Muy interesante la mesa coloquio que tuvo lugar el 12 de julio para hablar sobre Lobby y Energía con Rafael Solís, EDP Renewables, Laura Escribano, Foro de la Industria Nuclear Española, David Redoli, Solaria, y Piluca Núñez, de la Asociación Empresarial Eólica. 

La energía es una prioridad estratégica a nivel nacional y europeo. Estamos hablando de un sector hiperregulado, en el que coexisten 5 niveles -local, regional, comunitario, estatal y europeo- donde estamos viviendo un tsunami de cambios normativos y que afecta además a otros sectores. ¡Todo un reto! Como decía David Redoli, «si no hacemos bien esto, estaremos poniendo mal los cimientos de la casa que estamos edificando».

Se habló del lobby, de la necesidad de planificar, de establecer objetivos y estrategias anuales, de anticiparnos y de reaccionar, de si las energías tienen o no ideología, del poder de las plataformas sociales, de la necesidad de concienciar a la sociedad con una labor didáctica y de hacer lobby ¡siempre! (y sobre todo antes). nos ha faltado tiempo porque hubiéramos seguido una hora más aprendiendo de los que saben. Muchas gracias a todos por participar y especialmente a Laura, Piluca, David y Rafael por haber compartido con nosotros vuestra experiencia.
Muy interesante la mesa coloquio que tuvo lugar el 12 de julio o para hablar sobre Lobby y Energía con Rafael Solís, EDP Renewables, Laura Escribano, Foro de la Industria Nuclear Española, David Redoli, Solaria, y Piluca Núñez, de la Asociación Empresarial Eólica. 

La energía es una prioridad estratégica a nivel nacional y europeo. Estamos hablando de un sector hiperregulado, en el que coexisten 5 niveles -local, regional, comunitario, estatal y europeo- donde estamos viviendo un tsunami de cambios normativos y que afecta además a otros sectores. ¡Todo un reto! Como decía David Redoli, «si no hacemos bien esto, estaremos poniendo mal los cimientos de la casa que estamos edificando».

Hemos hablado del lobby, de la necesidad de planificar, de establecer objetivos y estrategias anuales, de anticiparnos y de reaccionar, de si las energías tienen o no ideología, del poder de las plataformas sociales, de la necesidad de concienciar a la sociedad con una labor didáctica y de hacer lobby ¡siempre! (y sobre todo antes)… Y nos faltó tiempo porque hubiéramos seguido una hora más aprendiendo de los que saben. Muchas gracias a todos por participar y especialmente a Laura, Piluca, David y Rafael por haber compartido con nosotros vuestra experiencia.

El día 20 de junio, el grupo de trabajo APRI Salud organizó un acto para conocer una de las cuatro vías de participación ciudadana en Europa: La Iniciativa Ciudadana Europea, una posibilidad que se abrió en el Tratado de Lisboa y que está en marcha desde abril 2012. 

El reglamento de 2011 estableció los procedimientos para las Iniciativas Ciudadanas Europeas (ECI por sus siglas en inglés)  Propuesta de una iniciativa definida en 1.100 caracteres por parte de un comité organizador de al menos 7 ciudadanos (no organizaciones) que deben residir en 7 estados miembros. Una vez registrada la petición y en un plazo no superior a 6 meses, se abre la fase de obtención de apoyos. A partir de ahí empiezan a contar los 12 meses en los que se deben recoger al menos un millón de firmas de ciudadanos residentes en una cuarta parte de los Estados miembros ( esto es también 7 países). Una vez alcanzada este número de firmas que deben cumplir un número mínimo por país, pueden instar a la Comisión a presentar una propuesta de legislación. En el plazo de 1 mes, los organizadores se reunirán con representantes de la comisión para contar la iniciativa y en 3 meses tendrá lugar la presentación en audiencia pública ante el Parlamento Europeo.  La Comisión dispone de 6 meses para exponer qué medidas prevé  tomar y las razones que le llevan o no a intervenir.  Desde el inicio de la ICE el 1-abril-2012, se han presentado 125 solicitudes en la CE de las cuales 100 cumplieron los requisitos para ser registradas y sólo 9 nueve han conseguido recoger un millón de firmas. 7 de ellas ya han recibido una respuesta dela Comisión y 2 están aún en fase de examen.

Agradecemos a Raquel Fernández-Megina (Nofumadores.org) e Irene Tato de APRI Salud por esta interesante ponencia, a Nuria Massana, socia de APRI por facilitarnos la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer y a Alicia Azaña de APRI por su apoyo en la organización. 

El Grupo de Trabajo de APRI Sostenibilidad, liderado por Javier Corrales, organizó un encuentro el martes 6 de junio para debatir sobre la Fiscalidad Ambiental con Jorge Galindo, director de economía política y visualización de datos en EsadeEcPol, columnista del El País y cofundador de Politikon, todo ello le convierte en uno de los expertos con mayor capacidad de influencia en este tema.  

Galindo expuso, en primer lugar, las conclusiones del II Foro de Fiscalidad Ambiental haciendo énfasis en las políticas de descarbonización y fiscalidad ambiental como asuntos de primer orden, con políticas para reducir la contaminación y la congestión dentro del marco europeo. Así mismo, presentó un análisis comparativo de diferentes políticas para reducir la contaminación, haciendo énfasis en el uso de evidencia para el proceso de toma de decisiones y en un análisis de resultados y objetivos de las políticas. 

En la sociedad española se plantea un dilema respecto a las medidas que pueden ser adaptadas y el coste que los distintos sectores de la sociedad están dispuestos a afrontar. Se pudo observar una tendencia hacia el rechazo de políticas relacionadas con el aumento de impuestos y a prohibiciones en contraste a otras medidas como ayudas o compensaciones. Según Galindo, para crear políticas de fiscalidad ambiental es recomendable introducir los cambios gradualmente, buscando coaliciones o consensos, y teniendo en cuenta los costes de dichos cambios. De esta forma se pueden alcanzar reformas equilibradas con una imposición aceptable que logren el objetivo planteado: la reducción de la contaminación y la congestión, y la transición ecológica.

El pasado jueves 27 de abril, tuvo lugar la XV Asamblea General de Socios de APRI en la sede de EDP Renewables. Fue un buen momento para repasar juntos los distintos aspectos de la Asociación, qué se ha hecho en 2022 y cómo, entre todos, podemos seguir haciéndola crecer y trabajando por la transparencia e integridad de nuestra actividad. 

El número de socios de APRI continúa creciendo tanto en personas físicas como jurídicas y aumentando su deslocalización. La Junta Directiva puso en valor las iniciativas realizadas por los distintos grupos de trabajo de APRI. En términos de Regulación, a pesar de todas las reuniones, consultas públicas y de la promesa de la aprobación de la ley de regulación de los grupos de interés, tenemos que lamentar que tanto esta ley como el reglamento de la cámara hayan quedado pendientes en esta legislatura. APRI Salud mantuvo una alta actividad durante todo el año y Agroalimentación, Sostenibilidad y Asociaciones siguen sus pasos. Destacamos también especialmente el trabajo realizado en Cataluña, los debates y foros que se han llevado a cabo y el éxito del programa de mentoring iniciado. Por su parte el Foro de Organizaciones subrayó la grabación de los vídeos para la divulgación sobre Qué es el Lobby así como la mesa de análisis de sobre el perfil de los profesionales de las RRII, Asuntos Públicos y el Lobby.

Hacemos también una mención especial a la incorporación de Irene Matías a la Junta Directiva, en reconocimiento a su labor estos años en la dirección de la asociación. 

Esperamos poder contar con la asistencia de todos los socios el año que viene. Es un buen momento para ver qué se ha hecho, los planes para el año en curso y celebrar vernos de nuevo.

El martes 7 de marzo LLYC acogió en su oficina de Madrid el encuentro organizado por el grupo de trabajo de APRI Salud con Elena Mantilla, Directora General de Inspección, Ordenación y Estrategia Sanitaria de la Comunidad de Madrid y Secretaria de Sanidad del PP de Madrid, quien expuso el estado de la Sanidad madrileña reflejado en cifras de su actividad asistencial, así como el cambio importante en la agilización de los plazos de los visados de los medicamentos que debe hacer la inspección médica, sin afectar a la seguridad de los casi millón y medio de pacientes crónicos que han salido beneficiados con el visado por autocontrol donde el inspector médico evalúa el visado en la primera prescripción y las sucesivas son automáticas. El visado tradicional, donde interviene un inspector en cada prescripción, sigue vigente para otras muchas prescripciones.

Es de significar que, para potenciar la calidad asistencial y la seguridad del paciente, en este último año se han incrementado significativamente el número de actuaciones inspectoras, proponiendo la adopción de las medidas adecuadas para preservar la salud de los ciudadanos, en aquellos supuestos en los que se detectó la existencia de un riesgo en la actividad asistencial de los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Y ello porque, sólo a través de la vigilancia del cumplimiento de la legislación sanitaria, puede asegurarse la calidad de las prestaciones y servicios sanitarios y la efectividad de los derechos de los ciudadanos en el ámbito sanitario.

Elena Mantilla puso también en valor todos los avances conseguidos al impulsar nuevos e importantes cambios normativos propiciados por las mejoras en los últimos años en las técnicas diagnósticas y terapéuticas, los progresos tecnológicos y los cambios culturales y sociales producidos, que han modificado la forma de entender la asistencia sanitaria mientras que, paralelamente, se ha producido un incremento de la preocupación por la calidad asistencial, por la seguridad clínica y por el trato dispensado a los pacientes.

Entre estos logros se encuentran:

El Decreto de Seguridad del Paciente, cuyo objetivo es la protección de la salud de los ciudadanos que asegura la calidad y seguridad de la asistencia que se presta a los mismos, consolidando la cultura de seguridad en todos los centros sanitarios públicos y privados de la Comunidad de Madrid

La actualización del Decreto 51/2006 de autorización de centros y servicios sanitarios, actualmente pendiente del informe solicitado a la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que:

Elimina trabas administrativas incrementando las renovaciones por declaración responsable y, salvo regulación específica, aumentando el plazo para las mismas de 5 a 8 años. Mejora la seguridad y la calidad en los servicios que ofrecen los centros en cuya oferta asistencial dispongan de bancos de tejidos, gametos y embriones. Simplifica los trámites de autorización de los centros y servicios de Reproducción Humana Asistida. Establece la obligatoriedad de la subscripción de un seguro, que asegure la solvencia frente a posibles accidentes que afecten a la crioconservación de gametos y embriones y, como novedad, cubre la cesión de los bancos de gametos y embriones a otro centro autorizado, en el supuesto de cese de actividad del centro tanto provisional como definitiva. Y, por último, ofrece nuevas ofertas asistenciales a domicilio.

La LEY 13/2022, de 21 de diciembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid que regula, entre otras medidas, la atención farmacéutica domiciliaria, la creación del Registro de establecimientos y servicios farmacéuticos, con especial apoyo a la farmacia rural, y la actualización de la regulación de la publicidad de las oficinas de farmacia. 

Dentro de la Estrategia 2022-2026 de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad, entre las 80 medidas que se implementaran antes de 2026 se encuentra la elaboración, en este momento por parte de la Dirección General, de una nueva Orden de requisitos técnicos y funcionales de los centros y servicios de reproducción humana asistida en la Comunidad de Madrid. Su objetivo principal es dar una mayor seguridad jurídica en esta materia, con la finalidad de mejorar la calidad de la asistencia que se proporciona a los ciudadanos, garantizando que todos los centros y servicios cuenten con los medios técnicos, instalaciones y profesionales necesarios para desarrollar las actividades a las que van destinados.

Finalmente, se presentaron algunos de los proyectos futuros que están previstos en la Dirección General para optimizar tiempos y mejorar la utilización de recursos, como es la implementación del proyecto piloto para la emisión de bajas médicas en centros hospitalarios, con el fin de disminuir la carga asistencial en Atención Primaria.

Durante el turno de preguntas, los socios de APRI querían conocer cómo se organizaba la ponente para simultanear sus obligaciones como alto cargo de la administración sanitaria con las de Secretaría de Sanidad del PP de Madrid, respondiendo que son tareas a las que dedica todas las horas necesarias, habiendo realizado ya más de 60 reuniones, desde mayo 2022 a febrero 2023, con los agentes más relevantes del sector sanitario con el propósito de elaborar el programa sanitario del futuro de la Sanidad de Madrid. 

  • Los lobistas llevan años autorregulándose ante la falta de interés institucional por hacerlo, pese a que existen suficientes precedentes, contenido y experiencias para aprobar una regulación.
  • En todo caso, las Cortes Generales cuentan con un Código de Conducta que debería ser suficiente para abordar el escándalo.

APRI, la asociación que agrupa y defiende los intereses de los lobistas españoles, quiere manifestar su preocupación por las declaraciones de algunos responsables políticos que establecen una relación causal entre los presuntos delitos cometidos en el conocido como “caso Berni” y la falta de regulación de los lobbies en las Cortes Generales.


La regulación de los lobbies o grupos de interés en las distintas instituciones públicas es algo que APRI viene reclamando desde hace más de una década y tiene el objetivo de introducir transparencia, aumentar la rendición de cuentas, y mejorar la calidad de las normas a través de la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, en desarrollo de los artículos 9.3 y 23 de la Constitución. No es el objetivo de esta regulación prevenir la corrupción política, asunto reservado, como es lógico, al Código Penal.


Autorregulación y código de conducta
Somos los propios lobistas los que nos venimos autorregulando desde hace años y, en el caso de APRI, la Asociación cuenta con un exigente código de conducta que marca las pautas deontológicas de la actividad de sus asociados así como con una propuesta de regulación amplia, completa y perfectamente adaptada a nuestro entorno institucional, que ha puesto a disposición y ha explicado a todas las instituciones que han mostrado interés en ello.


En todo caso, y ante la ausencia de una regulación específica sobre los grupos de interés, debería aplicarse el Código de Conducta de las Cortes Generales, que languidece debido a la ausencia de interés por parte de las Cámaras en su aplicación. Sus artículos 2 y 6 habrían prevenido las acciones presuntamente desarrolladas por el exdiputado Curbelo, y en lugar de una Comisión de Investigación, con los costes que supone y la detracción de recursos a otras actividades que redunden en el interés general, podría sustituirse con una actuación por parte de la Presidencia del Congreso conforme al citado Código de Conducta.


Lobby es transparencia
El lobby es una actividad profesional, que favorece la transparencia del sistema y la igualdad de acceso a los poderes públicos, que está institucionalizada en nuestro país y en los de nuestro entorno, y en la que están involucrados miles de profesionales en España y en Europa cuyas acciones no merecen ser confundidas bajo ningún concepto con las que estamos viendo en el llamado “Caso Bernie”
APRI, en todo caso, no se sorprende de este empeño en esconderse tras la ausencia de regulación de las relaciones de la sociedad civil con los poderes públicos y en satanizar la palabra lobby y lo que representa. Se vio también en días pasados en relación con otros casos recientes que, como el presente, no tienen nada que ver con el lobby sino con la corrupción.
Del mismo modo que sería inadecuado acusar a todos los políticos de realizar determinadas actividades ilegales, inmorales o ilícitas, los profesionales del lobby exigen el mismo respeto hacia su actividad. Lobby es participación y su regulación busca incrementar la transparencia del sistema, no evitar conductas delictivas, para actuar contra las cuales ya existe el Código Penal, así como el referido Código de Conducta de las Cortes Generales y los códigos éticos de los diferentes grupos parlamentarios.

Sobre APRI
Fundada en el año 2007 por profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta profesión. Su objetivo es hacer de las relaciones instituciones y lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los responsables políticos y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
APRI cuenta con más de 200 profesionales y 20 organizaciones que abogan por la normalización de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea. APRI es, además, fundador y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos.

Para más información:

Marián Casado, directora general de APRI: mcasado@relacionesinstitucionales.es +34 607 356 820


Juan Torres, vocal de Comunicación de APRI: juantorresji@gmail.com + 34 666 582 837

  • Para APRI la regulación debe basarse en un principio fundamental: lobista es quien hace lobby.
  • La Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) ha presentado sus observaciones al Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés al Ministerio de Hacienda y Función Pública y solicita que se tramite por el procedimiento de urgencia.
  • A la luz de lo sucedido en el Parlamento Europeo con el caso Qatargate, insisten en la importancia de regular la actividad en tiempo y de forma adecuada.
  • Les preocupan tres grandes aspectos de la norma: la falta de obligatoriedad de registrarse para algunos colectivos de lobistas; la falta de equiparación de derechos y obligaciones para lobistas y servidores públicos y la adscripción del registro de grupos de interés a un órgano independiente.

Madrid, 21 de diciembre de 2022

Con motivo de la aprobación en primera lectura por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el colectivo que representa a los lobistas en España, integrados en Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI), ha presentado sus observaciones al Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés al Ministerio de Hacienda y Función Pública, solicitando que se tramite por el procedimiento de urgencia. Aseguran que de nada servirá el esfuerzo del Gobierno de regular la actividad si no se actúa con la suficiente celeridad para que se apruebe por las Cortes Generales antes de que finalice la legislatura.

Además, los profesionales del lobby en España, a la luz de lo sucedido en el Parlamento Europeo con el caso Qatargate, insisten en la importancia de regular la actividad no solo en tiempo, sino también de una forma adecuada. Les preocupan tres grandes aspectos del texto adelantado por el Gobierno: las exclusiones en la obligatoriedad de registrarse para determinados grupos de interés; la falta de equiparación de derechos y obligaciones para lobistas y servidores públicos y la existencia de un órgano más independiente para mayor control de las obligaciones, salvaguardar derechos y resolver de modo más efectivo la aplicación de la ley.

Todo agente que desarrolle actividades de influencia debe considerarse grupo de interés y estar sujeto a los mismos derechos y obligaciones de la norma

Para APRI, el principio básico de toda regulación de lobbies es que es lobista quien hace lobby. Consideran que todo agente que desarrolle actividades de influencia por cuenta propia, a través de intermediarios o en representación de terceros debe considerarse grupo de interés y estar sujeto a los mismos derechos y obligaciones de la norma; ya sean patronales, sindicatos, asociaciones empresariales o colegios profesionales.

APRI considera que la inclusión de los mismos no limita sus derechos, sino que es un instrumento que añade transparencia y normas de conducta a sus actividades de influencia. De hecho, actualmente, muchas de estas organizaciones se encuentran ya inscritas desde hace tiempo en muchos de los registros de transparencia o grupos de interés ya existentes tanto en la UE, como en las Comunidades Autónomas u organismos públicos como la CNMC. En palabras del secretario de APRI, Esteban Egea “excluir del registro a un tipo de grupo de interés cuando este grupo realiza actividades de influencia, solo conlleva que estas actividades se desarrollen en la opacidad y sin tener que responder al compromiso ético que establece la ley”.     

Registro de Transparencia adscrito a un órgano independiente

Para APRI, otro aspecto importante de la norma es que el Registro debería estar adscrito a un órgano independiente funcional y orgánicamente, con potestad sancionadora propia para dotarlo de suficiente credibilidad desde el punto de vista funcional y administrativo, para que, en ningún caso, el órgano de control pueda entenderse que actúa como juez y parte resolviendo infracciones y sanciones del mismo Ejecutivo. La necesidad de esta supervisión independiente se ha puesto claramente de manifiesto en el Qatargate y es ahora mismo una de las prioridades de mejora que proponen las más altas instancias de la Unión.

Obligaciones éticas equilibradas tanto para grupos de interés cómo para los empleados públicos sujetos a la influencia

Asimismo, el Anteproyecto de Ley no equilibra las responsabilidades de grupos de interés y de los empleados públicos sujetos a la influencia, y reclama que, al igual que se establecen obligaciones a los grupos de interés, se deberían establecer las obligaciones legales de los empleados públicos, por ejemplo, en relación con el cumplimiento de transparencia de sus propias agendas y el registro de sus contactos con los grupos de interés. Dolores González Pastor, vocal del Comité de Regulación de APRI subraya “las obligaciones éticas han de ser equilibradas y aplicadas por ambas partes en el ámbito de su responsabilidad, tanto por parte del lobista o grupo de interés como por parte del responsable público sujeto de influencia”.

Régimen sancionador equilibrado para ambas partes

Así, la asociación profesional pide que la norma desarrolle un régimen sancionador equilibrado para ambas partes, ya que sin una adecuado marco de definición de las infracciones y sanciones, las obligaciones impuestas tanto para lobistas como el personal público no se cumplirán y la ley quedará sin efecto en los objetivos que se propone.

La presidenta del PACE, María Rosa Rotondo, junto con el Secretario de la Asociación Europea de Consultorías de Asuntos Públicos (EPACA) Matti Van Hecke, comparecieron ante el Comité Constitucional del Parlamento Británico el martes 6 de diciembre para informar sobre la regulación del lobby en Europa con motivo de la revisión de la regulación del lobby en el Reino Unido.


Durante la comparecencia, varios miembros del Parlamento Británico hicieron varias preguntas a María Rosa Rotondo y Matti Van Hecke sobre la regulación actual del lobby en la UE para entender cómo funciona. Durante la comparecencia, Matti Van Hecke resaltó que el Registro de Transparencia de la UE, aunque mantiene un carácter voluntario, funciona bien porque crea un incentivo no sólo para los representantes de las instituciones europea, sino también para las empresas, organizaciones y otros grupos de interés para actuar con ética y transparencia en la interlocución público-privada. Para registrarse hay que cumplir con ciertos derechos y obligaciones. En las palabras de Matti Van Hecke, «estar en el registro es una condición que permite reunirte con los eurodiputados, por ejemplo, y te hace la vida más fácil”.

En cuanto a las obligaciones de los registrados, Matti Van Hecke destacó la obligación de uso de una información veraz por parte del grupo de interés y cumplimiento al código de conducta. Según Matti Van Hecke, “el código de conducta es bastante estándar, si actúas de manera responsable, no hay riesgo de infringirlo». Por otra parte, María Rosa Rotondo destacó la importancia de contar con un cuerpo independiente para la supervisión y establecimiento de sanciones correspondientes.

Asimismo, María Rosa Rotondo insistió que para que regulación del lobby sea eficaz debe contar con una definición amplia sobre la actividad de lobby. Según María Rosa Rotondo, «la influencia no se mide por la capacidad financiera de un grupo de interés sino por la actividad de influencia». Por ello, insistió en la importancia de tener una definición sobre el lobby que se enfoque en la actividad de influencia y no en la categoría del grupo. Para María Rosa Rotonda «esa es la forma más eficiente de identificar a un grupo de interés y regularlo correctamente».

Para finalizar, los miembros del parlamento Británico pidieron a los comparecientes que enumerasen algunas recomendaciones que debería adoptar el Parlamento Británico en la regulación del lobby. Matti Van Hecke reiteró la importancia de una definición amplia y no discriminatoria de la actividad de lobby, el desarrollo de incentivos para que los grupos de interés actúen de manera ética y transparente, la participación en la regulación del lobby de representantes del sector para evitar problemas de implementación y la existencia de un registro digitalizado y accesible. María Rosa Rotondo, por su parte, añadió la importancia de incluir en la regulación de la actividad del lobby la publicación obligatoria de agendas de los responsables públicos para aumentar la transparencia, la regulación de puertas giratorias y de la huella legislativa, así como un mayor control sobre la influencia ejercida a través de medios de comunicación y redes sociales.

El pasado jueves 24 la Delegación de APRI Cataluña ha organizado el primer encuentro en materia de relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby. 
 
Un encuentro moderado por Ángel Mesado (Delegado Apri en Catalunya y partner 19N Strategies) en el que se ha podido debatir con expertos sobre el estado del sector de los asuntos públicos en Cataluña, así como su potencial y oportunidades de desarrollo. 
 
Gracias a Albert Castellanos Maduell (Secretario de Empresa y Competitividad), Eulàlia Tort Bodro (Profesora Asuntos Públicos UOC y IRL), Jordi Bacardit (Senior Manager Public Policy Spain en Tier Mobility) y Jaume López (DG de Buen Gobierno, Innovación y Calidad Democrática de la Generalitat) por participar en este encuentro de APRI Cataluña, así como, a la treintena de profesionales de los asuntos públicos con los que tuvimos la oportunidad de debatir y hacer red alrededor de nuestra profesión. También, un especial agradecimientos al apoyo al acto: 19N Strategies por organizar el acto y a Tech Barcelona y a Damm por su apoyo.