APRI remite cartas a la Mesa del Congreso, a los portavoces parlamentarios y a los principales líderes políticos para reclamar la reactivación inmediata de los trabajos parlamentarios de la regulación del lobby.
Madrid, 29 de junio de 2026. APRI, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, ha remitido esta semana decenas de cartas a los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados, a los portavoces de los grupos parlamentarios y a los principales líderes políticos de España para reclamar la aprobación urgente de una regulación clara, ambiciosa y eficaz de la actividad de lobby. La asociación, que representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby, advierte de que la suspensión de la Comisión de Reglamento del Congreso de los Diputados la pasada semana y la parálisis de la ponencia del Proyecto de Ley relativo a la regulación de los grupos de interés suponen un nuevo bloqueo en una materia en la que España acumula años de retraso.
En sus cartas, APRI pide a los responsables políticos que impulsen, apoyen y faciliten la reactivación inmediata de los trabajos parlamentarios para aprobar una regulación homologable a la de las democracias europeas más avanzadas en esta Legislatura.
“La ausencia de regulación está causando un daño directo a nuestra profesión y la democracia. Permite que se mantenga una confusión injusta entre la legítima defensa de intereses y la opacidad, el tráfico de influencias o las malas prácticas. También deja espacio al intrusismo de quienes actúan sin estándares profesionales, sin códigos de conducta y sin asumir las responsabilidades que sí asumimos los profesionales que trabajamos desde la transparencia, la ética y el rigor”, señala la asociación en las misivas remitidas.
La organización subraya, además, que cada escándalo protagonizado por responsables políticos, antiguos cargos públicos o personas que actúan aprovechando su posición o sus contactos institucionales termina proyectándose injustamente sobre el conjunto de los profesionales de los asuntos públicos. APRI rechaza que la falta de regulación permita confundir una actividad profesional honorable, legítima y necesaria con conductas opacas o prácticas irregulares que nada tienen que ver con la profesión.
“Los profesionales de los asuntos públicos no podemos seguir soportando esta situación. España necesita reglas claras que permitan distinguir la participación legítima en los procesos de decisión pública de aquellas conductas que deben ser prevenidas, sancionadas o directamente excluidas del sistema”, afirma Carlos Parry, presidente APRI.
Para la asociación, esta indefinición también lesiona la calidad democrática. La ausencia de reglas dificulta saber quién participa en los procesos de decisión pública, con qué intereses, en qué momento y en qué condiciones, lo que alimenta la desconfianza hacia las instituciones y debilita la legitimidad de las decisiones públicas.
APRI defiende que la futura regulación debe incorporar, al menos, un registro público y obligatorio de grupos de interés, un código de conducta exigible, mecanismos de trazabilidad normativa, agendas institucionales transparentes y criterios homogéneos para todas las administraciones.
“España no puede seguir aplazando una norma imprescindible para reforzar la calidad democrática, proteger la confianza ciudadana y dignificar una profesión que debe ejercerse con transparencia, responsabilidad y reglas claras”, señala APRI en su carta a los decisores políticos, y se pone a disposición de los grupos parlamentarios y de las instituciones para contribuir al debate desde la experiencia de los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y la representación de intereses.
Sobre APRI
Fundada en 2008, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales representa a los profesionales de los asuntos públicos, las relaciones institucionales y el lobby en España.
Con más de 300 socios y más de 30 organizaciones de todos los sectores económicos y sociales en su seno, y con actividad en Madrid, Bruselas, Barcelona y Canarias, la asociación trabaja para promover una actividad transparente, ética y profesional, basada en estándares de buenas prácticas, códigos de conducta y reglas claras en la relación entre la sociedad civil, las empresas, las organizaciones y los poderes públicos.
