- La Asociación valora positivamente el contenido de la regulación, que recoge buena parte de las demandas históricas del sector, aunque no comparte la fórmula elegida para su aprobación
- El Real Decreto-ley incorpora buena parte de las aportaciones y cambios planteados por los grupos parlamentarios durante la tramitación del anterior proyecto de ley
- APRI considera que dejar decaer la norma supondría perder una oportunidad única para mejorar la transparencia, la participación y la calidad democrática
Madrid, 3 de septiembre de 2026. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) pide a los grupos parlamentarios que apoyen en el Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto-ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, aprobado por el Gobierno el pasado 25 de agosto, y eviten que España vuelva a quedarse sin una regulación estatal del lobby. APRI, que lleva más de una década defendiendo la necesidad de una regulación, considera que el texto incorpora una parte muy significativa de los postulados que el sector reclama desde hace años y buena parte de las aportaciones y enmiendas formuladas por los distintos grupos parlamentarios durante la tramitación del anterior proyecto de ley.
Entre los principales avances de la regulación, APRI destaca la creación de un registro público y obligatorio; la supervisión por una autoridad administrativa independiente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; el establecimiento de normas de conducta; la incorporación de la huella normativa para mejorar la trazabilidad de la toma de decisiones; y la existencia de un régimen sancionador que garantice el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas.
Estos elementos permiten equiparar la regulación estatal de la representación de intereses con la existente en Bruselas y con la de numerosas comunidades autónomas que ya cuentan con normas en esta materia, avanzando hacia estándares compartidos de transparencia, integridad y profesionalización.
Convalidar ahora y mejorar después
APRI valora positivamente el contenido de la regulación y, en las actuales circunstancias, considera que lo más conveniente es garantizar su continuidad mediante la convalidación. Aunque la Asociación no comparte la fórmula elegida para su aprobación mediante Real Decreto-ley y hubiera preferido que una regulación de esta relevancia se tramitara por la vía parlamentaria ordinaria, con el correspondiente debate y consenso entre los grupos, entiende que dejar decaer ahora la norma supondría perder los avances alcanzados y volver a una situación de ausencia de regulación estatal. Por ello, APRI defiende su convalidación, sin perjuicio de que en el futuro puedan introducirse las mejoras o modificaciones que resulten necesarias.
“España necesitaba desde hace demasiado tiempo una regulación del lobby que estableciera unas reglas claras para todos y contribuyera a acabar con la confusión que todavía existe en torno a una actividad profesional y legítima. No compartimos la fórmula utilizada, pero hoy tenemos una norma en vigor que recoge los elementos básicos que el sector lleva años reclamando y creemos que debe mantenerse vigente”, señala Carlos Parry, presidente de APRI.
La Asociación subraya que su apoyo a la convalidación no implica considerar que el texto sea definitivo. APRI continuará trabajando para impulsar aquellas mejoras y perfeccionamientos que sean necesarios, pero considera que esas reformas deben realizarse sobre un marco regulatorio existente y no volviendo al punto de partida.
Ante la próxima decisión del Congreso de los Diputados, APRI ya está manteniendo conversaciones con los distintos grupos parlamentarios para trasladar su posición y defender la continuidad de la norma, desde la absoluta neutralidad política de la Asociación y la defensa de la profesión.
Una reforma necesaria para mejorar la calidad democrática
Para APRI, la regulación del lobby es, ante todo, una cuestión de transparencia y calidad democrática.
Contar con una regulación clara permite conocer quién participa en los procesos de elaboración de políticas públicas, qué intereses representa y qué aportaciones realiza a los procesos de decisión. También contribuye a normalizar la interlocución entre las instituciones y la sociedad civil, las empresas, las asociaciones, las organizaciones sociales y el repto de actores que legítimamente tratan de trasladar sus posiciones a los poderes públicos.
Los grupos políticos afrontarán la convalidación desde sus respectivas posiciones y circunstancias parlamentarias, pero creemos que esta regulación debe analizarse desde una perspectiva más amplia, ya que mejora la participación democrática, aporta transparencia a la toma de decisiones y fortalece la calidad de nuestras instituciones”, señala Irene Matías, vicepresidenta de APRI y coordinadora de su Comité de Regulación.
Tras más de una década de trabajo para conseguir una regulación estatal, APRI considera que sería difícil entender que una norma largamente reclamada por la profesión y que incorpora numerosas aportaciones realizadas durante su tramitación parlamentaria decayera ahora.
“Estamos ante una oportunidad única para consolidar el reconocimiento, la transparencia y la profesionalización de nuestra actividad. Desde APRI vamos a seguir trabajando activamente para favorecer la convalidación y para que esta regulación pueda seguir mejorándose en el futuro”, concluye el presidente de APRI.
Sobre APRI
Fundada en 2008, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales representa a los profesionales de los asuntos públicos, las relaciones institucionales y el lobby en España.
Con más de 300 socios y más de 30 organizaciones de distintos sectores económicos y sociales en su seno, y con actividad en Madrid, Bruselas, Cataluña y Canarias, la asociación trabaja para promover una actividad transparente, ética y profesional, basada en estándares de buenas prácticas y reglas claras en la relación entre la sociedad civil, las empresas, las organizaciones y los poderes públicos.
