Archive for year: 2025
- El presidente de la asociación de lobistas, Carlos Parry, ha defendido en la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales del Congreso de los Diputados la necesidad de que la aprobación de la Ley de Lobbies coincida en el tiempo con la implementación del Plan de Parlamento Abierto.
- Los lobistas han trasladado a los grupos políticos que no quieren ser rehenes de los intereses partidistas y la necesidad de impulsar la regulación desde el consenso.
Madrid, 23 de septiembre de 2025
El presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Carlos Parry, ha defendido hoy en la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales del Congreso de los Diputados la necesidad de avanzar de manera simultánea en la aprobación de la futura Ley de Lobby y en la implementación del I Plan de Parlamento Abierto.
Durante su intervención, Parry ha destacado que ambas iniciativas son complementarias y que únicamente su desarrollo conjunto garantizará un marco sólido de transparencia y participación ciudadana: “Un Parlamento más abierto solo será posible si existe una regulación clara de la actividad de lobby; y una ley que regule los asuntos públicos solo será eficaz si el Congreso ofrece la transparencia necesaria para hacerla viable”.
Ante la urgente necesidad de una regulación del lobby en España, Parry ha trasladado a los diputados que esta no puede convertirse en objeto de disputa partidista ni quedar atrapada en la negociación política. “Aprobarla es importante para nuestro sector, pero sobre todo es esencial para la democracia. Los profesionales no queremos ser rehenes de ningún interés partidista o de algún partido”, ha señalado.
En esta línea, los profesionales del lobby han reclamado que los grupos parlamentarios dialoguen alejados de intereses partidistas, ya que la regulación de los grupos de interés y la modificación del reglamento del Congreso deben abordarse desde el consenso para situar a España junto a las democracias más avanzadas de nuestro entorno.
APRI ha subrayado la importancia de medidas como la creación de un registro obligatorio de lobbies, la publicación de agendas de los diputados, la huella legislativa o la existencia de normas claras para prevenir conflictos de intereses. Asimismo, ha recordado a sus señorías que países como el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos o las instituciones europeas cuentan desde hace años con marcos regulatorios consolidados y que España “no puede permitirse más retrasos” en esta materia.
La asociación ha insistido en que la regulación del lobby no responde a una reivindicación corporativa, sino a una exigencia democrática. Entre los beneficios de esta regulación, ha destacado la igualdad de acceso a los decisores públicos, la normalización de la interlocución bajo criterios de transparencia y la mejora de la calidad de las políticas públicas mediante información y conocimiento especializado.
Finalmente, el presidente de APRI ha incidido en la necesidad de consenso de todos los grupos parlamentarios para que la democracia española avance en transparencia y calidad normativa.
Sobre APRI
Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en España, con el objetivo de dignificar la profesión y concienciar a la sociedad sobre su valor, especialmente ante los poderes públicos y políticos, así como ante responsables de organizaciones como empresas, ONG o asociaciones empresariales. Las relaciones institucionales deben ser el vínculo más eficaz entre los intereses legítimos de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos. APRI agrupa a más de 300 profesionales y 24 organizaciones de todo el país, y aboga por la regulación de esta actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia que ya existe en las instituciones europeas. Además, APRI es miembro fundador de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe –PACE), creada en 2018 para reunir a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos en Europa.
Para más información
Jorge Aliende, director general de APRI:
jaliende@relacionesinstitucionales.es, (+34) 623 176 704
- La ministra de Inclusión se reúne con más de 80 profesionales de las Relaciones Institucionales y los Asuntos Públicos en un encuentro de APRI y el Grupo Social ONCE.
- Las entidades sociales consolidan su papel como grupo de interés clave en la interlocución público-privada y en la mejora de las políticas públicas.
- Las organizaciones sociales se consolidan como un grupo de interés de creciente relevancia. Alrededor del 20% de los socios de APRI son profesionales del lobby en más de 40 entidades sociales.
Madrid, 15 de septiembre de 2025
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha participado esta mañana en el desayuno “Inclusión y relaciones institucionales: retos compartidos”, organizado por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) en el centro educativo de la Fundación ONCE Por Talento Digital.
Ante más de ochenta directivos y profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby de sectores como la inclusión, la salud y la educación, la ministra ha expuesto las líneas de trabajo de su departamento en un momento marcado por el intenso debate social y los retos en materia migratoria y de inclusión.
En su intervención, Saiz ha señalado que “el diálogo público-privado es una palanca de progreso que nos permite construir respuestas colectivas a desafíos que, por su dimensión, no pueden abordarse en solitario”. Tras afirmar que “en la lucha contra la desigualdad no sobra nadie”, insistió en que la cooperación entre la Administración y las organizaciones de la sociedad civil “no solo genera confianza, sino que también refuerza la capacidad de anticipar cambios y acompañar a la ciudadanía en procesos de transformación”.
La ministra ha puesto en valor el papel de las organizaciones representadas en el encuentro como agentes estratégicos en la búsqueda de consensos y en la articulación de propuestas para el bienestar común: “La inclusión, la cohesión social y la igualdad de oportunidades requieren del esfuerzo conjunto y de una interlocución eficaz y transparente. Muchos de vosotros nos trasladáis información valiosa y pegada al terreno que mejora la elaboración de políticas públicas”.
El evento ha puesto de manifiesto que las organizaciones sociales constituyen un grupo de interés de creciente relevancia, que promueve una interlocución público-privada cada vez más profesionalizada. En APRI, alrededor del 20% de sus socios son profesionales de los asuntos públicos y el lobby en el tercer sector en más de 40 organizaciones. Además, cuatro entidades sociales apoyan los objetivos y propósito de la asociación, reconociéndose plenamente como especialistas en relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby. Un ejemplo claro de esta evolución es el Grupo Social ONCE, que participa de manera activa en APRI desde 2018 y representa la visión de un lobby con valores éticos, profesionales y comprometidos con la inclusión.
El presidente de APRI, Carlos Parry, ha apuntado: “Las entidades sociales constituyen un grupo de interés fundamental que influye activamente en la toma de decisiones públicas; basta observar el cambio normativo impulsado en la Unión Europea y en España en favor de los derechos de las personas con discapacidad para entender el impacto real de su labor”.
Tras recordar que los profesionales reclaman una regulación de la actividad desde hace más de quince años, Parry ha señalado que la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés es una oportunidad histórica para el sector: “Solo a través de una regulación que establezca una interlocución profesionalizada y transparente podremos contribuir al diseño de políticas que respondan a los retos sociales y económicos de nuestro tiempo. Contamos con profesionales altamente cualificados que quieren ser parte activa en la construcción de soluciones desde la ética, la transparencia y el compromiso con el interés general”.
En este contexto, la ministra de Inclusión ha reiterado que los avances impulsados por el Gobierno en la regulación del sector se alinean con las mejores prácticas europeas. Así, ha asegurado que dotar de un marco normativo claro a todas las partes implicadas en el diálogo social permitirá mejorar la igualdad de condiciones, reforzar la transparencia y la confianza ciudadana, dignificar y mejorar la profesión y contribuir a mejorar la calidad democrática y la eficacia de las políticas públicas.
Al cierre del encuentro, Saiz ha remarcado que espacios como este desayuno de trabajo son esenciales para fortalecer los vínculos entre instituciones y tejido social y para avanzar en una agenda compartida que sitúe a las personas en el centro de las políticas públicas.
Sobre APRI
Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en España, con el objetivo de dignificar la profesión y concienciar a la sociedad sobre su valor, especialmente ante los poderes públicos y políticos, así como ante responsables de organizaciones como empresas, ONG o asociaciones empresariales. Las relaciones institucionales deben ser el vínculo más eficaz entre los intereses legítimos de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos. APRI agrupa a más de 300 profesionales y 24 organizaciones de todo el país, y aboga por la regulación de esta actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia que ya existe en las instituciones europeas. Además, APRI es miembro fundador de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe –PACE), creada en 2018 para reunir a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos en Europa.
Para más información
Jorge Aliende, director general de APRI:
jaliende@relacionesinstitucionales.es, (+34) 623 176 704
- La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales ha creado una delegación territorial en Cataluña para reforzar la representatividad y posicionamiento de los profesionales que operan en la región.
- El Conseller de Empresa y Trabajo ha puesto en valor la importancia de una interlocución público-privada orientada a la creación de oportunidades en el largo plazo, mejorando la competitividad de las empresas catalanas en el ámbito internacional.
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha dado comienzo al nuevo curso con un encuentro que ha tenido como protagonista a Miquel Sàmper, conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña. El evento, celebrado en Barcelona, es el primero que la asociación de profesionales de los Asuntos Públicos de ámbito estatal celebra en la región en una nueva etapa en la que Cataluña ocupa un lugar destacado. El presidente de APRI, Carlos Parry, ha explicado: “El número de profesionales que se dedican a mejorar la interlocución público-privada no deja de crecer en Cataluña. Por esta razón, la nueva delegación generará actividades de alto valor en Barcelona para prestar a nuestros colegas de Cataluña un servicio como el que tanto aprecian nuestros socios en ciudades como Madrid y Bruselas”.
La asociación ha puesto en valor el ejemplo de Cataluña como primera comunidad autónoma en regular el lobby hace ya más de diez años, creando un registro de transparencia público y obligatorio en el que los lobistas deben inscribirse para interactuar con cargos públicos en defensa de sus intereses. Este modelo, muy similar a la regulación estatal que APRI reclama y existe también en las instituciones europeas, fue el punto de partida para otras regulaciones autonómicas posteriores.
Ante más de una veintena de profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en Cataluña, el conseller Miquel Sàmper ha recorrido los principales retos de su departamento y de Cataluña, haciendo hincapié en cuestiones como la competitividad de las empresas, la demanda de una mayor simplificación burocrática por parte de las compañías o el impacto en la economía catalana de las tensiones arancelarias internacionales.
Asimismo, Sàmper ha incidido en la importancia de un diálogo público-privado sólido y estratégico orientado a la creación de oportunidades a largo plazo que redunden en una mejora de la competitividad de Cataluña en la arena internacional.
Tras la conversación, moderada por Laia Bosch, lobista miembro de APRI, los participantes han podido trasladar su visión y preguntas al conseller, dando pie a un interesante diálogo centrado en el desarrollo estratégico de Cataluña.
En las próximas semanas, APRI anunciará los siguientes pasos de su delegación en Cataluña, cuyas puertas están abiertas a todos los profesionales del sector en la región comprometidos con un modelo de profesión centrado en la ética, la transparencia y la eficacia de la interlocución entre los poderes públicos y los representantes de los legítimos intereses de la sociedad civil, como empresas, ONG y asociaciones.
Sobre APRI
Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en España, con el objetivo de dignificar la profesión y concienciar a la sociedad sobre su valor, especialmente ante los poderes públicos y políticos, así como ante responsables de organizaciones como empresas, ONG o asociaciones empresariales. Las relaciones institucionales deben ser el vínculo más eficaz entre los intereses legítimos de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos. APRI agrupa a más de 300 profesionales y 24 organizaciones de todo el país, y aboga por la regulación de esta actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia que ya existe en las instituciones europeas. Además, APRI es miembro fundador de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe –PACE), creada en 2018 para reunir a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos en Europa.
Para más información
Jorge Aliende, director general de APRI:
jaliende@relacionesinstitucionales.es, (+34) 623 176 704
Madrid, 21 de julio 2025
Ante las informaciones conocidas en las últimas semanas relativas a presuntos casos de corrupción y malas prácticas protagonizadas por representantes y exrepresentantes públicos de distintos partidos políticos, y ante la confusión creciente sobre qué es y qué no es el lobby, desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) queremos subrayar que:
El lobby es una actividad profesional legítima, necesaria y plenamente reconocida en los sistemas democráticos avanzados, que consiste en la interlocución de la sociedad civil con los poderes públicos. El desarrollo adecuado y transparente de esta actividad —que contribuye de forma directa a mejorar la calidad de las políticas públicas y el proceso de toma de decisiones— requiere que se deje de generalizar y se dote de un marco normativo claro y exigente para todas las partes implicadas: tanto para los poderes públicos como el grupo de interés o lobby que pretende hacerle llegar al Gobierno o parlamentario sus propuestas.
¿Qué es el lobby?
El lobby es una actividad profesional legítima y necesaria que consiste en la interlocución estructurada, transparente y ética entre la sociedad civil y los poderes públicos, con el objetivo de trasladar propuestas, datos y argumentos que mejoren las políticas públicas. Esta práctica responde a un derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Constitución Española: el derecho a participar en los asuntos públicos.
¿Qué no es lobby?
El lobby no es corrupción, ni tráfico de influencias, ni uso indebido de relaciones personales. Todo esto constituye un delito y está tipificado así en el código penal. Tampoco es una práctica oscura, reservada a élites o intereses opacos. Confundir lobby con malas prácticas o escándalos políticos distorsiona el debate público, criminaliza una actividad legítima y perjudica el ejercicio responsable de un derecho esencial en el sistema democrático.
Regular para fortalecer la democracia
Mientras las instituciones de la Unión Europea y otras democracias consolidadas llevan años aplicando marcos normativos sobre lobby, España sigue sin avanzar hacia una regulación clara, perpetuando una situación anómala que solo alimenta la opacidad, la desconfianza y el descrédito, tanto entre instituciones, medios de comunicación o incluso la sociedad civil.
En APRI llevamos 17 años reclamando una regulación del lobby en España, que incluya:
- Un registro obligatorio y gratuito de lobistas
- La publicación de las agendas de los cargos públicos
- Un sistema que permita hacer seguimiento de la huella normativa permitiendo conocer quién influye y en qué
- Una oficina independiente al Gobierno que regule y evalúe los conflictos de interés
- Y un régimen sancionador para quienes vulneren los principios éticos que deben regir esta actividad.
Los profesionales de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby reclamamos con urgencia una ley que ponga luz y taquígrafos a la interlocución público-privada y ayude a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones.
Una regulación clara, transparente y eficaz, como la que solicitan para España instituciones como la Comisión Europea y el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) servirá también para delimitar con precisión qué es y qué no es el lobby, aportando seguridad jurídica, protegiendo el derecho a participar en los asuntos públicos y liberando esta actividad profesional de la sombra de sospecha que a menudo proyectan sobre ella algunos medios de comunicación, la opinión pública e incluso algunos representantes políticos.
Solo desde la transparencia, la trazabilidad y el reconocimiento normativo podremos construir un espacio de interlocución legítimo, ético y abierto al conjunto de la sociedad.
- Ante la comparecencia hoy del presidente del Gobierno en el Congreso, las organizaciones expertas Access Info Europe, APRI, Civio, Hay Derecho y Political Watch alertan sobre la falta de avances en materia de regeneración democrática.
- La Comisión Europea publicó ayer su Informe sobre el Estado de Derecho en 2025, que incluye un capítulo sobre España con nuevas recomendaciones sobre el registro obligatorio de grupo de interés, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales o sobre nombramientos en el sistema judicial.
Madrid, 9 de julio de 2025
Las organizaciones Access Info Europe, Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Civio, Hay Derecho y Political Watch muestran su enorme preocupación por la parálisis del Gobierno de España en lo que a regeneración democrática se refiere.
Hace ya un año, en julio de 2024, estas entidades volcadas en la construcción de un sistema democrático más transparente y sólido, lideramos la creación del manifiesto “Medidas en materia de regeneración democrática urgentes y necesarias” al que se adhirieron más de 40 organizaciones de la sociedad civil.
Lejos de haber registrado avances, España atraviesa una crisis institucional que se agrava cada día, con un marco de corrupción generalizada y de espaldas a la ciudadanía.
Ante la ausencia de un compromiso real del gobierno por tomar decisiones en materia de regeneración democrática, las entidades firmantes proponemos que se adopten cinco reformas urgentes antes de que termine la legislatura:
1- Reforzar y blindar los mecanismos contra la corrupción: deben fortalecerse organismos clave como la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que hoy carece de autonomía funcional y medios para cumplir su mandato. Es urgente dotarla de independencia real, recursos adecuados y capacidad sancionadora frente a represalias.
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) debe ser reforzada, contar con independencia orgánica y presupuestaria y con capacidad efectiva para prevenir e investigar la corrupción en la contratación pública.
Debe garantizarse el acceso al registro de beneficiarios reales —clave para combatir el blanqueo de capitales— por parte de periodistas, sociedad civil y otros actores legítimos, alineando la normativa española con las directivas europeas más recientes.
2- Actualizar la Ley de Transparencia y garantizar el acceso a la información como derecho fundamental: el derecho de acceso a la información sigue sin estar reconocido como derecho fundamental en España. Proponemos reformar la Ley 19/2013 como ley orgánica, vinculándola expresamente al artículo 20.1.d) de la Constitución, para asegurar que ninguna norma de rango inferior pueda limitarlo.
Exigimos transformar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en un órgano independiente, con capacidad sancionadora, autoridad real y medios suficientes. Sus miembros deben ser elegidos por el Congreso mediante concurso público, con independencia política garantizada.
Proponemos establecer un marco nacional obligatorio de transparencia algorítmica, con registro público de algoritmos, evaluaciones de impacto ético y jurídico, y garantías para que cualquier ciudadano pueda saber cómo influyen los sistemas automatizados en decisiones que les afectan.
3- Regular de forma integral los grupos de interés y reforzar el control de los conflictos de intereses: España sigue sin una legislación eficaz sobre lobbies,
pese a las reiteradas recomendaciones de organismos como la OCDE o GRECO. Exigimos una regulación que defina claramente quién es un grupo de interés, establezca un registro público y obligatorio, un código de conducta común, y la trazabilidad de su influencia en las decisiones públicas.
Reclamamos un régimen sancionador efectivo tanto para representantes de intereses como para responsables públicos.
Proponemos crear una Oficina de Conflictos de Intereses verdaderamente independiente y con competencias amplias para regular y supervisar cuestiones como puertas giratorias, declaraciones de intereses, y la rendición de cuentas de altos cargos. Esta visión de la integridad pública debe incluir también a asesores, técnicos y otros decisores más allá del núcleo político.
4- Consolidar mecanismos de participación ciudadana real y deliberativa: Frente a la creciente desafección ciudadana, proponemos reformas concretas que amplíen y hagan más accesibles los cauces de participación pública:
– Modernizar la Iniciativa Legislativa Popular, para que deje de ser una herramienta simbólica y permita influir de verdad en la agenda legislativa.
– Reformar el derecho de petición, haciéndolo más ágil, eficaz y accesible en la práctica.
– Institucionalizar formas de democracia deliberativa, como Paneles o Convenciones Ciudadanas, que permitan a la sociedad civil formar parte del debate y las decisiones sobre los principales desafíos del país.
5- Mejorar la calidad normativa y reforzar el papel del Parlamento: alertamos sobre el uso abusivo del Real Decreto-ley, especialmente en forma de “leyes ómnibus” que agrupan medidas muy heterogéneas, eludiendo el debate parlamentario y reduciendo la transparencia legislativa.
Proponemos limitar esta figura a los supuestos estrictamente definidos en la Constitución (art. 86) y reforzar el papel de las Cortes Generales como espacio clave de deliberación democrática, transparencia y control.
Estas cinco reformas se consideran mínimos indispensables para frenar el deterioro institucional y reconstruir la confianza ciudadana. Las organizaciones instamos al Ejecutivo a cumplir sus compromisos en materia de transparencia e integridad pública y a impulsar estas medidas antes de que termine la legislatura actual.
Documento de referencia
En este enlace se encuentra el documento que desgrana las cinco medidas urgentes y necesarias que organizaciones firmantes consideramos fundamentales.
Contacto
Access Info Europe
Rachel Hanna, directora ejecutiva rachel@access-info.org
APRI
Jorge Aliende, director general jaliende@relacionesinstitucionales.es
Móvil: (+34) 623 176 704
CIVIO
David Cabo, co-director david@civio.es
Móvil: (+34) 669 776 392
Hay Derecho
Safira Cantos, directora general safira@hayderecho.com
Móvil: (+34) 641 018 975
Political Watch
Celia Zafra, directora de comunicación celia.zafra@politicalwatch.es
Móvil: (+34) 630 03 31 12
- Con la incorporación de esta relevante asociación empresarial, el Foro de Organizaciones alcanza los 24 miembros.
- El Círculo de Empresarios se ha incorporado al Foro de Organizaciones de APRI para impulsar la función de las relaciones institucionales en el ámbito empresarial.
Madrid, 1 de julio de 2025
El Círculo de Empresarios es un Think thank empresarial fundado en 1977 con la misión de promover el libre mercado y la libre empresa, el reconocimiento del valor social del empresario como creador de empleo, riqueza y bienestar general y el fomento del espíritu emprendedor.
Para alcanzar sus objetivos, la institución realiza sus propuestas a través de documentos, tomas de posición y diferentes tipos de publicaciones. Asimismo, realiza programas de colaboración social (Programa Empresas Parlamentarios, Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, Cre100do, etc).
Durante el acto de firma de la incorporación, celebrado en la sede del Círculo de Empresarios, el presidente de APRI, Carlos Parry, ha afirmado: “El Círculo de Empresarios es una organización de referencia en el ámbito de la empresa en nuestro país y su incorporación a APRI es una gran noticia para nuestra profesión. Por un lado, da testimonio de la relevancia creciente de las relaciones institucionales en las empresas y de la capacidad que nuestro trabajo tiene de sumar a las estrategias corporativas; por otro, APRI continúa en la senda de atraer a cada vez más empresas y entidades a un Foro de Organizaciones que tiene por centro la promoción de un diálogo público-privado eficaz, fértil y riguroso”.
Por su parte, el secretario general del Círculo de Empresarios, Antonio Oporto, ha afirmado: “En los últimos años, las empresas españolas han asistido a un enorme crecimiento de la función de las relaciones institucionales y los asuntos públicos. Desarrollar una interlocución profesional, rigurosa y ética con otras instituciones públicas y privadas es una necesidad de primer orden para el desarrollo de organizaciones en la sociedad de hoy. Por esta razón, nuestra incorporación al Foro de Organizaciones de APRI tiene más sentido que nunca, pues nos permitirá estar al día de lo que sucede en el sector y enriquecer sus debates con nuestras aportaciones”.
Junto a los firmantes, participaron en el arranque oficial de esta colaboración el director general de APRI, Jorge Aliende, y la directora de relaciones institucionales del Círculo de Empresarios, Carmen Torres.
Con la incorporación del Círculo de Empresarios, el Foro de Organizaciones alcanza las 24 organizaciones, entre las que se encuentran entidades de los sectores asociativo, agroalimentario, energético, farmacéutico y de la salud, de la inclusión y de la consultoría de Asuntos Públicos.
APRI fue una de las entidades designadas por el Congreso de los Diputados para intervenir en la presentación de su I Plan de Parlamento Abierto, celebrado ayer 12 de junio en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, con la presencia de la presidenta del Congreso, miembros de las entidades participantes, diputados y otras autoridades.
En su intervención, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, agradeció a APRI el gran trabajo realizado en las aportaciones al Plan en materia de regulación de los grupos de interés, durante las consultas públicas abiertas el día 16 de enero y la aportación de APRI profesionalizando el sector.
Cuando tomó la palabra la vicepresidenta de APRI, Irene Matías Campano, destacó el esfuerzo realizado por el Comité de regulación de APRI, así como el empeño de otras entidades junto a las que impulsamos hace unos meses un manifiesto por la regeneración democrática de España. Desde APRI celebramos que parte de las propuestas incluidas en él, están hoy recogidas en el Plan presentado el día 12.
Asimismo, explicó que la interlocución público-privada es un derecho constitucional que requiere de un marco regulatorio sólido y garantista que permita avanzar en la transparencia y rendición de cuentas y en la mejora de la toma de decisiones de políticas públicas.
Puede consultar el texto del Plan, aprobado el 13 de mayo aquí y la nota de prensa de la Cámara aquí.
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