El Gobierno autonómico acoge en la futura Ley de Transparencia, cuyo anteproyecto está en tramitación, el criterio conjunto del Consejo de Transparencia y de la Agencia de Protección de Datos para la elaboración de una agenda de transparencia para los cargos públicos.
De esta forma, la futura norma autonómica tendrá en cuenta las consideraciones de estos órganos nacionales relativas al acceso de la información por la condición de responsable público y la difusión de los datos de carácter personal.
Así lo ha comunicado este miércoles el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, quien ha resaltado la «importancia» de introducir los criterios interpretativos acordados por estos organismos nacionales con el fin conciliar «desde el primer momento el derecho a saber con la adecuada protección de los datos personales».
En esta línea, ha destacado el trabajo desarrollado hasta el momento por su departamento para analizar las experiencias en la aplicación de la Ley de Transparencia nacional y del resto de comunidades autónomas y «aprender de lo mejor de esas iniciativas».
La agenda de transparencia de los altos cargos ha sido uno de los principales temas abordados esta semana en la IV Reunión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que también se cerraron los criterios que evaluarán de forma común el cumplimiento de la transparencia en el conjunto del Estado y que serán de aplicación a partir de 2017.
El Gobierno de Cantabria también ha decidido sumarse a este criterio común, que permite consolidar los procesos de evaluación de la transparencia al no realizarse por agentes privados ni en virtud de interpretaciones sin homogeneizar. Además, todas las comunidades y el Estado tendrán el mismo medidor, que solo variará en función de las exigencias que plantee cada legislación autonómica.
40 RECLAMACIONES EN AYUNTAMIENTOS
Este encuentro, al que asistió por parte del Gobierno de Cantabria el director general de Servicios y Atención a la Ciudadanía, Bernardo Colsa, ha servido para hacer balance de las comunidades autónomas que tienen suscrito el convenio con el Consejo de Transparencia para la atención a las reclamaciones. Se trata de Asturias, La Rioja, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y, en breve, se sumará Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En Cantabria se han presentado 40 reclamaciones, todas referidas la administración local y, concretamente, a los ayuntamientos de Castañeda, Miengo, Torrelavega, Reocín, Santander y Cillorigo de Liébana, según informa el Gobierno regional en nota de prensa.
Otro de los temas que se abordaron en la reunión fue la incidencia de la aplicación de la Ley del procedimiento común de las Administraciones públicas y los certificados electrónicos, la ley 39/2015, en la implantación de la transparencia.
En este sentido, de forma unánime, las comunidades autónomas han apostado por primar la comunicación, al menos en la materia del derecho de acceso, por cualquier vía, sin necesidad de exigir el certificado electrónico. Para avanzar en este tema se ha creado un grupo de trabajo.
