Borja de la Torre, experto en Relaciones Institucionales en Mapfre y socio de APRI

Hace unos días se conocía que Estados Unidos estaba recomprando, por 4 veces su valor original, pedidos de material sanitario que Francia había encargado a China, dejando así sin suministros de emergencia al país galo. Francia, a su vez, llevaba semanas reteniendo envíos de material sanitario con destino a España e Italia, sólo por el hecho de cruzar territorio francés. Mientras, en el seno de la Unión Europea, una parte de los Estados miembros, con Austria y Países Bajos a la cabeza, se oponían a emitir deuda europea conjunta para ayudar a los países más afectados a superar la crisis del Coronavirus, sin proponer alternativas. Por si fuera poco, instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización de Naciones Unidas (ONU) han demostrado una incapacidad notable para articular una respuesta conjunta y obligatoria de sus Estados miembros a lo que finalmente se ha declarado como Pandemia. Estos son los ingredientes de un cóctel explosivo, que puede hacer saltar por los aires cualquier contrato social entre Estados, entre sus ciudadanos y de los unos con los otros, ya se entienda esa relación de arriba hacia abajo o viceversa.

Precisamente este panorama me hace pensar que el profesional de las relaciones institucionales cobra, ahora más que nunca, una importancia crucial, no sólo por su conocimiento de los marcos regulatorios nacionales e internacionales, por su facilidad para tender puentes de entendimiento público-privado o para comunicar los mensajes adecuados en cada momento, sino por su capacidad de contribuir a través de su trabajo y su visión estratégica a anticipar las necesidades de un país, de una región, de una comunidad que va a tener que actuar con la misma celeridad con la que ha caído en la crisis sanitaria si no quiere que el resquebrajamiento del contrato social acabe convirtiéndose en una fractura irreparable.  

Esta crisis que nos deja el COVID19 va a obligar a cambiar los protocolos de acción en numerosos sectores, tanto públicos como privados, empezando por el Sanitario, lógicamente, que tendrá que repensar cómo organizar sus suministros, aprovisionamientos, gestión de personal, gasto presupuestario o coordinación público-privada, y siguiendo por el de la Seguridad, la Previsión social y económica, el e-Commerce o el tan cacareado Teletrabajo, por mencionar algunos de los más evidentes. Las relaciones institucionales tienen una oportunidad de oro para demostrar que esto no va de lobbies, que esto no se trata de hacer prevalecer los intereses de un sector, sino que se puede trabajar codo con codo, entre lo público y lo privado, de manera transversal entre distintos sectores, para que todos tengan una mejor cabida y un mayor encaje en el marco social en el que nos relacionamos a diario y que nuestras sociedades estén mejor preparadas para afrontar cualquier tipo de crisis futura, desde cualquier ámbito –local, autonómico, nacional, europeo e incluso a nivel global– y en cualquier sector.

Si la crisis del Coronavirus ha conseguido que SEAT se ponga a fabricar respiradores para pacientes con insuficiencias respiratorias, que INDITEX haya reorientado parte de su producción a la fabricación de batas y otro tipo de material textil sanitario, o que empresas de cosmética dejen de fabricar cremas y perfumes para producir geles desinfectantes, ¿por qué no se va a poder aprovechar esa capacidad de entendimiento transversal para reordenar y mejorar la forma en la que se relaciona lo público con lo privado y los sectores entre sí?

Solo si conseguimos que la sociedad perciba nuestro trabajo como un valor añadido a sus vidas –y no como una lucha continua de intereses particulares–, solo así conseguiremos que la profesión, entendida como un todo integral, se convierta en uno de los pegamentos sociales más importantes, cuya labor contribuya a mantener la cohesión y el equilibrio social necesarios para reforzar el contrato social y que la solidaridad institucional no se resquebraje, favoreciendo que las organizaciones salgan más reforzadas de esta crisis que tanto nos está enseñando.

Combinar asuntos públicos y estrategia de negocio será el gran reto de las Startups a partir de ahora. El nuevo escenario post-crisis al que nos vemos abocados, hará aún más urgente y necesario, si cabe, esta cuestión.

Agustín Baeza Díaz-Moreno, Director de la Asociación Española de Startups

El conjunto de los sectores económicos afronta un nivel de incertidumbre nunca visto en las últimas décadas. Además de la crisis sanitaria y su incalculable impacto en forma de pérdida de vidas humanas, el conjunto de la sociedad trata de hacer frente a un presente y un futuro inmediatos en el que parece que han desaparecido de golpe todas las certezas conocidas.

El sector de las startups está siendo fuertemente golpeado como buena parte de la economía. Pero además, por su propia naturaleza y por su singularidad como modelo empresarial, son especialmente vulnerables a estos tiempos de crisis. Por ello, desde la Asociación Española de Startups, hemos trabajado durante los últimos días con otros agentes del ecosistema para definir medidas y políticas públicas concretas en favor de las startups. El gobierno ya las conoce. Son medidas absolutamente necesarias para garantizar que fluya la liquidez y que ello permita a la mayoría de ellas su supervivencia. Nuestro trabajo como responsables de asuntos públicos es ser más exigentes que nunca, pero al mismo tiempo, modular de manera responsable el tono y la comunicación en estos momentos tan convulsos para todos.

Están en juego no sólo ya los puestos de trabajo y miles de empresas, sino también, la supervivencia del conjunto del ecosistema innovador y de emprendimiento que será decisivo para relanzar la economía española cuando pase la crisis sanitaria y comiencen las labores de reconstrucción de nuestra economía.

En los últimos tiempos he insistido mucho en la necesidad de que las startups comiencen a gestionar de manera adecuada y desde el primer momento los asuntos públicos. Una herramienta que cada vez será más necesaria para que las startups puedan impulsar sus modelos de negocio. Combinar asuntos públicos y estrategia de negocio será el gran reto de las Startups a partir de ahora. El nuevo escenario post-crisis al que nos vemos abocados, hará aún más urgente y necesario, si cabe, esta cuestión.

Ya lo está siendo ahora que vivimos en tiempo presente la grave crisis que afrontamos en todo el mundo. Desde la Asociación insistimos mucho en la necesidad de conciliar la defensa de intereses del conjunto del sector con los intereses generales de la sociedad. Alinear intereses es la mejor forma de defender intereses legítimos. Antes era una buena práctica, puede que a partir de ahora ese constituya en el paradigma dominante. El diálogo y la conversación que siempre es tenso, exige ahora grandes dosis de profesionalidad, de mentalidad fría, pero al mismo tiempo ser más empáticos que nunca con tus interlocutores, sometidos también a una gran tensión.

Podemos observar innumerables iniciativas del sector emprendedor en la que nuestros emprendedores y startups están aportando con lo mejor que saben hacer: salirse de la caja y ofrecer soluciones a los problemas sociales. Desde grupos de hackers y makers que están diseñando y produciendo todo tipo de material sanitario escaso (respiradores, cápsulas, etc), pasando por startups que están ofreciendo su inteligencia y experiencia en materia de data para ayudar a diseñar en tiempo récord herramientas de gestión avanzadas para luchar contra la pandemia, hasta llegar a la genuina colaboración con administraciones sanitarias en lo que estas demandan.

Todas ellas, iniciativas orientadas al procomún que demuestran una vez más la enorme contribución en forma de riqueza y de capital simbólico y productivo que genera el ecosistema de innovación y de emprendimiento. El reto será que esta colaboración público-privada se mantenga más allá del escenario presente de urgencia y de crisis de estas semanas, desatando los nudos burocráticos y de diferencia de culturas y estilos de gestión, que hasta ahora han impedido su desarrollo. Muchas cosas van a cambiar. Probablemente también en esta profesión de las relaciones institucionales y asuntos públicos. Tenemos que repensar el conjunto de nuestras ideas, empezando por nuestros tradicionales mapas de stakeholders. Una parte de la ortodoxia ha quedado atrás. Hay que construir nuevas herramientas para afrontar la nueva era en la que estamos entrando.

El pasado 2 de Abril, entró en vigor la Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados por la que se aprueba el Código de Conducta de los Sres. Diputados por el cual “… el Diputado deberá hacer pública su agenda institucional en el Portal de Transparencia del Congreso, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con… aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración, el desarrollo o la modificación de iniciativas legislativas… el Diputado se responsabilizará de la veracidad y exactitud de la información publicada… El Presidente de la Cámara, de oficio o a petición de otro Diputado, puede solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción…”. (Artículos 6 y 9)

Codigo de Conducta Sres. Diputados

Así pues, con la apertura de la nueva legislatura, toda reunión que se celebre con cualquier Diputado para influir sobre aspectos legislativos, tendrá que ser incluida en la agenda pública del Diputado. Al ser pública dicha información, con el tiempo, los medios de comunicación y cualquier interesado podrá crear el listado de lobistas con acceso a los Diputados, con qué Diputados se reúne cada lobista, a qué lobistas recibe cada diputado, que intereses se están defendiendo ante los Diputados, seguir la huella de reuniones e interesados en una determinada acción legislativa, etc.

La transparencia permitirá que, ante la información de cualquier medio de comunicación o la denuncia de cualquier particular, cualquier Diputado pueda solicitar al Presidente del Congreso la apertura de un procedimiento para comprobar la infracción y proceder a la sanción del Diputado correspondiente al incumplimiento.

Aunque, como el mismo acuerdo de la Mesa prevé, será necesaria mayor concreción y detalle a través de la reforma del Reglamento del Congreso, este acuerdo de la Mesa inicia la necesaria transparencia de la acción de lobby en el Congreso de los Diputados y abre la puerta para la extensión de la misma a todos los poderes públicos.

Esteban Egea Sánchez

Secretario de la Junta Directiva de APRI

Los pasados 1 y 2 de Junio se celebró la reunión anual de la Public Affairs Community of Europe que este año tuvo lugar en Nicosia (Chipre) bajo los auspicios de la Asociación Chipriota de Lobistas y Profesionales de los Asuntos Públicos, LPAP.

Esta reunión constituye un hito fundamental en la evolución del PACE. La razón es que, lo que empezó en 2011 en Roma como una red informal de asociaciones nacionales de profesionales de los asuntos públicos unidos por el objetivo de compartir información sobre las respectivas situaciones nacionales, es ahora, tras la reunión de Nicosia, una Asociación Internacional sin ánimo de lucro (AISBL – Association internationale sans but lucratif) con sede en Bruselas y Secretariado en Roma, y constituida legalmente conforme a la legislación belga.

Este hecho no habría sido posible sin las reuniones previas de Bucarest en 2016, en la que se tomó la decisión de dar un paso adelante en el fortalecimiento del PACE dotándole de forma legal, y Atenas en 2017, donde se me eligió por unanimidad como Presidenta de la futura asociación, y en la que se me encomendó la labor de elaborar unos estatutos que reflejaran fielmente los acuerdos adoptados hasta ese momento por sus miembros. Con el apoyo de los Presidentes de la asociación alemana, de’ge’pol, de la rumana Lobbying Registry Association, de la checa APAA y con la inestimable labor de impulso de Micol Bertoni, actuando como Secretaria General, se trabajó intensamente durante todo el invierno para cerrar unos Estatutos válidos desde el punto de vista legal, y que recogieran los distintos acuerdos y sensibilidades.

Lo importante es que ahora el PACE representa a un total de 16 asociaciones nacionales de otros tantos países, así como a profesionales individuales procedentes de Grecia y Portugal, por ser países donde no hay asociación, con la misión de dar voz a la realidad de los asuntos públicos en los distintos países europeos. Esto implica, por un lado, conocer dichas realidades (ámbito éste en el que el conocimiento y la información de la que dispone la red son insuperables) y por otro, promover una cultura ética y profesional de los asuntos públicos en toda Europa, a través de recomendaciones a las asociaciones nacionales sobre los elementos deontológicos o regulatorios claves para nuestra actividad.

También es objetivo del PACE relacionarse con organizaciones afines, y por este motivo, desde muy pronto, acuden a nuestras reuniones anuales representantes de las asociaciones que operan a nivel de instituciones europeas, EPACA y SEAP, con Transparencia Internacional  y más recientemente, con la oficina europea del norteamericano Public Affairs Council.

Desde un punto de vista geopolítico, la representatividad del PACE trasciende las fronteras de la Unión Europea, y en estos momentos representa a las asociaciones de Suiza, Serbia, Montenegro, y cualesquiera otras que se puedan constituir más adelante en otros países europeos. Por este motivo, nuestros stakeholders no son solo las instituciones de la UE sino también, la OCDE o el Consejo de Europa.

Me complace mucho incidir en el liderazgo de APRI en este proceso, ya que el apoyo de la Asociación española desde los mismos orígenes del PACE ha sido crucial para lo que es ahora, esfuerzo y liderazgo que se han visto recompensados con la Presidencia de la Asociación europea.

 

María Rosa Rotondo

Presidenta de APRI y del  Public Affairs Community of Europe

reloj Tiempo de lectura estimado: 01:40 minutos

Creatividad, mejorar la sociedad, flexibilidad o liderazgo basado en el pensamiento estratégico son algunas de las características más valoradas, en el plano profesional, por los Millennials. Estos datos resultan de especial interés, ya que según una proyección de la consultora Deloitte, en 2025, los Millennials representarán el 75% de la fuerza laboral del mundo.

¿Debe ser un buen lobista creativo y tener una visión estratégica? ¿Debe un buen lobista buscar las externalidades positivas para lo sociedad o ser capaz de adaptarse a los cambios? La respuesta es clara, sí. La misión del profesional de las Relaciones Institucionales es, en última instancia, buscar el punto de encuentro entre los intereses representados, el interés del decisor público y el interés de la sociedad; en definitiva, buscar la sostenibilidad del sistema a través de una visión crítica y panorámica del sistema político y económico.

¿El sector de los Asuntos Públicos integra muchas de las habilidades de los Millennials? De nuevo, creo que la respuesta es claramente afirmativa. El manejo integrado de los nuevos medios digitales, la capacidad de adaptación a los contextos cambiantes, o la búsqueda de retos profesionales, son algunas de las competencias que hacen de nosotros, jóvenes  de entre 20 y 35 años, grandes candidatos a ejercer la profesión de la representación de intereses.

No olvidemos que se ha producido un significativo relevo generacional tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado de España, en torno al 62% de los actuales diputados son nuevos en el puesto. Ésto lleva a la necesidad de que los profesionales del lobbying adapten sus mensajes y la forma de trasladarlos, algo que los jóvenes profesionales del sector ya integramos en nuestro toolkit.

Sin embargo, esta reunión de características favorables para el ejercicio profesional del lobbying por parte de los Millennials choca con el desconocimiento del sector por parte de éstos. Ni las oportunidades profesionales ni la oferta formativa existentes en el sector entran dentro del imaginario colectivo de los jóvenes que están finalizando sus estudios superiores y se enfrentan al reto de iniciar su carrera profesional. Las razones son múltiples, pero me gustaría destacar una: la ausencia de asignaturas específicas, en los centros universitarios, que aborden la representación de intereses como una profesión basada en metodología y deontología.

A modo de conclusión, quiero reivindicar el sector de las Relaciones Institucionales como un sector profesional joven, con muchos retos por delante, y fundamental para la articulación de los múltiples intereses que coexisten en una sociedad activa, transparente y democrática. Nuestro reto como “Grupo de Trabajo Jóvenes de APRI” es ayudar en la profesionalización del lobbying, a través de la realización de actividades con los centros universitarios y escuelas de negocio, como vía para la normalización de la actividad en España. Si logramos que los estudiantes universitarios conciban los Asuntos Públicos como una profesión con cuerpo teórico y práctico propios, habremos dado un paso importante hacia la consolidación de nuestra actividad.

Álvaro Sanz López

Álvaro es Consultor en Asuntos Públicos, miembro de la Junta Directiva de APRI e impulsor del GT Jóvenes de la asociación.

Twitter

@alsanz93

 

reloj Tiempo de lectura estimado: 02:10 minutos

En un panorama como el actual, es cada vez más importante conocer bien el contexto y saber planificar escenarios. Una correcta gestión de los asuntos públicos, ayuda a anticipar los cambios en el marco legislativo y regulatorio, a detectar amenazas y oportunidades y facilita el acceso y permanencia de la organización en el mercado.

Es innegable que el entorno en el que nos movemos es cada vez más complejo, cambiante y altamente competitivo. Las empresas tienen que operar en un contexto de gran incertidumbre internacional, sometido a fuertes cambios geopolíticos, regulatorios y jurídicos. Es fundamental para su supervivencia saberse adaptar y reaccionar de manera continua e inmediata a nuevas exigencias, oportunidades  y riesgos.

En mis más de diez años al frente de una asociación empresarial he podido constatar como la gestión de los asuntos públicos se ha convertido en una herramienta de alto nivel estratégico para las organizaciones ya que impacta directamente en la estrategia de negocio y, por tanto, es clave de cara a garantizar su sostenibilidad, mejorar su competitividad, posicionarse en nuevos mercados y disminuir el riesgo de exposición; y no solo para las multinacionales, sino también para las pequeñas y medianas empresas.

En la actualidad estamos asistiendo a dos grandes disputas globales muy significativas y de vital importancia estratégica para las empresas, las del acceso y control de los recursos naturales (sean estos limitados o no) y la información.

También, en este contexto, empresas como Google, Amazon o Facebook se están posicionando como nuevos grupos de presión, pasando de no tener presencia en la esfera política a destinar importantes cantidades de sus presupuestos a la gestión de los asuntos públicos. Estas empresas, que muchas veces operan en entornos no regulados, suponen una amenaza y un desafío para los sectores económicos tradicionales, que cuentan con mucha influencia política y una red consolidada en materia de relaciones institucionales. Ante esta realidad, en los últimos años y en diferentes ámbitos, estas nuevas empresas se están enfrentando a muchas batallas legales con el objetivo de conseguir acceso a mercados muy competitivos y regulados.  Casos como el de Airbnb y la industria hotelera, Uber y Cabify y el sector del taxi, el Gobierno de los Estados Unidos y los drones de Amazon o el disputado, durante más de diez años, fin del roaming en Europa, ponen de manifiesto la creciente complejidad del ecosistema empresarial actual y la relevancia estratégica que tiene para las organizaciones la función de asuntos públicos.

Además, en esta compleja madeja por desenredar, las empresas no son inmunes a la actividad política. Al contrario, forman parte de ese complejo mapa de intereses, objetivos, decisiones e influencias que la conforman. No podemos olvidar que las decisiones políticas, muchas veces influidas por otras empresas o sectores que alinean sus intereses con el interés general (que es el del político), repercuten directamente en la actividad de una empresa y, por tanto, en sus perspectivas de futuro, pudiendo cambiar el entorno o las reglas del juego en el que se mueve. Un proyecto de Ley puede hacer que caiga su cuenta de resultados o trastocar sus balances, un trámite administrativo puede ralentizar o bloquear un proyecto en el que se han invertido millones de euros. Por eso la gestión de lo público es un elemento esencial para su éxito y supervivencia, ya que les permite anticiparse, actuar y gestionar la capacidad de influencia.

NebulosaPor otra parte, desde el punto de vista de la creación y posicionamiento en nuevos mercados, una correcta estrategia de asuntos públicos puede influir y encontrar el apoyo político necesario para generar el camino legal que provoque su apertura. Sirva como ejemplo el curioso caso de la acción planteada en 2013 por un grupo de empresas estadounidenses (Deep Space Industries y Planetary Resources) que anunciaron su intención de explotar los recursos de miles de asteroides cercanos a la Tierra en las próximas décadas. Dos años después, y prácticamente al final de su mandato, Obama firmaba una ley histórica, que reconoce el derecho de ciudadanos estadounidenses de ser propietarios de recursos de cuerpos celestes, y de venderlos, salvando las barreras legales que en materia de propiedad espacial promulgó en 1967 el Tratado del Espacio Exterior, que prohibía la reivindicación de cuerpos celestes por parte de los gobiernos. Para conseguirlo la administración Obama argumentó que lo mismo no se puede aplicar a las empresas privadas o a los posibles derechos de explotación. Esto supuso el pistoletazo de salida de la llamada economía espacial…

Cristina Afán de Ribera

 

Cristina es experta en Asuntos Públicos y Lobbying, cuenta con más de 15 años de experiencia en el Sector Medioambiental y es también socia de APRI.

Twitter

@Cristina_Afan

 

 

 

infografia-ley-392015

reloj Tiempo de lectura estimado: 01:20 minutos

El pasado 1 de octubre entró en vigor la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aprobada el año pasado por el Gobierno español.

La Ley tiene el objetivo de “establecer una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados” recogiendo algunos principios de “Smart Regulation” (regulación inteligente), es decir un marco jurídico de calidad, que permite el cumplimiento de un objetivo regulatorio a la vez que ofrece los incentivos adecuados para dinamizar la actividad económica, simplificar procesos y reducir cargas administrativas.

Para ello, será esencial un adecuado análisis de impacto de las normas de forma continua, tanto ex ante como ex post, así como la participación de los ciudadanos y empresas en la toma de decisiones.

El artículo 133 de la nueva Ley  permite ir avanzando en la mejora de la producción normativa, intentando reforzar la participación ciudadana en el proceso de elaboración de las normas y cumpliendo con algunas de las recomendaciones contenidas en el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitido en 2014: «Spain: From Administrative Reform to Continous Improvement».

En este sentido, el Consejo de Ministros del pasado 30 de septiembre aprobó un acuerdo por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales. Asimismo, la participación ciudadana podrá también iniciarse a través del Portal de Transparencia, que canalizará a cada departamento ministerial competente las correspondientes propuestas.

Sin embargo, el artículo 133.4 contempla algunas excepciones sobre la posibilidad o no de involucrar los ciudadanos en la elaboración de las normas con rango de Ley y reglamentos:

4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.

reloj Tiempo de lectura estimado: 00:50 minutos

Yo sí soy lobista,

Y créanme, no me dedico a promover contratos, amañar concursos, cobrar comisiones, hacer regalos… Mi respeto por la profesión, ética personal y códigos deontológicos que he suscrito con mi asociación profesional y mi empresa me lo impiden.

Yo sí soy lobista: me dedico al sano y democrático ejercicio de hacer que mis puntos de vista o los de mis clientes sean tenidos en cuenta por las instituciones públicas antes de que adopten una decisión. Porque creo que deben conocer todas las perspectivas para tomar decisiones informadas. Y eso, ni más ni menos, es el lobby, la representación de intereses, hablo en nombre de todos los colegas que formamos parte de esta profesión.

Muchos hablan de grupos de presión, pero no presionamos con sobres, promesas de contratos o cualquier otro favor; como mucho, ejercemos la presión que los datos y los argumentos basados en razones contrastadas nos permiten.

Los miembros de APRI, asociación que en España representa a los profesionales de las relaciones institucionales, estamos indignados no solo por la apelación inadecuada de personas que intentan defenderse en un banquillo enturbiando nuestra profesión, sino por el daño que se hace a la profesión al albur de esta situación, con intención o sin ella.

María Rosa Rotondo

Presidenta de APRI

images-1 @mrrotondo

 

 

reloj Tiempo de lectura estimado: 02:10 minutos

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo creado por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para velar por su cumplimiento y asegurar el derecho que asiste a la ciudadanía de acceder a la información pública, tiene sobre su mesa más de cuarenta peticiones de ciudadanos, asociaciones y periodistas que demandan acceso al contenido de las agendas de altos cargos y miembros del Gobierno.

Es cierto, como ya se ha destacado reiteradamente, que facilitar las agendas no figura entre las obligaciones que legalmente tienen hoy los altos cargos. Pero no es menos cierto que, entre los principios de buen gobierno que deberán inspirar su actuación, figura, según recoge la Ley, “el desempeño de sus funciones con transparencia”.

El preámbulo de la Ley, que tras 40 años de democracia garantiza ¡por fin! el derecho a saber, especifica además que el objeto de la Ley no es otro que “poder someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que nos afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones”.

Estén obligados o no, es compatible con avanzar en un compromiso con la transparencia. No cabe duda que la agenda de trabajo de un responsable público es un elemento esencial para dar respuestas transparentes a las demandas ciudadanas. Nadie duda tampoco que, la agenda, es un mecanismo de rendición de cuentas de la actividad pública y que cumple con aquellos principios, ya antiguos, que inspiraron a Rousseau al afirmar que “la democracia es la gestión bajo los ojos del pueblo”.

No habría nada mejor, para alcanzar mayores cotas de transparencia, que saber y entender qué ocurre en la actividad de quien protagoniza la actividad pública y gestiona los intereses de la ciudadanía.

Hoy, tenemos claro, y queda fuera de toda controversia, que el dinero público debe estar sujeto a fiscalización, y que los actos públicos, como actividad ligada a la legalidad y al interés general, están sujetos a exigencia de responsabilidad.  ¿Y el tiempo de un alto cargo? Tan valioso, importante y público… ¿no debe rendir cuentas?

Es un interrogante para la reflexión. No hablamos de las actividades privadas de los responsables públicos, ni de medir los tiempos de su vida íntima y personal, sino de las actividades profesionales con responsabilidad y trascendencia,  de los encuentros donde se adoptan decisiones, de aquellos actos y reuniones con consecuencias para todos.

Las agendas deben pasar del simple y escueto comunicado oficial, respetando siempre la normativa en protección de datos, a ser una auténtica rendición de cuentas.

¿Qué hacen nuestros gestores durante su tiempo público? Si lo pudiéramos conocer, conseguiríamos una mayor confianza en nuestras instituciones, avanzaríamos en la prevención de actuaciones, ya conocidas, que nunca se debieron producir y haríamos de la actividad transparente un valor social, político y personal que serviría de revulsivo a una sociedad un tanto desencantada.

Hay precedentes, además, que nos deben hacer reflexionar. Cuando la agenda pública de un alto cargo se oculta, el tiempo acaba desvelándola y, en ocasiones, con una repercusión social negativa que no habría existido si hubiera sido conocida en su momento.

Aquel razonamiento de que “no hay mejor secreto que aquél que todos conocen” debe alentar la vida pública. Sería el mejor compromiso con la transparencia. Y en esa vía trabaja el Consejo, buscando líneas de consenso para conseguir, entre todos, que el tiempo público no continúe siendo un gran secreto para los ciudadanos.

Esther Arizmendi

Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

images-1 @ConsejoTBG

 

 

Como una fruta madura, la idea del Registro de Grupos de Interés o de lobistas está a punto de caer del árbol. Si no fuera por la legislatura prematuramente finalizada, podríamos hablar de que ayer el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad con 329 votos a favor y ninguna abstención, estaría aprobando una modificación de su Reglamento a propuesta del Grupo ParlamentarioDemocràcia i Llibertat, creando el primer Registro de Grupos de Interés en sede parlamentaria en España.

La proposición de Democracia y Llibertat, además, es técnicamente impecable. Solicita la creación de un Registro de obligatoria inscripción, como APRI lleva reclamando nueve años. Una medida valiente y decidida que no todos han parecido preparados para afrontar. Además de obligatorio, el registro propuesto es universal, es decir, todo aquel que accede a los diputados o diputadas con el objeto de influir, debe registrarse independientemente del interés que represente. Y, por último, iba acompañado de una serie de normas de conducta justas y equilibradas, cuya aplicación hubiera aportado mayor seguridad a la labor parlamentaria, y favorecido la participación de la sociedad civil de manera transparente.

La parte buena es que, tras escuchar los argumentos, no queda duda alguna de que la idea ha madurado y que en la próxima legislatura, finalmente, podrá caer del árbol.

María Rosa Rotondo

Presidenta de APRI

 

 

 

@mrrotondo