La nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que en estos momentos se encuentra en trámite de ponencia en la Junta General, va a regular la existencia de lobbies de presión. Es decir, que haya transparencia en los encuentros entre estos ‘grupos de interés’ y los altos cargos del Gobierno.

 Este ha sido el principal tema de debate en la reunión de la ponencia del proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que esta presidida por el diputado de IU-IX Gaspar Llamazares y que se ha reunido este miércoles en la Junta General.

Había tres enmiendas relativas a este tema a propuesta de PP, Podemos Asturies y Ciudadanos y se ha acordado fusionar las tres para que se recoja que un ‘grupo de interés’ son las personas físicas o jurídicas y las organizaciones que se dedican a influir en los procesos de elaboración de las políticas o disposiciones normativas, en la aplicación de las mismas o en la toma de decisiones de la Administración.

Además, la definición de lobby en la futura ley va a extender su ámbito y se van a considerar, además de los que están instaurados en Asturias, aquellos que puedan influir directamente en el sector asturiano y que no estén instaurados en la comunidad.

En declaraciones a Europa Press, el diputado ‘popular’ Rafael Alonso ha destacado que así se va a permitir dar “transparencia” a la figura de los lobbies, “que empieza a tener entrada y hay que regularlo” para saber cómo pudieron influir o participar en el proceso de redacción de una disposición.

Además, ha señalado que la futura ley va a hablar de ‘grupos de interés’ y no de lobbies, “que es un anglicismo”. Por otro lado, ha indicado que todos los grupos parlamentarios parecen haber dado la “bienvenida” a esta regulación” y que existe un “cierto ánimo de acuerdo”.

Por otro lado, desde Podemos Asturies, Emilio León, ha señalado que la política asturiana ha estado protagonizada por personas o grupos de presión “que nunca han tenido que rendir cuentas”. Así, ha apuntado a personas y entidades “que tuvieron las puertas abiertas de la administración y que aparecen ahora como condenados por evasión fiscal o relacionadas con Gitpa y la trama del cable”.

Con todo, ha señalado que la “prueba del algodón” sobre la voluntad del Gobierno asturiano de avanzar en la tramitación de esta norma será el próximo día 4 abril, “cuando se discuta la independencia de los órganos de control creados con esta Ley”, ha sentenciado.

Desde Ciudadanos, la diputada Diana Sánchez ha afirmado que la ley no es “para nada” el texto que trajo el Gobierno, “que Ciudadanos está contribuyendo a su mejora como por ejemplo la regulación de los grupos de interés y la huella”.

Además, ha señalado que desde su formación también han logrado introducir en la ley que los ciudadanos puedan evaluar a la administración a través del portal de transparencia “y se ha aceptado también nuestro estatuto del denunciante”.

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