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El Gobierno regulará por ley los lobbies en España y para ello creará un registro público donde empresas, consultoras, despachos de abogados, asociaciones y otros grupos de presión, que hasta ahora venían realizando este tipo de actividad,  deberán inscribirse obligatoriamente.

Mariano Rajoy cuenta ya con el apoyo de Ciudadanos y espera que el PSOE se sume a esta iniciativa legislativa ya que necesitaría de la mayoría absoluta para poder salir adelante. Esta nueva ley pretende hacer más transparente una actividad que en España escapa al control del Estado.

El sistema que quiere implantar el Ministerio de Justicia penalizará a aquellas personas que, una vez creado el registro, sean ‘cazadas’ realizando este tipo de actividad y dotará de un alto grado de transparencia esta actividad que en España casi siempre ha sido asociada al tráfico de influencias, la corrupción y los intereses de las grandes corporaciones.

Existen ejemplos legislativos similares en países como Estados Unidos y Reino Unido, además de la propia Unión Europea, donde la Comisión y el Parlamento implantaron en 2011 un registro común denominado ‘Transparency Register’ –Registro de Transparencia, en su traducción al español–.

La regulación de EEUU en materia de lobbies

Los pioneros en este campo han sido los Estados Unidos, donde los lobbies tienen una importante presencia en el mundo de los negocios y la política. En el año 1995, bajo la Administración Clinton, el Congreso de EEUU aprobó el Lobbying Disclosure Act. Esta ley obligaba a las organizaciones dedicadas a hacer lobby a cumplir con unos requisitos de transparencia si no querían quedar fuera del mercado. Debían publicar semestralmente un resumen de sus actividadessus gastos y las listas de lobbistasque tenían en nómina.

Sin embargo, a pesar de que en un principio esas medidas comenzaron a dar sus primeros frutos, se comprobó que eran demasiado laxas tras salir a la luz pública un escándalo de corrupción y tráfico de influencias que implicó a un conocido lobista estadounidense, Jack Abramoff. En el año 2007, las autoridades norteamericanas decidieron endurecer la ley, aumentaron los controles y obligaron a un cumplimiento más estricto de las directrices de transparencia –se debían presentar informes cuatrimestrales y se tenían que hacer públicas las contribuciones económicas a candidatos, comités y personas de interés-.

El registro de lobbies estadounidense cuenta con una media de entre 12.000 y 14.000 profesionales –la crisis de 2008 provocó una caída masiva de las personas registradas– pero según destacados lobistas la excesiva regulación ha propiciado que el sector se haya reinventado. “Ya no es necesario dirigirse directamente a los congresistas”, decía en una conferencia en Madrid el conocido lobista Tony Podesta. Ahora, la movilización de la gente y las campañas de comunicación “tienen un peso más importante”, aseguraba, por eso muchos profesionales prefieren seguir esta vía y no cumplir con las estrictas obligaciones del registro de lobbies.

El Brexit de los lobbies

El peso de los lobbies ha quedado patente en los últimos meses en la dura negociación para consensuar las medidas y la compensación económica del Brexit. Los diferentes grupos de presión, a uno y otro lado del Canal de la Mancha, han ejercido su influencia sobre los gobernantes de cara a conseguir las mejores condiciones para unos y otros, siempre pensando en sus sectores o negocios.

La City, los agricultores, las empresas dedicadas a la importación y exportación, todos ellos han jugado un papel en mayor o menor medida, susurrando a los negociadores del Brexit el acuerdo más sustancial para sus intereses. Por ejemplo, sobre la mesa estaban las medidas que en materia de aduanas se tendrían que tomar para la ‘desconexión’ definitiva del Reino Unido de la Europa comunitaria. Más del 50% de las importaciones y exportaciones se registran en la UE, con lo que un mal acuerdo podría llegar a arruinar a determinados sectores, como la industria automovilística, la farmacéutica o los servicios financieros, ejemplos de lobbies con un importante peso específico en la economía británica.

Es en esta batalla, lejos de los focos, donde los lobbies han presionado para materializar muchas de las decisiones que han propiciado que al final se haya concretado una cifra y unas medidas para el Brexit que cumplieran con las expectativas de todos los grupos de interés.

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Madrid, 14 nov (EFE).- El primer año de legislatura ha traído modestos avances en materia de género, salarios y medio ambiente, pero están bloqueados la reforma de la LOMCE, la renta mínima o medidas sobre infancia y cooperación al desarrollo, según Polétika, que da al Gobierno y al Parlamento una nota media de «insuficiente».

Compuesta por más de 500 ONGs y movimientos sociales, esta iniciativa ha analizado la actividad ejecutiva y parlamentaria en once temáticas: infancia, género, conflictos internacionales, sanidad, educación, cooperación al desarrollo, transparencia, cambio climático, fiscalidad y protección social.

Y el resultado ha sido «decepcionante», porque a pesar de la «intensa actividad política», el bienestar de las personas «no ha ocupado el protagonismo debido», subraya en su informe, en el que lamenta el bloqueo «constante» de iniciativas contra la pobreza y la desigualdad por parte del Gobierno y la mesa del Congreso.

Así ha ocurrido con una Iniciativa Legislativa Popular para destinar una prestación a 1,8 millones de familias con bajos ingresos y sin derecho a subsidio por desempleo y que desde hace 21 meses permanece «secuestrada por el Gobierno».

En Educación se han dado «escasos avances y mucha incertidumbre» cuando, según Polétika, es preciso derogar la LOMCE y abrir un proceso de diálogo «real y abierto» con toda la comunidad educativa y la sociedad civil y revertir los recortes y aumentar la inversión.

Mientras, la infancia «necesita políticas adecuadas que garanticen sus derechos», y aunque todos los grupos han presentado iniciativas, es necesario concretar medidas, que se avance en legislaciones pendientes y que se definan dotaciones presupuestarias.

También ha sido «insuficiente» la protección de civiles en conflictos internacionales, ya que el Gobierno ha incumplido su compromiso de acogida de refugiados y «sigue sin dar signos de que la agenda humanitaria esté entre sus prioridades», demostrando su «falta de voluntad política» frente a un Parlamento que, en este caso, ha sido «mucho más activo y exigente».

Su actividad «necesita mejorar» en lo referente al cambio climático pues, ante un escenario de «urgencia climática» como el actual, con la peor sequía en 20 años y un aumento histórico de las temperaturas, «sorprende la lentitud» en la adopción de medidas.

Igual ocurre con la violencia de género, porque el pacto de Estado aún no ha sido implementado y su ejecución presupuestaria no está garantizada.

Además, la situación actual de la cooperación internacional es «insostenible» y el Gobierno debe mejorar la contribución e influencia global de España para luchar contra la pobreza extrema y la desigualdad.

En lo sanitario, solo destacan algunos anuncios de iniciativas para modificar la práctica de negociación de los precios para nuevos medicamentos y para avanzar en la transparencia del acceso a datos de salud, pero la actual legislatura consolida el «sistema más insolidario e ineficiente» que se emprendió hace cinco años.

Polétika también critica la ausencia de medidas para reforzar la progresividad del sistema fiscal y que las que ha habido de lucha contra el fraude «han sido escasas y de muy corto alcance»; si bien ha detectado «leves mejoras» en la fiscalidad de las empresas, están enfocadas a «garantizar la recaudación en el corto plazo a costa de comprometer los ingresos de años posteriores».

Aunque celebra el aumento del salario mínimo interprofesional en un 8 %, exige subidas anuales significativas para que alcance los 1.000 euros a finales de legislatura.

Respecto a la brecha salarial de género, tanto Gobierno como el PSOE y Podemos proponen obligar a las empresas a ser transparentes en los sueldos, consenso que «acerca a una posible iniciativa concreta en la desigualdad salarial entre hombre y mujer».

Por último, ha habido «debates importantes» para avanzar en materia de Transparencia, como son la reforma de la Ley de transparencia y la regulación de la actividad de los lobbies, pero «ninguna de estas iniciativas se ha traducido aún en la aprobación de medidas concretas». EFE

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