València, 16 feb (EFE).- El pleno del Consell ha aprobado hoy el proyecto de ley de Lobbies, con el que busca aportar claridad y transparencia y “poner freno a la cultura del amiguismo”, y el proyecto de ley que fija la futura estructura productiva agraria de la Comunitat Valenciana.
Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, tras el pleno del ejecutivo, en una rueda de prensa en la que ha informado de que ambas iniciativas legislativas serán remitidas ahora a Les Corts Valencianes para su tramitación parlamentaria y posterior aprobación y entrada en vigor.
Oltra ha explicado que la ley de Lobbies pretende poner “más luz y transparencia” en las relaciones de los grupos de interés con la administración valenciana, al tiempo que “pone freno a la cultura del amiguismo” al identificar a los lobbies existentes en la Comunitat.
La norma contempla un código de conducta que incluirá las prácticas y actitudes que deben seguir los lobbies en su actuación, evitando la opacidad, garantizando el interés general y fiscalizando con buen criterio la actuación de los poderes públicos.
Se considera actividad de lobby toda comunicación directa o indirecta, oral o escrita, con los cargos o empleados públicos, con la finalidad de influir en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos, desarrollada en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental en beneficio de sus propios intereses o de terceros.
El proyecto de ley contempla la creación de un el Registro de lobbies, que viene a hacer efectiva la identificación pública de las actividades que desarrollan los grupos de interés, y que será de carácter electrónico, administrativo, gratuito y obligatorio.
También regula lo que se denomina “huella normativa” referida a la publicidad de los contactos que la administración de la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, asegurando así que la influencia de estos grupos en la confección de las normas sea transparente y no desproporcionada.
Oltra ha destacado que la aplicación de la “huella normativa”, situará a la Comunitat Valenciana “a la vanguardia” ya que será la tercera autonomía que aplica este procedimiento, después de Madrid y el País Vasco.
Por otra parte, el proyecto de Estructuras agrarias busca hacer de la agricultura una actividad rentable y sostenible, mediante la actualización y desarrollo de algunas medidas ya existentes, así como la regulación y el establecimiento de diferentes instrumentos y actuaciones de nueva implantación.
El objetivo de esta iniciativa consiste en mejorar la competitividad en la Comunitat, actuando contra el abandono de tierras, la fragmentación de la propiedad o la falta de una cultura de la gestión común de la producción, entre otras cuestiones.
La ley contempla la creación de una “Xarxa de Terres” o red de oficinas gestoras de tierras, que será una herramienta destinada a movilizar las parcelas a favor de los agricultores profesionales y de iniciativas de gestión en común.
También se pondrá en marcha la figura de la Iniciativa de Gestión Común (IGC), calificación a la que podrán acogerse todas las explotaciones asociativas o las agrupaciones de explotaciones que manifiesten su voluntad de ser consideradas como una unidad a efectos de la puesta en marcha de un plan de gestión de cultivo en común.
La nueva norma contempla la definición de suelo agrícola infrautilizado e introduce incentivos fiscales a la adquisición y arrendamiento de fincas rústicas que amplían los contemplados en la normativa estatal.
Entre las novedades también se encuentra la nueva figura de agente dinamizador, como persona que impulsará técnicamente la gestión del territorio y la elaboración de un mapa agronómico que constituirá una herramienta de planificación para las políticas agrarias. EFE
