La Asociación destaca que la información conocida recoge varias de sus principales reivindicaciones y, a la espera de analizar el texto definitivo, confía en que se pueda alcanzar una regulación estable, equilibrada y con amplio respaldo parlamentario.
Madrid, 25 de agosto de 2026. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que representa a los profesionales de los asuntos públicos y el lobby en España, valora positivamente la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, un paso de especial relevancia para una profesión que viene reclamando una regulación estatal desde hace años.
A la espera de conocer y analizar el articulado definitivo, APRI considera especialmente significativo que la información publicada por el Gobierno confirme la incorporación de varias de las principales reivindicaciones históricas del sector canalizadas por la asociación: un registro estatal, público y obligatorio de grupos de interés, la publicidad de las reuniones y contactos con responsables públicos, la huella normativa y un régimen sancionador.
“España necesita reglas claras que aporten transparencia, seguridad jurídica y confianza a la interlocución entre la sociedad civil y los poderes públicos. Llevamos más de quince años defendiendo la necesidad de regular nuestra actividad. Lo conocido hasta ahora supone un paso muy importante para la profesión y nos acerca a la aprobación definitiva de la regulación.”, señala Carlos Parry, presidente de APRI.
La Asociación valora de manera particular que la gestión y supervisión del Registro recaigan en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que asumirá también la competencia para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores que afecten a los grupos de interés. Que estas funciones correspondan a una institución independiente ha sido una de las principales reivindicaciones defendidas por APRI desde sus inicios.
Para APRI resulta igualmente relevante que la transparencia alcance a los dos lados de la interlocución. La información facilitada por el Gobierno señala que el personal público susceptible de recibir influencia deberá hacer públicas sus reuniones y contactos con grupos de interés inscritos y que las actividades de influencia vinculadas a la elaboración normativa quedarán reflejadas en un informe de huella normativa.
La aprobación mediante Real Decreto-ley se produce, además, en el contexto de los compromisos asumidos por España en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno identifica expresamente la creación del registro estatal con el hito 432 del PRTR, cuyo calendario de cumplimiento se aproxima a su fecha límite, lo que contribuye a explicar la urgencia de la iniciativa.
APRI indica que el siguiente paso debe ser conocer y estudiar el articulado definitivo. Si el texto confirma los principios y estándares que la profesión viene reclamando —transparencia, independencia en la supervisión, publicidad de agendas, trazabilidad, seguridad jurídica y un régimen efectivo de responsabilidades—, la Asociación apelará a todas las fuerzas políticas para que respalden su convalidación y contribuyan a dotar a España de una regulación estable y con el mayor consenso posible.
“La regulación de los grupos de interés no es una cuestión partidista ni debe depender de quién gobierne en cada momento. Es una cuestión de calidad democrática. Si el texto definitivo responde a los estándares que llevamos años defendiendo, pediremos a las fuerzas políticas que contribuyan a su convalidación y a dotar a España de un marco estable, exigente y duradero”, subraya Parry.
APRI pone, una vez más, a disposición de las instituciones y de todas las fuerzas políticas la experiencia acumulada durante casi dos décadas para contribuir a que España cuente con una regulación transparente, equilibrada, eficaz y homologable a las mejores prácticas europeas.
