El pleno del Consell aprobó ayer el anteproyecto de ley regulador de la actividad de lobby en el ámbito de la Generalitat y su sector público, cuyo objetivo es garantizar la transparencia de estos grupos en la adopción de políticas públicas y poner freno a «la cultura del amiguismo».

Así lo explicó el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que destacó que la Comunidad Valenciana es la única autonomía que contará con ley específica que regule el fenómeno de los «lobbies» y ha precisado que no es una ley contra estos.

La futura ley incluye la creación de un Registro de Lobbies, que será electrónico, público, gratuito y obligatorio, para poner al alcance de la ciudadanía la información sobre la actividad e influencia de los grupos de interés en sus relaciones con la Administración. Esta ley contempla, además, sanciones que pueden alcanzar los 6.000 euros en caso de incumplimiento.

También regula un código de conducta para los «lobbies», con unos mínimos de obligado cumplimiento, además de sistemas de control y fiscalización de la información registral, y contempla la posibilidad de que ciertas normas puedan ser negociadas con estos grupos de presión, sin que eso sustituya la participación ciudadana y el trámite de audiencia actual.

Alcaraz ha explicado que el resultado de esta negociación no será vinculante, aunque en el caso de separarse del resultado del proceso de negociación, el Consell tendrá que motivar las razones de su posición negativa.

La futura norma define la actividad lobby, que toda comunicación directa o indirecta, oral o escrita, con los cargos o empleados públicos, para influir en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos, desarrollada en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental.

Esta ley afectará a los cargos públicos y al personal empleado público de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental.

Se regula también lo que se denomina «huella normativa», referida a la publicidad de los contactos que la Administración de la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, que se deberá relacionar junto a las normas y se publicará en el Portal de transparencia.

También se incluye un capítulo con el régimen sancionador específico en materia de lobbies y lobbismo, donde se tipifican los hechos que se consideran infracción para el lobby, cargo y empleado público y las sanciones que pueden suponer.

La Conselleria de Transparencia elaborará de anualmente un informe sobre la actividad y el funcionamiento del Registro de «Lobbies», cuya inscripción en él implicará obligaciones pero también beneficios, como poder presentarse como lobby inscrito en el registro delante de la Generalitat, lo que posibilitará la reunión o contacto con cargos de la Administración o empleados del sector público.

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