legislación, que debe ser en todo caso el objetivo de una buena acción de lobby.

Hasta ahora, los tímidos intentos de regulación del lobby que ha habido en nuestro país no han sido precedidos de un debate serio y maduro sobre la necesidad de ordenar esta actividad. Puede que nos encontremos ahora ante esta oportunidad, con ocasión de la tramitación parlamentaria de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Se trata de una ley de amplio espectro que abarca distintos temas. Sin ser un proyecto de ley perfecto – casi ninguno lo es – sí que parece ser mejorable en el trámite parlamentario incorporando nuevas medidas y una de éstas podría ser muy bien la creación de un registro de representantes de interés y la consiguiente obligatoriedad de un código de conducta. Ambos elementos constituyen el eje de la regulación de la actividad de lobby en la mayoría de los países de nuestro entorno (hasta 14 de la Unión Europea) así como ante las Instituciones europeas.

¿Por qué es necesario ordenar la actividad de representación de intereses? Por varios motivos.

En primer lugar, la regulación de la actividad de lobby debe realizarse como ejercicio de transparencia, participación, democracia y competitividad, ya que la representación de intereses es un aspecto fundamental de un sistema democrático (el derecho a la libertad de expresión) y que además, afecta directamente a la competitividad de un país. Ello es así porque partimos de la premisa de que cuando las empresas hablan, los políticos escuchan, se elaboran mejores leyes que tienen en cuenta los intereses en juego. Ello no quiere decir, volviendo a la cita de Ayn Rand, que siempre prevalezca un interés particular, sino simplemente que todos serán tenidos en cuenta. Una vez dicho esto, corresponde al legislador y sólo a este, decir la forma de equilibrar dichos intereses o de regular en una u otra manera. Preguntada en una ocasión, cuando competía con Barack Obama por la candidatura del Partido Demócrata Hillary Clinton sobre si defendería los intereses de los lobbies, respondió rotunda que por supuesto que lo haría, puesto que los lobbies representan a personas, incluso a empresas, que crean puestos de trabajo, pero no se separaría un ápice de sus convicciones

(http://www.youtube.com/watch?v=ZIG3YOY-qG8)

En segundo lugar, conviene que los ciudadanos sepan a qué intereses obedecen las decisiones del legislador. De ahí que sea necesario impulsar la transparencia de los intereses que confluyen sobre los Diputados y Senadores, así como sobre el Gobierno cuando legisla, que lo hace y mucho. Lo mismo puede decirse del nivel autonómico. Esta transparencia se instrumentaliza mediante la creación del Registro público, en el que debe inscribirse, en nuestra opinión, obligatoriamente todas aquellas personas que acceden al legislativo con la intención de influir en la elaboración de la legislación, políticas públicas o en la toma de decisiones.

Además del mencionado Registro, es necesario introducir unas mínimas normas de conducta aplicables a la relación de los representantes de intereses con el legislador. Este código no ha de ser muy elaborado – a las 12 normas del Código vigente en la Unión Europea me remito. Son normas básicas y sencillas que están orientadas fundamentalmente a proteger la veracidad, confidencialidad y transparencia de la comunicación. Con ello, se consigue además que el legislador pueda actuar en caso de que uno de los lobistas incumpla el Código, y con ello se protege a las instituciones frente a la corrupción.

Entendiendo la transparencia como una vía de doble sentido, la introducción de estas medidas que actúan sobre los lobistas debe ir acompañada de medidas que a su vez, faciliten nuestro trabajo. En estos momentos, los profesionales españoles nos movemos a tientas por los vericuetos de la Administración. Depende en gran medida de la habilidad o de los contactos de cada uno acceder a la información necesaria para desarrollar nuestro trabajo. Como se suele decir, la información es poder. Pues bien, parafraseando al Diputado de ICV Joan Josep Nuet (@nuet) la transparencia significa repartir ese poder. Es decir, en la medida que se introduzcan mecanismos de transparencia sobre los procesos de toma de decisiones o de elaboración de legislación, más gente accederá a la misma y la información no será accesible solo a algunos.

De ahí que, mediante la transparencia, se logra truncar el resultado de la cita con la que hemos introducido este artículo: con la transparencia se evita en la mayor parte de los casos, que unos intereses primen sobre otros, estableciendo un equilibrio entre los intereses en juego, sometido al escrutinio de la sociedad.

¿Habría sido diferente el resultado de determinadas campañas de lobby en nuestro país en caso de que estos mecanismos hubieran existido? La verdad es que lo dudo. Mi experiencia personal es que cuando una pretensión se alinea con el interés general, ya sea porque derriba barreras al crecimiento, genera empleo o simplemente, porque es lógica, suele tener resultado. Simplemente necesitan hacerse oír. Sin embargo, aquellos intereses que contravienen esta regla normalmente necesitan de la opacidad como aliada. La mejor Ley no está blindada frente a su incumplimiento. Sin embargo, una cosa está clara: si España regulase ahora la actividad de lobby, sería uno de los primeros en hacerlo sin que sea una reacción frente a un escándalo de corrupción. Por eso ahora es el momento.

Finalmente, permítanme unas palabras para desmitificar la actividad del lobista. Si bien es cierto que la actividad está destinada a influir en la legislación en desarrollo, o en la definición de políticas públicas o en la toma de decisiones, la mayor parte de profesionales ejercemos esta actividad convenciendo con argumentos, no mediante el ejercicio de una “influencia” intangible que no poseemos ya que, de ser así, solo contadas personas podrían desarrollar esta actividad. La mayoría de los profesionales que ejercemos esta actividad lo hacemos documentándonos, aprendiendo, haciendo nuestros elaborados argumentos, y trasladándolos a las personas adecuadas en el momento adecuado. Por ello es una actividad profesional que requiere de preparación, estudio, rigor y análisis, y así es en todos los países en los que tiene una profunda tradición, como Estados Unidos o el Reino Unido.

En muchos casos, nuestra actividad se centra en hacer pedagogía, ya que legislador no necesariamente tiene que saber de todo. En otros, se trata de generar intereses a favor o en contra de una política en ciernes. En todos los casos, exige una capacidad de monitorización exhaustiva, que no siempre es fácil en ausencia de mecanismos eficaces que pongan la información a nuestra disposición. Por tanto, la actividad de lobby, de public affairs, de representación de intereses, advocacy o como se quiera llamar no consiste solo en influir sino también en educar, en generar debate y opinión y en representar intereses legítimos que solo aspiran en la mayor parte de los casos a ser escuchados.

En conclusión, entendemos que la representación de intereses forma parte del proceso democrático, ya que en las democracias modernas la libertad de expresión se ejerce no solo a través de los individuos sino, también, a través de las organizaciones de la sociedad civil ya sean empresas, ONGs, organizaciones de consumidores, thinks tanks, o sindicatos.

Esperamos que España pronto adopte medidas que permitan ordenar el ejercicio de esta actividad, estableciendo mecanismos que favorezcan la transparencia de doble sentido, y que de esta manera, se fortalezca la democracia.

MARIA ROSA ROTONDO

Versión Web

*Presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI)

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La transparencia da sus primeros frutos

Como una fruta madura, la idea del Registro de Grupos de Interés o de lobistas está a punto de caer del árbol. Si no fuera por la legislatura prematuramente finalizada, podríamos hablar de que ayer el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad con 329 votos a favor y ninguna abstención, estaría aprobando una modificación de su Reglamento a propuesta del Grupo ParlamentarioDemocràcia i Llibertat, creando el primer Registro de Grupos de Interés en sede parlamentaria en España.

La proposición de Democracia y Llibertat, además, es técnicamente impecable. Solicita la creación de un Registro de obligatoria inscripción, como APRI lleva reclamando nueve años. Una medida valiente y decidida que no todos han parecido preparados para afrontar. Además de obligatorio, el registro propuesto es universal, es decir, todo aquel que accede a los diputados o diputadas con el objeto de influir, debe registrarse independientemente del interés que represente. Y, por último, iba acompañado de una serie de normas de conducta justas y equilibradas, cuya aplicación hubiera aportado mayor seguridad a la labor parlamentaria, y favorecido la participación de la sociedad civil de manera transparente.

La parte buena es que, tras escuchar los argumentos, no queda duda alguna de que la idea ha madurado y que en la próxima legislatura, finalmente, podrá caer del árbol.

María Rosa Rotondo

Presidenta de APRI

 

 

 

@mrrotondo

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Yo, lobista

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La palabra “lobby” está de moda. A la altura de vocablos como “hipster”, “trending topic” o “vintage”. La diferencia, no obstante, estriba en la connotación terriblemente negativa que tiene el término “lobby”. Ser “hipster” mola, pero un lobista genera más odio que Donald Trump en una convención de inmigrantes en EE.UU.

Recientemente, la Vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, destacaba que una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra la corrupción había sido la de promover la regulación de los lobbies. Más recientemente, y en el marco de las negociaciones para la investidura del nuevo Gobierno, el PSOE y Ciudadanos incluían entre sus medidas la regulación del lobby para evitar, puntualizaban, “la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias”.

Y así es como, una vez más, los lobistas volvimos a convertimos en el alfa y el omega de la corrupción en España. Como si no tuviera ya suficiente con ser valenciana por todos los tópicos que ello conlleva, me cargan ahora también este muerto. Soy el mal en persona; Darth Vader. Y yo, sin saberlo.

La asimilación y correlación acrítica que se ha estado haciendo estas semanas de lobby = corrupción resulta tan equivocada como tendenciosa. Equivocada porque supone un manifiesto desconocimiento de lo que es el lobby. Y tendenciosa porque evidencia la incapacidad de ciertos sectores políticos de realizar un mayor ejercicio de autocrítica a la hora de dilucidar la verdadera y múltiple causalidad de la corrupción en España. Por ello, tan injusto es decir que todos los políticos son corruptos como que todos los lobbies forman parte del contubernio judeo-masónico-comunista. Tomar la parte por el todo tan sólo conduce al desprestigio del trabajo de todos aquellos que ejercen con diligencia su profesión, sea esta en el ámbito privado o en el público.

Buena parte del problema radica en ese desconocimiento, que equipara el lobby al maquiavelismo de un capítulo de House of Cards y no tanto a movimientos ecologistas para promover el uso de renovables. Ni tan siquiera existe consenso en el propio sector para denominar nuestra activida

d: desde relaciones institucionales, pasando por asuntos públicos, asuntos gubernamentales, asuntos corporativos, advocacy, incidencia o, mi preferida, cabildeo. Cualquier cosa menos lobby, que arrastra siempre una connotación negativa. Y, aunque decidiera emplear este término con orgullo y tesón, mi travestismo profesional me conduce a tal desconcierto que, en realidad, ya no sé si soy lobista, lobbista, o lobbysta.

Bajo semejante panorama, no resulta extraño la confusión generalizada que existe en la sociedad con respecto a nuestra profesión. Hace falta más pedagogía y, para ello, la mejor arma es la transparencia. La CNMC ha creado recientemente un registro de lobbies, siguiendo el camino que la Generalitat de Cataluña inició el pasado año. Una gran noticia, puesto que la normalización del lobby en España es el primer gran paso para lograr desmitificar el halo de misterio que rodea al sector.

Ello implica necesariamente que el lobby no sólo lo ejerzan las grandes empresas del Ibex 35 y las multinacionales, sino también ONGs, asociaciones y grupos de ciudadanos. Sin ir más lejos, la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la PAH de Ada Colau en 2013 fue uno de los movimientos de presión más destacados de los últimos años, ya que logró colocar en la agenda política una realidad, la de los desahucios, silenciada hasta entonces. Greenpeace es otro de esos grupos de presión que emplea acciones menos ortodoxas para lograr sus objetivos políticos, como impedir la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana desplegando pancartas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.

El reto, por tanto, pasa no sólo por democratizar la práctica del lobby a toda la sociedad, sino también por profesionalizar su ejercicio. Llevo años explicando a mis allegados que una de mis principales tareas como lobista es leer con devoción el BOE y el BOCG cada mañana, escuchar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros y los debates en sede parlamentaria, o seguir al segundo la formación de Gobiernos tras elecciones. Prácticas estas muy alejadas de la idea preconcebida de que, en realidad, los lobistas lo que hacemos es conspirar con los políticos para planear la dominación del mundo y, de paso, enriquecernos en el proceso.

Por ello esta profesionalización debe pasar por la instauración de un obligado código de buenas prácticas –ya adoptado por la inmensa mayoría de empresas y consultoras del sector– que censure aquellas actividades ilícitas atribuidas a lobistas y que, por lo general, son urdidas entre empresarios con la cartera ancha y la moral escasa, y políticos con nulo sentido y aprecio por el bien común.

Así que hoy romperé una lanza en favor de mi profesión y diré públicamente, y sin tapujos, que yo soy lobista. A pesar de que serlo no mole tanto como ser hipster. Pero, al menos, la mayor parte de mis compañeros y yo desempeñamos nuestro trabajo bajo las premisas de transparencia y profesionalidad, buscando el objetivo de hacer ver al lobby como una práctica necesaria para el desarrollo democrático de nuestras sociedades y no como un obstáculo al mismo.
Cristina Sayol

Consultora en Asuntos Públicos en Political Intelligence

 

 

 

@CristinaSayol

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La regulación de los lobbies entra en el 20D

Por fin podemos afirmar sin ningún género de duda, que la voluntad de regular los lobbies –objetivo que APRI lleva persiguiendo desde su fundación en 2007–  está incluida en el programa electoral de los principales partidos.

Con matices, casi todas las propuestas programáticas para las elecciones del próximo 20 de diciembre incluyen la regulación de los lobbies y de su actividad.

A continuación, las propuestas detectadas en materia:

 

El Partido Popular, cuyo compromiso en regular los lobbies en la pasada legislatura nunca llegó a materializarse, bajo el lema Reivindicar la Política, Combatir la Corrupción, propone 18 medidas, entre las que destaca la número 11 en cuanto a lobbies:

 

11. Regularemos la actuación de los lobbies y pondremos en marcha un registro de lobbies o grupos de interés para identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan este tipo de actividades.

 

El PSOE de Pedro Sánchez abarca el tema en el capítulo La Defensa de lo Público, en el apartado Administraciones Públicas para Garantizar Servicios Públicos de Calidad, proponiendo –entre otras– la siguiente medida:

 

Buen Gobierno en las Administraciones Públicas: Participación, transparencia, ética pública y prevención contra la corrupción

Regular la actividad de lobby ante el Poder Legislativo, el Gobierno y la Administración. Crear un registro obligatorio de lobbies y lobistas. Los representantes públicos deberán dar cuenta de los contactos que mantienen con estos lobbies e informar del contenido de las pretensiones o propuestas formuladas. Todo lobista registrado deberá informar periódica y públicamente de sus actividades. Aprobar un código ético para la actividad de lobby y dotar a la Oficina de Conflictos de Intereses de las prerrogativas y los recursos necesarios para supervisar y sancionar los incumplimientos, tanto del sector público como del sector privado.

 

Ciudadanos ha decidido incluir esta materia en el Apartado VIII de su programa, La Administración al Servicio del Buen Gobierno, en la sección Reformas Institucionales yTransparencia Económica, con el siguiente compromiso:

 

Proceder a la regulación de los denominados lobbies estableciendo un registro de grupos de interés y garantizando la transparencia en el ejercicio del derecho que los representantes de la sociedad civil y las empresas tienen de acceder a las instituciones y en particular al Parlamento.

 

En los 394 puntos que vertebran el programa de Podemos, el partido de Pablo Iglesias se acerca al asunto a través de distintas medidas programáticas tal como:

 

227 Reglamentos parlamentarios para el debate democrático

 

Convertiremos los reglamentos parlamentarios de las cámaras generales del Estado en una herramienta para la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de dichas instituciones.

 

• Mayor fuerza de la ciudadanía: participación de la sociedad civil en el proceso legislativo. Crearemos espacios mixtos de deliberación durante la tramitación legislativa donde participen representantes políticos, personal técnico y ciudadanía. Incluiremos el escaño ciudadano.

 

• Todas las actividades parlamentarias estarán regidas por los principios de transparencia y control político. Desarrollaremos herramientas web accesibles que hagan transparente la actividad en las cámaras.

 

 

238 Regulación de las incompatibilidades en los cargos públicos

• Prohibir que desde los lobbies se contrate a los diputados o a sus asistentes.

 

• Obligar a que, si desde los lobbies se emplea a antiguos miembros del Gobierno, estos lobbies informen sobre quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos contactan, qué temas tratan y en qué gastos incurren durante su trabajo.

 

• Crear, a nivel estatal y en cada Comunidad Autónoma, una oficina de registro de conflictos de interés e incompatibilidades, que vele por el cumplimiento de estas normas y que esté dotada de independencia y capacidad inspectora.

 

También UPyD ha incluido el tema de la regulación de los lobbies en la sección deTransparencia y lucha contra la corrupción:

5.1. Transparencia, regeneración de la democracia y lucha contra la corrupción

171. Regulación de los lobbies, en los que se detallen las prácticas permitidas, la regulación de las actividades y la forma de publicar la influencia en el proceso legislativo.

 

172. Reforma de la Ley de Transparencia, claramente insuficiente, así como la adopción de las medidas necesarias para garantizar la publicidad accesible y comprensible de […] Registro de lobbies y grupos de interés de acuerdo a los estándares internacionales

 

A pesar de las sendas propuestas para fomentar la transparencia de las instituciones españolas, el programa de Izquierda Unida/Unidad Popular no hace referencia a la palabra lobby o grupo de interés y tampoco a la puesta en marcha de medidas para regularlo.

 

Entendemos que tratándose de programas electorales ningún partido haya podido detallar más sus propuestas al respecto, pero lo que sí es cierto es que cualquier sea el color político del próximo gobierno de la XI legislatura, la actividad del lobby tendrá su regulación. Como primera y única asociación en representación del colectivo de lobistas en España, nos felicitamos de que así sea.

 

Descarga el PDF con todas las propuestas

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“La ética de las relaciones públicas y la deontología de la profesión”

Comunicación y empresa responsable, recoge la colaboración de cerca de 40 autores de universidades públicas y privadas, así como profesionales de referencia en el mundo de la comunicación en España, quienes se encargan de explicar y desarrollar los aspectos concretos de la ética y la responsabilidad social en el contexto de la comunicación empresarial. Todo ello bajo la coordinación de Juan Benavides, Catedrático de Comunicación en la Universidad Complutense, y el profesor Abel Monfort.

El manual tiene como objetivo servir de material de trabajo y consulta para alumnos, profesores y profesionales que quieran profundizar en la dimensión ética y responsable de la gestión de intangibles, cuentas, creatividad o agencias de medios de empresas y organizaciones públicas o privadas.

La obra se divide en los siguientes bloques: ética y comunicación en un mundo globalizado; introducción a la ética empresarial; la presencia ética en la estrategia de marca corporativa; la ética en otros sectores de la profesión; y, por último, el profesional de la comunicación.

El consultor de comunicación y asuntos públicos, Santos Ortega, colabora con un capítulo titulado: “La ética de las relaciones públicas y la deontología de la profesión”. En este capítulo, Ortega, miembro de APRI, desgrana como cada vez más directivos y profesionales de la comunicación tienen a su cargo labores de representación institucional que tienen grandes implicaciones éticas. Como ejemplo para abordar esto nuevos retos éticos, el autor refleja el código de conducta de APRI dentro de las iniciativas que colaboran a la profesionalización de la representación de intereses en España.

Santos Ortega

Consultor en Comunicación y Asuntos Públicos y Socio de APRI

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Hagamos del lobby una actividad regulada

La función profesional de los lobistas no es en absoluto ajena al mundo de la comunicación. Las relaciones institucionales de una organización son claramente concomitantes e incluso coincidentes con el ámbito de desempeño de los profesionales del lobbying, y es frecuente y mutuamente beneficiosa la colaboración entre éstos y los directivos de comunicación.

Para Dircom, el acuerdo firmado con APRI implica un reconocimiento mutuo de esta realidad y de los puntos de intersección entre ambas funciones. Los directivos de comunicación coincidimos con los profesionales del lobbying en la necesidad de que su actividad se regule de una manera satisfactoria para todas las partes implicadas y para el conjunto de la sociedad, como en otros países de nuestro entorno.

Por ello Dircom se dispone, mediante este acuerdo, a colaborar con APRI en el desarrollo de esta reivindicación razonable de los lobistas, que sin duda redundará en una mayor transparencia y en un desempeño ético de su actividad.

Sebastián Cebrián

Director general de Dircom

 

 

 

 

 

 

@SebasCebrian

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5ª Reunión Anual de la Comunidad de Asuntos Públicos de Europa | Viena, Austria

Transparencia y regulación del lobby: éstos son los temas que las asociaciones nacionales de lobistas procedentes de toda Europa discutieron en su quinta conferencia, celebrada en Viena el 7 y 8 de mayo de 2015.

El encuentro fue organizado por la Public Affairs Community of Europe (P.A.C.E), la única plataforma que reúne a las organizaciones nacionales europeas de asuntos públicos, profesionales y lobistas. La asociación Austríaca de Asuntos Públicos  (www.oepav.at) acogió la reunión de éste año, que contó con representantes de las  Asociaciones Nacionales de 16 países europeos, así como con portavoces de la OCDE, Transparencia Internacional y las organizaciones en Bruselas, SEAP y EPACA.

Los miembros de P.A.C.E debatieron activamente sobre la desproporcionada crítica al lobby en lugar de instar el necesario debate político sobre cómo establecer una democracia más moderna y abierta. Además, se considera que los Estados miembro de la UE deben tomar el Registro de Transparencia Europeo como base para potenciales regulaciones del lobby, y promover directrices adecuadas a tener en cuenta en su normativa nacional y en el desarrollo de buenas prácticas.

El objetivo de PACE es animar el debate público sobre esta actividad que, si es llevada a cabo por profesionales y bajo reglas limpias y claras, puede garantizar la participación democrática de los grupos de interés y de la sociedad en la toma de decisiones. En el ámbito europeo, nacional y regional, el lobby es un servicio profesional necesario para acompañar los procesos políticos de toma de decisiones.

Sobre P.A.C.E

La Comunidad de Asuntos Públicos de Europa (PACE) es, desde 2011, la única red que permite la consulta permanente entre las asociaciones profesionales de Relaciones Públicas en Europa, promoviendo la comparación entre diferentes experiencias en la representación de intereses a nivel nacional frente a las instituciones públicas. El objetivo de PACE es proporcionar apoyo a los profesionales europeos, con el fin de impulsar un marco más transparente en el que todos los grupos de presión, con sus deberes y derechos, sean tratados por igual. Las conferencias anteriores se han celebrado en Roma (Il Chiostro – 2011), Madrid (APRI – 2012), París (AFCL – 2013) y Berlín (DE’GE’POL – 2014).

 

 

 

 

@pace_eu

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El mapeo de un nuevo entorno político

El escenario político está sujeto a cambios constantes. Los stakeholders que hoy son clave en la toma de decisiones que afectan a una compañía pueden dejar de serlo en el corto plazo, siendo reemplazados por nuevos actores.

Esta evolución natural es si cabe más relevante en el momento político actual, tan inestable y convulso, que anticipa cambios profundos en el mapa institucional.

Por un lado, las elecciones municipales y autonómicas a celebrar el próximo mes de mayo traerán probablemente cambios sustanciales y nuevas caras en los Ayuntamientos y gobiernos autonómicos de muchos de nuestros municipios y regiones. Por otro lado, las últimas encuestas muestran un cambio radical en el mapa político a nivel estatal tras las elecciones generales previstas  para finales de este año.

Por todas estas razones, el conocimiento y análisis de los distintos stakeholders con capacidad de actuar o influir sobre nuestro entorno de negocio cobra todavía más importancia, si queremos implementar una estrategia de public affairs sólida y de alcance.

Las empresas y asociaciones no pueden observar el juego político desde la barrera. Deben implicarse y reformular sus estrategias, estar preparadas para anticiparse a estos cambios.

En este sentido, el mapeo del nuevo entorno político se presenta como una necesidad ineludible en el contexto electoral para un tejido empresarial que, como es el caso del español, empieza a considerar las relaciones institucionales como un pilar fundamental de su estrategia.

Pero, ¿cómo hacer ese mapeo? Los directivos se encontrarán ante la disyuntiva de dedicar grandes esfuerzos a las relaciones institucionales partiendo de unos recursos materiales y, especialmente, temporales escasos, debido a la confluencia de diversas citas electorales. El reto entonces es saber priorizar y jerarquizar bien los contactos, diferenciando los stakeholders en función de atributos como sus competencias,  legitimidad y capacidad de influencia.

Y es que, de la correcta identificación de las necesidades y expectativas de los actores más relevantes dependerá en gran medida el éxito de la estrategia institucional de muchas empresas.

 

Javier Valiente

Socio Director de Political Intelligence y Miembro Fundador de APRI

 

 

 

@JValiente

 

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Qué nos dejan los DEN de la X Legislatura en materia de lobby

En todos los Debates sobre el Estado de la Nación celebrados en esta legislatura ha aparecido la palabra lobby. Es el caso del DEN 2013 en el que el mismo Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hablando ante el Pleno del Congreso de medidas para fomentar la transparencia en la relación entre administración pública y ciudadanía, destacó la necesidad de regular esta profesión:
“Permítanme, Señorías, que como miembro de esta Cámara de representantes, les proponga también extender este tipo de medidas u otras similares a los Diputados y Senadores, a través de la pertinente reforma de las normas que regulan el funcionamiento de ambas Cámaras.Una reforma en la que creo que sería positivo incluir también la regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses (los llamados “lobbies”), con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites.” (M. Rajoy, Congreso de los Diputados, 20/02/2013)
Habrá que esperar un año más para que haya algo de compromiso respecto al tema. En el DEN 2014 los Grupos Parlamentarios Popular y de CiU pactan una resolución en la que el Congreso considera necesario impulsar, en el marco de la Reforma del Reglamento del Congreso, la regulación de los lobbies.

En este sentido, el pasado mes de octubre la Ponencia encargada de la Reforma del Reglamento del Congreso empezó a trabajar para la creación de un registro de los lobbies. El Grupo Parlamentario Popular (GPP) presentó una propuesta que refleja, con algunos matices, la que APRI presentó a los varios grupos parlamentarios durante el año 2014. Después de que el GPP presentara su propuesta la Ponencia se ha reunido tan solo dos veces y no consta que se haya avanzado mucho en esa dirección.

Lo que sí es cierto es que la semana pasada, por tercera vez, la palabra lobby entró en el Debate sobre el Estado de la Nación. De hecho, el DEN 2015 nos deja una segunda resolución de CiU, con enmienda del GPP, para que se avance en esta materia:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

3. Avanzar en la regulación de manera precisa de los denominados LOBIS en el marco de los trabajos que se están llevando a cabo en el Parlamento, a partir de la definición de la propia comisión europea, garantizando la necesaria transparencia en el ejercicio legítimo del derecho que los representantes de la sociedad civil tienen de acceder a las instituciones con el objetivo de trasladar sus intereses, recabar información, defender su situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta, especificando los límites de estas actividades.”

Ahora bien, es un hecho que el tema de la regulación de los lobbies ha entrado tres veces en el debate parlamentario más importante del año, demostrando así que el tema de la regulación tiene derecho a ser parte de la agenda parlamentaria. El siguiente paso, ahora, sería pasar de las palabras a la acción. Hay compromiso por parte de varios grupos parlamentarios para regular este tema, que está ya en la agenda política del país, y que es algo que hará que las relaciones entre el mundo empresarial y la administración pública sean más transparentes.

Por lo tanto, desde APRI, seguimos esperando con confianza que, también España tendrá en breve una correcta regulación en esta materia que aporte transparencia y profesionalidad a la representación de intereses.
Andrea Vota
Adjunto a la J. Directiva de APRI

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