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Los lobistas españoles celebran la consolidación de su profesión en España

  • El Consejo de Transparencia, la CNMC y los periodistas parlamentarios, reconocidos por su labor

  • La Ministra de industria, Reyes Maroto, ha remarcado la necesidad de la labor de los profesionales de las relaciones institucionales

 

El pasado día 14 de noviembre la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) celebró su 10º aniversario en un acto que contó con la presencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y con la asistencia de más de un centenar de representantes del mundo de la empresa, de la política y de las administraciones públicas.

Bajo el lema “10 Años por la Transparencia “, el acto ha estado enfocado al reconocimiento de aquellos actores que han hecho posible que el camino hacia la normalización de la profesión de lobista en nuestro país. Con esa finalidad, durante el acto se hizo entrega de los primeros “Reconocimientos por la Transparencia”, que han recaído en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por impulsar la regulación del lobby a través de su acción; la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por crear el primer registro de grupos de interés de ámbito nacional, y la Asociación de Periodistas Parlamentarios, por la labor informativa que desarrollan sus asociados sobre la actividad desarrollada por la APRI.

En su intervención, la Ministra de Industria ha destacado que «una mayor transparencia contribuye a dotar de seguridad jurídica a la actividad del lobby y además, mejora la toma de las decisiones».

Por su parte, la Presidenta de la asociación, María Rosa Rotondo, ha señalado en su discurso que «debemos ser capaces de transmitir a toda la sociedad que el ejercicio del lobby es una expresión de un sistema democrático sano, la vía por la que toda la sociedad civil, las empresas y los colectivos exponen sus intereses legítimos para que aquellos que toman las decisiones actúen con la máxima información y conocimiento de todos los puntos de vista».

También los receptores de reconocimientos han hecho hincapié sobre la necesidad de una profesión ética y transparente y sobre la necesidad de regular el lobby a través de la creación de un registro de grupos de interés ante las principales instituciones del estado, objetivo que APRI lleva persiguiendo desde su fundación.

El evento en tweets

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«10 Años por la Transparencia»: APRI celebra su 10º Aniversario

Nace APRIEl próximo 14 de noviembre la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales celebrará su 10º Aniversario en las instalaciones del Hotel Wellington. Fundada en el año 2008 por profesionales de las relaciones institucionales en España, APRI nace para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión.

Su objetivo es hacer del lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONGs o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman el Gobierno y el Parlamento de España y los de sus Comunidades Autónomas.2011_Código de Conducta

Desde sus comienzos, la asociación entiende la transparencia, la ética y la integridad como elementos importantes a la hora de ejercer esta profesión. Por ello, a partir del año 2011 todos sus socios firman un código de conducta, que representa una autorregulación ante la falta de reglas sobre la actividad.

 

2017_Nuevas propuesta de regulación10 años después, APRI cuenta con alrededor de 100 asociados quienes abogan por la normalización de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión UE.

En este sentido, en 2013 y en 2017, la asociación ha elaborado sus propias propuestas con el objetivo de liderar el debate en esta materia a través de un texto sólido y respaldado jurídicamente.

Bajo el lema «10 Años por la Transparencia«, el acto de celebración del 10º Aniversario estará enfocado al reconocimiento del trabajo por la transparencia de la actividad de aquellos actores que han hecho posible que el camino hacia la normalización de nuestra profesión -imprescindible en cualquier democracia- empezara también en España.

Durante el acto, que estará presidido por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto, se procederá a la entrega de nuestros primeros Reconocimientos por la Transparencia de la actividad a:

 

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¿Qué hacen los responsables públicos con su tiempo?

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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo creado por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para velar por su cumplimiento y asegurar el derecho que asiste a la ciudadanía de acceder a la información pública, tiene sobre su mesa más de cuarenta peticiones de ciudadanos, asociaciones y periodistas que demandan acceso al contenido de las agendas de altos cargos y miembros del Gobierno.

Es cierto, como ya se ha destacado reiteradamente, que facilitar las agendas no figura entre las obligaciones que legalmente tienen hoy los altos cargos. Pero no es menos cierto que, entre los principios de buen gobierno que deberán inspirar su actuación, figura, según recoge la Ley, “el desempeño de sus funciones con transparencia”.

El preámbulo de la Ley, que tras 40 años de democracia garantiza ¡por fin! el derecho a saber, especifica además que el objeto de la Ley no es otro que “poder someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que nos afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones”.

Estén obligados o no, es compatible con avanzar en un compromiso con la transparencia. No cabe duda que la agenda de trabajo de un responsable público es un elemento esencial para dar respuestas transparentes a las demandas ciudadanas. Nadie duda tampoco que, la agenda, es un mecanismo de rendición de cuentas de la actividad pública y que cumple con aquellos principios, ya antiguos, que inspiraron a Rousseau al afirmar que “la democracia es la gestión bajo los ojos del pueblo”.

No habría nada mejor, para alcanzar mayores cotas de transparencia, que saber y entender qué ocurre en la actividad de quien protagoniza la actividad pública y gestiona los intereses de la ciudadanía.

Hoy, tenemos claro, y queda fuera de toda controversia, que el dinero público debe estar sujeto a fiscalización, y que los actos públicos, como actividad ligada a la legalidad y al interés general, están sujetos a exigencia de responsabilidad.  ¿Y el tiempo de un alto cargo? Tan valioso, importante y público… ¿no debe rendir cuentas?

Es un interrogante para la reflexión. No hablamos de las actividades privadas de los responsables públicos, ni de medir los tiempos de su vida íntima y personal, sino de las actividades profesionales con responsabilidad y trascendencia,  de los encuentros donde se adoptan decisiones, de aquellos actos y reuniones con consecuencias para todos.

Las agendas deben pasar del simple y escueto comunicado oficial, respetando siempre la normativa en protección de datos, a ser una auténtica rendición de cuentas.

¿Qué hacen nuestros gestores durante su tiempo público? Si lo pudiéramos conocer, conseguiríamos una mayor confianza en nuestras instituciones, avanzaríamos en la prevención de actuaciones, ya conocidas, que nunca se debieron producir y haríamos de la actividad transparente un valor social, político y personal que serviría de revulsivo a una sociedad un tanto desencantada.

Hay precedentes, además, que nos deben hacer reflexionar. Cuando la agenda pública de un alto cargo se oculta, el tiempo acaba desvelándola y, en ocasiones, con una repercusión social negativa que no habría existido si hubiera sido conocida en su momento.

Aquel razonamiento de que “no hay mejor secreto que aquél que todos conocen” debe alentar la vida pública. Sería el mejor compromiso con la transparencia. Y en esa vía trabaja el Consejo, buscando líneas de consenso para conseguir, entre todos, que el tiempo público no continúe siendo un gran secreto para los ciudadanos.

Esther Arizmendi

Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

images-1 @ConsejoTBG

 

 

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