El Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo inician a final de mes las negociaciones para arrojar luz sobre quién presiona a la Unión Europea. El objetivo es controlar la actuación de los lobbies que campan a sus anchas y mueven voluntades en favor de sus intereses. Las eurodiputadas Sylvie Guillaume y Danuta Hübner son las encargadas de llevar el peso de las negociaciones en representación del Parlamento Europeo. Hay quejas de organizaciones de la sociedad civil que se sienten discriminadas por no haber sido invitadas a un debate que se presume caliente en el que se pretende atar corto a los grupos de presión.
En la UE existen diferentes enfoques para regular el lobby, con solo siete países (Francia, Irlanda, Lituania, Austria, Polonia, Eslovenia y Reino Unido) que han aprobado legislación sobre el tema. El mandato del Parlamento Europeo para las próximas negociaciones con la Comisión y el Consejo, aprobado por el presidente y los líderes del grupo, busca reforzar y mejorar la rendición de cuentas de las instituciones de la UE y garantizar un proceso de toma de decisiones transparente y abierto.
Negociaciones a puerta cerrada
“La primera reunión técnica tendrá lugar el próximo 29 de enero y la primera reunión política en febrero, mes que marcará el comienzo de las negociaciones. La principal novedad será seguramente la participación del Consejo de la Unión Europea en el Acuerdo. Cuando se traten otros asuntos veremos cómo marchan las negociaciones”, explica a La Celosía Michal Matlak, asistente personal de Danuta Huebner.
“Con respecto a las negociaciones sobre el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea para un registro obligatorio de transparencia, las rondas de debate tendrán lugar a puerta cerrada. Los actores externos, incluidas las ONG como nosotros, no están invitados y los documentos de esas conversaciones no se harán públicos”, explica Theresa Crysmann, encargada de prensa de Corporate Europe Observatory, entidad que fiscaliza con rigor las anomalías cometidas por lobbies y lobistas.
“Los ciudadanos no saben qué intereses están siendo representados a nivel de la UE, quién los representa, en nombre de quién y qué presupuestos se están movilizando para persuadir a nuestros representantes electos a votar a favor o en contra de una política o decisión determinada. Eso es exactamente de lo que se trata la regulación del lobby: exigir la divulgación, a fin de fomentar la confianza en el proceso político. ¿No es eso lo que la UE necesita desesperadamente?” plantea Alberto Alemanno, autor de ‘Lobbying for Change: Encuentra tu voz para crear una sociedad mejor’.
Debate sobre el registro obligatorio
Para remediar esos defectos, la Comisión de la UE ha propuesto un Acuerdo Interinstitucional con el doble objetivo de hacer que el registro sea obligatorio y extenderlo al Consejo de la Unión Europea, donde se sientan los representantes de los Estados miembros, así como otros organismos de la UE. Para lograr estos objetivos, el nuevo régimen no solo impone requisitos a los lobistas, sino también a los propios responsables de la toma de decisiones, que pueden reunirse con las partes interesadas siempre que se hayan registrado.
“Es importante señalar que la propuesta de registro presentada por la Comisión en septiembre de 2016 no es para el registro obligatorio que la sociedad civil y el Parlamento vienen solicitando desde hace tiempo, es decir, un registro legalmente vinculante obligatorio para todos los lobistas. En cambio, el enfoque de la Comisión es que las tres instituciones se unan a un acuerdo interinstitucional sobre el Registro de Lobby de la UE.
Este acuerdo se basa en ofrecer incentivos a los lobistas, como reuniones con tomadores de decisiones o el acceso a las instalaciones, que están condicionadas al registro. El objetivo es hacer que el lobby no registrado sea lo menos atractivo posible. Pero no es un registro ‘obligatorio’”, señalan desde ALTER-EU que califican las próximas reuniones como “una propuesta decepcionante”.
En opinión de esta organización que vela por la transparencia, el Consejo se une a la mesa de negociaciones en su mayoría con las manos vacías. “Probemos y comencemos con los aspectos positivos del mandato de negociación del Consejo. Antes que nada, es bueno que el Consejo finalmente haya aceptado unirse al Registro, aumentando así la transparencia a nivel de la UE. Concretamente, el Consejo acordó condicionar las siguientes actividades para los lobistas a su registro: participación en reuniones informativas temáticas y como ponentes en eventos públicos organizados por la Secretaría General para representantes de intereses, así como acceso a las instalaciones del Consejo”.
Desde ALTER-EU se hace hincapié en que el lobby no está regulado en España y, a pesar de la entrada en vigencia de la nueva ley de acceso a la información, sigue siendo casi imposible para el público saber quién está influyendo en los responsables de la toma de decisiones, con qué medios y con qué efecto. “Esto a pesar de la irrupción de nuevos partidos políticos, como Podemos y Ciudadanos, que han contribuido a introducir en la agenda política temas de conflictos de intereses causados por el lobby no regulado y el fenómeno de la puerta giratoria”.
Deben publicarse los nombres de los lobistas
La falta de regulación y transparencia en torno al lobby también ha sido destacada por organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia Internacional en su informe Una evaluación institucional del lobby en España: Análisis y Propuestas. Por su parte Access Info Europe señala puntos importantes que deberían incorporarse en la legislación española a fin de garantizar la total transparencia. “El Poder Ejecutivo debe incluirse. Los grupos de presión se dirigen tanto a las ramas legislativa como ejecutiva y en España la mayoría de las leyes adoptadas son presentadas por el Gobierno. Es importante no olvidar que el lobby también puede servir para proponer cambios a la política o para evitar la redacción de legislación”.
Esta organización pide que se defina quién estará obligado a registrarse y qué información se les solicitará que publiquen. “Como mínimo, deben publicarse los nombres de los lobistas, los intereses específicos que representan y el presupuesto empleado en actividades de lobby”. También exige que los funcionarios públicos publiquen su próxima agenda de reuniones y también un registro de las reuniones realizadas con los grupos de presión. Asimismo ve oportuno que se hagan públicos los documentos de posición presentados por grupos de presión durante los procesos de toma de decisiones en curso.
El número de entidades registradas en la UE ha ido creciendo a lo largo de los años. En la actualidad hay más de 11.000 organizaciones con más de 80.000 empleados, incluyendo las no gubernamentales, asociaciones comerciales, compañías, sindicatos y consultorías. Casi una quinta parte tienen su sede en Bélgica.
