Pedro Claver, especialista en Comunicación Institucional y Asuntos Públicos y socio de APRI
Para entender el papel que está desempeñando la farmacia comunitaria en esta emergencia sanitaria, lo primero que hay que hacer es señalar, muy brevemente, su marco legal. Tanto la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las Oficinas de Farmacia, como la Ley 29/2006 de 27 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, definen las farmacias como “establecimientos sanitarios privados de interés público”, que además están sujetos a la planificación sanitaria que establezcan las Comunidades Autónomas. Y, por supuesto, los sucesivos Decretos del Gobierno y Órdenes del Ministerio de Sanidad que han ido regulando el Estado de Alarma han reconocido la condición de la farmacia comunitaria como un establecimiento sanitario esencial. Una normativa y una crisis sanitaria sin precedentes que ha posicionado a la red de 22.071 farmacias en la primera línea de frente. Desde el minuto cero, la Organización Farmacéutica Colegial fue consciente de que una situación excepcional requiere medidas excepcionales. Incluso antes de la declaración del Estado de Alarma, ya se trasladó a las autoridades sanitarias una serie de propuestas con dos claros objetivos: aliviar la tensión y sobrecarga de trabajo de otros recursos del Sistema Nacional de Salud; y garantizar la prestación farmacéutica a toda la población, evitando el mayor número de desplazamientos posibles. Entre las medidas ya implantadas en un importante número de Comunidades Autónomas destacan la entrega de medicamentos a domicilio a personas mayores y colectivas de riesgo; la dispensación en farmacia de medicamentos que hasta este momento los pacientes, normalmente pertenecientes a grupos de riesgo, exclusivamente podían recoger en hospitales; o el reparto de mascarillas a través de la tarjeta sanitaria individual a más de 21 millones de españoles.
En lo social, se han impulsado iniciativas como mascarilla-19, implantada en más de 16.000 farmacias y destinada a prestar ayuda a víctimas de violencia de género y que ha sido exportada a países como Francia, Argentina o Chile; o la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado en la detección de personas pertenecientes a colectivos vulnerables y que han dejado de retirar su medicación habitual, señal de que pueden necesitar ayuda. Pero como lo que no se mide, no se puede mejorar, la Organización Farmacéutica Colegial ha querido conocer la valoración del Papel de la Farmacia en la Crisis del COVID-19 a través de un estudio realizado por GAD-3. Destacaré dos datos: más de 30 millones de españoles fueron a una farmacia durante el primer mes de confinamiento; de los cuales más de 5,5 millones lo hicieron por motivos relacionados con el coronavirus; y un 91,3% de los ciudadanos valora positivamente la actuación de la farmacia en la crisis.
En resumen, se ha demostrado que el modelo español de farmacia ha sido clave en la respuesta sanitaria al coronavirus; que el farmacéutico es el profesional sanitario más accesible; y que ningún ciudadano se ha quedado sin su medicamento, pues incluso en peor momento de la crisis ha estado operativa el 99,8% de la red de farmacias. Pero ahora se trata de mirar al día después. La Organización Farmacéutica Colegial siempre lo hace, pero ahora con más intensidad que nunca. Como recordaban algunos de los mejores profesionales de los Asuntos Públicos que hay en España, el ritmo y alcance de los cambios normativos producidos en los dos últimos meses -y que continuarán durante bastantes más- solo es comparable con lo ocurrido en 1978, cuando se aprobó la Constitución, o en 1986, cuando España ingresó en la Unión Europea. A 17 de mayo según El País ya se habían superado las 209 normas. Simultáneamente, se ha producido un vuelco de la opinión pública respecto a determinados sectores, como el delivery, que han fortalecido su posición; mientras otros que eran auténticos motores de progreso, como el turismo, han entrado en hibernación. Y todo esto en un escenario en el que la disminución de ingresos fiscales y crecimiento del gasto público, antes o después, obligará a importantes ajustes. Estos factores nos indican que los asuntos públicos se han vuelto más importantes que nunca. Se está actuando por la vía de los hechos, y lo que en otras ocasiones hubieran sido decisiones fruto de un amplio debate y un largo trámite parlamentario, se adoptan en pocos días, incluso horas, aunque luego haya que rectificar.
En este contexto conviene adelantarse a los acontecimientos y tener un relato construido. En la profesión farmacéutica se lleva tiempo trabajando. Por un lado, la Organización Farmacéutica Colegial ha elaborado una Estrategia de la Farmacia durante el desescalado, integrada por 24 propuestas concretas, que recogen las inquietudes de las más importantes organizaciones de pacientes con las que se han mantenido encuentros, y que nuevamente se trasladó a las autoridades sanitarias. Por otro, hay que estar muy atento a la actividad de la Comisión de Reconstrucción del Congreso, y a otros organismos decisorios y reguladores. Y es que una de las asignaturas pendientes es la reconstrucción de nuestro Sistema Nacional de Salud. Se están fijando las reglas del juego para todo el sector sanitario para los próximos años. En consecuencia, es momento de poner en valor todo lo que la Farmacia aporta al Sistema Nacional de Salud en términos de salud y bienestar, pero también en términos de sostenibilidad, y sin olvidar su importante y creciente función social.
Aquí es donde, a partir de ahora, hay que concentrar los esfuerzos, a través de un discurso tan realista como sincero, y siempre marcado por una actitud constructiva, sabiendo que el futuro será muy diferente, y teniendo siempre muy presente la teoría de Darwin: “las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”.
