- La Comisión Europea vuelve a recomendar a España avanzar en la regulación de los grupos de interés o lobbies.
- La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que lleva casi dos décadas impulsando esta regulación en España, hace un nuevo llamamiento al Gobierno y a las fuerzas parlamentarias para culminar la aprobación de una ley clave para reforzar la transparencia, la integridad institucional y la calidad democrática en España.
Madrid, 21 de julio de 2026.
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) valora las conclusiones del Informe sobre el Estado de Derecho 2026 publicado por la Comisión Europea, que vuelve a instar a España a avanzar en la regulación de los grupos de interés o lobbies y a culminar la tramitación de la futura Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés.
El informe señala que los avances registrados hasta la fecha siguen siendo limitados y recomienda continuar el procedimiento legislativo para dotar a España de un marco normativo que refuerce la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en las relaciones entre los poderes públicos y los grupos de interés.
La recomendación de la Comisión Europea se suma a los pronunciamientos realizados por otros organismos internacionales. Entre ellos, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha instado reiteradamente a España a reforzar sus mecanismos de integridad y transparencia, especialmente en lo relativo a los contactos entre los altos cargos públicos, los grupos de interés y otros terceros que tratan de influir en la toma de decisiones.
Para APRI, estas nuevas recomendaciones confirman que la aprobación de la ley constituye una prioridad institucional pendiente y una oportunidad para situar a España en línea con las democracias más avanzadas de nuestro entorno.
Carlos Parry, presidente de APRI, afirma: “La Comisión Europea vuelve a recordar que la regulación de la representación de intereses es una pieza esencial para fortalecer la transparencia, la integridad pública y la calidad democrática. Esta petición no es aislada, sino que se suma a las recomendaciones formuladas por organismos como el GRECO del Consejo de Europa, que también viene reclamando una mayor transparencia y supervisión de los contactos entre los responsables públicos y los grupos de interés. Para APRI, la coincidencia de la Comisión Europea y del Consejo de Europa pone de manifiesto que la regulación de la representación de intereses no responde únicamente a una demanda del sector, sino que constituye un estándar europeo de integridad pública, transparencia y calidad democrática. España no puede seguir aplazando una reforma que ya forma parte de las mejores prácticas europeas. Confiamos en que todas las fuerzas parlamentarias sean capaces de culminar una ley equilibrada, útil y consensuada que aporte seguridad jurídica, refuerce la confianza de los ciudadanos y establezca reglas claras para la interlocución entre los responsables públicos y la sociedad civil organizada.”
Casi dos décadas reclamando la regulación de los lobbies
Desde su creación, APRI ha promovido activamente la regulación de la representación de intereses como una herramienta para fortalecer la transparencia institucional y mejorar la calidad del proceso de toma de decisiones públicas.
A lo largo de estos años, la Asociación ha elaborado propuestas técnicas, participado en consultas públicas, mantenido un diálogo permanente con las instituciones y los grupos parlamentarios y contribuido al debate público con el objetivo de impulsar una regulación rigurosa, equilibrada y adaptada a las mejores prácticas europeas.
En las últimas semanas, APRI ha intensificado este trabajo mediante el envío de comunicaciones a la Mesa del Congreso de los Diputados, a los portavoces parlamentarios y a los principales responsables políticos para solicitar la reactivación de la tramitación parlamentaria de la ley y reiterar su disposición a seguir colaborando técnicamente en la mejora del texto.
Una regulación necesaria para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema institucional
Para APRI, la futura normativa debe configurarse como una herramienta para fortalecer la transparencia y la legitimidad de las políticas públicas, garantizando que la participación de empresas, asociaciones, organizaciones sociales, colegios profesionales, sindicatos, ONG y demás actores de la sociedad civil se desarrolle bajo principios de publicidad, igualdad e integridad.
La Asociación considera que la ley debería incorporar, entre otros elementos, un registro público, obligatorio y gratuito de grupos de interés; la publicidad de las agendas institucionales; mecanismos de huella normativa que permitan conocer la participación de los distintos actores durante la elaboración de las políticas públicas; un marco claro de derechos y obligaciones para quienes desarrollan esta actividad; y un sistema independiente de supervisión que garantice el cumplimiento efectivo de la norma. Estas medidas permitirán reforzar la confianza ciudadana, aportar mayor seguridad jurídica y consolidar una interlocución transparente entre los responsables públicos y la sociedad civil organizada.
Una oportunidad para alinearse con los estándares de Europa
España continúa siendo uno de los pocos Estados miembros de la Unión Europea que carece de una regulación integral de la representación de intereses. Para los profesionales el nuevo pronunciamiento de la Comisión Europea representa una oportunidad para culminar una reforma pendiente desde hace años y avanzar hacia un marco normativo que fortalezca la transparencia, la integridad institucional y la calidad democrática en España.
Sobre APRI
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) es la organización que representa en España a los profesionales dedicados a las relaciones institucionales y a la representación de intereses. Desde hace casi dos décadas trabaja para impulsar el reconocimiento y la profesionalización de la actividad, promover los más altos estándares éticos y contribuir al desarrollo de una regulación transparente, equilibrada y alineada con las mejores prácticas europeas.
Más información del Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea.
