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Oviedo, 22 nov (EFE).- La ponencia encargada de elaborar el dictamen de la Ley de Transparencia que se encuentra en tramitación en la Junta General del Principado ha decidido incluir la regulación de los grupos de presión o ‘lobbies’, que tendrán la obligación de inscribirse en un registro.

La Ley de Transparencia abordará así la relación de la administración con esos grupos de presión y establecerá la obligatoriedad de que los cargos públicos declaren los encuentros que mantengan con éstos y el resultado de sus reuniones.

Ese código de conducta irá acompañado por un régimen de sanciones para quien lo incumpla, tal y como había propuesto el PP en una iniciativa aprobada por el Parlamento regional el pasado mes de mayo, con el respaldo de Foro, Ciudadanos e IU, el voto en contra del PSOE y la abstención de Podemos.

Según ha señalado a EFE el presidente de la ponencia y portavoz de IU, Gaspar Llamazares, aún quedan algunos flecos por cerrar sobre la incorporación de este punto al texto del Gobierno que pretende «introducir más transparencia entre los grupos de interés y la administración».

La ponencia se ha reunido hoy por última vez este año si bien solicitarán a la Mesa de la Cámara y Junta de Portavoces que se habilite el mes de enero, inhábil en el Parlamento, para seguir trabajando con el objetivo de tener listo el dictamen para febrero.

Llamazares se ha mostrado optimista en que para esa fecha estén finalizados los trabajos «con el máximo consenso» y más aún después de que el Gobierno regional haya dicho que no va a poner obstáculos a la creación de la Unidad Anticorrupción.

El presidente del Principado, Javier Fernández, asumió durante el último debate sobre el Estado de la región su disposición a aceptar la puesta en marcha de esa organismo siempre y cuando tuviese «un buen anclaje legal y un razonable coste presupuestario».

Desde Podemos e IU también ha establecido como uno de los requisitos para dar su apoyo a los presupuestos, que dicha unidad fuese independiente del Gobierno.

Llamazares se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo no pondrá problemas para que la Unidad Anticorrupción pase a depender de la Junta General, si bien esos detalles no se debatirán hasta enero.

Tras recordar que al texto se ha incorporado ya la denuncia anónima y los planes anticorrupción que defendía IU, Llamazares ha considerado que se puede conseguir «una ley muy ambiciosa» que concite el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas.

Aún queda pendiente de ver si se incorpora o no la propuesta de «cuentas abiertas» que ha planteado Podemos y que, según el portavoz de IU, viene a plantear que miles de apuntes sean públicos.

Otro tema pendiente, en este caso planteado desde Ciudadanos, es el relativo a la evaluación de la calidad de los servicios públicos, cuestión que el Gobierno asegura que será objeto de otra ley específica.

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Una práctica controvertida durante los últimos años ha sido la de las puertas giratorias, entendida como el paso de cargos públicos al sector privado y su eventual regreso al sector público. Más allá de la demagogia, no se ve realmente dónde reside la gravedad del problema señalado, salvo que se pretenda imponer un tipo de político completamente profesionalizado que hace de las batallas orgánicas lo esencial de su tarea y que se vuelve lógicamente conservador en cuanto a su estatus, puesto que podría quedarse sin vida profesional o laboral fuera de las estructuras políticas.

Conviene acoger con cautela los discursos y los programas de algunos partidos sobre este asunto. Que haya personas favorables a vivir siempre de la política, o que dan el salto a la cosa pública tras una corta experiencia laboral, no implica que sea preciso condenar a la muerte civil al que deja la vida pública, ni forzar a la sociedad a indemnizarle de por vida. En sentido contrario, es inaceptable privar a la política de los conocimientos y experiencia de buenos profesionales. Que haya movimiento de sillas parece razonable, bastante más que la supresión pura y simple de esa posibilidad.

Asunto distinto es el necesario control. Deberían regularse tanto el tiempo que ha de transcurrir entre el cese en el cargo público y la asunción de otras actividades, como el pantanoso terreno donde pueden cruzarse los conflictos de intereses. Ahí es donde una regulación sensata y una buena práctica deberían impedir las negligencias. Resulta asimismo indispensable que se lleven a cabo los registros de grupos de presión, que no quedaron resueltos con la promulgación de la ley de transparencia.

Hay un terreno donde ha de acentuarse el cuidado. Se trata del paso de magistrados y jueces a la política, y de su regreso inmediato a la judicatura cuando lo desean. Al igual que lo dicho respecto a los conflictos de intereses, es evidente que quienes hacen uso del reingreso en la carrera judicial no deberían ocuparse de asuntos en los que estén implicados los políticos con los que acaban de confraternizar o a los que se han enfrentado. El poder judicial es independiente en España, por mandato constitucional, y sus titulares no pueden ser considerados simples miembros de una profesión que hoy son jueces, mañana políticos y pasado mañana jueces otra vez.

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“!Qué hambre tengo! Búscame un lobista que me invite a comer”, espeta a su asistente un congresista en la serie americana Veep. Y tiene gracia, la verdad. Esta idea del lobista, como rara avis que sobrevuela parlamentos y ministerios en busca de nada bueno, triunfa. Podría haber sido peor, y que el congresista dijera “¡No tengo pasta! Búscame un lobista que me pague una comisión” o “¡Me echan del partido! Búscame un lobista que me haga consejero”. Es un chiste multimodal y archigracioso, admite múltiples combinaciones y todas hacen gracia. Prueba.

Existe en el imaginario colectivo un lazo que une la palabra lobista con el código penal. Es un lazo invisible o, si prefieres, un presunto lazo. Dejé de encogerme de hombros por esta analogía el día en que, en una reunión con un diputado, al hacerle entrega de un sobre, el diputado levantó las manos como si le apuntara con un arma. Tardé unos segundos en comprender el terror de sus ojos. Abrí el sobre ante su mirada perpleja, extraje con sumo cuidado las fotografías de la entrega de premios a la que había asistido el diputado y su equipo y se las mostré. Guardé el sobre, entregué las fotos, nos dio la risa. Fue un momento sobre-cogedor. Otro de los clásicos entre el humor de mis colegas. La risa como mecanismo de defensa.

De regreso a la oficina pensaba en Olivia Pope y en Remy Danton. Las fotos y yo éramos el antihéroe. La ficción como abismo insondable. Y pensé en el propósito de la acción de lobby. Salía de una reunión de trabajo, en la que solo había querido ser amable, y cuyo objeto era trasladar las conclusiones de un informe internacional sobre un asunto en pleno proceso de regulación. Si no hubiera sido por la risa y la ficción habría creído que la reunión y su contenido tenían valor para ambas partes. La privada, sí, pero la pública también.

Entre lo público y lo privado

Naturalizar el diálogo entre lo público y lo privado es un síntoma de madurez democrática. Más si cabe, en un contexto complejo, volátil e interdependiente como el actual. Las soluciones políticas ya no podrán ser unilaterales. Y, con huella legislativa, las soluciones políticas ya no podrán ser de parte. Lo veremos en los próximos me… años.

Regulación del `lobbying´

Solo nos falta un Gobierno y un Parlamento plenamente operativos para que la regulación del lobbying sea una realidad en nuestro país. Una regulación entendida como respuesta a una sociedad que reclama transparencia y trazabilidad en la toma de decisión pública. Ya hay iniciativas activas en varias autonomías y ayuntamientos y la propia CNMC se sumó hace unos meses, con la puesta en marcha de un registro de lobistas y la publicación de la agenda de sus altos cargos. Es un camino de no retorno y el reto no es hacerlo, sino hacerlo bien.

Pero nos faltan referentes y nos sobran recelos (y humor y ficción). Dice el filósofo Javier Gomá que, “en esta época postnihilista, en la que el autoritarismo y coerción han perdido definitivamente su poder cohesionador, solo la fuerza persuasiva del ejemplo virtuoso es capaz de promover la auténtica emancipación del ciudadano”.

Nos faltan referentes, comentaba antes de la digresión. La sociedad y la política están cambiando y nosotros, los grupos de interés y lobbies, hemos de hacerlo con ella. Pero hay poca literatura en español sobre lobbying, poca investigación en nuestras universidades, muy poca oferta formativa y muy pocos casos de éxito publicados y de los que aprender. Aún trabajamos en el apagón. Por eso, es una muy buena noticia que la Universidad Carlos III de Madrid y LLORENTE & CUENCA se hayan unido para poner en marcha el Título de Especialista en Asuntos Públicos y LobbyingNecesitamos contribuir entre todos a la profesionalización de la acción de lobby, como ese intercambio, legítimo y veraz, de información relevante que aspira, desde las empresas, las ong, las patronales o los sindicatos, a influir en la toma de decisión pública. Para que, poco a poco, el humor y la ficción ocupen su lugar y dejen a la realidad el espacio que le corresponde en la construcción democrática. Este debería ser un compromiso de todos. Búscame a ese lobista.

Autora: Carmen Muñoz

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