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Un diálogo social en positivo: el fenómeno riders

1 de July de 2021 @ 17:00 18:00

Están aconteciendo en toda Europa múltiples desarrollos políticos y legislativos en torno al diálogo social en el mundo de la denominada “gig economy”. Estas iniciativas salen reforzadas por las recientes decisiones de los diferentes tribunales en los estados miembros de la unión y sus pronunciamientos e interpretación del derecho laboral, contra aquellas plataformas de intermediación en el transporte de pasajeros y de entrega a domicilio en Europa.

Estas sentencias confirman que las leyes actuales no son adecuadas para tratar los problemas de los trabajadores en el entorno de las plataformas digitales.

El clima político actual es favorable a tomar las riendas del asunto e impulsar una acción política/legislativa, tanto a nivel de las instituciones europeas como en el seno de cada estado miembro. La crisis del coronavirus ha puesto también de relieve las debilidades de los sistemas de seguridad social en toda Europa para aquellos trabajadores de las plataformas digitales.

Es conocido que muchos de los repartidores y conductores asociados a las plataformas digitales desean mantener su estatus de independencia, y las plataformas por su parte tienen predisposición por mejorar el bienestar de aquellos. Así que ambas partes colaboran y dialogan para que se llegue a un compromiso entre protección e innovación. Esta predisposición, tal y como están las leyes actualmente, pueden simplemente provocar el efecto contrario del deseado, y llegar a la reclasificación como empleado de la plataforma digital de aquel que presta su servicio a través de esta de forma independiente.

La UE prepara ya una Directiva para finales de año para dar solución a esta problemática, o al menos intentar armonizar las diferentes iniciativas europeas. Ya son numerosos los estados miembros, los que han tomado cartas en el asunto, y se han adelantado a Bruselas. Es el caso de España o Francia, aunque ambas hayan decidido afrontar el asunto desde dos perspectivas completamente distintas. La primera decretando lo que para el gobierno es “justo”, la segunda, asentando las bases de lo que será en los próximos dos años el primer diálogo social entre plataformas y trabajadores de las mismas.

En este diálogo toma un papel muy relevante, como es necesario, la figura del profesional de las relaciones institucionales. Este rol está en el centro de la discusión para representar a ambas partes y aportar el conocimiento y el rigor necesario a la colaboración público privada para que se construyan políticas de calidad que no dañen y protejan a cada uno de los sujetos de la ecuación: gobierno, sociedad civil, plataformas y trabajadores.

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