Arturo Zamarriego, Senior Manager PwC en GRC (Governance, Risk & Regulation and Compliance). Experto en regulación financiera y educación financiera. Codirector de la obra colectiva “La sostenibilidad y el nuevo marco institucional y regulatorio de las finanzas sostenibles” (Thomson Reuters Aranzadi, 2021)

España tiene la opción de acceder a 140.000 millones de los Fondos Europeos de Recuperación, de los cuales 72.000 millones serán ayudas a fondo perdido. Con esta cuantía, es el segundo país más beneficiado, por detrás de Italia.

No es mi objetivo explicar la normativa y los procedimientos aplicables sino centrarme en la importancia de los asesores y de los lobistas para que estos lleguen a buen puerto. A diferencia de otras ocasiones, no solo se trata de aprovechar una oportunidad comercial por parte de estos profesionales, entre los que me incluyo, sino en poner a disposición los mismos en proyectos que nos ayuden a salir de una compleja crisis económica. Todos ganamos y todos perdemos.

¿Y por qué somos necesarios? Permítanme enumerar cinco funciones que explican nuestra utilidad en este proceso de asignación de fondos europeos:

  • Capacidad de discriminar los procesos que son estratégicos de los que no lo son. Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica o PERTE son una nueva figura de colaboración público-privada entre Administraciones, empresas y centros de investigación con la que se identificarán aquellos proyectos estructurales con gran capacidad de arrastre para el crecimiento, el empleo y la competitividad de la economía española.
  • Seleccionar el mejor instrumento de distribución de los fondos, principalmente entre los propios PERTE, las subvenciones (licitaciones) o los contratos (convocatorias de concurrencia competitiva).
  • Ser punto de unión entre empresas, proponiendo acuerdos o colaboraciones que permitan concurrir a los fondos como mayores probabilidades de éxito.
  • Ser nexo de colaboración entre la Administración y las empresas para sacar el máximo provecho de las ayudas para la reconstrucción aprobadas por la Unión Europea.
  • Evitar fallos en el procedimiento que invaliden la solicitud. Los fondos pueden no llegar a su destinatario si a pesar de tener un proyecto susceptible de recibirlos, la empresa no cumple con el procedimiento o no explica bien su proyecto, entre otros.

Curiosamente, todo lo anterior no servirá de nada, si falla un atributo subjetivo:  si el lobista o el asesor no es honesto.

El país no se recuperará si los fondos se reparten inadecuadamente. Cabe la posibilidad de que los fondos acaben “en las mismas empresas de siempre”, donde su destino permita su viabilidad y no la reconstrucción del país (generación de empleo en actividades sostenibles y digitales principalmente). Gracias a los profesionales que tienen la función de intermediar entre los fondos y las empresas, este resultado puede evitarse. Sin ellos, el riesgo aumenta exponencialmente.

Nos jugamos mucho, las generaciones presentes y futuras dependen del papel de todos en la agilidad del reparto de fondos, pero más en asegurar un buen destino, y en ese rol, los lobistas y asesores son piezas fundamentales.