APRI celebra el anuncio del Gobierno sobre una Ley de regulación de lobbies en el Plan de Acción por la Democracia aprobado por Consejo de Ministros, pero muestra preocupación por la falta de avances tras una década de promesas.
España sigue sin regulación específica de lobbies, a pesar de sendas recomendaciones de la Comisión Europea y GRECO.
Los lobistas lamentan que se haya aprobado el Plan de Acción por la Democracia sin la participación de la sociedad civil.
Madrid, 17 de septiembre de 2024.
La Asociación de profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), representante de cerca de trescientos profesionales y organizaciones del sector del Lobby, los Asuntos Públicos y las Relaciones Institucionales en España, celebra el anuncio del Gobierno de incluir una Ley que regule la actividad de los grupos de interés (lobbies) en su Plan de Acción por la Democracia, aprobado hoy por parte del Consejo de Ministros. Sin embargo, una vez más, manifiesta su preocupación porque ésta se incluya en un nuevo Plan, en lugar de implementarse de manera efectiva.
Han pasado ya más de diez años desde que un presidente del Gobierno anunciara, durante el debate sobre el Estado de la Nación, su intención de regular los grupos de interés, también llamados lobbies. Sin embargo, pese a los múltiples anuncios similares realizados a lo largo de los años por los distintos gobiernos, España sigue siendo uno de los grandes países de la Unión Europea que aún no cuenta con una regulación específica sobre los grupos de interés, y su intención de hacerlo vuelve a plantearse como un mero anuncio. Tanto la Comisión Europea, en su informe sobre el Estado de Derecho en España, como el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), han recomendado a España en reiteradas ocasiones abordar la regulación del lobby, y tal como reclama APRI desde su fundación hace más de quince años.
Para mejorar nuestra democracia, el Gobierno debe proponer de manera urgente la una ley que regule la relación de los grupos de interés con el Gobierno e incluya medidas como la creación de un registro común de grupos de interés en el que figuren todos aquellos grupos o personas que intercedan en el diálogo con las instituciones, organizaciones y administraciones de todos los niveles del Estado. Asimismo, APRI incluye en su propuesta de regulación que cualquier reunión que busque influir en la toma de decisiones sea de conocimiento público y que exista una huella de actuación pública que garantice la trazabilidad de los cambios introducidos durante la elaboración de las normas. Además, la propuesta de nuestra organización profesional incluye
la adhesión de los grupos de interés a un código ético y una regulación eficaz de las puertas giratorias que impida a quienes han tenido una responsabilidad pública en la elaboración de una norma trabajar en grupos de interés vinculados al área durante un periodo de tiempo razonable, evitando así conflictos de interés.
El presidente de APRI, Carlos Parry, ha afirmado que “para fortalecer nuestra democracia, el Gobierno debe adoptar una visión integrada y participativa que coordine de manera efectiva las diversas iniciativas. Solo con la colaboración activa de la sociedad civil lograremos una administración más transparente, inclusiva y eficiente, que responda mejor a las demandas ciudadanas y refuerce la confianza en las instituciones”. Guiados por esta visión, en APRI hemos impulsado y firmado un manifiesto junto a otras 40 organizaciones, reclamando reforzar la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana e independencia judicial con medidas urgentes, entre las que se encuentra la regulación de los grupos de interés o lobbies.
A la espera de conocer en detalle el texto del Plan de Acción por la Democracia y la futura ley de lobbies, APRI se pone a disposición del Gobierno y los legisladores, como viene haciendo durante todos estos años, para avanzar de la mano hacia una regulación que ayude a garantizar el mejor funcionamiento de nuestra sociedad democráticas. Esta regulación debe promover el avance en derechos fundamentales como la participación ciudadana en los asuntos públicos, consagrada en los artículos 9.2 y 23 de la Constitución española, que subraya la responsabilidad activa del Estado en crear las condiciones necesarias para garantizar que los ciudadanos puedan involucrarse activamente en la gestión y el control de los asuntos públicos.
Sobre APRI
Fundada en 2007, APRI representa a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y lobbies en España, con el objetivo de dignificar la profesión y concienciar a la sociedad sobre su valor, especialmente ante los poderes públicos y políticos, así como ante responsables de organizaciones como empresas, ONGs o asociaciones empresariales.
Las relaciones institucionales deben ser el vínculo más eficaz entre los intereses legítimos de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los poderes públicos.
APRI agrupa a más de 300 profesionales y 24 organizaciones de todo el país, y aboga por la regulación de esta actividad mediante medidas similares al Registro de Transparencia que ya existe en las instituciones europeas.
Además, APRI es miembro fundador de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe – PACE), creada en 2018 para reunir a todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos en Europa.
Más información
Jorge Aliende, director general de APRI (jaliende@relacionesinstitucionales.es) Teléfono: +34 623 176 704
www.relacionesinstitucionales.es
