Entradas

Ciertamente, el ejercicio del lobby en España está preso de una serie de mitos que lo hacen incomprendido y oscuro. La corrupción ha reforzado esos mitos y ha dañado la imagen de los grupos de presión. Pero las razones de la desconfianza y de la distancia del ciudadano medio hacia los lobbies son, además de la corrupción, la juventud de la que aún goza nuestra democracia, la histórica ausencia de regulación de la profesión y la consecuente falta de transparencia de dicha actividad.

Sin embargo, en España, la mayoría de la población no ha interiorizado aún que los sindicatos, las asociaciones de consumidores, o las organizaciones sociales que reivindican los derechos LGTB, por citar algunos ejemplos, también son lobbies, ampliamente aceptados por la sociedad, aunque sus intereses no son corporativos.

Pero, ¿qué es el lobby?
Según la RAE, lobby significa «grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses, es decir, un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad».

Cuando leemos esta definición, el imaginario colectivo nos lleva a despachos en donde un político intercambia favores con una persona sin rostro, representante de poderosos intereses empresariales. Esto sucede, pero no es lobby; es, en todo caso, tráfico de influencias. En cambio, no pensamos en un sindicato amenazando con una huelga si, en una nueva legislación laboral, hay cambios que afecten a sus trabajadores. Y es que los métodos de los lobbies son distintos, pero el fin es el mismo: influir en la elaboración de las leyes y regulaciones, y en la toma de decisiones.

Un engranaje básico de las democracias desarrolladas
En EEUU, por ejemplo, los lobbies son un engranaje fundamental de la democracia. Son poderosas organizaciones de presión política que tienen un peso incuestionable en la creación de muchas leyes o en el mantenimiento de muchas otras. Aunque tendamos a creer que compran voluntades, el político que escucha a estos grupos también evalúa el peso, en el caso del lobby corporativo, que tienen estas industrias y sus intereses en el tejido económico y social del país: millones de dólares en impuestos y miles de puestos de trabajo que deben ser tenidos en cuenta -a Eisenhower se le atribuyó la frase de «lo que es bueno para la General Motors lo es también para EE UU»-. Así sucede también con lobbies no corporativos. Toda persona que represente una empresa o sector importante, o a un colectivo muy numeroso, defiende un interés que el legislador debe ponderar.

Sin salir del ejemplo norteamericano, los lobbies no son infalibles. El carbón y el acero perdieron la partida durante la Administración Obama y el lobby de las tabacaleras fue derrotado por las condenas millonarias en los juzgados en la década anterior. En estos casos, otros factores fueron determinantes, entre ellos, el bienestar colectivo de la población. Para que los intereses defendidos tengan éxito, deben también ser importantes y comprendidos para un espectro amplio de la sociedad. Si el tabaco mata, o si el carbón daña el planeta, la presión social es más fuerte que cualquier otra presión que pueda ejercerse sobre cualquier político. Como subraya Daniel Ureña, de MAS Consulting, «no hay lobbies buenos y lobbies malos, sino que lo que debe juzgarse son los intereses que cada uno defiende.» Para los lobbies, la imagen pública de los intereses que defienden es tan importante como su labor de influencia con los poderes políticos.

En las democracias avanzadas, pues, los lobbies se han convertido hoy en canalizadores de demandas e información muy útiles en la toma de decisiones. Cuando se está elaborando una ley sobre un sector específico, es necesario que el legislador oiga todos los puntos de vista, reciba informes cualificados, estudie cómo la ley afectará a empresas, a ciudadanos, al medio ambiente, etc., y en ese momento los grupos de presión juegan un papel vertebrador y, en la mayoría de los casos, beneficioso.

La lucha por una mayor transparencia
La problemática actual del lobby en España radica, precisamente, en sus métodos. Una mayor transparencia es lo que demandan, entre otros, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, así como distintos organismos, para normalizar esta actividad.

En febrero de 2017 la Comisión Europea criticó la falta de regulación de los lobbies en España. La recientemente fallecida Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, denunció en su testamento la «opacidad de la Administración» y las deficiencias de la vigente Ley de Transparencia (aprobada en diciembre de 2013) por la cual se creó el primer Registro de Grupos de Interés en España, en funcionamiento desde marzo de 2016.

Por su parte, Transparencia Internacional destaca que el lobby es síntoma de una democracia dinámica, pero que necesita estar dotada de más control y transparencia. En este sentido, en el último índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, España estaba en el número 41 de 176; no era una mala posición, pero estaba por detrás de Bostwana, Cabo Verde, Qatar o Lituania.

Bienvenidos y regulados sean
Los lobbies en España no mejorarán su imagen hasta que exista una mayor transparencia y hasta que la sociedad no interiorice los beneficios que reporta esta actividad.

El lobby profesional es legítimo y sano para una democracia. Es, también, un sector económico en auge y que, con una regulación efectiva, puede ayudar a mejorar los mecanismos de la democracia representativa y defender mejor los intereses de los ciudadanos. Los lobbies, sí, son normales, y necesarios.

Artículo original

El próximo viernes 26 de enero se inaugura la 8ª edición del Postgrado de Dirección de Asuntos Públicos(PDAP), el primer programa en España especializado en lobby. Este programa ha formado a un gran número de directivos y profesionales del mundo de la empresa, la Administración Pública y el Tercer Sector.

La organización corre a cuenta de Mas Consulting junto con la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE. El pasado 11 de enero celebraron una mesa redonda sobre el futuro del lobby para presentarlo en el Aula de Liderazgo Público.

El acto estuvo conducido por Daniel Ureña, coordinador del Aula de Liderazgo Público, contó con la presencia de Maribel Álvarez, Directora del Departamento de Disciplinas Comunes de la Facultad de Derecho (ICADE), Piluca Núñez, Directora de Comunicación de la Asociación Española de Energía Eólica; y Lara Contreras, Directora de Relaciones Institucionales de Oxfam Intermón.

El punto de partida del debate fue la entrada en vigor del registro de lobistas en el Ayuntamiento de Madrid a comienzos de año, donde la jurista Maribel Álvarez hizo un repaso a las distintas iniciativas que, desde las Cortes Constituyentes -“padres de la Constitución como Solé Turá o Fraga tuvieron interés en legislar sobre el lobby en la Carta Magna”- hasta hoy día se han planteado para establecer un regulación del lobby. ¿Por qué no se ha llevado a cabo esa regulación? Álvarez concluyó: “Porque no se ha sabido cómo hacerla“.

Piluca Núñez explicó cuál era su función como lobista, subrayando la necesidad de alejar el concepto de lobby del de corrupción y enfatizando la necesidad de un registro único que facilite la labor de profesionales, ciudadanos y legisladores. Este registro ha de llevar un código de conducta para todos aquellos que ejercen y reciben el lobby.

Lara Contreras expuso a los asistentes la pregunta ¿quién es lobista?, afirmando que era “Todo aquel que pretende influir lícitamente para conseguir un cambio político acorde a sus intereses”.

La regulación es una cuestión totalmente necesaria, abordándose al respecto las iniciativas legislativas introducidas en el Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Ciudadanos y, aunque todas las ponentes coincidieron en valorar como poco probable que saliera adelante la reforma del reglamento del Congreso propuesta por el PP, también hubo consenso en que se está avanzando en España.

Se citaron referentes internacionales como los casos de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá para ejemplificar los límites de la transparencia. Todas las ponentes coincidieron en que no todas las acciones de lobby ni toda la documentación aportada debe hacerse pública, aunque, como dijo Lara Contreras, “los ciudadanos tienen derecho a saber quién está influyendo en las tomas de decisiones legales”.

El acto concluyó con las preguntas del público, encaminadas hacia la percepción pública del lobby y la necesidad de crear un buen story telling sobre el lobismo.

Artículo original

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) concluye en su último informe que ha habido un progreso limitado en España en el cumplimiento de sus recomendaciones y que el nivel de ejecución del país sigue siendo “globalmente insatisfactorio”.

El informe publicado este 3 de enero de 2018 desprende que España aún no ha implementado por completo ninguna de las 11 recomendacionesque Greco emitió en 2013: siete lo han hecho parcialmente y cuatro no han sido implementadas en absoluto.

Con respecto a los parlamentarios, varias recomendaciones esperan su puesta en marcha, incluida la adopción de un código de conducta en ambas cámaras y una revisión exhaustiva de la información financiera publicada. Por otro lado, el organismo internacional celebra que se hayan dado pasos adelante para la creación de un registro de lobbies, que permitirá mejorar la transparencia sobre cómo los parlamentarios interactúan con los grupos de presión y otras partes.

Greco subraya en su informe la alta calidad del sistema judicial español y celebra el proceso de reflexión que está en curso para aumentar la independencia y la eficiencia del poder judicial, incluidos los cambios en los sistemas de nombramientos. Destaca que se haya adoptado un código de conducta y la creación de una Comisión de Ética Judicial con una función de asesoramiento, aunque todavía no haya comenzado a funcionar.

Con respecto al servicio de fiscalía, Greco lamenta “la falta de una acción más decidida en la redacción de un código de conducta para los fiscales”, que está en curso.

El presidente de Greco, Marin Mrčela, ha enviado una carta a las autoridades españolas solicitando que se tomen medidas concretas con el propósito de lograr un progreso tangible lo antes posible. Las autoridades españolas tendrán que informar de la implementación de las recomendaciones antes del 31 de diciembre de 2018.

Artículo original

La compañía ha incorporado a sus oficinas en España a Guillermo Serrano, ex consultor sénior de Kreab que ocupa el cargo de public policy manager en la Península Ibérica. El directivo brinda apoyo a Natalia Basterrechea, que lidera esta división desde 2011.

Facebook hace lobby en España. Tras varios meses buscando a un nuevo directivo para reforzar su equipo de políticas públicas en el país, la compañía ha incorporado a Guillermo Serrano, ex consultor sénior de la agencia de comunicación Kreab, como nuevo public policy manager para España y Portugal.

Tal y como han confirmado desde Facebook a Kippel01, la posición de Serrano está ideada para que brinde apoyo a Natalia Basterrechea, quien lidera esta división desde 2011 tras trabajar como asesora legal externa para vLex, la empresa de telecomunicaciones Fon y la GSM Association (dueña de Mobile World Congress).

Serrano, por su parte, llega a Facebook procedente de la agencia de comunicación Kreab, donde ha ejercicio como consultor sénior de asuntos públicos más de un año y medio. Antes de unirse al grupo, el directivo realizó varios trabajos relacionados con la Unión Europea: formó parte del equipo europeo en Whitehouse Consultancy, trabajó como asistente parlamentario en Bruselas, como analista junior en DeHavilland EU y ocupó el cargo de asistente del director en el Council for European Palestinian Relations durante unos meses, entre otros.

El fichaje de Serrano se produce pocos meses después de que Facebook pescara en Twitter a su nuevo responsable de alianzas deportivas estratégicas, Kike Gutiérrez de Ravé. El ejecutivo llevaba cinco años en Twitter, donde se especializó en pensar fórmulas de monetización de contenidos audiovisuales en directo o bajo demanda.

Entre las funciones de Serrano destaca la consecución de alianzas con organizaciones españolas, las reuniones con representantes del Gobierno en España y en Portugal, y el seguimiento de la legislativa vigente en el país. En este sentido, la compañía fue multada con 1,2 millones de euros por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) el pasado septiembre.

El organismo identificó dos infracciones graves y una muy grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Lopd) al considerar que Facebook “no informa a los usuarios de forma exhaustiva y clara sobre los datos que va a recoger y el tratamiento que va a realizar de ellos, sino que se limita a dar algunos ejemplos”.

Facebook acaba de presentar los resultados financieros correspondientes al periodo entre enero y septiembre de 2017. Según sus datos, el grupo catapultó su beneficio un 75%, hasta 11.665 millones de dólares (9.879,5 millones de euros) e incrementó sus ingresos un 47% en relación al mismo periodo del año anterior, alcanzando una cifra de negocio de 27.681 millones de dólares (23.444,1 millones de euros).

El grupo estadounidense que encabeza Mark Zuckerberg no desglosa resultados por países. Los últimos datos relativos al negocio de Facebook en España corresponden al ejercicio 2016, cuando la compañía registró pérdidas por 486.916 eurosun 50% más en comparación con el año anterior. En el mismo periodo, la filial registró unos ingresos de 7.859 millones de euros.

La filial española, no obstante, no factura directamente por ingresos publicitarios, sino que es la subsidiaria que Facebook mantiene en Irlanda la que factura la publicidad que vende en el país. Facebook España le cobra por “servicios prestados”.

Explorando nuevas vías de negocio

Entre los últimos movimientos de Facebook a escala global, destaca el lanzamiento del servicio de suscripción de pago a Instant Articles, por el que los usuarios que accedan a noticias a través esta plataforma integrada en la red socials se encontrarán con una opción de pago por un número determinado de artículos.

La empresa ya ha cerrado acuerdos con medios como Bild, The Boston GlobeThe EconomistHeartsLa ReppublicaLe ParisienSpiegelThe TelegraphTronc y The Washington Post. En su momento, Facebook aseguró que muchos editores habían “identificado las suscripciones como su principal prioridad”.

Por otra parte, la compañía estadounidense selló la compra de la aplicación de mensajería anónima To Be Honest (TBH), aunque los detalles de la operación no trascendieron. La aplicación permite a los usuarios responder preguntas sobre sus amigos (con filtro) de forma anónima. Tan solo dos meses después de su lanzamiento, la app ya sumaba más de cinco millones de usuarios.

Artículo original

El grupo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara para la regulación de los grupos de interés. En Civio celebramos que se debata al fin este asunto, pero creemos que la propuesta se queda a medias. Primero, porque no aclara qué información se va a publicar en la página web del Congreso. Segundo, porque establece una definición de lobby que podría dejar fuera a buena parte de quienes lo ejercen. Y, tercero, porque se ha encomendado su seguimiento y control a la propia Presidencia del Congreso de los Diputados, que en la actualidad ejerce Ana Pastor (PP).

Por eso, hemos enviado a los partidos políticos de la Cámara Baja varias modificaciones a la propuesta planteada. La más importante pasa por su publicidad. Aunque la propuesta establece cuál será el contenido del registro y aclara que será “público”, marca que “la Presidencia, con el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces, adoptará las disposiciones necesarias para garantizar la publicidad del registro, con las garantías suficientes para proteger los datos que deban mantenerse reservados”. Eso que se deja para un desarrollo posterior es la clave de un registro enfocado hacia la rendición de cuentas y el seguimiento de la huella legislativa: qué se va a publicar y qué no.

Nuestra propuesta pasa por establecer que todo el contenido, excepto los datos de contacto de las personas físicas, se publique en la web del Congreso. Esta decisión, esencial, no se puede dejar en manos de un desarrollo posterior. Otra de nuestras propuestas de mejora pasar por modificar la definición de grupo de interés que incluye la reforma. La propuesta del PP deja fuera a multitud de entidades que ejercen como tal y se aleja de los estándares internacionales sobre la materia. Para Civio, un grupo de interés es “cualquier organización o individuo, independientemente de su estatuto jurídico, que defiende o expone intereses, en nombre propio o ajeno, con el objetivo de influir de manera directa o indirecta en la formulación o la aplicación de políticas y en los procesos de toma de decisiones de las instituciones”. Y así se lo hemos trasladado a los grupos.

Además de añadir contenido al registro para que cumpla su función de forma efectiva e incluir obligaciones para los diputados -la propuesta del PP solo contiene deberes para los grupos de interés-, nuestras recomendaciones incluyen un cambio de base: ¿quién se va a encargar de vigilar su cumplimiento? Según la propuesta popular, la propia presidencia de la Congreso, a cargo de Ana Pastor, miembro del partido del Gobierno y del de la mayoría de los diputados de la Cámara. Es decir: un solo partido vigilará que se cumpla la norma y gestionará el registro de una cámara plural. Para evitarlo, proponemos que las funciones de control pasen a la Comisión permanente del Estatuto de los Diputados, donde participan todos los grupos políticos del parlamento. Desde Civio creemos que el Congreso, por su papel vital en la vida pública española, no debe ir a la zaga de otras normativas y debe ser líder en rendición de cuentas, desde la apertura, la confianza y la honestidad.

Artículo original

En el siglo XIX quienes querían persuadir de algo a un miembro de la Cámara de los Comunes, se reunían con ellos en los pasillos. De ahí viene la palabra lobby, vestíbulo en inglés, actividad que Estados Unidos regularizó en 1946 con la Lobbying Act .

La idea de un registro de lobistas llegó en la primera década de los 2000 a Australia, Alemania, Reino Unido y Austria. La CNMC creó el primero de España en 2016, inspirándose en el de la Comisión Europea, también de naturaleza voluntaria. Después, Cataluña aprobó su ley autonómica para el sector.

Regularizar la profesión: una demanda de una década

Atendiendo a las recomendaciones del Consejo de Europa formuladas a través del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECCO), la regulación de los «grupos de interés» se debate en el Congreso con dos propuestas de ley: la de modificación de Ley de Transparencia con un registro de lobbies y la del Reglamento de la Cámara. Cinco comunidades, Navarra, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y Valencia, trabajan en ello también. «No había nada y ahora estamos desbordados», cuenta María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Públicas, APRI. «Veníamos defendiendo nuestra actividad como una forma de participación que es necesario regular. Nos ha costado 10 años llegar hasta aquí», se queja.

«Regular los lobbies implica poner el foco en los grandes asuntos, saber cómo se toman las decisiones: cómo se regula el sector eléctrico o se rescata una autopista», explica David Cabo, cofundador de CIVIO. Esta fundación ya intentó que la regulación de los lobbies formara parte de la Ley de Derecho de Acceso a la Información. «Nos dijeron que era muy complicado», recuerda. «Somos los primeros en hacer lobbying ; nos reunimos con partidos políticos e intentamos introducir nuestras enmiendas en las leyes», reconoce. «Todo el mundo sabe que esas reuniones se producen, pero necesitamos reglas», demanda Rotondo.

Registro universal o excepciones

La cuestión de si todos los que se relacionan con entes públicos deben inscribirse en el registro está en el centro del debate. Los abogados pueden escoger hacerlo o no según la ley catalana y la valenciana excluye a sindicatos, organizaciones empresariales y asociaciones de consumidores. «No podemos imponer una sanción a determinadas organizaciones a las que la Constitución otorga una relación especial con la Administración por tener un papel constitucional reconocido», explicaba la Secretaria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación valenciana, Zulima Pérez Seguí en unas jornadas sobre la materia organizadas por la CNMC y la Fundación Chile-España.

Algo similar ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, el primero del mundo en crear un registro para lobistas. «No tienen sentido que un municipio pequeño lo haga, pero Madrid gestiona un presupuesto de 5000 millones de euros», señala David Cabo. «Como no hay un marco regulatorio, no son propuestas homogéneas», denuncian desde APRI mientras recuerdan que la existencia de múltiples registros «no asegura la transparencia». Su propuesta es uno «común, obligatorio y universal que dependa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno«.

Otro punto de desencuentro entre legisladores y profesionales es la cuestión de la confidencialidad. APRI declara su «preocupación» porque toda la normativa elaborada hasta la fecha conlleva la «publicidad activa» de la documentación que se entregue en las reuniones con autoridades. «La transparencia no está reñida con la confidencialidad», sostiene su presidenta, que critica esta visión por su «falta de eficacia» y la describe como «una forma burda de llegar a la huella legislativa, que es donde debe aparecer». En CIVIO, en cambio, creen que «hay que valorar interés público versus confidencialidad, como las enmiendas o modificaciones a las leyes», explica su cofundador.

Un segundo conflicto surge entre la protección de datos, regulada por una ley orgánica, y la transparencia, con un rango inferior. «Se usa para eludir dar la información», denuncia Cabo mientras hace referencia a una petición planteada por CIVIO al Ministerio de Defensa. «Queríamos saber quién viaja en los aviones oficiales. El Consejo de Transparencia avala nuestra demanda de información pero Defensa se niega a reconocer al Consejo y sus decisiones. Llevamos 16 meses con este tema», denuncia.

Ningún registro europeo de lobistas posee garantías para detectar «la influencia indebida»

Aunque la regulación de los lobbies en España está en sus inicios, en la Unión Europea ya son ocho los países que cuentan con registros nacionales de lobistas. El informe de Transparencia Internacional El lobby en Europa. Influencia encubierta, acceso privilegiado los analiza junto al de Transparencia de la UE que, por ejemplo, no incluye al Consejo de Europa. La puntuación más alta la obtiene el esloveno y la más baja el británico, aunque la supervisión en general «es débil o falta por completo». En resumen, ninguno de los países analizados puede presumir de «tener garantías adecuadas para detectar e impedir la influencia indebida».

El estudio destaca la importancia de definir «lobista» y «lobby» para que el registro y la regulación de la actividad sean eficaces ya que se detectó que en muchos casos su definición legal era «demasiado limitada» dando como resultado «registros débiles que no llegan a capturar a todos los que buscan influenciar las leyes y políticas» puesto que «ninguna contiene una definición adecuada».

Según esta organización, que reconoce ejercer el lobbying social, en la mayoría de Europa se da una «creciente profesionalización» del lobby. Entre los clientes de estos profesionales se encuentran empresas, asociaciones, agencias del sector público y ONG. Solo en Bruselas hay 30.000 lobistas, afirma el Corporate Europe Observatory.

Artículo original