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Los ciudadanos piden la publicación en el Portal de la Transparencia de las agendas de «todos los altos cargos y diputados/senadores», así como la creación de un registro del lobby. Así figura en las alegaciones que los españoles han presentado al III Plan de Gobierno Abierto de España para llevar a cabo entre 2016 y 2018 y cumplir sus compromisos con la organización internacional Open Government Partnership integrada por 60 países. El Ejecutivo deberá incorporar al Plan una selección de estas iniciativas.

En estas alegaciones se pide la publicación de las agendas de trabajo completas con inclusión de «todas las reuniones profesionales», salvo las que tengan que ver con asuntos de seguridad nacional o pongan en peligro la vida y la seguridad de las personas implicadas.

«Se informará de los interlocutores, el motivo de la reunión, los documentos tratados y su impacto en la normativa final». Además, para poder exigir cuentas a nuestros representantes, «es importante conocer con quiénes se reúnen y a qué acuerdos llegan, y saber si, a la hora de aprobar una norma, el interés común prevalece sobre los intereses de terceros». Los grupos de interés no están regulados ni controlados en España. Por ello, se pide la creación de un registro que «incluya a todas las personas sin excepción que se reúnan con representantes políticos» para intentar influenciar en la tramitación de una norma o negocien precios u otro tipo de colaboraciones.

También se solicita que se establezca un control sobre las puertas giratorias de altos cargos y funcionarios. Las vueltas que dan estas puertas pueden tener impactos problemáticos en el proceso de toma de decisiones en dos situaciones. Una, el funcionario que espera trabajar en el futuro en una empresa privada «podría tomar decisiones favorables para mejorar sus oportunidades personales o por amistad». Y dos, aquélla en que la empresa del lobby aprovecha los contactos de sus nuevos empleados en antiguos trabajos públicos «para que presionen en los procesos legislativos por su conocimiento del sistema, de las personas que forman parte del mismo y responsables de tomar decisiones definitivas». Se propone fijar «un período de enfriamiento mínimo para que los altos cargos no puedan ejercer funciones de lobbistas» y asegurarse que la ley actual se cumple o si está dotada de independencia sobre la poco transparente Oficina de Conflictos de Intereses.

Entre otras alegaciones figura además habilitar un sistema de protección a los funcionarios que revelen la corrupción y crear un organismo de control de contratos públicos. También se pide la publicación de las actas de los órganos colegiados sobre contratación pública, subvenciones o financiación de los partidos;o la lista de espera de la sanidad o de quienes tengan vivienda pública.

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