El  Consejo estatal de Transparencia y Buen Gobierno ha presidido una reunión en su sede con los Comisionados y organismos independientes de transparencia de las CCAA. El encuentro se enmarca dentro de las relaciones permanentes que mantiene el Consejo con los presidentes de los órganos autonómicos de garantía.

Desde la fecha de su creación, el Consejo de Transparencia del Estado ha buscado la colaboración y el consenso con los distintos órganos autonómicos con competencias en materia de transparencia para todas las cuestiones de interés común y los temas más relevantes en el ámbito de la información pública.

Para continuar por esta vía y profundizar en sus resultados, en la reunión se ha acordado la implantación de un modelo de colaboración permanente basado en reuniones trimestrales y en creación de grupos de trabajosobre aspectos de interés común.

Ley de contratos del sector público

La nueva Ley de contratos del sector público otorga una nueva competencia al Consejo de Transparencia, concretamente la obligación de emitir un informe sobre la prevalencia o no del derecho de acceso a la información pública frente las decisiones de los órganos públicos de contratación de aplicar cláusulas de confidencialidad a determinados datos de los anuncios de formalización de los contratos.

Esta previsión, según la Disposición final primera de la Ley de contratos del sector público, tiene carácter básico y, en consecuencia, alcanza también a los Comisionados autonómicos en su respectivo ámbito territorial.

En el encuentro se han valorado las consecuencias de esta nueva competencia. Tanto el Consejo de Transparencia estatal como sus homólogos autonómicos han coincidido en la actual falta de medios para poder llevar a cabo esta tarea.

Lucha contra la corrupción y protección del denunciante

En la reunión se han abordado también las modificaciones que propone introducir en la Ley de transparencia la proposición de Ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso y que actualmente se encuentra en tramitación.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra la creación en el ámbito estatal de un registro electrónico de lobistas y lobbies de carácter público y gratuito, cuya gestión y control encomienda, en el ámbito estatal, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La medida, de revestir el carácter de norma “básica”, implicará la creación de un registro paralelo en las CCAA que aún no han legislado en materia de lobbies y la atribución de la gestión del mismo a los organismos garantes de la transparencia.

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