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El transporte público de viajeros en vehículos de turismo constituye un servicio estratégico para la sociedad española. Supone una importante contribución para el crecimiento de nuestra economía en términos de Producto Interior Bruto (PIB), es generador de puestos de trabajo, favorece la conectividad de las personas, la vertebración urbana y desarrolla una labor esencial en el día a día de los ciudadanos mejorando, sin lugar a dudas, su calidad de vida.

Y siendo, como somos, conscientes de todos los beneficios que reporta al conjunto del país, es fundamental garantizar la estabilidad del mismo, velar con todos los medios a nuestro alcance por asegurar el cumplimiento de la ley, lograr una convivencia ordenada y equilibrada entre los taxis y los vehículos con conductor (VTC), impulsar los mecanismos de supervisión necesarios y reforzar la lucha contra el fraude, la especulación y el intrusismo en la prestación de este tipo de servicios. Sólo así el sector podrá afrontar con éxito todos los desafíos que las nuevas tecnologías y necesidades de los ciudadanos demanden prestando un servicio fundamental, ágil, seguro y fiable.

Desde el Ministerio de Fomento conocemos la situación que atraviesa en estos momentos el sector y el impacto que han tenido sobre él las sentencias judiciales que recientemente han dictado los jueces, por las que se conceden nuevas licencias VTC, y que son fruto del vacío legal que se produjo tras la aprobación en 2009 de la Ley Ómnibus por parte del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con el objetivo de resolver dicho vacío legal, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013 la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y su reglamento de desarrollo en 2015. Esta nueva regulación logró poner fin a la inseguridad jurídica que hasta entonces imperaba en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, restableciendo la proporción concreta de una autorización de VTC frente a 30 licencias de taxi y evitando que, a partir de ese momento, prosperasen los recursos para obtener licencias VTC por la vía judicial.

Esto explica que las autorizaciones de licencias VTC que se han obtenido por sentencia judicial correspondan, fundamentalmente, a recursos presentados entre 2009 y 2013.

Desde el Ministerio de Fomento estamos obligados a acatar y respetar el contenido de estas sentencias, como no podía ser de otra manera. No obstante, el respeto de cualquier decisión judicial no ha impedido que la Administración General del Estado haya hecho todo lo que estaba en su mano, personándose en los procedimientos judiciales abiertos, con el objetivo de evitar la concesión de nuevas licencias VTC por esta vía y el incumplimiento del límite del 1/30.

Asimismo, me gustaría poner de manifiesto que cuando se ha llegado al límite del criterio del 1/30 las administraciones autonómicas no han otorgado nuevas licencias de VTC, ya que ello iría contra la ley. En estos momentos, de hecho, está prohibido, porque es ilegal, conceder ni una sola nueva licencia VTC en España. La ley aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy lo impide.

Cabe recordar, asimismo, que Fomento no tiene competencia ni en la regulación del sector del taxi, ni en la gestión y otorgamiento de licencias, ni en los servicios de inspección. Sí nos compete, por ejemplo, la regulación del sector de VTC y su desarrollo normativo, que es en lo que estamos trabajando. El Ministerio de Fomento está ultimando el desarrollo de un proyecto de Real Decreto destinado a mejorar la situación en el sector del taxi y en el del alquiler de vehículos con conductor que pone especial acento en aquellas medidas dirigidas a impedir las prácticas especulativas por parte de quienes pudieran haber solicitado licencias de VTC con la única finalidad de lucrarse con su inmediata reventa.

Este Real Decreto, en el que hemos recogido las principales preocupaciones que nos ha transmitido el sector del taxi en las sucesivas reuniones que hemos mantenido, impide, por tanto, la transmisión de autorizaciones hasta pasados dos años desde su otorgamiento.

Asimismo, la nueva norma recoge la creación de un registro único a nivel estatal en el que deberán inscribirse, con carácter previo a su prestación, los servicios de VTC de manera que se garantice así que existe una contratación precedente -requisito indispensable- y se impide que este tipo de vehículos capten viajeros circulando por las vías públicas o mientras están estacionados en los sitios de mayor demanda. Es el caso de aeropuertos, estaciones de tren, puertos, etc.

El control de la habitualidad, que determina que un VTC pueda realizar como máximo un 20% de los servicios fuera de la comunidad autónoma que le otorgó dicha autorización, constituye otro de los pilares del nuevo texto de medidas urgentes en el que trabaja el Ejecutivo, que reforzará al mismo tiempo el cumplimiento de los requisitos que lleva aparejado una autorización VTC, independientemente de cómo se haya obtenido.

Pero, además, la inspección y el control de los servicios de VTC seguirá siendo un objetivo primordial para Fomento, como también lo es la lucha contra el fraude y el intrusismo. De hecho, cualquier incumplimiento de la norma del que tengamos constancia lo pondremos a disposición de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para que ellos puedan llevar a cabo sus respectivas tareas de inspección y de control.

Así, en las distintas reuniones que hemos mantenido tanto con representantes del sector, como con comunidades autónomas y ayuntamientos, les hemos trasladado todas aquellas medidas de apoyo que desde el Gobierno se pueden dar, instando a estas administraciones, que son competentes para ello, a que refuercen las inspecciones para facilitar el buen funcionamiento del sector, para lo cual hemos ofrecido nuestra colaboración. Por todo ello, queremos seguir trabajando de la mano con el sector, desde el respeto de la legalidad, para lograr una convivencia armónica, ponderada y ecuánime entre el taxi y el VTC, necesaria para el desarrollo y progreso de una actividad fundamental para la sociedad.

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La fallecida presidenta del Consejo de TransparenciaEsther Arizmendi, denuncia la opacidad en España en un testamento que dejó escrito antes de morir y pidió a sus subordinados que difundieran hoy. Arizmendi hizo llegar la semana pasada al organismo estatal que presidía que se estaba agravando su enfermedad y que deseaba que, a su muerte, se publicara su última crítica a la Ley de Transparenciaque aprobó el Gobierno en 2013 y la necesidad de su reforma por insuficiente y falta de utilidad y eficacia. El texto, titulado «Mis últimos deseos» empieza así: «Es necesario modificar la ley de transparencia y hacer de ella un instrumento fuerte, eficaz, útil y valioso. El haber llegado tarde no es excusa para ir con retraso», asegura sobre esta norma impulsada por primera vez en España en 2013 por la actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pero que, según la ex presidenta, no ha sido adecuada.

En opinión de la fallecida Arizmendi, es necesario «que el derecho de acceso a la información pueda ser ejercido por todos y todas, sin exclusiones ni requisitos y sin extensión de los límites. Hay que tomar conciencia de que estamos ante una nueva política pública que requerirá la complicidad de todos: políticos, ciudadanía, etc».

Esta veterana funcionaria lanza un último deseo: «Es necesario trabajar en la negociación y el consenso para evitar aquellas palabras de: «La luz es muy cara pero la opacidad más aún».

Su muerte fue difundida por el Consejo de la Transparencia el pasado domingo, comunicando que había acabado «su larga lucha contra la enfermedad». «Con la muerte de la presidenta se pierde una de las figuras que más ha luchado por la transparencia pública en nuestro país. Quienes la conocieron saben de su compromiso con el servicio público, su lucha ante las adversidades, su espíritu combativo, su humanidad y la cercanía con la que trataba a todos y todas», afirmó el organismo estatal creado a raíz de la nueva legislación.

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