La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) lleva reclamando desde el año 2007 la regulación de los lobbies en España. Por ello, la propuesta presentada ayer en la Comisión de Reglamento por el Grupo Parlamentario Popular representa un primer paso concreto para situar España entre los países más avanzados en materia.
Madrid, 25 de noviembre de 2014 – La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, única asociación en España en representación del colectivo de lobistas, aplaude la propuesta de creación de un registro público obligatorio para los lobbies que el Grupo Parlamentario Popular presentó ayer en la Comisión del Reglamento del Congreso. Se trata de una propuesta muy próxima a aquellos modelos de control de nuestro entorno, como en la propia Unión Europea, y que, precisamente, desde APRI se han venido reivindicando desde el año 2007.
De hecho, llevamos varios años trabajando sobre este tema, realizando distintos análisis comparados de legislaciones europeas sobre los grupos de interés, colaborando con todos los órganos legislativos y de gobierno en España, por lo que siempre hemos instado a las autoridades públicas a que aprueben, en el menor plazo posible, una ley para la regulación de los lobbies tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo.
El año pasado la asociación elaboró su Propuesta de Creación de un Registro por la Participación y la Transparencia, con el objetivo de impulsar el debate público en esta materia, dando su contribución en un asunto –el de la regulación de los lobbies– que las organizaciones internacionales más influyentes recomiendan como una pieza fundamental de las políticas de gobiernos abiertos y transparentes. En este sentido, creemos que cuanto más inclusiva sea la regulación de los lobbies mejor será para el conjunto de la sociedad española. Todo ciudadano tiene derecho a ser escuchado por los representantes del pueblo y por eso hacen faltas reglas ciertas y que al mismo tiempo impulsen la participación de los grupos de interés en el proceso de toma de decisión.
En este sentido, la regulación propuesta es un primer paso importante hacia la transparencia en las relaciones entre grupos de interés y decisores públicos. Nuestro colectivo lo lleva reclamando desde su creación y a estas alturas creemos que la voz de los profesionales de las Relaciones Institucionales en España y la reclamación de muchos ciudadanos han sido escuchadas.
Asimismo, el hecho de incluir un código de conducta en la misma propuesta refleja perfectamente la forma en la que APRI lleva funcionando desde hace años, ya que todos los lobistas socios de APRI han firmado dicho código antes de su admisión.
A partir de ahora nos ofrecemos a colaborar con los miembros de la Ponencia encargada de reformar el Reglamento del Congreso para avanzar en el desarrollo de esta propuesta, y para aumentar aún más la transparencia en las relaciones entre los representantes de los grupos de interés y el legislador.