Entradas

La Secretaría General del Senado ha emitido un informe, propiciado por una denuncia de Podemos respecto a un viaje a Dublín de senadores del PP y PNV y parlamentarios de Cs invitados por una farmacéutica, en el que recomiendan aprobar un código de conducta de los parlamentarios para regular su relación con los ‘lobbies’. «Se trata de una materia que en cámaras parlamentarias de nuestro entorno se regula, con diverso nivel de intensidad, en los llamados códigos de Conducta, pero que hasta el momento no se han establecido en las Cortes Generales», explican los letrados.

El escrito incluye las recomendaciones del informe Greco (Grupo de Estados Contra la Corrupción) sobre España, relativo a «la prevención de la corrupción en lo que se refiere a miembros del parlamento, jueces y fiscales», adoptado en 2013 y que ha sido objeto de sucesivos informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en aquel. Entre las recomendaciones «pertinentes», los letrados destacan que «cada Cámara de las Cortes Generales apruebe un código de conducta de los parlamentarios, que incluya orientaciones, entre otros aspectos, sobre prevención de conflictos de intereses, regalos e invitaciones».

Por otro lado, el informe de los letrados también recomienda que «se adopten normas sobre el modo en que los parlamentarios se relacionan con los grupos de presión y con otros grupos que aspiran a influir en la función legislativa, que incluyan publicidad de sus contactos». Con todo, el informe evidencia la ausencia de regulación y concluye que “no resulta posible efectuar una valoración jurídica (…) dado que la cuestión se plantea en términos sumamente genéricos y, como se ha señalado, no hay normativa específica que regule esta materia”.

La senadora de Unidos Podemos por Álava, Kontxi Palencia, que instó a la Mesa del Senado a solicitar dicho informe sobre los viajes, estancias y regalos que empresas privadas (‘lobbies’) sufragan a los representantes de la Cámara Alta, entiende que “existe un grave problema ético cuando las personas encargadas de regular el sector farmacéutico, por ejemplo, disfrutan viajes o reciben regalos de las grandes empresas farmacéuticas». Desde el grupo confederal remarcan también que el informe de los letrados de la Cámara Alta «reconoce la necesidad de modificar el reglamento del Senado para avanzar en materia de transparencia, garantizando además que los representantes políticos de los españoles y españolas sirvan siempre al bien común y no a intereses particulares».

La portavoz de Unidos Podemos en la comisión de Sanidad impulsó una moción que se lleva esta semana a pleno sobre la regulación de estas prácticas, después de conocerse que un conjunto de senadores del PP y del PNV y de parlamentarios de Ciudadanos (Cs) viajó a Dublín el 26 de noviembre con todos los gastos pagados para «conocer las instalaciones» de Amgen, multinacional del sector farmacéutico. En concreto, según aseguraron fuentes del PP y del PNV a Europa Press, acudieron a Dublín cuatro senadores populares, una senadora del PNV y tres diputados de Cs en el Parlamento andaluz. Asimismo, desde el PP manifestaron que días antes de ese viaje había tenido lugar «un foro muy similar en Zaragoza al que asistieron miembros de todos los partidos y nadie dijo nada».

Artículo original

Madrid, 14 nov (EFE).- El primer año de legislatura ha traído modestos avances en materia de género, salarios y medio ambiente, pero están bloqueados la reforma de la LOMCE, la renta mínima o medidas sobre infancia y cooperación al desarrollo, según Polétika, que da al Gobierno y al Parlamento una nota media de «insuficiente».

Compuesta por más de 500 ONGs y movimientos sociales, esta iniciativa ha analizado la actividad ejecutiva y parlamentaria en once temáticas: infancia, género, conflictos internacionales, sanidad, educación, cooperación al desarrollo, transparencia, cambio climático, fiscalidad y protección social.

Y el resultado ha sido «decepcionante», porque a pesar de la «intensa actividad política», el bienestar de las personas «no ha ocupado el protagonismo debido», subraya en su informe, en el que lamenta el bloqueo «constante» de iniciativas contra la pobreza y la desigualdad por parte del Gobierno y la mesa del Congreso.

Así ha ocurrido con una Iniciativa Legislativa Popular para destinar una prestación a 1,8 millones de familias con bajos ingresos y sin derecho a subsidio por desempleo y que desde hace 21 meses permanece «secuestrada por el Gobierno».

En Educación se han dado «escasos avances y mucha incertidumbre» cuando, según Polétika, es preciso derogar la LOMCE y abrir un proceso de diálogo «real y abierto» con toda la comunidad educativa y la sociedad civil y revertir los recortes y aumentar la inversión.

Mientras, la infancia «necesita políticas adecuadas que garanticen sus derechos», y aunque todos los grupos han presentado iniciativas, es necesario concretar medidas, que se avance en legislaciones pendientes y que se definan dotaciones presupuestarias.

También ha sido «insuficiente» la protección de civiles en conflictos internacionales, ya que el Gobierno ha incumplido su compromiso de acogida de refugiados y «sigue sin dar signos de que la agenda humanitaria esté entre sus prioridades», demostrando su «falta de voluntad política» frente a un Parlamento que, en este caso, ha sido «mucho más activo y exigente».

Su actividad «necesita mejorar» en lo referente al cambio climático pues, ante un escenario de «urgencia climática» como el actual, con la peor sequía en 20 años y un aumento histórico de las temperaturas, «sorprende la lentitud» en la adopción de medidas.

Igual ocurre con la violencia de género, porque el pacto de Estado aún no ha sido implementado y su ejecución presupuestaria no está garantizada.

Además, la situación actual de la cooperación internacional es «insostenible» y el Gobierno debe mejorar la contribución e influencia global de España para luchar contra la pobreza extrema y la desigualdad.

En lo sanitario, solo destacan algunos anuncios de iniciativas para modificar la práctica de negociación de los precios para nuevos medicamentos y para avanzar en la transparencia del acceso a datos de salud, pero la actual legislatura consolida el «sistema más insolidario e ineficiente» que se emprendió hace cinco años.

Polétika también critica la ausencia de medidas para reforzar la progresividad del sistema fiscal y que las que ha habido de lucha contra el fraude «han sido escasas y de muy corto alcance»; si bien ha detectado «leves mejoras» en la fiscalidad de las empresas, están enfocadas a «garantizar la recaudación en el corto plazo a costa de comprometer los ingresos de años posteriores».

Aunque celebra el aumento del salario mínimo interprofesional en un 8 %, exige subidas anuales significativas para que alcance los 1.000 euros a finales de legislatura.

Respecto a la brecha salarial de género, tanto Gobierno como el PSOE y Podemos proponen obligar a las empresas a ser transparentes en los sueldos, consenso que «acerca a una posible iniciativa concreta en la desigualdad salarial entre hombre y mujer».

Por último, ha habido «debates importantes» para avanzar en materia de Transparencia, como son la reforma de la Ley de transparencia y la regulación de la actividad de los lobbies, pero «ninguna de estas iniciativas se ha traducido aún en la aprobación de medidas concretas». EFE

Artículo original

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto sobre la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) para adaptarla a los recientes cambios regulatorios e incorporar aspectos novedosos.

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo debe acompañar a todos los Anteproyectos de Ley y Proyectos de Reales Decretos-leyes, Reales Decretos Legislativos y normas reglamentarias. La modificación regulatoria que ahora se acomete responde al reto de elaborar una normativa cada vez más simple y clara que suponga un cumplimiento lo menos costoso posible para las empresas y ciudadanos.

En definitiva, el nuevo texto se adapta, de esta forma, a las novedades de las nuevas leyes administrativas y a las recomendaciones y buenas prácticas de la OCDE y de la Unión Europea. Propone, además, mejoras en la elaboración de las normas con la finalidad de conseguir una regulación más eficiente.

Novedades

Para ello, el nuevo Real Decreto incorpora las siguientes novedades:

  • Se explicarán, en su caso, las razones por las que no entra en vigor el 2 de enero o el 1 de julio una norma con obligaciones para personas que realizan actividades económicas.
  • Se realizará el «Test Pyme» (verificar el efecto de la norma en las pymes), de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea.
  • Se realizará una medición de las cargas administrativas que conlleva la propuesta normativa, con especial referencia a las Pymes.
  • Se efectuará un análisis de alternativas de actuación, incluyendo la justificación de aprobar la norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación.
  • Se deberá justificar la tramitación de una propuesta normativa que no figure en el Plan Anual Normativo.
  • Se hará referencia a la vigencia temporal o indefinida de la norma.
  • Se introducirá la evaluación ex post (una vez la norma ha entrado en vigor y pueden verificarse su funcionamiento). Se deben establecer de manera expresa los términos y plazos que se usarán para analizar los resultados.
  • Se realizará un impacto económico que evaluará el efecto de la norma sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad.
  • Se incorporará el análisis coste-beneficio, con carácter potestativo y, en todo caso, cuando una norma específica o sectorial así lo exija, debiendo quedar acreditado que los beneficios esperados compensan o superan los costes de la norma.
  • Se mantiene la huella legislativa: el conjunto de informes, dictámenes y la participación de otras Administraciones Públicas. Se incluye también un resumen de las aportaciones del nuevo trámite de consulta temprana de las normas.
  • Se incluyen como novedad el análisis los impactos en la infancia y adolescencia, y en la familia.

Artículo original