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Ana Lorenzo, socia de APRI hasta la fecha, nombrada Directora de Transparencia de la Comunidad de Madrid 

Ana Lorenzo, hasta ahora responsable de Asuntos Públicos de Ikea Ibérica y socia de APRI ha sido nombrada directora general de Transparencia, Gobierno Abierto y Participación Ciudadana de la Comunidad de Madrid.

Ana Lorenzo, nacida en Pamplona, de 38 años, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra, tiene un máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en el ESIC Business and Marketing School y un postgrado en Dirección de Campañas en ICADE. 

Cuenta con experiencia en la promoción de la libertad, la participación de la sociedad civil en las políticas públicas y el compromiso social de las empresas, con especial énfasis en impulsar la transparencia y el buen gobierno en las organizaciones públicas y privadas. En el sector público, ha desarrollado tareas como asesora de políticas sociales en el Gabinete de Presidencia del Gobierno (2013-2016) y en el Parlamento Europeo (2010-2013).

En el ámbito privado, ha trabajado en el tercer sector, como directora de Innovación de la Fundación Seres; como socia de la ‘start up’ Sufragium, que impulsa una mayor transparencia de las organizaciones y promueve la participación en las decisiones públicas y de empresas, así como en «think tanks» de inteligencia económica.

Ha impartido conferencias sobre participación ciudadana, transparencia de gobiernos y empresas y buen gobierno corporativo en la CEOE o la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI). Concretamente en junio de 2019 participó en el Lobby Hour de APRI para hablarnos de diplomacia corporativa.

Al incorporarse como Directora de Transparencia, Gobierno Abierto y Participación Ciudadana de la Comunidad de Madrid deja de ser socia de APRI por la incompatibilidad del cargo.

Desde la Asociación le felicitamos y deseamos todo el éxito en el nuevo ciclo profesional que comienza dedicado al desarrollo de políticas públicas en favor de la transparencia y buen gobierno.

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La Ley de Transparencia y Buen Gobierno va a regular la existencia de los lobbies

La nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que en estos momentos se encuentra en trámite de ponencia en la Junta General, va a regular la existencia de lobbies de presión. Es decir, que haya transparencia en los encuentros entre estos ‘grupos de interés’ y los altos cargos del Gobierno.

 Este ha sido el principal tema de debate en la reunión de la ponencia del proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que esta presidida por el diputado de IU-IX Gaspar Llamazares y que se ha reunido este miércoles en la Junta General.

Había tres enmiendas relativas a este tema a propuesta de PP, Podemos Asturies y Ciudadanos y se ha acordado fusionar las tres para que se recoja que un ‘grupo de interés’ son las personas físicas o jurídicas y las organizaciones que se dedican a influir en los procesos de elaboración de las políticas o disposiciones normativas, en la aplicación de las mismas o en la toma de decisiones de la Administración.

Además, la definición de lobby en la futura ley va a extender su ámbito y se van a considerar, además de los que están instaurados en Asturias, aquellos que puedan influir directamente en el sector asturiano y que no estén instaurados en la comunidad.

En declaraciones a Europa Press, el diputado ‘popular’ Rafael Alonso ha destacado que así se va a permitir dar «transparencia» a la figura de los lobbies, «que empieza a tener entrada y hay que regularlo» para saber cómo pudieron influir o participar en el proceso de redacción de una disposición.

Además, ha señalado que la futura ley va a hablar de ‘grupos de interés’ y no de lobbies, «que es un anglicismo». Por otro lado, ha indicado que todos los grupos parlamentarios parecen haber dado la «bienvenida» a esta regulación» y que existe un «cierto ánimo de acuerdo».

Por otro lado, desde Podemos Asturies, Emilio León, ha señalado que la política asturiana ha estado protagonizada por personas o grupos de presión «que nunca han tenido que rendir cuentas». Así, ha apuntado a personas y entidades «que tuvieron las puertas abiertas de la administración y que aparecen ahora como condenados por evasión fiscal o relacionadas con Gitpa y la trama del cable».

Con todo, ha señalado que la «prueba del algodón» sobre la voluntad del Gobierno asturiano de avanzar en la tramitación de esta norma será el próximo día 4 abril, «cuando se discuta la independencia de los órganos de control creados con esta Ley», ha sentenciado.

Desde Ciudadanos, la diputada Diana Sánchez ha afirmado que la ley no es «para nada» el texto que trajo el Gobierno, «que Ciudadanos está contribuyendo a su mejora como por ejemplo la regulación de los grupos de interés y la huella».

Además, ha señalado que desde su formación también han logrado introducir en la ley que los ciudadanos puedan evaluar a la administración a través del portal de transparencia «y se ha aceptado también nuestro estatuto del denunciante».

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