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La actividad de los grupos de presión en Estados Unidos es legal, está aceptada y puede conseguir resultados favorables. No son relaciones públicas y tampoco es una herramienta estrictamente jurídica, pero la influencia forma parte del juego del poder en Washington. Google acaba de convertirse en la empresa que más invierte en estas prácticas, hasta ahora copadas por otras industrias o por asociaciones de empresarios.

Las empresas de Silicon Valley se han convertido en los últimos años en las que más dinero emplean en mejorar su imagen y en introducirse en el entramado del poder. Google ha batido su propio récord, con 18 millones de dólares en 2017, y se ha situado por primera vez como la compañía que más se ha gastado en influir en los legisladores. Desbanca así a los sectores que tradicionalmente hacían grandes esfuerzos de presión, como la industria tabaquera o la de alimentación.

El Centro de Política Responsiva ha publicado los datos de las diferentes empresas que ejercen el lobby frente al gobierno federal. El buscador está en la cima. Ejerció presión en temas diversos, desde la emigración, la reforma fiscal, la diversidad, la neutralidad de la red o la publicidad online. Esta cifra está muy por encima de lo que emplearon otros gigantes de las telecomunicaciones.

Amazon y Facebook aparecen también en la lista, pero mucho más abajo, en los puestos 16 y 24 respectivamente. En el ejercicio anterior fue la National Association of Realtors, la unión de corredores de fincas, la que ocupó la primera plaza. Lo habitual es que sean grupos, sindicatos o conglomerados que aúnan industrias los que más gasten, pero no compañías a título particular.

Hace 30 años el Centro de Política Responsiva comenzó a recolectar datos. No hay registros anteriores, pero desde que lo siguen, esta es la primera vez que una empresa concreta lidera la lista. Sarah Bryner, directora de la investigación, ha explicado al portal de tecnología Gizmodo, que los de Mountain View han ido escalando posiciones desde el puesto 15, superado a los grupos que tradicionalmente tenían más intereses en conseguir un marco legal favorable, como AT&T, la mayor empresa de telecomunicaciones del país, y Boeing, involucrada en defensa, electrónica y transporte aéreo.

A Bryner no le sorprende que los nuevos líderes tecnológicos ya no estén en garajes inventando nuevos productos, sino ejerciendo su influencia más allá de la web. “Hay un mito muy arraigado. Se considera que ellos no intervienen en cómo se apuntala políticamente su industria”, explica. Llama la atención el caso de Amazon, que gastó 13 millones de dólares. Facebook se quedó en 11. La investigadora no cree que estas acciones tengan un efecto inmediato, pero sí que consiguen que sus opiniones se escuchen y aporten puntos de vista diferentes. “Google siempre ha mantenido el don’t be evil (“no seas malo”, lema fundacional de la empresa) y no hay nada de malo en gastar dinero en política, pero sí es importante que la opinión pública lo sepa, que lo vigile”, argumenta.

Apple no está entre las corporaciones que más invierten en estas labores. Se queda en siete millones de dólares, pero llama la atención que su partida aumentase un 51% solo en un año. Entre los intereses de los de Cupertino se encuentran el cambio climático, las aplicaciones relacionadas con la salud y los coches autónomos. Apple, Google y Facebook no han explicado esta actividad. Tan solo lo ha hecho Amazon en un comunicado escueto: “Como uno de los grandes creadores de empleo de este país, hemos ampliado nuestro equipo en Washington D.C. para asegurarnos de que podemos estar encima de temas legislativos importantes que afectan a nuestros empleados y nuestros consumidores”. De manera colectiva se han agrupado en The Internet Association para “de forma proactiva vigilar al vigilante en todo lo referido a Internet y los posibles efectos negativos de sesgos raciales o de género, de modo que se identifiquen y minimicen rápidamente”.

En el listado también aparece Uber. Ejerció presión para que se aprobase una normativa de “avances en despegue y aterrizaje vertical”. Un aspecto básico para que su prometido coche volador, más parecido a un helicóptero comunitario, sea una realidad.

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El  Consejo estatal de Transparencia y Buen Gobierno ha presidido una reunión en su sede con los Comisionados y organismos independientes de transparencia de las CCAA. El encuentro se enmarca dentro de las relaciones permanentes que mantiene el Consejo con los presidentes de los órganos autonómicos de garantía.

Desde la fecha de su creación, el Consejo de Transparencia del Estado ha buscado la colaboración y el consenso con los distintos órganos autonómicos con competencias en materia de transparencia para todas las cuestiones de interés común y los temas más relevantes en el ámbito de la información pública.

Para continuar por esta vía y profundizar en sus resultados, en la reunión se ha acordado la implantación de un modelo de colaboración permanente basado en reuniones trimestrales y en creación de grupos de trabajosobre aspectos de interés común.

Ley de contratos del sector público

La nueva Ley de contratos del sector público otorga una nueva competencia al Consejo de Transparencia, concretamente la obligación de emitir un informe sobre la prevalencia o no del derecho de acceso a la información pública frente las decisiones de los órganos públicos de contratación de aplicar cláusulas de confidencialidad a determinados datos de los anuncios de formalización de los contratos.

Esta previsión, según la Disposición final primera de la Ley de contratos del sector público, tiene carácter básico y, en consecuencia, alcanza también a los Comisionados autonómicos en su respectivo ámbito territorial.

En el encuentro se han valorado las consecuencias de esta nueva competencia. Tanto el Consejo de Transparencia estatal como sus homólogos autonómicos han coincidido en la actual falta de medios para poder llevar a cabo esta tarea.

Lucha contra la corrupción y protección del denunciante

En la reunión se han abordado también las modificaciones que propone introducir en la Ley de transparencia la proposición de Ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso y que actualmente se encuentra en tramitación.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra la creación en el ámbito estatal de un registro electrónico de lobistas y lobbies de carácter público y gratuito, cuya gestión y control encomienda, en el ámbito estatal, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La medida, de revestir el carácter de norma “básica”, implicará la creación de un registro paralelo en las CCAA que aún no han legislado en materia de lobbies y la atribución de la gestión del mismo a los organismos garantes de la transparencia.

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A pocos días de que finalice el año, un total de 338 grupos de interés se han apuntado al registro que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)puso en marcha principios de marzo. El grupo más mayoritario de ‘?lobbies’? registrado hasta ahora lo constituyen las patronales empresariales, con la CEOE o la asociación madrileñaCEIM a la cabeza.

La Asociación Española de la Economia Digital, la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (ASINTRA) o la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados son otras de las patronales que se han registrado. También la de banca AEB, la de aerolíneas Aceta, la de bebidas refrescantes (Anfabra) o la Asociación Española del Gas.

Además, se inscribieron en el registro de grupos de interés de la CNMC las patronales de las de constructoras Seopan y CNC, la eléctrica Unesa, la de renovables APPA, la hotelera Cehat, la de seguros Unespa, las de comercio CEC y Anged, la del autobús Fenebus y la de telecomunicaciones Ametic.

También aparecen en el listado empresas en solitario, como Telefónica, Correos, Cellnex o Red Eléctrica, así como la plataforma para compartir coche BlaBlaCar, una de las compañías de consumo colaborativo más destacadas.

Por otro lado, se han inscrito asociaciones de consumidores como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación Española de cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispaccop), la de Usuarios de la Comunicación (AUC) la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.

Hay además empresas dedicadas a la comunicación (Evercom, Burson-Marsteller, Edelman, Hill and Knowlton o Llorente y Cuenca) y organizaciones sociales (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, la Plataforma de ONG de Acción Social o la Confederación LGTB Española Colegas).

Sin embargo, el ritmo de inscripciones en el registro se ha ralentizado en los últimos meses, ya que a finales de mayo eran ya cerca de 225 los ?lobbies? registrados y a finales de julio había 275. En lo que va de diciembre solo ha habido cuatro inscripciones, como señala Servimedia.

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