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APRI presenta su Propuesta de Regulación del lobby

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La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) presenta una nueva y más amplia propuesta de regulación de la transparencia en la defensa de intereses ante los decisores públicos.

Tras un periodo de debate interno y consultas externas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a renombrados expertos jurídicos, APRI aporta una propuesta global con el objetivo de crear un escenario más transparente, que regule las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública y sea consecuente con el actual entorno social y político español. 

Madrid, 14 de febrero 2017. APRI lleva desde el año 2007 reclamando la regulación del sector en línea con los principales estándares europeos que contemplan la creación de un registro de grupos de interés para hacer más transparentes las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública. Una herramienta que existe en Bruselas desde el año 2012 y que permite a los ciudadanos conocer las personas y organizaciones que desean influir en las decisiones públicas.

Tras la propuesta realizada por nuestro colectivo en el año 2013 y reflejada en iniciativas parlamentarias, nuestra asociación ha decidido ampliar su propuesta de regulación incluyendo aspectos esenciales para el correcto desarrollo de la actividad. Una actividad que creemos fundamental para cualquier democracia y que hay que llevar a cabo con la máxima transparencia, ya que esta es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en la legitimidad de los procesos legislativos, administrativos y de adopción de políticas públicas.

Para la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, “la nueva propuesta de APRI intenta ser consecuente con el entorno social y político en España posicionándose en defensa del ejercicio democrático de los profesionales del lobby, y de la demanda de transparencia de los ciudadanos”.

Por ello, APRI propone incorporar las medidas que permitirán garantizar de una manera efectiva el objetivo de transparencia y del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

La propuesta de APRI -texto completo en el enlace– debe considerarse en su globalidad, acompañada de un conjunto de medidas complementarias para dotar el registro de grupos de interés de la eficacia necesaria. La propuesta desarrolla los siguientes aspectos:

  • Mejor definición de grupo de interés (Art. 2.1)
  • Creación de un Registro Común y su adscripción al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Art. 3 y 4)
  • Mejor definición del ámbito de aplicación (Art. 7, 8 y disposición final 2)
  • Consecuencias de la inscripción detalladas y Código de Conducta (Art. 9 y 10)
  • Amplia definición de responsable público (Art. 2.3).
  • Mejor definición de derechos y obligaciones (Art. 11 y 12).
  • Agendas públicas (Art. 18 a 21)
  • Huella de la actuación pública (Art. 16)
  • Conflicto de intereses y puertas giratorias (Art. 22 y disposición final segunda)

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Puertas giratorias

Una práctica controvertida durante los últimos años ha sido la de las puertas giratorias, entendida como el paso de cargos públicos al sector privado y su eventual regreso al sector público. Más allá de la demagogia, no se ve realmente dónde reside la gravedad del problema señalado, salvo que se pretenda imponer un tipo de político completamente profesionalizado que hace de las batallas orgánicas lo esencial de su tarea y que se vuelve lógicamente conservador en cuanto a su estatus, puesto que podría quedarse sin vida profesional o laboral fuera de las estructuras políticas.

Conviene acoger con cautela los discursos y los programas de algunos partidos sobre este asunto. Que haya personas favorables a vivir siempre de la política, o que dan el salto a la cosa pública tras una corta experiencia laboral, no implica que sea preciso condenar a la muerte civil al que deja la vida pública, ni forzar a la sociedad a indemnizarle de por vida. En sentido contrario, es inaceptable privar a la política de los conocimientos y experiencia de buenos profesionales. Que haya movimiento de sillas parece razonable, bastante más que la supresión pura y simple de esa posibilidad.

Asunto distinto es el necesario control. Deberían regularse tanto el tiempo que ha de transcurrir entre el cese en el cargo público y la asunción de otras actividades, como el pantanoso terreno donde pueden cruzarse los conflictos de intereses. Ahí es donde una regulación sensata y una buena práctica deberían impedir las negligencias. Resulta asimismo indispensable que se lleven a cabo los registros de grupos de presión, que no quedaron resueltos con la promulgación de la ley de transparencia.

Hay un terreno donde ha de acentuarse el cuidado. Se trata del paso de magistrados y jueces a la política, y de su regreso inmediato a la judicatura cuando lo desean. Al igual que lo dicho respecto a los conflictos de intereses, es evidente que quienes hacen uso del reingreso en la carrera judicial no deberían ocuparse de asuntos en los que estén implicados los políticos con los que acaban de confraternizar o a los que se han enfrentado. El poder judicial es independiente en España, por mandato constitucional, y sus titulares no pueden ser considerados simples miembros de una profesión que hoy son jueces, mañana políticos y pasado mañana jueces otra vez.

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Donald Trump prohíbe las puertas giratorias a los miembros de su Gobierno

El presidente electo de Estados Unidos,Donald Trump, ha impuesto un estricto código que impedirá a los que acepten un empleo en su Administración trabajar en los ‘lobbies’ una vez haya finalizado su vínculo con la Casa Blanca, según informó este miércoles su equipo de transición.

La medida tiene como objetivo evitar las puertas giratorias entre la Casa Blanca y los grupos de presión que abundan en Washington, uno de los principales caballos de batalla de Trump durante la campaña con el que pretendía denunciar la “corrupción” del sistema político.

“La clave para esta Administración será que la gente que salga del Gobierno no pueda utilizar esa experiencia para enriquecerse personalmente“, explicó el portavoz republicano Sean Spicer durante una conferencia telefónica con medios de comunicación. Quienes acepten la condición de Trump no podrán trabajar para los grupos de presión hasta pasados cinco años después de dejar su empleo gubernamental, una estricta medida que puede disuadir a algunos de sumarse al equipo del magnate.

Obama impuso un código menos restrictivo que tan sólo prohibía a los ex trabajadores usar sus influencias en la agencia gubernamental para la que habían trabajado, pero tenían vía libre con el resto del Gobierno. Además, el código prohibía ejercer como lobista pero no trabajar como abogado, consultor o asesor en las mismas funciones, una brecha que muchos han aprovechado.

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“La visión empresarial de los Public Affairs en España”

El Foro Empresarial APRI y EIC presentan la primera fotografía sobre el sector en España

  • Se trata del primer estudio elaborado a partir de la experiencia y opinión de los responsables de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos en España.
  • El estudio constata que los Asuntos Públicos están cada vez más integrados en la estructura corporativa de compañías y asociaciones empresariales, así como la creciente profesionalización de las relaciones institucionales.
  • Hay unanimidad en favor de un registro de representantes de grupos de interés. La transparencia, la regulación y el registro público son los factores que contribuirían a mejorar la percepción de la actividad del lobby en nuestra sociedad.

 

empresas-foroMadrid, 08 de noviembre de 2016. El Foro Empresarial APRI –integrado por las consultoras de Public Affairs y Relaciones Institucionales Burson-Marsteller, Political Intelligence, KREAB, Deva y Redondo y Asociados— junto con la Escuela Internacional de Comunicación (EIC) han presentado en Madrid el estudio “La visión empresarial de los Public Affairs en España”.

Son varios los resultados que se desprenden desde el estudio, entre ellos la relevancia que, para las asociaciones empresariales, tiene la inversión en consultoría de Public Affairs: más de la mitad declara que las acciones en materia de asuntos públicos suponen más del 10% de su presupuesto global anual. La mayoría de estas asociaciones esperan hacer una inversión similar en el ámbito de las relaciones institucionales para el siguiente ejercicio.

Asimismo, los profesionales de las relaciones institucionales declaran mayoritariamente reportar al Director General o Consejero Delegado de la compañía, lo que da fe del progresivo aumento de la importancia que se le concede a los asuntos públicos en las empresas.

Otra de las conclusiones que se obtienen de la investigación es la creciente profesionalización del lobby: la mayoría de las compañías trabajan con consultoras especializadas; y el 88% de las empresas repetirían las campañas contratadas con recursos externos.

En opinión de los profesionales de las relaciones institucionales, la transparencia, la regulación y el registro público son los factores que contribuirían a mejorar la percepción de la actividad del lobby en nuestra sociedad. Hay unanimidad de los encuestados en favor de un registro de representantes de grupos de interés, de la misma forma que ya ocurre en el ámbito comunitario (Comisión Europea o Parlamento Europeo) y, en nuestro país, en la CNMC o en la Generalitat de Catalunya.

En el acto de presentación del estudio, que ha tenido lugar en la sede de la Fundación Pons, la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, ha asegurado que “estamos en un momento político y parlamentario dialogante interesante en el que es muy importante que salga una buena regulación del lobby, principal objetivo de APRI, que desde el año 2007 ha visto en la regulación de la actividad una conditio sine qua non para reconocer y legitimizar la profesión.”

El debate posterior ha sido moderado por Carlos Sánchez, Director Adjunto de El Confidencial, quien ha desgranado los resultados del estudio junto con Carlos Balmisa –Director del Dpto. de Control Interno de la CNMC—, Joaquín Mollinedo –DG de RRII, Sostenibilidad y Marca de Acciona—, Juan Jesús García Sánchez –Head of Industry Affairs Europe de Amadeus IT— y Emilio Gallego –Secretario General de FEHR.

En breve, el estudio estará también disponible en la web de APRI.

 

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Telefónica es la compañía española más activa en lobby en Bruselas

Las presiones denunciadas por Pedro Sánchez por parte de Telefónica y Prisa para que no formara Gobierno con Podemos, han puesto encima de la mesa un viejo debate en España: la regulación de los lobbies y la fuerte relación que existe entre empresas y políticos. Un matrimonio fructífero, carente de transparencia, que conlleva que surjan dudas sobre “una actividad que es normal. Las corporaciones defienden sus intereses y exponen sus argumentos. Es parte de la economía de mercado en la que vivimos”, según explica Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Sin embargo, esa ausencia de transparencia es la que ocasiona los casos de corrupción, de puertas giratorias, de falta de confianza por parte de los ciudadanos.Por eso, el ex ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, ve necesario “adoptar medidas de transparencia para que los líderes políticos puedan conocer a las empresas más importantes de un país, y saber de primera mano sus necesidades y puntos de vista sobre su sector”.

Una situación que sí se vive en el epicentro del lobismo europeo: Bruselas. Allí, con la Comisión y el Parlamento en marcha, existe un nutrido grupo de presión compuesto por más de 8.500 miembros que gastan, anualmente, más de 3.500 millones de euros en influencia. Son datos públicos, que recoge Transparencia Internacional, y a los que ha tenido acceso Merca2.es. En ellos se puede comprobar cómo es precisamente Telefónica la compañía que más reuniones ha mantenido con dirigentes de la Comisión y el Parlamento: 37 desde que arrancó el gobierno de Jean Claude Juncker.

Encuentros logrados por sus seis lobistas que se han mantenido, en su mayor parte, con el área de Economía Digital. Destacan cinco citas (de las 37 registradas) con el Comisario del área, Günther Oettinger, con el que se trataron temas relacionados con el mercado único digital.

Le siguen, a continuación: Gas Natural Fenosa con 19 reuniones; Banco Santander (18); Iberdrola (18) y Repsol (13). En total, este Top 5 invierte 3,4 millones de euros en este tipo de acciones.

En contra de lo que puede parecer, y de que sean compañías del Ibex 35, no son las que más gastan. La palma se la lleva Secure Electronic Voting (Scytl), que se deja más de 44 millones de euros y, sin embargo, no ha mantenido ni una sola reunión. Eso sí, cuenta con un representante que trata de influir en el proyecto de reforma electoral, según confiesa la propia empresa.

Le siguen otras menos conocidas, aunque en el Top 5 encontramos al Real Instituto Elcano (3,3 millones) y la Asociación Española de Banca, la patronal bancaria, que presupuesta 3 millones de euros y tiene a cinco personas contratadas para ejercer presión en las leyes.

Los lobbies españoles cuentan, en total, con 113 lobistas profesionales acreditados en el Parlamento Europeo, y su presupuesto total asciende a más de 74 millones de euros.

No sólo las empresas están allí registradas. Encontramos también a patronales como la CEOE, que cuenta con 5 personas y un presupuesto de 700.000 euros; o alguna de sus territoriales como la CEOE de Tenerife, la de Teruel o la de Cantabria. Aparecen también otras como la patronal farmacéutica, Farmaindustria; la Asociación Española Hipotecaria o el sindicato Comisiones Obreras.

Por cierto, que el español Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía, es el que más encuentros mantiene con estos grupos de presión: 350 desde que llegó al cargo. Se ha visto las caras con empresas y organizaciones de media Europa, entre ellas españolas como: Acciona, Cepsa, la Asociación Española Eólica, la Asociación Española de Cogeneración, UNESA, o Gas Natural Fenosa.

Como pueden ver una publicidad que se da en Bruselas, pero que en España es imposible. Por eso, los expertos reclaman más transparencia, pero también trazar la llamada Huella Legislativa que permite seguir la trazabilidad de una norma. Los primeros pasos se han dado, con la Ley de Transparencia de la Generalitat, o con algunas normas en Madrid y Barcelona. Sin embargo, y a tenor de lo declarado por Sánchez, parece que son insuficientes y se necesita avanzar en una norma Estatal.

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Cantabria acoge en su futura Ley de Transparencia el criterio nacional para publicar las agendas de los cargos públicos

El Gobierno autonómico acoge en la futura Ley de Transparencia, cuyo anteproyecto está en tramitación, el criterio conjunto del Consejo de Transparencia y de la Agencia de Protección de Datos para la elaboración de una agenda de transparencia para los cargos públicos.

De esta forma, la futura norma autonómica tendrá en cuenta las consideraciones de estos órganos nacionales relativas al acceso de la información por la condición de responsable público y la difusión de los datos de carácter personal.

Así lo ha comunicado este miércoles el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, quien ha resaltado la “importancia” de introducir los criterios interpretativos acordados por estos organismos nacionales con el fin conciliar “desde el primer momento el derecho a saber con la adecuada protección de los datos personales”.

En esta línea, ha destacado el trabajo desarrollado hasta el momento por su departamento para analizar las experiencias en la aplicación de la Ley de Transparencia nacional y del resto de comunidades autónomas y “aprender de lo mejor de esas iniciativas”.

La agenda de transparencia de los altos cargos ha sido uno de los principales temas abordados esta semana en la IV Reunión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que también se cerraron los criterios que evaluarán de forma común el cumplimiento de la transparencia en el conjunto del Estado y que serán de aplicación a partir de 2017.

El Gobierno de Cantabria también ha decidido sumarse a este criterio común, que permite consolidar los procesos de evaluación de la transparencia al no realizarse por agentes privados ni en virtud de interpretaciones sin homogeneizar. Además, todas las comunidades y el Estado tendrán el mismo medidor, que solo variará en función de las exigencias que plantee cada legislación autonómica.

40 RECLAMACIONES EN AYUNTAMIENTOS

Este encuentro, al que asistió por parte del Gobierno de Cantabria el director general de Servicios y Atención a la Ciudadanía, Bernardo Colsa, ha servido para hacer balance de las comunidades autónomas que tienen suscrito el convenio con el Consejo de Transparencia para la atención a las reclamaciones. Se trata de Asturias, La Rioja, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y, en breve, se sumará Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En Cantabria se han presentado 40 reclamaciones, todas referidas la administración local y, concretamente, a los ayuntamientos de Castañeda, Miengo, Torrelavega, Reocín, Santander y Cillorigo de Liébana, según informa el Gobierno regional en nota de prensa.

Otro de los temas que se abordaron en la reunión fue la incidencia de la aplicación de la Ley del procedimiento común de las Administraciones públicas y los certificados electrónicos, la ley 39/2015, en la implantación de la transparencia.

En este sentido, de forma unánime, las comunidades autónomas han apostado por primar la comunicación, al menos en la materia del derecho de acceso, por cualquier vía, sin necesidad de exigir el certificado electrónico. Para avanzar en este tema se ha creado un grupo de trabajo.

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¿Qué medios de comunicación son los más efectivos para hacer lobby en Bruselas?

Las campañas de comunicación se han convertido en una de las armas más potentes para conseguir llamar la atención de los decisores en los órganos de decisión de la Unión Europea. A las tradicionales agencias de noticias y medios de comunicación especializados en la actualidad del Parlamento y la Comisión se suman las redes sociales. Russell Patten, CEO de Grayling Bruselas y Chairman de Asuntos Públicos para EMEA de la agencia de comunicación desvela cuáles son los medios de comunicación con más influencia y cómo utilizarlos para hacer lobby en Europa.

La mayor profesionalización del lobby y el acceso a los medios de comunicación de masas han provocado que cada vez más los encargados de legislar y tomar decisiones en el seno de la Unión Europea se dejen influenciar irremediablemente por los medios de comunicación, que actúan en muchas ocasiones como factores determinantes en la puesta en marcha de leyes o regulación. Muchas consultoras de lobby y asuntos públicos saben que un titular en el medio de comunicación adecuado en el momento justo puede cambiar la decisión de los europarlamentarios.

Según Russell Patten, CEO de Grayling Bruselas, “para hacer lobby es clave acudir a las tres instituciones europeas, es decir, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. Además, se necesita ser activo no solo en Bruselas, también las otras capitales europeas, Estrasbursgo y Luxemburgo”.

Pero en las estrategias de lobby y asuntos públicos en la Unión Europea también son claves los medios de comunicación. Aquí los diferentes medios se eligen dependiendo de su difusión. Así, las cabeceras que más influencia tienen en Bruselas son EurActiv, ENDS, Europolitics, Euronews o euobserver.com. A nivel internacional las agencias de noticias Reuters, Bloomberg o Financial Times son los medios por excelencia. Pero también las redes sociales se han convertido en medios capaces de ejercer presión sobre los órganos de decisión, como Twitter, Facebook o Linkedin.

Además de una correcta estrategia en medios de comunicación, Russell Patten apunta una serie de consejos para hacer lobby en Bruselas:

  • Conocer el proceso, así podemos intervenir en el momento preciso: “cuanto antes, mejor”
  • Operar en los tres órganos de decisión en Bruselas y en las instituciones clave de los estados miembros
  • Asegurarse que los mensajes clave son verdaderos y sólidos
  • El medio es el mensaje, así que asegúrate que tu interlocutor es creíble
  • Usar prescriptores del tercer sector y stakeholders que te den credibilidad
  • Espera lo inesperado y monitoriza
  • El lobby trata de encontrar soluciones y compromisos

 

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Búscame un lobista que me invite a comer

“!Qué hambre tengo! Búscame un lobista que me invite a comer”, espeta a su asistente un congresista en la serie americana Veep. Y tiene gracia, la verdad. Esta idea del lobista, como rara avis que sobrevuela parlamentos y ministerios en busca de nada bueno, triunfa. Podría haber sido peor, y que el congresista dijera “¡No tengo pasta! Búscame un lobista que me pague una comisión” o “¡Me echan del partido! Búscame un lobista que me haga consejero”. Es un chiste multimodal y archigracioso, admite múltiples combinaciones y todas hacen gracia. Prueba.

Existe en el imaginario colectivo un lazo que une la palabra lobista con el código penal. Es un lazo invisible o, si prefieres, un presunto lazo. Dejé de encogerme de hombros por esta analogía el día en que, en una reunión con un diputado, al hacerle entrega de un sobre, el diputado levantó las manos como si le apuntara con un arma. Tardé unos segundos en comprender el terror de sus ojos. Abrí el sobre ante su mirada perpleja, extraje con sumo cuidado las fotografías de la entrega de premios a la que había asistido el diputado y su equipo y se las mostré. Guardé el sobre, entregué las fotos, nos dio la risa. Fue un momento sobre-cogedor. Otro de los clásicos entre el humor de mis colegas. La risa como mecanismo de defensa.

De regreso a la oficina pensaba en Olivia Pope y en Remy Danton. Las fotos y yo éramos el antihéroe. La ficción como abismo insondable. Y pensé en el propósito de la acción de lobby. Salía de una reunión de trabajo, en la que solo había querido ser amable, y cuyo objeto era trasladar las conclusiones de un informe internacional sobre un asunto en pleno proceso de regulación. Si no hubiera sido por la risa y la ficción habría creído que la reunión y su contenido tenían valor para ambas partes. La privada, sí, pero la pública también.

Entre lo público y lo privado

Naturalizar el diálogo entre lo público y lo privado es un síntoma de madurez democrática. Más si cabe, en un contexto complejo, volátil e interdependiente como el actual. Las soluciones políticas ya no podrán ser unilaterales. Y, con huella legislativa, las soluciones políticas ya no podrán ser de parte. Lo veremos en los próximos me… años.

Regulación del `lobbying´

Solo nos falta un Gobierno y un Parlamento plenamente operativos para que la regulación del lobbying sea una realidad en nuestro país. Una regulación entendida como respuesta a una sociedad que reclama transparencia y trazabilidad en la toma de decisión pública. Ya hay iniciativas activas en varias autonomías y ayuntamientos y la propia CNMC se sumó hace unos meses, con la puesta en marcha de un registro de lobistas y la publicación de la agenda de sus altos cargos. Es un camino de no retorno y el reto no es hacerlo, sino hacerlo bien.

Pero nos faltan referentes y nos sobran recelos (y humor y ficción). Dice el filósofo Javier Gomá que, “en esta época postnihilista, en la que el autoritarismo y coerción han perdido definitivamente su poder cohesionador, solo la fuerza persuasiva del ejemplo virtuoso es capaz de promover la auténtica emancipación del ciudadano”.

Nos faltan referentes, comentaba antes de la digresión. La sociedad y la política están cambiando y nosotros, los grupos de interés y lobbies, hemos de hacerlo con ella. Pero hay poca literatura en español sobre lobbying, poca investigación en nuestras universidades, muy poca oferta formativa y muy pocos casos de éxito publicados y de los que aprender. Aún trabajamos en el apagón. Por eso, es una muy buena noticia que la Universidad Carlos III de Madrid y LLORENTE & CUENCA se hayan unido para poner en marcha el Título de Especialista en Asuntos Públicos y Lobbying. Necesitamos contribuir entre todos a la profesionalización de la acción de lobby, como ese intercambio, legítimo y veraz, de información relevante que aspira, desde las empresas, las ong, las patronales o los sindicatos, a influir en la toma de decisión pública. Para que, poco a poco, el humor y la ficción ocupen su lugar y dejen a la realidad el espacio que le corresponde en la construcción democrática. Este debería ser un compromiso de todos. Búscame a ese lobista.

Autora: Carmen Muñoz

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De lobbies e influencias en Europa. Comentarios para el modelo comunitario.

Horacio González Alemán 

Miembro de APRI y Profesor Instituto Internacional San Telmo

A principios de Mayo 2016 el Parlamento Europeo organizó en Bruselas un interesante Audiencia pública sobre el Registro Europeo de Transparencia , en un nuevo intento de someter a debate su recurrente pretensión de establecer un sistema obligatorio para ordenar esta actividad que comúnmente se conoce como lobby.

La iniciativa se lleva en paralelo a la reciente decisión de la Comisión Europea de abrir una Consulta Pública 1 sobre la necesidad de contar con un registro obligatorio para todos aquellos agentes de la sociedad civil , un compromiso que adquirió Jean Claude Juncker entre sus objetivos políticos cuando fue elegido como presidente de la Comisión Europea.

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APRI participa en un encuentro con Ciudadanos para hablar de regulación del lobby

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Esteban Egea Reunión C'sCon motivo de la presentación de la Ley integral de lucha contra la corrupción y protección de denunciantes el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha organizado, hoy miércoles, una sesión de trabajo informativa sobre los aspectos más relevantes de esta iniciativa, ya registrada en el Congreso de los Diputados.

En la reunión, presidida por el líder de C’s Albert Rivera, han participado el Vicepresidente primero del Congreso, Nacho Prendes; la portavoz del GPC’s en la Comisión de Justicia, Patricia Reyes; y el presidente de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales, Toni Cantó. Al encuentro han asistido la Presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, y el Secretario, Esteban Egea, junto con representantes de Hay Derecho, Foro por la Transparencia, Civio, Change.org, Politikon, +Democracia y Transparencia Internacional.

En su intervención, María Rosa Rotondo ha hecho hincapié en la necesidad de regular el lobby, objetivo que APRI lleva persiguiendo desde el año 2007. Este aspecto queda recogido en la propuesta de C’s, aunque hay más temas que se podrían profundizar -según subrayó la Presidenta Rotondo- tal como la regulación de las puertas giratorias, las agendas públicas o un código de conducta más detallado y en línea con los estándares europeos.

Asistentes Reunión C'sOtros puntos firmes que desde APRI creemos fundamentales para una buena regulación, y que Rotondo le ha trasladado al grupo de C’s en su intervención, son la obligatoriedad y universalidad del registro ante la proliferación de regulaciones en materia en nuestro país. Así como el concepto más amplio de huella de la actuación pública que se está desarrollando desde la asociación, y que hay de incluir en la regulación del lobby.

Desde APRI aplaudimos y evaluamos positivamente la iniciativa de Ciudadanos, aunque nos gustaría subrayar -como llevamos haciendo desde hace tiempo- que la regulación del lobby responde a una necesidad de transparencia de nuestra sociedad y no para luchar contra la corrupción.

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