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En un panorama como el actual, es cada vez más importante conocer bien el contexto y saber planificar escenarios. Una correcta gestión de los asuntos públicos, ayuda a anticipar los cambios en el marco legislativo y regulatorio, a detectar amenazas y oportunidades y facilita el acceso y permanencia de la organización en el mercado.

Es innegable que el entorno en el que nos movemos es cada vez más complejo, cambiante y altamente competitivo. Las empresas tienen que operar en un contexto de gran incertidumbre internacional, sometido a fuertes cambios geopolíticos, regulatorios y jurídicos. Es fundamental para su supervivencia saberse adaptar y reaccionar de manera continua e inmediata a nuevas exigencias, oportunidades  y riesgos.

En mis más de diez años al frente de una asociación empresarial he podido constatar como la gestión de los asuntos públicos se ha convertido en una herramienta de alto nivel estratégico para las organizaciones ya que impacta directamente en la estrategia de negocio y, por tanto, es clave de cara a garantizar su sostenibilidad, mejorar su competitividad, posicionarse en nuevos mercados y disminuir el riesgo de exposición; y no solo para las multinacionales, sino también para las pequeñas y medianas empresas.

En la actualidad estamos asistiendo a dos grandes disputas globales muy significativas y de vital importancia estratégica para las empresas, las del acceso y control de los recursos naturales (sean estos limitados o no) y la información.

También, en este contexto, empresas como Google, Amazon o Facebook se están posicionando como nuevos grupos de presión, pasando de no tener presencia en la esfera política a destinar importantes cantidades de sus presupuestos a la gestión de los asuntos públicos. Estas empresas, que muchas veces operan en entornos no regulados, suponen una amenaza y un desafío para los sectores económicos tradicionales, que cuentan con mucha influencia política y una red consolidada en materia de relaciones institucionales. Ante esta realidad, en los últimos años y en diferentes ámbitos, estas nuevas empresas se están enfrentando a muchas batallas legales con el objetivo de conseguir acceso a mercados muy competitivos y regulados.  Casos como el de Airbnb y la industria hotelera, Uber y Cabify y el sector del taxi, el Gobierno de los Estados Unidos y los drones de Amazon o el disputado, durante más de diez años, fin del roaming en Europa, ponen de manifiesto la creciente complejidad del ecosistema empresarial actual y la relevancia estratégica que tiene para las organizaciones la función de asuntos públicos.

Además, en esta compleja madeja por desenredar, las empresas no son inmunes a la actividad política. Al contrario, forman parte de ese complejo mapa de intereses, objetivos, decisiones e influencias que la conforman. No podemos olvidar que las decisiones políticas, muchas veces influidas por otras empresas o sectores que alinean sus intereses con el interés general (que es el del político), repercuten directamente en la actividad de una empresa y, por tanto, en sus perspectivas de futuro, pudiendo cambiar el entorno o las reglas del juego en el que se mueve. Un proyecto de Ley puede hacer que caiga su cuenta de resultados o trastocar sus balances, un trámite administrativo puede ralentizar o bloquear un proyecto en el que se han invertido millones de euros. Por eso la gestión de lo público es un elemento esencial para su éxito y supervivencia, ya que les permite anticiparse, actuar y gestionar la capacidad de influencia.

NebulosaPor otra parte, desde el punto de vista de la creación y posicionamiento en nuevos mercados, una correcta estrategia de asuntos públicos puede influir y encontrar el apoyo político necesario para generar el camino legal que provoque su apertura. Sirva como ejemplo el curioso caso de la acción planteada en 2013 por un grupo de empresas estadounidenses (Deep Space Industries y Planetary Resources) que anunciaron su intención de explotar los recursos de miles de asteroides cercanos a la Tierra en las próximas décadas. Dos años después, y prácticamente al final de su mandato, Obama firmaba una ley histórica, que reconoce el derecho de ciudadanos estadounidenses de ser propietarios de recursos de cuerpos celestes, y de venderlos, salvando las barreras legales que en materia de propiedad espacial promulgó en 1967 el Tratado del Espacio Exterior, que prohibía la reivindicación de cuerpos celestes por parte de los gobiernos. Para conseguirlo la administración Obama argumentó que lo mismo no se puede aplicar a las empresas privadas o a los posibles derechos de explotación. Esto supuso el pistoletazo de salida de la llamada economía espacial…

Cristina Afán de Ribera

 

Cristina es experta en Asuntos Públicos y Lobbying, cuenta con más de 15 años de experiencia en el Sector Medioambiental y es también socia de APRI.

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@Cristina_Afan

 

 

 

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