En el siglo XIX quienes querían persuadir de algo a un miembro de la Cámara de los Comunes, se reunían con ellos en los pasillos. De ahí viene la palabra lobby, vestíbulo en inglés, actividad que Estados Unidos regularizó en 1946 con la Lobbying Act .

La idea de un registro de lobistas llegó en la primera década de los 2000 a Australia, Alemania, Reino Unido y Austria. La CNMC creó el primero de España en 2016, inspirándose en el de la Comisión Europea, también de naturaleza voluntaria. Después, Cataluña aprobó su ley autonómica para el sector.

Regularizar la profesión: una demanda de una década

Atendiendo a las recomendaciones del Consejo de Europa formuladas a través del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECCO), la regulación de los “grupos de interés” se debate en el Congreso con dos propuestas de ley: la de modificación de Ley de Transparencia con un registro de lobbies y la del Reglamento de la Cámara. Cinco comunidades, Navarra, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y Valencia, trabajan en ello también. “No había nada y ahora estamos desbordados”, cuenta María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Públicas, APRI. “Veníamos defendiendo nuestra actividad como una forma de participación que es necesario regular. Nos ha costado 10 años llegar hasta aquí”, se queja.

Regular los lobbies implica poner el foco en los grandes asuntos, saber cómo se toman las decisiones: cómo se regula el sector eléctrico o se rescata una autopista”, explica David Cabo, cofundador de CIVIO. Esta fundación ya intentó que la regulación de los lobbies formara parte de la Ley de Derecho de Acceso a la Información. “Nos dijeron que era muy complicado”, recuerda. “Somos los primeros en hacer lobbying ; nos reunimos con partidos políticos e intentamos introducir nuestras enmiendas en las leyes”, reconoce. “Todo el mundo sabe que esas reuniones se producen, pero necesitamos reglas”, demanda Rotondo.

Registro universal o excepciones

La cuestión de si todos los que se relacionan con entes públicos deben inscribirse en el registro está en el centro del debate. Los abogados pueden escoger hacerlo o no según la ley catalana y la valenciana excluye a sindicatos, organizaciones empresariales y asociaciones de consumidores. “No podemos imponer una sanción a determinadas organizaciones a las que la Constitución otorga una relación especial con la Administración por tener un papel constitucional reconocido”, explicaba la Secretaria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación valenciana, Zulima Pérez Seguí en unas jornadas sobre la materia organizadas por la CNMC y la Fundación Chile-España.

Algo similar ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, el primero del mundo en crear un registro para lobistas. “No tienen sentido que un municipio pequeño lo haga, pero Madrid gestiona un presupuesto de 5000 millones de euros”, señala David Cabo. “Como no hay un marco regulatorio, no son propuestas homogéneas”, denuncian desde APRI mientras recuerdan que la existencia de múltiples registros “no asegura la transparencia”. Su propuesta es uno “común, obligatorio y universal que dependa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno“.

Otro punto de desencuentro entre legisladores y profesionales es la cuestión de la confidencialidad. APRI declara su “preocupación” porque toda la normativa elaborada hasta la fecha conlleva la “publicidad activa” de la documentación que se entregue en las reuniones con autoridades. “La transparencia no está reñida con la confidencialidad”, sostiene su presidenta, que critica esta visión por su “falta de eficacia” y la describe como “una forma burda de llegar a la huella legislativa, que es donde debe aparecer”. En CIVIO, en cambio, creen que “hay que valorar interés público versus confidencialidad, como las enmiendas o modificaciones a las leyes”, explica su cofundador.

Un segundo conflicto surge entre la protección de datos, regulada por una ley orgánica, y la transparencia, con un rango inferior. “Se usa para eludir dar la información”, denuncia Cabo mientras hace referencia a una petición planteada por CIVIO al Ministerio de Defensa. “Queríamos saber quién viaja en los aviones oficiales. El Consejo de Transparencia avala nuestra demanda de información pero Defensa se niega a reconocer al Consejo y sus decisiones. Llevamos 16 meses con este tema”, denuncia.

Ningún registro europeo de lobistas posee garantías para detectar “la influencia indebida”

Aunque la regulación de los lobbies en España está en sus inicios, en la Unión Europea ya son ocho los países que cuentan con registros nacionales de lobistas. El informe de Transparencia Internacional El lobby en Europa. Influencia encubierta, acceso privilegiado los analiza junto al de Transparencia de la UE que, por ejemplo, no incluye al Consejo de Europa. La puntuación más alta la obtiene el esloveno y la más baja el británico, aunque la supervisión en general “es débil o falta por completo”. En resumen, ninguno de los países analizados puede presumir de “tener garantías adecuadas para detectar e impedir la influencia indebida”.

El estudio destaca la importancia de definir “lobista” y “lobby” para que el registro y la regulación de la actividad sean eficaces ya que se detectó que en muchos casos su definición legal era “demasiado limitada” dando como resultado “registros débiles que no llegan a capturar a todos los que buscan influenciar las leyes y políticas” puesto que “ninguna contiene una definición adecuada”.

Según esta organización, que reconoce ejercer el lobbying social, en la mayoría de Europa se da una “creciente profesionalización” del lobby. Entre los clientes de estos profesionales se encuentran empresas, asociaciones, agencias del sector público y ONG. Solo en Bruselas hay 30.000 lobistas, afirma el Corporate Europe Observatory.

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