Varios expertos y profesionales de las relaciones institucionales participantes en la ultima sesión del Espacio Compliance de la Comisión del Mercado de la Competencia (CNMC) sobre “La urgente regulación de los lobbies” pidieron este martes mayor transparencia y registro obligatorio de la actividad, para que la ciudadanía conozca mejor los intereses que representan. En la jornada participó la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI); consultoras como Kreab y Llorente y Cuenca; la Fundación Civio; el Ayuntamiento de Madrid; y asociaciones de consumidores como OCU y ADICAE. En la misma jornada la CNMC confirmó que en su registro público voluntario sólo aparecen tres de las expresas del IBEX 35.

El acto comenzó con una ponencia inaugural sobre el lobby y los medios de comunicación, a cargo del Catedrático de Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) Antonio Castillo Esparcia, quien apeló a la necesidad de que los medios informativos hagan un proceso de culturización de los lobbies, razonando el término, pues muchas hablan de lobby empresarial y apenas  del procedente de grandes ONG o las asociaciones de consumidores.

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La mesa de debate moderada por el periodista Jesús Soria, de Ser Consumidores, bajo el nombre “El mal lobby debe desaparecer”, mostró una diversidad de puntos de vista. La presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, y socia fundadora de Political Intelligence, aclaró que los lobbies no son una entidad jurídica, sino una actividad, y resaltó los atributos del buen lobista, basados en la generación de confianza; la aportación de información rigurosa; la utilización de la ética y transparencia; y el trabajo a favor del interés general.

Carmen Muñoz, de Llorente & Cuenca, habló de la necesidad de una regulación de lobbies adaptada a las necesidades del sector, y de la función del lobby como una herramienta esencial en la construcción de políticas públicas.

Manuel de la Fuente, de KREAB, apeló a la oportunidad perdida en la ley de transparencia y coincidió con María Rosa Rotondo en utilizar el lobby como verbo y no como sustantivo.

Representando a los consumidores, intervinieron Rafael Miralles Ponce, de ADICAE y Enrique García, de OCU. Miralles denunció la falta de trasparencia y contrapoder de muchos lobbies, mientras que García recordó el artículo 51 de la Constitución Española, que legitima a las asociaciones de consumidores como grupo de interés, por lo que, bajo su punto de vista se pueden considerar lobbies.

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Por parte de la Fundación Civio, Eva Belmomte, pidió dejar constancia de la huella legislativa obligando a publicar todos los documentos de las reuniones mantenidas con cargos públicos,  mientras que Victoria Anderica Caffarena, Directora del Proyecto de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, destacó el valor de la transparencia en el proceso de toma de decisiones de los poderes públicos. Para Anderica, toda persona que tenga por objeto influir en un cargo público debe registrarse.

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