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Cena de Navidad de APRI con la vicepresidenta segunda del Congreso Dª Ana Pastor, promotora del Código Ético de los Sres. Diputados

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El martes 10 de diciembre APRI tuvo el honor de contar con la participación de la Excma. Sra. vicepresidenta segunda del Congreso, Dña. Ana Pastor Julián, en su cena de Navidad, quien nos habló del proceso de aprobación del Código de Conducta de los Señores Diputados en la vigésimo segunda legislatura etapa en la que presidía la Cámara Baja de las Cortes Generales. Dicho Código Ético fue fruto de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa para aumentar la transparencia y mejorar la rendición de cuentas de los diputados ante los ciudadanos. El nuevo código ético, de carácter vinculante, es un primer paso hacia la transparencia en la toma de decisiones y recoge algunas de las peticiones que APRI viene solicitando desde hace años como la publicación de las reuniones con grupos de interés.

Durante la cena, Dña. Ana Pastor también nos habló de la importancia del ejercicio de la ética pública para recobrar la confianza en las instituciones públicas, lo que a su juicio requiere no solo principios personales sino mucha transparencia tanto por parte de las instituciones públicas como por parte de las organizaciones privadas. En cuanto a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones coincidió en la necesidad de regular los registros de grupos de interés partiendo de una definición de lobby o de grupo de interés común para posteriormente establecer cómo han de trabajar frente al legislador y el legislador frente ellos. La intervención de la vicepresidenta del Congreso concluyó con una ronda de preguntas sobre las puertas giratorias, la definición de transparencia  y la colaboración publico privada entre otros asuntos. En breve podréis encontrar en nuestra página web la fotogalería de la cena. Desde APRI agradecemos la asistencia de todos los socios que acudieron a la cena.

 

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Por un registro del lobby para el Congreso completo, abierto y efectivo

El grupo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara para la regulación de los grupos de interés. En Civio celebramos que se debata al fin este asunto, pero creemos que la propuesta se queda a medias. Primero, porque no aclara qué información se va a publicar en la página web del Congreso. Segundo, porque establece una definición de lobby que podría dejar fuera a buena parte de quienes lo ejercen. Y, tercero, porque se ha encomendado su seguimiento y control a la propia Presidencia del Congreso de los Diputados, que en la actualidad ejerce Ana Pastor (PP).

Por eso, hemos enviado a los partidos políticos de la Cámara Baja varias modificaciones a la propuesta planteada. La más importante pasa por su publicidad. Aunque la propuesta establece cuál será el contenido del registro y aclara que será “público”, marca que “la Presidencia, con el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces, adoptará las disposiciones necesarias para garantizar la publicidad del registro, con las garantías suficientes para proteger los datos que deban mantenerse reservados”. Eso que se deja para un desarrollo posterior es la clave de un registro enfocado hacia la rendición de cuentas y el seguimiento de la huella legislativa: qué se va a publicar y qué no.

Nuestra propuesta pasa por establecer que todo el contenido, excepto los datos de contacto de las personas físicas, se publique en la web del Congreso. Esta decisión, esencial, no se puede dejar en manos de un desarrollo posterior. Otra de nuestras propuestas de mejora pasar por modificar la definición de grupo de interés que incluye la reforma. La propuesta del PP deja fuera a multitud de entidades que ejercen como tal y se aleja de los estándares internacionales sobre la materia. Para Civio, un grupo de interés es “cualquier organización o individuo, independientemente de su estatuto jurídico, que defiende o expone intereses, en nombre propio o ajeno, con el objetivo de influir de manera directa o indirecta en la formulación o la aplicación de políticas y en los procesos de toma de decisiones de las instituciones”. Y así se lo hemos trasladado a los grupos.

Además de añadir contenido al registro para que cumpla su función de forma efectiva e incluir obligaciones para los diputados -la propuesta del PP solo contiene deberes para los grupos de interés-, nuestras recomendaciones incluyen un cambio de base: ¿quién se va a encargar de vigilar su cumplimiento? Según la propuesta popular, la propia presidencia de la Congreso, a cargo de Ana Pastor, miembro del partido del Gobierno y del de la mayoría de los diputados de la Cámara. Es decir: un solo partido vigilará que se cumpla la norma y gestionará el registro de una cámara plural. Para evitarlo, proponemos que las funciones de control pasen a la Comisión permanente del Estatuto de los Diputados, donde participan todos los grupos políticos del parlamento. Desde Civio creemos que el Congreso, por su papel vital en la vida pública española, no debe ir a la zaga de otras normativas y debe ser líder en rendición de cuentas, desde la apertura, la confianza y la honestidad.

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Puertas giratorias

Una práctica controvertida durante los últimos años ha sido la de las puertas giratorias, entendida como el paso de cargos públicos al sector privado y su eventual regreso al sector público. Más allá de la demagogia, no se ve realmente dónde reside la gravedad del problema señalado, salvo que se pretenda imponer un tipo de político completamente profesionalizado que hace de las batallas orgánicas lo esencial de su tarea y que se vuelve lógicamente conservador en cuanto a su estatus, puesto que podría quedarse sin vida profesional o laboral fuera de las estructuras políticas.

Conviene acoger con cautela los discursos y los programas de algunos partidos sobre este asunto. Que haya personas favorables a vivir siempre de la política, o que dan el salto a la cosa pública tras una corta experiencia laboral, no implica que sea preciso condenar a la muerte civil al que deja la vida pública, ni forzar a la sociedad a indemnizarle de por vida. En sentido contrario, es inaceptable privar a la política de los conocimientos y experiencia de buenos profesionales. Que haya movimiento de sillas parece razonable, bastante más que la supresión pura y simple de esa posibilidad.

Asunto distinto es el necesario control. Deberían regularse tanto el tiempo que ha de transcurrir entre el cese en el cargo público y la asunción de otras actividades, como el pantanoso terreno donde pueden cruzarse los conflictos de intereses. Ahí es donde una regulación sensata y una buena práctica deberían impedir las negligencias. Resulta asimismo indispensable que se lleven a cabo los registros de grupos de presión, que no quedaron resueltos con la promulgación de la ley de transparencia.

Hay un terreno donde ha de acentuarse el cuidado. Se trata del paso de magistrados y jueces a la política, y de su regreso inmediato a la judicatura cuando lo desean. Al igual que lo dicho respecto a los conflictos de intereses, es evidente que quienes hacen uso del reingreso en la carrera judicial no deberían ocuparse de asuntos en los que estén implicados los políticos con los que acaban de confraternizar o a los que se han enfrentado. El poder judicial es independiente en España, por mandato constitucional, y sus titulares no pueden ser considerados simples miembros de una profesión que hoy son jueces, mañana políticos y pasado mañana jueces otra vez.

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Nueva Proposición de Reforma de Reglamento del Congreso

En el último Pleno de la pasada Legislatura, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en consideración de una Proposición de reforma del Reglamento de la Cámara para la creación de un registro de grupos de intereses. En esta nueva Legislatura el Grupo Parlamentario Mixto ha registrado una iniciativa casi idéntica a la que en su momento presentó Democracia i Libertat.

Accede a través de este enlace al nuevo texto de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso.

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