El próximo día 31 de Enero, a las 18 h., se va a celebrar la Mesa Redonda: Valoración de las medidas y contenidos del Proyecto de Ley integral contra la corrupción, cuyo objetivo fundamental es analizar y valorar las novedades y los aspectos más importantes recogidos en el texto de esta próxima Ley (la llamada Ley omnibus contra la corrupción), actualmente en tramitación parlamentaria. El acto se va a celebrar en la Fundación Ortega y Gasset Marañón (c/ Fortuny, 53). Los intervinientes en la Mesa van a ser: D. Manuel Villoria(Catedrático de Ciencia Política/Comité de Dirección TI-España). Dña. Elisa de la Nuez(Secretaria General. Fundación Hay Derecho). D. Rodrigo Tena (Notario/Patrono Fundación Hay Derecho). Dña. Silvina Bacigalupo (Catedrática de Derecho Penal/Comité de Dirección TI-España). Moderador: D. Jesús Lizcano (Presidente de TI-España/Catedrático de la UAM). Después de las intervenciones habrá un interesante Coloquio con los asistentes.
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El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) concluye en su último informe que ha habido un progreso limitado en España en el cumplimiento de sus recomendaciones y que el nivel de ejecución del país sigue siendo “globalmente insatisfactorio”.
El informe publicado este 3 de enero de 2018 desprende que España aún no ha implementado por completo ninguna de las 11 recomendacionesque Greco emitió en 2013: siete lo han hecho parcialmente y cuatro no han sido implementadas en absoluto.
Con respecto a los parlamentarios, varias recomendaciones esperan su puesta en marcha, incluida la adopción de un código de conducta en ambas cámaras y una revisión exhaustiva de la información financiera publicada. Por otro lado, el organismo internacional celebra que se hayan dado pasos adelante para la creación de un registro de lobbies, que permitirá mejorar la transparencia sobre cómo los parlamentarios interactúan con los grupos de presión y otras partes.
Greco subraya en su informe la alta calidad del sistema judicial español y celebra el proceso de reflexión que está en curso para aumentar la independencia y la eficiencia del poder judicial, incluidos los cambios en los sistemas de nombramientos. Destaca que se haya adoptado un código de conducta y la creación de una Comisión de Ética Judicial con una función de asesoramiento, aunque todavía no haya comenzado a funcionar.
Con respecto al servicio de fiscalía, Greco lamenta “la falta de una acción más decidida en la redacción de un código de conducta para los fiscales”, que está en curso.
El presidente de Greco, Marin Mrčela, ha enviado una carta a las autoridades españolas solicitando que se tomen medidas concretas con el propósito de lograr un progreso tangible lo antes posible. Las autoridades españolas tendrán que informar de la implementación de las recomendaciones antes del 31 de diciembre de 2018.
