Los despachos de abogados se apuntan al lobby. O más bien, a admitir que hacen lobby. La semana pasada, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció que su registro de grupos de interés (lobbies) había superado los 400 inscritos. Una cifra loable habida cuenta que se trata de un registro voluntario para una actividad que todavía no está regulada en España.

Además de las agencias y empresas que se dedican en exclusiva a ello, tanto la CNMC como el Ayuntamiento de Madrid cuentan en sus registros con un puñado de despachos de abogados que admiten que combinan el ejercicio de la abogacía con las actividades de ‘lobby’. En realidad son más, pero no todos quieren admitirlo por las connotaciones negativas que algunos consideran que tiene. Así, en la CNMC están inscritos Ejaso, Legal3 Abogados, Cremades & Calvo-Sotelo, la consultora AbanlexFieldfisher Jausas y Palacio y Asociados, la firma de la exministra Ana Palacio. Ya a nivel local, en el registro del Ayuntamiento de Madrid figuran EY y Ontier.

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“El lobby en nuestro despacho es algo puntual, no es una actividad recurrente”, explica Jordi Ruiz de Villa, socio de Fieldfisher Jausas. El abogado, muy ligado desde hace años al mundo de las franquicias, señala que han actuado como lobistas cuando se ha puesto en marcha alguna iniciativa legislativa que afectase a sus clientes. “Lo que hacemos es mostrar las inquietudes de un sector ante un cambio legislativo que puede afectarles”, resume.

Jordi Ruiz de Villa

No obstante, Ruiz de Villa admite que no es un servicio que ofrezcan directamente. “La gente tiende a malpensar”, señala. Y es cierto, porque todavía hay quien asocia esta práctica con algo ilícito o espurio. A este respecto, el abogado incide en que no se debe confundir el lobby con el tráfico de influencias y recuerda que es una práctica que resulta beneficiosa a la hora de legislar. “Se aportan datos y conocimiento”, añade.

Una tesis similar es la que mantiene Ignacio Benito, socio de Cremades & Calvo-Sotelo y responsable de la práctica de lobby del despacho. “Hay mucho desconocimiento en torno a esta actividad”, señala. “Podríamos definirlo como la búsqueda del interés particular dentro del interés general”. Al igual que Ruiz de Villa, este economista cree que su labor es una ayuda importante para los legisladores. “Generalmente se muestran receptivos y escuchan. Es imposible que dominen todos los sectores, de ahí que nuestro trabajo sea clave”. En el caso de Cremades, Benito explica que la firma cuenta con un equipo de una decena de personas dedicada al lobby encabezadas por él.

Un caso aparte es el de Ontier y EY. Ambas firmas explican que en su caso no hacen lobby pero que figuran en el registro del consistorio madrileño porque es un requisito indispensable para reunirse con un cargo público. En concreto, Ontier se reunió con el concejal de urbanismo José Manuel Calvo en representación de IBEMETEX ERMITA SL para hablar sobre “el área de Ermita del Santo”, cerca del Estadio Vicente Calderón, según se detalla en la web del ayuntamiento. EY, por ahora, no ha mantenido reuniones en nombre de ninguna empresa.

Por otra parte, aunque hay quien apunta a la dificultad de combinar abogacía y lobby, la presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), María Rosa Rotondo, le resta importancia. “Nos da igual si el ‘lobby’ lo ejercen despachos o consultoras”, explica a este diario. “Desde APRI lo único que defendemos es que ante un mismo trabajo se juegue con las mismas reglas”.

Presidenta María Rosa Rotondo

El lobby en España

El lobby, que no es más que la representación de los intereses de las empresas ante la Administración, es una práctica que en España no está regulada y que ha provocado que hasta la Comisión Europea de un ‘toque’ para normalizarla. Aunque los registros de la CNMC y el Ayuntamiento de Madrid son un pequeño paso en esa dirección, lo cierto es que hoy por hoy no hay una lista ofician con nombres y apellidos de quienes tratan de influir en la producción legislativa del país.

Según el estudio ‘Una evolución del lobby en España. Análisis y propuestas’ elaborado por Transparencia Internacional, algunas medidas que se pueden tomar para normalizar esta actividad pasan por un registro obligatorio de lobistas, la comunicación pública de las reuniones con los agentes públicos, la aprobación de un código ético y la puesta en marcha de un supervisor que vigile (y sancione) las malas praxis del sector.

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