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El pasado 27 de septiembre APRI participó en la estrategia de lucha contra la corrupción en Cataluña. 

El texto de la estrategia catalana definirá 25 actuaciones para fortalecer la integridad pública que, una vez aprobada la estrategia por acuerdo de gobierno, se implementará en la administración y en las entidades del sector público en un plazo de dos años en ámbitos como la transparencia, la contratación pública, la protección de alertadores, la anonimización de buzones éticos o la fiscalidad.

El Gobierno catalán se ha comprometido a utilizar los resultados del proceso participativo en la redacción del documento y los participantes recibirán un retorno del proceso participativo y se los explicará el uso de las aportaciones en la elaboración de la Estrategia.

Un total de 228 grupos de interés ya se han inscrito en el registro de lobbiesque el Parlament creó a finales de enero de este año. La iniciativa es pionera entre las cámaras legislativas del Estado y se ha puesto en marcha como consecuencia de la ley de transparencia catalana, aprobada en 2014. El vicepresidente primero de la Cámara, Lluís Corominas, hace un balance “positivo” de los primeros meses, y recuerda que el Parlament aprobó también que los diputados hicieran pública su agenda.

El Parlament envió casi 400 cartas a entidades, cámaras, colegios, sindicatos, patronales y asociaciones susceptibles de tener que aparecer en este registro. Salvadas las “dudas iniciales”, dice Corominas, la iniciativa ha sido bien acogida. Esos grupos, por ejemplo, se sorprendían por tener que inscribirse en el Parlament para hablar con diputados cuando no tenían que hacerlo en el Congreso. La cámara autónoma pretende que formar parte del registro sea una especie de “sello de calidad” para las entidades.

El registro de lobbies garantiza derechos (como celebrar actos en la cámara) y obligaciones; por ejemplo, a dar información “fidedigna”. También prevé sanciones por malas prácticas, que van de los 300 a los 12.000 euros, que por ahora no se aplican.

Además de los 228 inscritos, hay cinco solicitudes pendientes de validar, otras seis que no se han admitido y otras 31 que no han finalizado. El registro se estructura en cinco categorías: consultorías profesionales y despachos de abogados; empresas, asociaciones comerciales y sindicatos; fundaciones, plataformas y sin ánimo de lucro; grupos de reflexión y ligados a partidos; y, finalmente, organizaciones que representan a iglesias o comunidades religiosas.

Los grupos registrados van desde la fundación Proactiva Open Arms —que ayuda a los refugiados en las aguas del Mediterráneo— hasta el gremio de constructores de obras de Barcelona, así como entidades energéticas, como la Asociación Española del Gas. Algunos grupos tienen un interés directo con las leyes que tramita la cámara, como la Asociación de Bebidas Refrescantes; recientemente, el Parlament abordó un impuesto sobre bebidas azucaradas. También está registrada la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis. En pleno proceso soberanista figuran, también, entidades que lo impulsan como Reinicia Catalunya, el Cercle Català de Negocis, Sobirania i Justícia o el Pacte Nacional pel Referèndum.

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El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado este miércoles la toma en consideración de una Proposición de Ley de Podemos para modificar la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana y crear un registro de lobbies a la espera de saber si habrá un registro único y de la regulación del estatuto jurídico de esos grupos de interés en la que se trabaja ya en el Congreso de los Diputados.

«Traeremos una propuesta en cuanto se clarifique el tema a nivel nacional», ha comprometido la procuradora Mar Angulo, quien ha abogado en todo momento por una reforzar la transparencia pero sin mermar las posibilidades de participación desde el convencimiento de que la interacción con las instituciones aportan datos y puntos de vista para mejorar las leyes y profundizar en la regeneración democrática en España.

En ese compromiso de presentar una iniciativa en las Cortes de Castilla y León cuando se clarifique a nivel nacional, Angulo ha hecho un llamamiento para sumar «aportaciones positivas» del Grupo Podemos, al que ha enviado al rincón de pensar tras su «corta y pega» del «peor ejemplo posible», en referencia al «modelo caduco» aplicado en Cataluña que ha sido modificado por decreto ley este año.

«Ustedes no se han enterado y han copiado algo ya desfasado», ha aclarado Angulo que ha aprovechado la ocasión para recordar al Grupo Podemos que Cataluña, que se ha vuelto a colar en el debate parlamentario en Castilla y León, no puede ser un ejemplo ni de transparencia «ni mucho menos de Democracia por mucho que les apoyen».

Angulo se ha referido en concreto a la influencia de Òmnium y ANC en el Gobierno catalán y ha preguntado a los miembros de Podemos si esas asociaciones son lobbies o no. «Lo sabrán bien porque su jefe de filas cena con esta gente», ha espetado la procuradora ‘popular’ lo que ha provocado el enfado del portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, que se ha llegado a levantar de su asiento con un amago de abandonar el hemiciclo.

«La próxima vez le expulso del Hemiciclo», ha advertido la presidenta, Silvia Clemente, a Fernández al que no ha dado la palabra que había pedido por las alusiones al líder de su partido, Pablo Iglesias, sobre el que Angulo ha recordado también sus encuentros con un multimillonario en Barcelona. «Es lo que proponen traer a Castilla y León», ha continuado Angulo, que ha recordado que los líderes de Òmnium y ANC están en la cárcel por un auto judicial.

LECCIONES Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

En su argumentación en contra de la toma en consideración de la PL de Podemos, Angulo ha rechazado «lecciones de nada» ante el «currículum» de Podemos por sus «becarios black, revendedores de pisos black y la financiación más negra», acusaciones que han sido rebatidas por la proponente, Natalia del Barrio, que ha recordado el PP no está en posición de negar financiación irregular que ha ratificado la Guardia Civil y el Poder Judicial mientras que Podemos está ganando demandas a quien ha hablado de financiación ilegal de los morados.

«¿La presunción de inocencia para quién?», se ha preguntado Del Barrio tras escuchar todas las acusaciones de Angulo, a la que ha recordado la relación de exdirigentes del PP, como Rodrigo Rato, con las tarjetas black y con los grupos de interés.

Del Barrio ha acusado de Angulo de no haberse enterado de la PL de Podemos «con tanto viaje de Valladolid a Madrid», en alusión a su doble condición de senadora y procuradora, y que aboga por crear un registro de los grupos de interés como recomienda Transparencia Internacional para evitar que aumente la corrupción «que es lo que usted está ninguneando», ha afeado a la soriana.

El resto de los grupos han dado el visto bueno a la toma en consideración de la proposición de ley de Podemos si bien habían anunciado múltiples enmiendas en su fase de tramitación por estar «poco perfilada» y ser «un pelín ambigua», en palabras de David Castaño, de Ciudadanos, quien ante la «subjetiva redacción» de Podemos respecto a las organizaciones a incluir en el citado registro.

«Una ley sin reformas es una ley muerta», ha advertido por su parte el procurador socialista Luis Briones que ha aprovechado la ocasión para recordar que la Ley de Transparencia que se propone ahora modificar nació sin consenso e impuesta y creada ad hoc y «con grandes carencias» por un PP que ahora no cumple esa norma.

«El tiempo nos empieza a dar la razón lamentablemente», ha aseverado Briones, partidario de articular y regular el registro y un código de conducta.

«Parece razonable dar una salida a este problema», ha considerado por último José Sarrión, de IU-Equo, que ha recordado una anterior iniciativa de IU en el Congreso en la línea de la de Podemos si bien ha abogado por ir «más allá» al «abrir este melón» para aumentar la participación civil más allá de un «buzón de sugerencias».

Dicho esto, ha admitido una «dificultad filosófica» ya que al un registro de da «carta de naturaleza» a unos grupos cuando IU no quiere que existan.

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